El liberalismo —sostiene el autor— no es ni una religión ni tampoco una filosofía universalista ni, menos aún, un partido político defensor de intereses particulares. Desde un punto de vista histórico, el liberalismo fue el primer movimiento político que quiso promover, no el bienestar de grupos específicos, sino el bienestar general. Sus principios sobre el valor absoluto y primario de la libertad, la propiedad privada, el Estado de Derecho, la tolerancia y la cooperación entre los individuos y los pueblos, el protagonismo de la iniciativa individual y la sociedad civil frente al «Gobierno omnipotente», entrometido y dispensador interesado de favores, subvenciones y privilegios…, define todo un modelo de civilización, el único que, además, ha demostrado ser capaz de crear riqueza y bienestar para todos y de elevar el nivel de vida de una población en constante aumento, posibilitando así también el florecimiento de los valores del espíritu.

Ludwig von Mises

Liberalismo

ePub r1.2

Deucalión 02.11.13

Título original: Liberalismus

Ludwig von Mises, 1927

Traducción: Joaquín Reig Albiol

Retoque de portada: TaliZorah

Editor digital: Deucalión

Corrección de erratas: loto

ePub base r1.0

Nota del Editor

Este libro fue publicado en alemán en 1927 (Jena, Gustav Fischer) bajo el título Liberalismus y reeditado en inglés como The Free and Prosperous Commonwealth el año 1962 (Nueva York, Van Nostrand). Aparece ahora esta segunda edición española de Liberalismo, agotada la primera de 1977. Los tres textos son idénticos; no se introdujo variación alguna con respecto al primitivo, ni en la traducción americana ni en la castellana.

Parecía conveniente advertir de ello al lector —decíamos hace un lustro— para que, al ir adentrándose en este ensayo, considere que fue escrito bajo un entorno de específicas circunstancias históricas, las cuales, en cierto grado, condicionaron su contenido, como el propio autor señala en el prefacio a la edición en lengua inglesa.

Sorprendente y, a la vez, admirable resulta —proseguíamos— la sagaz anticipación de Mises, quien, en el momento más eufórico, cuando todo era rosicler, no duda en dar la voz de alarma, advirtiendo de las inevitables crisis y conflagraciones hacia las que Occidente caminaba por culpa —en opinión del autor— de la creciente intervención económica; premonitorio aviso éste que, poco después, cedería el paso a dramática realidad. La dialéctica de las páginas misianas sigue impresionando cincuenta y cinco años después de haber sido redactadas, resultando sobrecogedora la actualidad del discurso, ya que, como tocado por el don de la profecía, prevé, entre otros muchos geniales atisbos, la caída del fascismo, las tribulaciones del post-colonialismo, los problemas migratorios de los pueblos subdotados, el carácter imperialista del bolchevismo, el paro irradicable que padecemos y hasta el turismo de masas de nuestros días.

Mises defiende la libertad como fin per se y, a la vez, como único medio para alcanzar los objetivos sociales que el hombre presente, con tanta ansia, desea conquistar. Procurarla, en posterior y monumental tratado (La Acción Humana, 1300 págs., Unión Editorial, Madrid 1980), demostrar la certeza de los conceptos económicos —catalácticos, diría él— vertidos en la presente obra, ampliando cosas aquí con toda intención sintetizadas, precisamente para no ahuyentar a muchos potenciales lectores, como, en el subsiguiente prefacio, el propio autor indica.

Asalta, sin embargo, ahora, a este editor la inquietante duda de si no pudiera también haber, entre tales lectores, quienes desearan ahondar más en el fundamento y trascendencia de la teoría que, casi como a vuela pluma, estas sencillas páginas resumen. Por eso, para poner remedio a tal posible eventualidad, integrando el presente texto en el total pensamiento misiano, es por lo que, al final de los correspondientes apartados, a pie de página, aparecen las oportunas referencias a La Acción Humana, con miras a dejar ambos trabajos debidamente concordados, en los temas coincidentes, pues Liberalismo, desde luego, aborda asuntos de carácter puramente político —sistemas parlamentarios, propaganda electoral, grupos representantes de intereses minoritarios— a los que La Acción Humana, Tratado de Economía, evidentemente no tenía por qué aludir, como tampoco la presente obra se refiere a diversas cuestiones catalácticas —dinero, crédito, crisis inflacionarias— que, en cambio, el magnum opus misiano estudia y desmenuza a fondo. Las aludidas notas de pie de página no las llevaba nuestra primera edición.

Los párrafos que subsiguen —más o menos concluíamos entonces— parece deben encerrar interés para nosotros los hispanoparlantes, que tan preocupados decimos estar por el porvenir social de nuestras naciones; por el bienestar, en definitiva, de esas entrañables familias, que se extienden, desde más allá del río Grande y del río Colorado hasta las tierras australes, gentes diversas cual caleidoscópica visión, siempre, no obstante, hermanadas por ese mágico aglutinante que es el lazo idiomático, tenue si bien vigoroso en extremo.

Porque —concluimos, ahora— en cuanto al objetivo, la unanimidad es absoluta. Todos —liberales, comunistas, socialdemócratas, anarquistas, creyentes y ateos, el Vaticano y el Kremlim, judíos y masones— todos deseamos y aspiramos a lo mismo; a que los pueblos, las clases trabajadoras, por utilizar la expresión en boga, vivan lo mejor que, en cada momento, quepa; que sean lo más felices y padezcan lo menos posible.

La disparidad, en cambio, surge tan pronto como se aborda el problema de los medios, en cuanto se indaga cuáles sean los mejores para alcanzar aquellos fines universalmente aceptados. El liberalismo cree haber hallado la fórmula óptima: la que se basa en el dominio, en el control privado de los medios de producción. Tal vez el sistema no resulte perfecto —no está la perfección al alcance de los humanos— pero, de todos los modos de organización social, parece ser el de mayor fecundidad, cualquiera sea el ángulo desde el cual se quiera las cosas contemplar. Así, pues, claridad, por favor; no pretendemos, arteramente, confundir el debate. Discutamos los medios —el meollo de la controversia— pero rechacemos con energía a quienes procuran introducir en la discusión, solapadamente, como quien no quiere la cosa, los fines, pues, dada la común conformidad a este respecto reinante, ello no supone sino ganas de perder el tiempo, distrayendo del asunto que verdaderamente interesa la atención de cuantos, con honestidad y seriedad intelectual, desean escrutar temas de trascendencia vital para millones de hombres, mujeres y niños.

El Editor

Prefacio a la edición en lengua inglesa

El orden social propugnado por la filosofía de la Ilustración asignaba total supremacía al hombre común. Correspondía al individuo, en su condición de consumidor, determinar qué y dónde y en cuál cantidad y calidad debían producirse los bienes económicos; competíale, además, como votante ahora, ordenar la política nacional toda. En la época precapitalista sólo progresaban quienes, en cada momento, gozaban de la fuerza necesaria para someter a sus más débiles semejantes. La tan criticada «mecánica» del mercado, en cambio, una sola vía deja franca a quien desea prosperar y enriquecerse: la de servir a los consumidores del modo mejor y más económico posible. A tal «democracia» del mercado corresponde, en la gestión pública, el gobierno representativo. La grandeza de ese período histórico comprendido entre las guerras napoleónicas y la primera conflagración mundial estribó en que las gentes más eminentes de aquel tiempo no aspiraban sino a implantar un sistema de comercio libre, en un mundo pacífico, formado por nacionalidades independientes. Fue una era en que una población con fuerte crecimiento vio aumentar su nivel de vida de modo jamás otrora ni sospechado. Fue la edad del liberalismo.

Pero de la filosofía liberal del XIX ya, prácticamente, nadie se acuerda. En la Europa continental, pocos son, en verdad, quienes de la misma guardan memoria. En la Gran Bretaña, el adjetivo «liberal» se utiliza, por lo general, para designar un programa que poco difiere del totalitarismo socialista[1]. En los EE. UU., el término «liberal» ampara actualmente un conjunto de ideas y postulados políticos que constituyen la propia contrafigura de lo que aquel vocablo significaba para anteriores generaciones. El americano que se autodenomina liberal invariablemente milita en favor de la omnipotencia estatal, es enemigo encarnizado de la libre empresa y aspira a la planificación de todo por parte de la Autoridad, o sea, en otras palabras, que desea implantar el socialismo. Tales «liberales» proclaman bien alto que desaprueban la política del dictador soviético, no porque sea socialista o comunista, sino por su carácter imperialista. Se considera liberal y progresista toda medida que tienda a sustraer algo a quienquiera posea más que el ciudadano medio o que de cualquier modo coarte los derechos dominicales. Hay que proporcionar a los entes estatales poderes prácticamente ilimitados, haciendo su actividad inmune a toda sanción jurisdiccional. Las exiguas minorías que osan oponerse a tal despotismo administrativo se ven estigmatizadas de extremistas, reaccionarias, económico-monarquizantes (economic royalists) o fascistas. Se proclama, por doquier, que ningún país libre debe permitir la actividad política de tales «enemigos públicos».

Lo curioso es que este ideario, en los EE. UU., se considera esencialmente americano, digna y natural continuación de la filosofía y los principios que inspiraran a los Pilgrim Fathers, a los firmantes de la Declaración de Independencia, a los padres de la Constitución Americana y a los redactores de los Papeles Federalistas. Pocos son, en efecto, quienes aquí advierten que esas supuestamente progresistas ideas surgieron en Europa y que su más genuino y brillante vocero decimonónico fue Bismarck, cuya política nadie, de este lado del Atlántico, consideraría hoy ni progresista ni liberal. Bismarck, efectivamente, inauguró la Socialpolitik en 1881, más de cincuenta años antes de que Roosevelt la copiara con su New Deal. Y, siguiendo la pauta del Reich alemán, a la sazón la primera potencia continental, todos los países industrializados de Europa adoptaron, en mayor o menor grado, un sistema que pretendía beneficiar al común de las gentes a costa tan sólo de una reducida minoría de «desaprensivos individualistas». La generación que alcanzó la mayoría de edad al finalizar la primera guerra europea consideraba ya el estatismo cosa natural y la libertad mero «prejuicio burgués».

No era yo, desde luego, hace treinta y cinco años, cuando procuré resumir, en el texto que subsigue, las ideas y principios de aquella filosofía social que un día se denominara liberalismo, víctima del error de creer que mi advertencia iba a evitar los desastres que inexorablemente, poco después, provocarían las políticas adoptadas por todos los países europeos. Pretendía, simplemente, ofrecer a esa pequeña minoría constituida por las gentes que piensan la posibilidad de saber algo de cuáles fueran los objetivos y los triunfos del liberalismo clásico, abriendo así camino al resurgimiento de la libertad, pero sólo para después de que sobreviniera la insoslayable debacle.

El profesor T. P. Hamilius, de Luxemburgo, solicitó, el 28 de octubre de 1951, un ejemplar de Liberalismus del editor Gustav Fischer, de Jena (zona soviética de Alemania). Los representantes de la empresa correspondieron, el 14 de noviembre siguiente, diciendo que no podían atender sus deseos, por cuanto: «Die Vorräte dieser Schrift mussten auf Anordnung behördlicher Stellen restlos makuliert werden». (Por orden de las autoridades, todas las copias de dicho texto tuvieron que ser destruidas). La carta, desde luego, no precisaba si las «autoridades» aludidas eran las de la Alemania nazi o las de la «democrática» república de la Alemania Oriental.

Mucho, en verdad, he escrito, desde la publicación de Liberalismus, acerca de los temas que este libro aborda. He analizado, en diferentes textos, aspectos múltiples que no podía examinar en un ensayo como el presente, forzosamente de tamaño reducido si no quería ahuyentar a muchos potenciales lectores. Aludo, por otra parle, en esta obra, a determinados asuntos que, realmente, han perdido ya actualidad. Toco, además, a veces, los temas por vías que, sólo teniendo presente la situación política y económica de aquel momento, resultan comprensibles y justificables.

No ha variado en nada el texto original; tampoco influí ni en la traducción del Dr. Ralph Raico ni en la presentación editorial de Mr. Arthur Goddard. Debo, sin embargo, decir que estoy muy agradecido a ambos estudiosos por las molestias que se tomaron hasta lograr poner la obra a disposición del público de habla inglesa.

LUDWIG VON MISES

Nueva York, abril, 1962.

Introducción

1. El liberalismo

Los filósofos, sociólogos y economistas del siglo XVIII y primera parte del XIX formularon un programa político que presidió el orden social en Inglaterra y los EE. UU. primero; en el continente europeo, después, y, finalmente, en otros lugares del mundo. Tal programa no fue, sin embargo, íntegramente aplicado en parte alguna. Sus defensores no consiguieron ver aceptada la idea en su totalidad ni siquiera en La Gran Bretaña, en la denominada patria del liberalismo, el país liberal por excelencia. El resto del mundo aceptó tan sólo algunas partes del programa, rechazando, en cambio, desde un principio, otras no menos importantes o abandonándolas al poco de su implantación. Exageraría quien dijera que el mundo llegó a conocer una verdadera era liberal, pues jamás se permitió al liberalismo funcionar en su plenitud.

Consiguió el ideario, no obstante —breve y tan incompleto como su predominio fue—, transformar la faz de la tierra. Produjo impresionante desarrollo económico. Liberadas las fuerzas productivas del hombre, los medios de subsistencia multiplicáronse como por ensalmo. Cuando la guerra europea se desencadena (consecuencia ella misma de larga y áspera oposición a los principios liberales y que, a su vez, iba a dar inicio a un período de aún más agria resistencia al liberalismo), la tierra tenía una población incomparablemente mayor a la que jamás había conocido y todas las gentes gozaban de un nivel de vida superior al antes nunca alcanzado. La prosperidad engendrada por el liberalismo redujo en forma señalada la mortalidad infantil, el azote que sin piedad había segado vidas innúmeras a lo largo de la historia, prolongándose la vida media gracias a las mejores condiciones que se disfrutaban.

Tal prosperidad en modo alguno benefició exclusivamente a específica clase de privilegiados. Antes al contrario, en vísperas de la guerra, el obrero europeo, el americano y el de los dominios británicos vivía mejor y más agradablemente que el noble aristócrata de épocas nada lejanas. Comía y bebía lo que quería; podía dar a sus hijos buena instrucción; cabíale, si le placía, tomar parte en la vida intelectual y cultural de su país y, de poseer la energía y el talento necesarios, no le resultaba difícil ascender y mejorar su status. La cúspide de la pirámide social, en aquellas naciones donde con mayor amplitud regía la filosofía liberal, hallábase generalmente ocupada no por aquéllos a quienes su simple nacimiento había conferido riqueza y distinción, sino por personas que, sabiendo aprovechar las circunstancias, consiguieron ascender a los puestos más envidiados merced a personal dedicación. Desaparecían las barreras que otrora separaban a siervos y señores. Ya no había más que ciudadanos, sujetos todos a un mismo derecho. Nadie era discriminado o importunado por razón de su nacionalidad, opinión o credo. En los pueblos civilizados no había persecuciones políticas ni religiosas y las guerras internacionales eran menos frecuentes. Hubo optimistas que comenzaban a entrever una era de paz perpetua.

Pero las cosas cambiaron pronto de signo. Gran parte de los logros liberales fueron desvirtuados por las poderosas y violentas corrientes de opinión antiliberal que en el propio siglo XIX surgieron. Nuestro mundo actual no quiere ya ni oír hablar del liberalismo. El término «liberal», salvo en Inglaterra, es objeto de condena por doquier. Hay todavía «liberales» en Gran Bretaña, pero la mayor parte de ellos lo son sólo de nombre. Más exacto sería calificarlos de socialistas moderados. El poder público hállase, hoy en día, por doquier, en manos de las fuerzas antiliberales. Los programas de tales partidos desencadenaron, ayer, la guerra europea y, actualmente, por virtud de cuotas de importación y exportación, tarifas aduaneras, barreras migratorias y similares medidas, están aislando cada vez más a todas las naciones unas de otras. Esos mismos idearios han auspiciado, en la esfera interna de cada país, experimentos socialistas que han servido tan sólo para reducir la productividad del factor trabajo y aumentar la necesidad y la pobreza. Sólo quien voluntariamente cierre los ojos a la realidad puede dejar de ver por doquier signos anunciadores de una inminente catástrofe económica de ámbito mundial. El antiliberalismo apunta hacia el colapso de nuestra civilización.

Quien desee informarse de qué sea, en verdad, el liberalismo y cuáles sus metas, no puede contentarse con la simple lectura de aquellas páginas históricas en que se reflejan los anhelos de los primitivos liberales y los resultados que consiguieron alcanzar, pues, como decíamos, el liberalismo jamás logró, en parte alguna, implantar su ideario.

Las manifestaciones y las actuaciones de los partidos que hoy se denominan liberales tampoco sirven para ilustrarnos acerca de qué sea el auténtico liberalismo. Incluso en Inglaterra, como señalábamos, la filosofía que actualmente se considera liberal hállase mucho más cerca de los «tories» y los socialistas que del viejo programa librecambista. Cuando se encuentra uno con liberales que admiten la nacionalización de los ferrocarriles, de las minas y de otras empresas, apoyando incluso la implantación de tarifas proteccionistas, forzoso resulta concluir que, en la actualidad, del liberalismo no queda sino el nombre.

La lectura de los escritos de los grandes fundadores de la escuela tampoco basta para abarcar actualmente la idea liberal. Porque el liberalismo, en modo alguno, constituye prefijado dogma, ni congelada doctrina; antes, al contrario, es la aplicación a la vida social de específicos descubrimientos científicos. Por lo mismo que los conocimientos económicos, sociológicos y filosóficos no han dejado de progresar desde la época de David Hume, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham y Wilhelm Humboldt, la teoría liberal también hoy difiere de la que aquellos autores presentaban, aun cuando las bases fundamentales no hayan variado. Nadie, desde hace mucho tiempo, se ha tomado la molestia de formular concisa exposición de qué sea el liberalismo actual; ello parece justificar del presente ensayo[2].

2. El bienestar material

El liberalismo es una teoría que exclusivamente se interesa por la terrenal actuación del hombre. Procura, en última instancia, el progreso externo, el bienestar material de los humanos y, directamente, desde luego, no se ocupa de sus necesidades metafísicas, espirituales o internas. No promete al hombre felicidad y contento; simplemente la satisfacción de aquellos deseos que, a través del mundo externo, cabe atender.

Mucho se ha criticado al liberalismo por esta puramente externa y materialista actitud ante lo que sólo es transitorio y mundanal. El hombre —dícese— no vive tan sólo para comer y beber. Hay necesidades humanas por encima de la mera alimentación, ingestión de líquidos, habitación y vestido. Las mayores riquezas terrenas no dan al hombre la felicidad, pues dejan el alma insatisfecha y vacía. El gran fallo del liberalismo consistió, pues, en su despreocupación por las más nobles y profundas aspiraciones humanas.

Quienes así hablan no hacen sino evidenciar cuán imperfecto y verdaderamente materialista es su propio concepto de esas tan mentadas aspiraciones nobles y elevadas. La política económica, cualquiera que sea, con los medios que a su disposición tiene, puede enriquecer o empobrecer a las gentes; lo que, en cambio, no le cabe es ni darles la felicidad ni atender sus más íntimos deseos. En tal terreno, los estímulos externos fallan. Puede un correcto ordenamiento social suprimir múltiples causas de dolor y de padecimiento; puede dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y procurar habitación al que de ella carece. Pero lo malo es que la alegría y la beatitud espiritual no son engendradas por tales factores; brotan de aquello que el sujeto íntimamente aprecia. No es que el liberalismo desprecie lo espiritual y, por eso, concentre su atención en el bienestar material de los pueblos; adopta esta postura sólo en razón a que advierte que lo alto y lo sublime no puede ser procurado por recursos externos. Se empeña exclusivamente en promover el bienestar material al percatarse de que, por desgracia, las riquezas íntimas y espirituales no pueden ser insufladas en el alma desde fuera, ya que brotan del propio corazón del hombre. El liberalismo aspira a procurar a los mortales los presupuestos externos precisos para el debido desarrollo de la vida interior. Nadie dudará que la persona relativamente próspera de nuestra época puede mejor atender sus necesidades espirituales que, por ejemplo, el individuo del siglo X, que ni de respiro gozaba en asegurar su mera supervivencia, habiendo de defenderse continuamente de los innúmeros peligros que por doquier le acechaban.

Cierto es que el liberal nada puede argumentar ante quienes, como los seguidores de asiáticas y medievales sectas, aceptan el ascetismo y consideran ideal de vida la pobreza y la libertad de los pájaros del bosque y de los peces del mar, cuando éstos le echan en cara el materialismo de su doctrina. Lo único que los liberales a tales opositores ruegan es que les dejen tranquilos, pues ellos jamás se meten con los ascetas, ni en modo alguno les vedan alcanzar el cielo por sus particulares vías. Que se encierren, si así lo desean, en celdas y cenobios; que abandonen el mundo y sus habitantes; y que vivan en paz.

La mayoría de nuestros contemporáneos, sin embargo, ni comprende ni persigue el camino ascético. Siendo ello así, ¿cómo pueden, quienes rechazan el ascetismo, reprochar al liberalismo su afán por mejorar el bienestar material de las masas?[3]

3. El racionalismo

Acúsase también al liberalismo de ser racionalista. Pretenden los liberales ordenarlo todo de un modo lógico, olvidando que en los humanos influyen también los sentimientos y las irracionalidades; y grande es el número de nuestros contemporáneos que de modo ilógico actúa.

No niega, desde luego, el liberalismo que las gentes proceden, a veces, de modo irracional. Si los hombres actuaran siempre racionalmente, superfino resultaría el exhortarles a proceder de acuerdo con los dictados de la razón. No dice, desde luego, el liberal que el hombre sólo inteligentemente se mueva; lo que asegura es que a los mortales, en aras de su interés rectamente entendido, les conviene actuar de modo racional. El liberalismo, en definitiva, no aspira sino a que, en el terreno de la política social, se conceda a la razón la misma preeminencia que le es reconocida en todas las demás esferas de la acción humana. Pocos considerarían encomiable la postura del paciente que, cuando su médico le presenta un racional, es decir, higiénico, plan de vida, respondiera: «Comprendo, doctor, que lo que me aconseja es indudablemente bueno; mis sentimientos, sin embargo, prohíbanme seguir sus indicaciones, pues yo lo que deseo es lo perjudicial para mí, aunque tal actitud resulte irracional». Cualquiera sea nuestra actividad, para alcanzar el objetivo que nos hayamos propuesto, procuramos actuar razonablemente. Quien pretenda atravesar una vía férrea no elegirá para hacerlo precisamente el momento en que pasa el tren; y quien esté cosiéndose un botón cuidará de no pincharse el dedo con la aguja. Han sido descubiertas, en cada esfera de la actividad humana, técnicas que el sujeto debe seguir si no quiere proceder irracionalmente. Coincide la opinión pública en que conviénele al hombre adiestrarse en aquellas tecnologías que van a serle después necesarias para mejor vivir; por eso a quienes pretenden ejercer profesión u oficio sin la oportuna maestría se les rechaza como puros charlatanes.

En lo tocante a la política social, sin embargo, parece como si el planteamiento hubiera de ser distinto. Los sentimientos y los impulsos, antes que la razón, deben, por lo visto, aquí, prevalecer. La cuestión de cómo debe iluminarse de noche una ciudad se discute y se resuelve con arreglo a la razón y a la lógica. Pero en cuanto se trata de completar el tema y decidir si la correspondiente central eléctrica debe ser de propiedad privada o municipal, toda razón y toda lógica desaparecen; ya no se apela más que a sentimientos, a mundovisiones, a lo irracional en definitiva. Y esto ¿por qué? —en vano, desde luego—, inquirimos.

El ordenar la sociedad por aquellos cauces que mejor permiten alcanzar las metas que los hombres persiguen no es problema complicado en exceso; carece de mayor enjundia que, pongamos por caso, el tender ferrocarriles, el producir hilados y tejidos o el construir mobiliario. Los asuntos de política y de gobierno tienen, desde luego, superior trascendencia que los demás temas de los que la actividad humana se ocupa, en razón a que el establecido orden social constituye la base de todo lo demás, pudiendo las gentes prosperar y alcanzar los objetivos que ambicionan únicamente bajo una organización a tal fin propicia. Pero, por elevada que situemos la esfera de lo político y social, convendremos en que los asuntos a tratar son de naturaleza puramente humana, debiendo, en su consecuencia, ser abordados meramente por los cauces que la razón marca. Recurrir al misticismo aquí como en todas las demás cuestiones prácticas, constituye grave error. Nuestra capacidad comprensiva es, indudablemente, harto limitada. Jamás llegaremos a desvelar los secretos últimos y más profundos del universo. Pero el que, por ejemplo, no consigamos desentrañar la razón de nuestra existencia, en nada impide recurrir a los medios más adecuados para conseguir alimento o vestido. Debemos, pues, por la misma razón, organizar la sociedad de acuerdo con aquellas normas que, en mayor medida, permiten alcanzar los fines que el hombre apetece. No son, en verdad, tan elevados, grandiosos o benéficos el estado y el orden legal, el gobierno y la administración pública, como para atemorizarnos y hacernos, renunciar a someter tales instituciones a la prueba de la racionalidad. Los problemas que la política social suscitan son simples cuestiones tecnológicas; hay que abordarlos por idénticas vías y con los mismos métodos utilizados para resolver todos los demás asuntos científicos, a saber, mediante racional reflexión y oportuna observación de las circunstancias concurrentes. El raciocinio confiere condición humana al hombre; es lo que le diferencia y eleva por encima de las bestias. ¿Qué motivo hay para que, en el terreno del ordenamiento social, hayamos de renunciar al arma de la lógica, apelando, en cambio, a vagos y confusos sentimientos e impulsos?[4]

4. La meta del liberalismo

Suele la gente pensar que el liberalismo se distingue de otras tendencias políticas en que procura beneficiar a determinada clase —la constituida por los poseedores, los capitalistas y los grandes empresarios— en perjuicio del resto de la población. El supuesto es erróneo. El liberalismo ha pugnado siempre por el bien de todos. Tal es el objetivo que los utilitaristas ingleses pretendían describir con su no muy acertada frase de «la máxima felicidad, para el mayor número posible». Desde un punto de vista histórico, el liberalismo fue el primer movimiento político que quiso promover no el bienestar de específicos grupos, sino el general. Difiere el liberalismo del socialismo —que igualmente proclama su deseo de beneficiar a todos— no en el objetivo perseguido, sino en los medios empleados.

Hay, sin embargo, quienes opinan que las consecuencias del liberalismo, por la íntima condición del sistema, al final resultan favorecedoras de los intereses de específica clase. El aserto merece ser debatido. Una de las cosas que la presente obra intenta es demostrar lo infundado del mismo. Pero no sería correcto rechazar, sin más, al posible contra-opinante, acusándole de mala fe. Aunque estimemos errada su postura, puede que esté pronunciándose con toda honradez intelectual, mereciendo se le escuche y debata. Nótese, ahora bien, que este argumento es muy particular, pues no acusa al liberalismo de hipocresía; admite su desinteresado carácter y concede que el liberal desea de verdad alcanzar los objetivos que proclama.

Diferentes son aquellos otros críticos que acusan al liberalismo de perseguir invariablemente no el bienestar general, sino el provecho personal de ciertos grupos. Estos dialogantes son, en cambio, injustos o ignorantes. Recurren a tal arbitrio por hallarse en el fuero interno convencidos de la inviabilidad de sus propias tesis. Emplean dardos envenenados por no tener otra salida.

Cuando el médico prohíbe al paciente ingerir determinados alimentos, nadie piensa que aquél odia a éste ni que, si de verdad le quisiera, permitiríale disfrutar los tan deliciosos manjares proscritos. Todo el mundo comprende que el doctor aconseja al enfermo apartarse de dichos placeres simplemente porque desea que la salud de éste prospere. Pero, cuando se trata de política social, las cosas ya no pintan igual. En cuanto el liberal se pronuncia contra ciertas demagógicas medidas, por razón de las dañosas consecuencias sociales que sabe las mismas han de provocar, inmediatamente acúsasele de enemigo del pueblo, mientras elogios y alabanzas sin cuento son derramadas sobre falsos profetas que, incapaces de ver los inevitables perjuicios subsiguientes, propician lo que, al pronto, parece mejor.

La actividad racional se diferencia de la irracional en que implica momentáneos sacrificios. No son éstos sino aparentes sacrificios, pues ampliamente quedan compensados por la favorable consecuencia posterior. Quien renuncia a ingerir delicioso pero perjudicial alimento efectúa provisional, aparente sacrificio, el resultado de tal actuación —el no sufrir perjuicio fisiológico— pone de manifiesto que el sujeto no sólo no ha perdido, sino que ha ganado. Para actuar de tal modo se precisa, no obstante, advertir la correspondiente concatenación causal. Y de esto se aprovecha el demagogo. Ataca al liberal que sugiere provisionales y sólo aparentes sacrificios, tildándolo de enemigo del pueblo, carente de corazón, mientras él se erige en el gran defensor de las masas. Sabe bien cómo tocar la fibra sensible del pueblo, cómo hacer llorar al auditorio describiendo tragedias y miserias y, por tales vías, pretende justificar sus planes.

La política antiliberal es una política de consumo de capital. Amplía la provisión presente a costa de la futura. Es el mismo supuesto que el del enfermo a que antes aludíamos. Grave daño posterior, en ambos casos, es el precio a pagar por momentánea gratificación. Hablar, en tal caso, de dureza de corazón frente a filantropía resulta, a no dudar, deshonesto y mendaz. Y esto no es tan sólo aplicable a nuestros presentes políticos y periodistas antiliberales, pues la cosa ya viene de antiguo; la mayor parte de los autores partidarios de la prusiana Sozialpolitik recurrió a iguales tretas.

El que en el mundo haya pobreza y estrechez no constituye, desde luego, argumento válido contra el liberalismo, pese a lo que en tal sentido suele pensar el embotado lector medio de revistas y periódicos. Esa penuria y esa necesidad son precisamente las lacras que el liberalismo desea suprimir, proponiendo, al efecto, los únicos remedios en verdad eficaces. Quien crea conocer otro camino, que lo demuestre y justifique. No cabe, desde luego, eludir tal probanza simplemente vociferando que a los liberales no les importa el bien común y que tan sólo les preocupa el bienestar de los ricos.

La existencia de pobreza y de miserias múltiples no constituiría argumento válido contra el liberalismo aun en el caso de que el mundo efectivamente siguiera una política liberal. Habría siempre que dilucidar si, bajo otros regímenes, no se daría aún mayor malestar material. Pero carece realmente de sentido, hoy en día, cuando la institución dominical privada es por doquier estorbada y entorpecida, a tenor de lo que todos los antiliberales patrocinan, el atacar al liberalismo sobre la base de que la situación económica no es tan rosada como se desearía. Para valorar los triunfos liberales y capitalistas basta comparar nuestro actual nivel de vida con el que prevaleció durante la Edad Media y las primeras centurias de la moderna. Sin embargo, sólo la deducción teórica puede advertirnos de cuánto el liberalismo y el capitalismo hubieran podido conseguir de habérseles dejado rienda suelta en el cabalgar histórico[5].

5. Liberalismo y capitalismo

Aquellas sociedades en que se aplican principios liberales suelen calificarse de capitalistas y capitalismo se denomina el régimen que en ellas impera. Difícil en verdad es, hoy en día, evidenciar la enorme potencialidad social del capitalismo, dadas las circunstancias prevalentes y el que la política económica liberal sólo parcialmente fuera puesta en práctica. Cabe, no obstante, denominar con justeza a nuestra época la edad del capitalismo, ya que toda la actual riqueza proviene de la operación de instituciones típicamente capitalistas. La mayoría de nuestros contemporáneos gozan de un nivel de vida muy superior al que los más ricos y privilegiados, hace tan sólo unas pocas generaciones, disfrutaban, gracias a las ideas liberales que aún sobreviven y a lo que del capitalismo queda.

Los demagogos, desde luego, con su habitual retórica, presentan las cosas de modo diametralmente opuesto. Los adelantos en los métodos productivos —dicen— sirven tan sólo para enriquecer cada vez más a las minorías favorecidas por la fortuna, mientras las masas van hundiéndose en pobreza progresivamente creciente. La más mínima reflexión, sin embargo, evidencia que los progresos técnicos e industriales todos se orientan hacia el enriquecimiento y progreso de las gentes humildes. Trabajan, directamente, para éstas las grandes industrias de bienes de consumo e, indirectamente, las que fabrican maquinaria y productos semiterminados. Los enormes progresos industriales de las últimas décadas, así como los del siglo XVIII y los de la —con frase poco certera— llamada revolución industrial dieron invariablemente lugar a una mejor satisfacción de las necesidades populares. El desarrollo de la industria textil, la mecanización del calzado, las mejoras en la conserva y el transporte de los alimentos benefician a una clientela cada día más amplia. Es por eso por lo que las gentes visten y comen hoy mejor que nunca. La producción masiva no sólo procura comida, habitación y vestimenta a los más humildes, sino que atiende también otras muchas necesidades populares. La prensa y el cine gratifican a muchos; el teatro y otras manifestaciones artísticas, antes sólo de minorías, se han transformado en espectáculos de masas.

La apasionada propaganda antiliberal, que retuerce los hechos poniéndolos del revés, ha dado lugar, sin embargo, a que las gentes asocien los conceptos de liberalismo y capitalismo con la imagen de un mundo sumido en pobreza y miseria siempre crecientes. No consiguieron los demagogos, a pesar de tanta palabrería, dar a los términos «liberal» y «liberalismo» un tono verdaderamente peyorativo, como era su deseo. Las gentes, pese a tanto lavado de cerebro, siguen viendo cierta asociación entre aquellos vocablos y la palabra «libertad». Por eso los escritos antiliberales no atacan demasiado al «liberalismo», prefiriendo atribuir al «capitalismo» todas las infamias que, en su opinión, engendra realmente el liberalismo. Porque el vocablo capitalismo evoca en las gentes la figura de un patrono sin entrañas que no piensa más que en su personal enriquecimiento, aunque sea a costa de los demás.

Pocos son, en verdad, quienes advierten que el orden social estructurado de acuerdo con los auténticos principios liberales un solo camino deja franco a empresarios y capitalistas para enriquecerse, a saber, el atender del mejor modo posible las necesidades de las gentes. La propaganda antiliberal, desde luego, lejos de evocar el capitalismo cuando alude a la prodigiosa elevación del nivel de vida de las masas, lo cita sólo cuando denuncia las tan lamentables realidades generadas precisamente por las limitaciones impuestas a la sistemática liberal. No se dice, por ejemplo, que fue el capitalismo quien puso al alcance de las masas el azúcar, golosina a la par que alimento. Acúsasele, en cambio, cuando, en cierto país, el precio interior del azúcar sobrepasa la cotización mundial por la actuación de específico cártel. ¡Como si tal pudiera no cede en razón a que liberal! Porque, sin protecciones tarifarias, no es posible la formación de cártel alguno que eleve el precio de cualquier cotización del mercado internacional.

La cadena argumental empleada por la demagogia para echar la culpa al liberalismo de cuantos perjuicios las medidas antiliberales ocasionan es del tenor siguiente. Comiénzase por afirmar, sin recurrir, desde luego, a probanza alguna, que el liberalismo favorece los intereses de capitalistas y empresarios, con el correspondiente perjuicio para el resto de la población, de suerte que progresivamente se va enriqueciendo a los ricos y pauperizando a los pobres. Dícese, después, que muchos capitalistas y empresarios son partidarios del proteccionismo tarifario, habiendo algunos, incluso, como los fabricantes de armamento, que recomiendan una política de «preparación bélica». De tal concatenación surge, de pronto, la conclusión de que todo ello es consecuencia de la «propia mecánica capitalista».

La verdad, sin embargo, es otra, el liberalismo no trabaja en favor de grupo alguno, sino en interés de la humanidad entera. El empresario o capitalista, personalmente, nada tiene que ganar con el liberalismo. Conviénele a él tanto como a cualquier otro. Es más, aun si algún empresario o capitalista pretendiera ocultar personales conveniencias tras la máscara del programa liberal, rápidamente alzaríanse contra tal propósito los demás empresarios y capitalistas, defendiendo su propio interés. No son tan simples las cosas como suponen quienes por otras partes ven «conveniencias» y «partes interesadas». El que el gobierno imponga, pongamos por caso, una tarifa proteccionista a la importación de los productos siderúrgicos no puede explicarse simplemente diciendo que tal medida beneficia a los magnates del acero, porque hay gentes en el país, empresarios incluso, a quienes la medida perjudica; y, además, los que se benefician con la protección tarifaria constituyen minoría en permanente reducción. No cabe tampoco hablar de cohechos y sobornos, pues los que por tales medios son corrompidos constituyen evidentemente exigua minoría y, ¿por qué sólo los proteccionistas se gastan, al efecto, el dinero y no lo hacen sus oponentes, los partidarios del libre cambio?

La ideología en que la tarifa proteccionista se ampara no la crean ni las «partes interesadas» ni los sobornados, sino los ideólogos que engendran pensamientos que luego, por desgracia, informarán la actividad del país entero. Las gentes argumentan en antiliberal, por ser la idea que prevalece; hace cien años, en cambio y en razón a lo mismo, la mayoría discurría en términos liberales. Si hay empresarios favorables al proteccionismo, ello no es sino consecuencia del antiliberalismo que todo lo embarga. Tal hecho, desde luego, nada tiene que ver con la doctrina liberal[6].

6. Las raíces psicológicas del antiliberalismo

Sólo mediante lógico discurso, desde luego, vamos a abordar, en el presente libro, el problema de la cooperación social. La raíz del antiliberalismo no puede, sin embargo, ser aprehendida por vía de la razón pura, pues no es de orden racional tal oposición, constituyendo, por el contrario, fruto de patológica disposición mental, que brota del resentimiento, de neurasténica condición, que cabría denominar el complejo de Fourier, en recuerdo del conocido socialista francés.

No vale la pena hablar demasiado del resentimiento y de la envidiosa malevolencia. Está uno resentido cuando odia tanto que no le preocupa soportar daño personal grave con tal de que otro sufra también. Gran número de los enemigos del capitalismo saben perfectamente que su personal situación se perjudicaría bajo cualquier otro orden económico. Propugnan, sin embargo, la reforma, es decir, el socialismo, con pleno conocimiento de lo anterior, por suponer que los ricos, a quienes envidian, también, por su parte, padecerán. ¡Cuántas veces oímos decir que la penuria socialista resultará fácilmente soportable ya que, bajo tal sistema, todos sabrán que nadie disfruta de mayor bienestar!

Cabe, desde luego, combatir el resentimiento con argumentos lógicos. Puede, evidentemente, hacérsele ver al resentido que a él lo que le interesa es mejorar su propia posición, independientemente de que los otros prosperen más.

El complejo de Fourier, en cambio, resulta más difícil de combatir. Estamos, ahora, ante una grave enfermedad nerviosa, una auténtica neurosis, cuyo tratamiento compete más al psiquiatra que al legislador. Constituye, sin embargo, circunstancia que debe ser tenida en cuenta al enfrentarse con los problemas de nuestra actual sociedad. La ciencia médica, por desgracia, se ha ocupado muy poco del complejo de Fourier. Se trata de tema que casi pasó inadvertido a Freud, el gran maestro de la psicología, así como a sus seguidores en la teoría de las neurosis, pese a que tal escuela supo alumbrar la nueva vía, la única coherente y sistemática, para tratar desórdenes mentales de este tipo.

Muy difícil es alcanzar, en esta vida, todo lo que cada cual ambiciona; ni uno por millón lo consigue. Los grandiosos proyectos juveniles, aunque la suerte acompañe, cristalizan luego muy por debajo de lo previsto. Mil obstáculos destrozan planes y ambiciones y la personal capacidad resulta insuficiente para conseguir aquellas altas cumbres que uno pensó fácilmente escalar. Diario drama es para el hombre ese fracaso de las más queridas esperanzas, esa paralización de los más ambicionados planes y la percepción de la propia incapacidad para conseguir las tan apetecidas metas. Pero eso a todos nos sucede.

De dos formas puede el hombre reaccionar ante tal realidad. Goethe, con su sabiduría práctica, nos ofrece una solución:

¿Crees tú, acaso, que deba odiar la vida

y refugiarme en el desierto

simplemente porque no todos

mis infantiles sueños fructificaran?

dice su Prometeo. Y Fausto en «la mayor ocasión», «como sabio resumen», advierte que:

No merece disfrutar

ni de la libertad ni de la vida

quien no sepa, a diario, reconquistarlas.

Desgracia terrena alguna puede mellar espíritu y voluntad de tal categoría. Quien acepte la vida como en realidad es, resistiéndose a que la misma le avasalle, no necesita recurrir a «piadosas mentiras» que gratifiquen su atormentado ego. Si el triunfo tan largamente añorado no llega, si los hados, en un abrir y cerrar de ojos, desarticulan lo que tantos años de duro trabajo costó estructurar, no hay más solución que seguir laborando como si nada hubiera pasado. Así actúa quien osa mirar cara a cara al desastre y es capaz de no desesperar jamás.

El neurótico, en cambio, no puede soportar la vida como en verdad es. La realidad resulta para él demasiado dura, agria, grosera. Carece, en efecto, a diferencia de la persona saludable, de capacidad para «seguir adelante, siempre, como si tal cosa». Su debilidad se lo impide. Prefiere escudarse tras meras ilusiones. La ilusión, según Freud, «es algo deseado, una especie de consolación» que se caracteriza «por su inmunidad ante el ataque de la lógica y de la realidad». No es posible por eso curar a quien de tal mal sufre apelando a la lógica o a la demostración del error en que aquél se debate. Ha de ser el propio sujeto quien se auto-medique, llegando a comprender él mismo las razones que le inducen a rehuir la realidad, prefiriendo acogerse a vanas ensoñaciones.

La teoría de las neurosis es la única que puede explicar el éxito de las ideas de Fourier, aquel loco descendiente de otra mente no menos psicópata. No vale la pena transcribir aquí pasajes de sus escritos para evidenciar la locura que le dominaba, tales datos interesan sólo al psiquiatra o, tal vez, a quienes gustan leer lo que obscenas mentes escriben. Dejemos a un lado el tema, pero no olvidemos advertir que el marxismo, en cuanto abandona su pomposa retórica dialéctica, la difamación o el sarcasmo del oponente, nada nuevo añade a lo que Fourier, el «utópico», ya dijera. Parte el marxismo, en su construcción de la sociedad socialista, como Fourier hiciera, de dos presupuestos contradictorios tanto por la lógica como por la realidad experimental. Supone, en efecto, el escritor socialista, por un lado, que el «substrato material» de producción «ofrecido por la naturaleza, sin necesidad de la intervención del esfuerzo humano», es tan abundante que no precisa ser economizado y de ahí la confianza marxista en un «prácticamente ilimitado incremento de la producción»; de otro lado, supone que en la comunidad socialista el trabajo «dejará de ser una carga para transformarse en un placer», hasta el punto de que «llegará a constituir la primordial exigencia vital». Estamos, desde luego, en el reino de Jauja, donde todos los bienes son superabundantes y el trabajo constituye pura diversión.

El marxista, desde las olímpicas alturas de su «socialismo científico», desprecia el romanticismo y los románticos. El procedimiento de aquél, sin embargo, en nada difiere del de éstos. En vez de hallar la forma de superar los obstáculos que le impiden alcanzar los fines apetecidos, los escamotea, perdiéndolos de vista entre las brumas de la fantasía.

La «mentira piadosa» tiene doble utilidad para el neurótico. Le consuela, por un lado, de sus pasados fracasos, abriéndole, por otro, la perspectiva de futuros éxitos. En el caso del fallo social, el único que en estos momentos interesa, consuela al interesado la idea de que, si dejó de alcanzar las doradas cumbres ambicionadas, ello no fue culpa suya, sino efecto obligado del defectuoso orden social prevalente. El malcontento confía en que la desaparición del sistema le deparará el éxito que anteriormente no consiguiera. Vano, por eso, resulta evidenciarle que la soñada utopía es inviable y que sólo sobre la sólida base de la propiedad privada de los medios de producción cabe cimentar una organización acogida a la división social del trabajo. El neurótico se aferra a su tan querida «mentira piadosa» y, en el trance de renunciar a ésta o a la lógica, sacrifica la segunda, pues la vida, sin el consuelo que el ideario socialista le proporciona, resultaría insoportable. Porque, como decíamos, el marxismo le asegura que de su personal fracaso no es él el responsable; es la sociedad la culpable. Ello restaura en él la perdida fe, liberándole del sentimiento de inferioridad que, en otro caso, le acomplejaría.

El socialismo, para nuestros contemporáneos, constituye divino elixir frente a la adversidad; algo de lo que le pasaba al devoto cristiano de otrora, que soportaba mejor las penas terrenales confiando en un feliz mundo ulterior, donde los últimos serían los primeros. La promesa socialista tiene, sin embargo, muy diferentes consecuencias, pues la cristiana inducía a las gentes a llevar una conducta virtuosa, confiando siempre en una vida eternal y una celestial recompensa. El partido, en cambio, exige a sus seguidores disciplina política absoluta, para acabar pagándoles con esperanzas fallidas e inalcanzables promesas.

En lo expuesto consiste el hechizo de la ensoñación socialista; están convencidos sus partidarios de que, tan pronto como el socialismo se implante, conseguirán cuanto hasta ahora no lograran. Los escritos socialistas no sólo prometen riqueza para todos, sino también amor y felicidad conyugal, pleno desarrollo físico y espiritual, la aparición por doquier de grandes talentos artísticos y científicos. Trotsky, no hace mucho, aseguraba que, en la sociedad socialistas, «el hombre medio llegará a igualarse a un Aristóteles, un Goethe o un Marx. Y, por encima de tales cumbres, picos aún mayores se alzarán»[7]. El paraíso socialista será el reino de la perfección, poblado por superhombres totalmente felices. Tales son las sinrazones que la literatura socialista entera rezuma. Pero es precisamente tanto desvarío lo que atrae y convence a la mayoría.

No hay, desde luego, en el mundo, psiquiatras suficientes para atender a todos los inficionados por el complejo de Fourier; su número es excesivo. Tienen que procurar curarse ellos mismos, reconociendo la realidad de la vida, el que cada cual ha de soportar su propio destino, que no cabe hallar chivos expiatorios y que es preciso percatarse de las inconmovibles leyes que rigen la humana cooperación social[8].

I

Los fundamentos de la política liberal

1. La propiedad

La sociedad humana es una asociación de individuos deseosos de actuar conjuntamente, de cooperar entre sí. Frente a la aislada actividad individual, tal acción concertada, basada en el principio de la división del trabajo, posee la ventaja de generar una productividad mayor. Cuando los hombres, coordinadamente, laboran conforme a tal principio (permaneciendo igual todo lo demás) obtienen un producto, no igual a la suma de los diversos esfuerzos autosuficientes, sino considerablemente superior. En esto se basa la civilización humana. La división del trabajo distingue al hombre de los animales; convierte al débil ser humano, de menor fuerza que casi todas las bestias, en amo del mundo y creador de las maravillas de la tecnología. Sin su concurso, no habríamos, desde luego, podido mejorar nuestra situación con respecto a la de nuestros antepasados de hace un millar o diez millares de años.

Pero no basta el trabajo humano, por sí solo, para incrementar el bienestar social. Para que sea fecundo ha de unirse a las materias primas y a los diversos recursos que la naturaleza pone a disposición del hombre. La tierra, por un lado, con cuantos elementos y fuerzas contiene, y el trabajo, por otro, constituyen los dos factores de producción, en principio, disponibles; la coordinación de ambos, adecuadamente practicada, engendra esa multitud de bienes que nos permiten satisfacer las materiales necesidades humanas. Pero el proceso productivo requiere no sólo esfuerzo laboral y recursos naturales, sino la concurrencia, además, de productos intermedios, o sea, factores naturales ya parcialmente transformados por trabajo humano previamente ejecutado. En el lenguaje económico distinguimos, por tanto, tres factores de producción: trabajo, tierra y capital. El concepto tierra comprende cuantas materias y energías la naturaleza pone a nuestra disposición en la corteza terráquea, incluidos naturalmente el subsuelo, el mar y el aire. Bienes de capital, en cambio, son productos intermedios elaborados por el esfuerzo humano a partir del elemento tierra con destino a ulteriores producciones, es decir, máquinas, herramientas, artículos manufacturados de toda clase, etc.

Esto sentado, ha llegado el momento de considerar los dos diferentes sistemas de cooperación humana que, bajo el signo de la división del trabajo, cabe imaginar, o sea, el que se ampara en la propiedad privada de los medios de producción y el que se basa en la propiedad comunitaria de los mismos. Denominamos a este segundo socialismo o comunismo y a aquél liberalismo o también capitalismo, desde que, en el siglo XIX, gracias a él propagóse la división del trabajo por, prácticamente, todo el globo terráqueo. Entienden los liberales que, en una sociedad basada en la división del trabajo, el capitalismo, o sea, la propiedad privada de los medios de producción, constituye el único sistema de cooperación humana viable. Aseveran, igualmente, que el socialismo, el orden colectivo en el que el estado controla el destino de los medios de producción, es totalmente inválido. Y, por último, mantienen que una socialización parcial de los factores productivos restringe la cuantía de bienes disponibles, empobreciendo a la comunidad, lejos de enriquecerla.

Los principios del liberalismo se condensan en una sencilla palabra: propiedad; es decir, control privado de los factores de producción (pues los bienes de consumo tienen, evidentemente, que ser siempre de condición privada). Todas las restantes exigencias liberales derivan de tal fundamental presupuesto.

Los liberales conjugan y enlazan el concepto de propiedad con los de libertad y paz. En tal sentido argumentó el liberalismo desde su origen; pero no son motivos históricos los que nos inducen a seguir pensando así. El moderno ideario liberal ha superado ampliamente las tesis de los primitivos autores de la escuela, gozándose hoy de una mucho más clara y precisa comprensión de la mecánica del mercado, gracias a los progresos de la ciencia económica en las últimas décadas. De ahí que paz y libertad sigan luciendo en el frontispicio del programa; pero, como decíamos, no es por ello por lo que los antiguos liberales proclaman eso, sino en razón a haber los modernos comprendido y demostrado que aquéllas sólo pueden conseguirse a través de la primordial petición liberal: la propiedad privada de los medios de producción. Ha habido, últimamente, que destacar esto, o sea, que el ideario, desde un principio, patrocinaba paz y libertad, por haber quienes nos acusan de que laborábamos en contra de esos dos objetivos que indudablemente todo el mundo ansia conseguir[9].

2. La libertad

Hallábase, en Europa, desde la edad moderna, tan enraizado el ideal de libertad, que nadie atrevíase a someterlo a discusión. Los occidentales hablábamos siempre de la libertad con respeto y reverencia; quedaríale reservado a Lenin el calificarla de «mero prejuicio burgués». Tal disposición de ánimo, cosa que muchas veces se olvida, fue también fruto del pensamiento liberal. La palabra liberalismo deriva evidentemente de libertad. Y serviles denominaban los españoles, en sus contiendas del siglo pasado, a quienes se oponían a los liberales.

Porque es lo cierto que, antes del orto del liberalismo, clarividentes filósofos, fundadores, clérigos y políticos, animados de las mejores intenciones y auténticos amantes del bien de los pueblos, predicaron que la institución servil, la esclavitud de una parte del género humano, no era cosa mala ni injusta, sino por el contrario, normalmente útil y beneficiosa. Había hombres y pueblos destinados, por su propia naturaleza, a ser libres, en tanto que existían otros a quienes convenía más el estado servil. Y no eran sólo los amos quienes así se pronunciaban; la gran mayoría de los esclavos pensaba lo mismo. Para éstos tal condición tenía también sus ventajas; no habían, desde luego, de preocuparse del sustento; eso era cosa del dueño. De ahí que no fuera la fuerza, la coacción, lo que, en general, retuviera al esclavo. Pensadores sinceramente humanitarios, cuando el liberalismo, en el siglo XVIII y primera mitad del XIX, se alzó en favor de la emancipación del siervo de la gleba europea y del negro americano, no silenciaron, desde luego, su honesta oposición. El trabajador servil —argumentaron— hallábase habituado a su condición y no la consideraba mala. ¿Qué iban a hacer libres? Sentiríanse desamparados, al no poder recurrir a su antiguo señor; no sabrían ni administrar los propios asuntos; apenas acertarían a conseguir lo indispensable para cubrir sus más elementales necesidades. La emancipación, por tanto, antes que beneficio, iba a irrogarles grave perjuicio.

Hoy nos resulta asombroso comprobar que muchos de aquellos esclavos comulgaban enteramente con tales ideas. Hubo liberales incluso que, por contrarrestar esas opiniones, quisieron hacer ver, exagerando muchas veces la realidad, que los casos excepcionales de crueldad de que indudablemente a veces fueron víctimas siervos y esclavos constituían la regla común. La verdad es que tales excesos jamás constituyeron generalizada conducta. Hubo, desde luego, no vamos a negarlo, supuestos aislados de abuso y violencia, resultando tales hechos motivación adicional para la abolición del sistema. No es menos cierto, sin embargo, que el trato que los dueños daban a sus esclavos era, normalmente, suave y humano; porque económicamente así más a aquéllos conveníales.

Quienes propugnaban la abolición de la servidumbre, aduciendo argumentos de tipo humanitarista, quedábanse dialécticamente desarmados cuando se les probaba que, en muchos casos, la institución favorecía e interesaba también a los pobres seres esclavizados. Lógica era la perplejidad puesto que un solo razonamiento válido hay contra la esclavitud, desarbolando toda otra dialéctica, a saber, que el trabajo del hombre libre es incomparablemente más productivo que el del esclavo. Carece éste, en efecto, de interés personal por producir lo más posible. Aporta a regañadientes su esfuerzo y sólo en la medida indispensable que le permita eludir el correspondiente castigo. El trabajador libre, en cambio, sabe que cuanto mayor sea su productividad mayor también, en definitiva, será la recompensa que le corresponda. Da de sí todo lo que puede por ver incrementada la propia retribución. ¡Cuán superior es la cura y atención que el moderno conductor de un tractor pone en la labor a él encomendada comparativamente a la que en la suya ponían los esclavizados «siervos de la gleba» rusos! El raudal de energía e inteligencia que la moderna actividad industrial requiere sólo el trabajador libre puede aportarla.

Inconsecuentes parlanchines son los únicos que ponen en duda la conveniencia de la libertad individual. Dirán que hay pueblos destinados, por naturaleza, a la servidumbre, constituyendo deber de las razas superiores el mantenimiento de tal estado de cosas. El liberal se rebela contra esas monsergas. Reclama la libertad para todos los seres humanos por motivaciones de otra índole. Al postular aquélla, no invoca, desde luego, ni a Dios ni a la Naturaleza; primero de todo, porque humildemente reconoce ignorar cuáles pudieran ser los designios íntimos de Dios o de la Naturaleza, procurando consecuentemente evitar arbitrarias apelaciones a tales entidades, siendo así que lo que estamos discutiendo son problemas puramente técnicos; y, en segundo lugar, porque lo único que afirma y prueba es que el trabajo libre es más productivo que el servil, resultando consecuentemente aquél de mayor beneficio que éste para cuantos habitan el globo terráqueo. No aboga, desde luego, el liberal por la abolición de toda institución de condición servil en razón a que las mismas constituyan «inadmisible abuso y reprochable ventaja que a los amos beneficia»; lo hace, simplemente, por hallarse convencido de que tales ordenamientos sociales reducen el bienestar de la colectividad entera, incluido el de aquellos «amos» supuestamente tan gratificados. De haberse mantenido, como antiguamente, en régimen de esclavitud a los trabajadores, el impresionante progreso económico de los últimos ciento cincuenta años no hubiera sido posible. Careceríamos de ferrocarriles, automóviles, aviones, buques a motor, luz y energía eléctrica, industria química, etc., como les aconteció a griegos y romanos, quienes, pese a su indudable perspicacia en otros terrenos, no supieron defender un sistema de mercado libre. Con la abolición de la esclavitud, beneficióse todo el mundo, tanto los esclavos como sus poseedores. El obrero occidental vive hoy mejor que los antiguos faraones, pese a no contar, como fuentes de ingresos, más que con su personal esfuerzo, mientras los monarcas egipcios disponían de miles de esclavos. El viejo nabab oriental, si pudiera contemplar el nivel de vida del hombre medio actual, preferiría éste con respecto al que él disfrutó, por mucho que se diga[10].

3. La paz

Hay, hoy en día, personas guiadas por indudable y genuino idealismo que abominan de la guerra por engendrar dolores y muertes sin cuento. Tales filantrópicos argumentos, sin embargo, pierden valor dialéctico y suasorio cuando se enfrentan con quienes aseguran que lo bueno para la humanidad es la bélica pugna. Reconocen estos últimos, desde luego, que toda conflagración comporta penalidades y sufrimientos; replican, sin embargo, que el conflicto armado es el factor que obliga al género humano a ingeniarse, lo que le hace prosperar. La guerra, dijo un filósofo griego, es el origen de todas las cosas; y millares de escritores repitieron después gustosos el aserto. El hombre, en paz, degenera. Sólo la guerra despierta en él dormidas energías y talentos, imbuyéndole sublimes ideales. La humanidad se hundiría en repugnante indolencia y marasmo si el conflicto bélico desapareciera de la faz terráquea.

Difícil, desde luego, frente a tales tesis, les resulta argüir a aquellos enemigos de la guerra que se limitan a decir que la misma implica duros sacrificios para las gentes, pues, como veíamos, sus oponentes aseguran que tales tribulaciones no son en vano y que, desde un punto de vista social, vale la pena sean soportadas por unos y otros. Si fuera realmente cierto que la guerra es el origen de todas las cosas, las penalidades que comporta deberían tenerse por inexcusables costos que el bienestar común exige. Cabría intentar la atenuación de tales sufrimientos, pero nunca abolir la confrontación e implantar paz perpetua.

Al liberal, desde luego, repúgnale el conflicto armado; no argumenta, sin embargo, por las antes citadas vías humanitaristas, pues comienza pensando que no es la guerra, sino la paz, el origen de todas las cosas. La cooperación social —arguye— hace avanzar a la humanidad, distinguiendo el hombre de las bestias. Sólo la coordinada labor social es productiva; sólo ella crea riqueza, estructurando los presupuestos materiales que permitirán después al hombre progresar en lo espiritual. La guerra, en cambio, nada produce; sólo destruye. La agresión, la carnicería, el aniquilamiento y la devastación son rasgos comunes que nos asemejan a las bestias de la jungla, no más brutales y destructoras que los humanos a veces; el trabajo productivo, por el contrario, constituye la nota distintiva del ser racional. La filosofía humanitarista condena la guerra, aun cuando pudiera provocar consecuencias socialmente beneficiosas. El liberalismo va más adelante; detesta el conflicto bélico, civil o internacional, independientemente de lo anterior, por hallarse convencido de que sólo daño social puede irrogar.

El puro amante de la paz, humildemente postrado ante el gran gerifalte, dícele: «Encarézcote no desencadenes la guerra, aunque tengas fundadas esperanzas de que el triunfo ha de reportarte beneficio; sé noble y magnánimo y renuncia a la victoria que te sonríe, aun cuando tu pacifismo pueda implicar pérdida para ti». El liberal, en cambio, arguye por otra vía. Entiende que la guerra constituye un mal para todos, incluso para el vencedor, siendo la paz, siempre, desde el punto de vista social, mejor que la guerra. No le pide al fuerte que se sacrifique; procura hacerle ver que la coexistencia resulta tan interesante y beneficiosa para él como para el débil oponente a quien considera víctima fácil.

Cuando un pueblo amante de la paz se ve atacado por belicoso enemigo debe, desde luego, ofrecer la máxima resistencia, haciendo cuanto en su mano esté por repeler la agresión. Son encomiables, a no dudar, los actos de quienes, en guerra defensiva, pelean por la libertad y la vida; admirables su entrega y coraje. Dignos de alabanza, en tales casos, resultan el desprecio a la muerte, el valor y el arrojo de los combatientes, que luchan por un fin justo. Lo que no se puede es dar a las aludidas virtudes castrenses valor absoluto, independientemente del objetivo que a su través se persiga. Porque, en tal caso, igualmente nobles habríamos de estimar la audacia, la intrepidez y el menosprecio del peligro del delincuente común. No olvidemos nunca que la acción humana, per se, jamás es ni buena ni mala; la calificamos de encomiable o infame, según el fin que la misma persiga, según las consecuencias que vaya a provocar. Admiramos, por ejemplo, a Leónidas cuando le vemos morir defendiendo la independencia patria; muy otro, en cambio, sería nuestro juicio si lo contempláramos sucumbir al frente de una horda invasora, intentando sojuzgar y expoliar a un pueblo pacífico que nada le había hecho.

El daño que las bélicas contiendas, civiles o internacionales, irrogan al progreso de la comunidad humana resulta evidente en cuanto advertimos las ventajas que la división del trabajo lleva consigo aparejadas. Gracias a ésta, el individuo autosuficiente transfórmase en el «animal social» de que hablara Aristóteles. La hostilidad entre las bestias o entre salvajes, que no actúan comunitariamente, poco afecta a la base económica de su modo de vivir. Pero las cosas cambian cuando la discordia surge entre gentes que ya están operando bajo un régimen de división social del trabajo, pues, en este caso, todo el mundo labora de forma especializada; nadie vive de modo autónomo e independiente; es preciso el recíproco auxilio y apoyo. El antiguo propietario de extenso dominio que producía cuanto sus ocupantes consumían podía pelear con el vecino igualmente autosuficiente. Pero, en la pequeña aldea ya no es lo mismo; si el bando del herrero entra en colisión con el del zapatero, los unos carecerán de calzados y los otros de herramientas metálicas. La guerra civil colapsa la división del trabajo, en la medida en que obliga a cada grupo contendiente a autoabastecerse. Y es más; aquella división laboral no hubiera ni siquiera aparecido de haber previsto los interesados la lucha subsiguiente. Por eso, la cooperación social sólo puede prosperar e intensificarse donde exista previsible paz duradera. Tal pacífica perspectiva constituye, al respecto, conditio sine qua non. La división del trabajo restríngese, en otro caso, al estrecho territorio del poble lugar o, incluso, al mero medio familiar. Entre el agro y la urbe, por ejemplo —con los campesinos suministrando grano, ganado, leche y mantequilla a la ciudad, a cambio de los productos manufacturados por quienes en ella habitan— es imprescindible la paz, al menos en el correspondiente ámbito regional. Si se quiere que el sistema sea operativo en todo el país, la guerra civil debe quedar prohibida; para extenderlo al mundo entero, es precisa paz permanentemente entre las naciones.

Consideramos, hoy, estúpido y sin sentido que una metrópoli como Londres o Berlín guerrease con los distritos rurales circundantes. Durante muchos siglos, sin embargo, las aglomeraciones urbanas no descartaron tal posibilidad, adoptando las medidas del caso. Gran número de ciudades europeas construyeron sus murallas y fortificaciones previniendo la posibilidad de cultivar vituallas intra muros.

El mundo, aún a principios del siglo pasado, hallábase dividido en regiones autosuficientes que prácticamente no comerciaban entre sí. Incluso las áreas más desarrolladas de Europa cubrían casi enteramente sus necesidades con productos propios. El comercio interregional era mínimo, limitándose a aquellas mercancías que, por razones climatológicas, no podían obtenerse en la zona propia. Hasta las aldeas, en la mayor parte del mundo, se autoabastecían. Los conflictos bélicos, pues, que pudieran desarrollarse en torno a tales centros autosuficientes poco afectaban al nivel de vida de la población civil. Europa entera, por eso, no sufrió demasiado cuando Napoleón decretó el embargo de los productos ingleses y de las mercancías de ultramar que, a través de la Gran Bretaña, accedían al continente. Tal bloqueo, de haberse impuesto drásticamente, cosa que no sucedió, hubiera supuesto para los europeos la carencia de café y azúcar, algodón, especias y algunas maderas raras. Esas mercaderías, sin embargo, jugaban tan sólo papel secundario en los hogares de la inmensa mayoría de la población.

Las relaciones comerciales de ámbito mundial nacieron al amparo del espíritu liberal y del capitalismo del siglo pasado. La nueva filosofía permitió la aparición del moderno aparato productivo, cada vez más especializado y de mayor perfección tecnológica. Consiguióse que el trabajador inglés, por ejemplo, tuviera, en cierto sentido, a su servicio a gentes de los cinco continentes. Japón o Ceilán le suministraban el té del desayuno; Brasil o Java, el café; las Indias Occidentales, el azúcar; Australia o Argentina, la carne; Norteamérica o Egipto, el algodón; mientras el cuero de sus zapatos procedía de la India o de Rusia. Las manufacturas inglesas, con las que, desde luego, tales bienes se pagaban, llegaban a todos los rincones del mundo, a las más apartadas aldeas y explotaciones agrícolas. Fue posible tan espectacular transformación por cuanto el pensamiento liberal hizo ver a las gentes que los conflictos bélicos podían y debían ser evitados. Los pueblos occidentales llegaron a pensar que la guerra, entre gentes civilizadas, era un fenómeno ya del pasado.

Lo malo es que las cosas evolucionaron de dispar manera. El ideario liberal iba a ser pronto sustituido por programas socialistas, nacionalistas, proteccionistas, imperialistas, estatistas y militaristas. Mientras un Kant o un Humboldt, un Bentham o un Cobden no se cansaban de cantar los elogios de la paz, pronto vendrían otros que proclamarían las excelencias de la conflagración bélica, tanto civil como internacional. Triunfaron en definitiva, por desgracia, estas últimas prédicas, desencadenando la gran guerra, conflicto que evidenció a los que en ella hubimos de participar la imposibilidad de cohonestar el combate armado y la división del trabajo[11].

4. La igualdad

Notable es la disparidad, entre los primitivos y los modernos liberales, tanto por lo que atañe al planteamiento del asunto, como al modo de abordarlo. Los liberales del siglo XVIII, guiados por las ideas de la Ilustración, apoyándose en un supuesto Derecho Natural cuya existencia, así, alegremente, sin pensarlo dos veces, presuponían, demandaban la igualdad para todos, tanto en la esfera política como en la civil, sobre la base de que los hombres éramos todos iguales. Dios nos creó a los humanos muy similares —argumentaban— en cuanto a capacidad y talento, dotándonos a todos de un alma, de un espíritu; las diferencias, entre unos y otros, eran sólo superficiales, mera consecuencia de las humanas instituciones sociales, evidentemente transitorias. Lo imperecedero del hombre —el alma, el espíritu— no era distinto en el rico con respecto al pobre, en el noble con respecto al plebeyo o en el blanco con respecto al hombre de color.

Todo eso está muy bien en el plano intelectual; pero lo que sucede es que, verdaderamente, no existe esa supuesta igualdad entre los hombres, por el simple hecho de que no nos paren así nuestras madres. Los humanos, en realidad, somos tremendamente disímiles. Hermanos, incluso, se diferencian por sus atributos físicos y mentales. La Naturaleza jamás se repite; nunca produce en serie. Cada uno de nosotros, desde que nacemos, llevamos grabada la impronta de lo individual, de lo único, de lo singular. No son, desde luego, idénticos entre sí los hombres; por eso la aspiración a que todos seamos iguales ante la ley nunca debe buscar amparo en una inexistente igualdad humana.

Pero hay, sin embargo, dos razones que aconsejan no dar tratamiento desigual a nadie ante la ley. Ya hicimos alusión a una de ellas al destacar los inconvenientes sociales que la institución servil encierra. El trabajador libre produce siempre incomparablemente más que el esclavo porque sabe que su mayor dedicación será premiada con una mejor remuneración; de ahí que sea socialmente más productivo. La segunda consideración que aboga por la igualdad ante la ley de todos los seres humanos radica en que tal circunstancia favorece el mantenimiento de la paz social. También anteriormente dijimos que, para el bien de las gentes, convenía evitar cualesquiera actos que perturbaran el pacífico y normal desarrollo de la división del trabajo. Esa deseada paz, sin embargo, muy difícil resulta de mantener en una sociedad donde sean dispares los respectivos derechos de las diferentes clases. Quienes desconozcan los ajenos habrán de mantenerse en constante alerta ante la posibilidad de que los discriminados se coaliguen y rebelen contra los detentadores de la situación preponderante. De ahí que convenga suprimir los privilegios clasistas para evitar conflictos sociales.

Carece, por tanto, de sentido el acusar al liberalismo de ser enemigo de la igualdad, en razón a que propugna la misma tan sólo ante la ley. No hay poder terreno que pueda hacer a las gentes realmente iguales entre sí. Somos desiguales y seguiremos siéndolo siempre. Por eso, para justificar la igualdad de los seres humanos bajo el imperio de la ley, tan sólo a objetivas consideraciones utilitarias, como las más arriba consignadas, cabe apelar. El liberalismo aspiró siempre a lo mismo; en este nuestro mundo real no se puede pedir más.

Hacer blanco a un negro rebasa la capacidad humana. Pero lo que sí se puede es otorgar al negro idénticos derechos que al blanco, para que pueda ganar lo mismo que éste si produce tanto como él.

Rearguyen, sin embargo, los socialistas que no es suficiente hacer a los hombres iguales ante la ley. Para, de verdad, igualarlos es preciso dar a todos los mismos ingresos. No basta con abolir los privilegios de nacimiento y rango. Hay que rematar la tarea acabando con el más grave de todos los privilegios, el que la propiedad privada otorga a los poseedores. Sólo entonces quedará cumplimentado el programa liberal. Tal argumentación supone que un liberalismo coherente ha de abocar, al final, en el socialismo, en la abolición de la propiedad privada de los medios de producción.

Pero vamos a ver, más de cerca, qué sea eso del privilegio. El privilegio, en definitiva, se ampara en una disposición de carácter institucional que favorece a determinados individuos o grupos a expensas de los demás. Perjudica, indudablemente, a unos —quizá la mayoría—, pero beneficia a aquéllos en cuyo provecho fue ingeniado. Ciertos señores, bajo el orden feudal, eran jueces por nacimiento; heredaban el cargo y lo transmitían a sus descendientes; no contaba ni la preparación jurídica ni las condiciones personales del sujeto; la función judicial constituía, para ellos, saneada fuente de ingresos. Tales magistraturas eran indudables privilegios.

Ahora bien, si, como sucede en el estado moderno, los jueces se eligen entre personas poseedoras de los necesarios conocimientos jurídicos y la oportuna experiencia, los correspondientes nombramientos no suponen privilegio alguno en favor de los designados. Se les nombra, no en el deseo de favorecerles personalmente, sino por ser las personas más aconsejables para tal oficio, pues el conocimiento del derecho y la jurisprudencia constituyen requisito indispensable para desempeñar válidamente la judicatura. Para decidir si cierta institución constituye privilegio, no debemos fijarnos tan sólo en si beneficia a éste o a aquél; lo que importa es aclarar si la misma, con independencia de tal circunstancia, favorece o no el bienestar general. El que uno, por ejemplo, sea capitán en alta mar y marineros los demás acompañantes, quienes, consecuentemente, a aquél deben obediencia, pudiera interpretarse como privilegio del que manda. Pero, si el comandante posee la oportuna habilidad y los necesarios conocimientos, que le permiten sortear peligros y tribulaciones, no estamos ante privilegio alguno, pues el jefe está prestando un servicio, que le beneficia a él, pero también a sus dependientes y al público.

Por eso decimos que para saber si determinada disposición constituye particular privilegio, lo que uno debe investigar no es si reporta ventajas a unos u otros; lo importante es asegurarse de si redunda en beneficio de la generalidad de las gentes. Constatado que únicamente la propiedad privada de los medios productivos permite el próspero desarrollo de la sociedad, forzoso es proclamar que los derechos dominicales no constituyen privilegio alguno en favor de sus respectivos titulares; hallándonos ante singular institución social que a todos beneficia y conviene, aun cuando, al propio tiempo, pueda resultar particularmente grata y ventajosa para determinadas personas.

El liberalismo en modo alguno propugna el mantenimiento de la propiedad para beneficiar a los hoy poseedores. La defiende, pero no simplemente por evitar que los derechos dominicales sean negados o menospreciados. Si el liberal llegara al convencimiento de que la supresión de la propiedad habría de redundar en beneficio del interés general, propugnaría indudablemente la adopción de las correspondientes medidas, sin tener en cuenta para nada el perjuicio infligido a los actuales hacendados. La investigación, sin embargo, hasta ahora, nos dice que el mantenimiento de la propiedad privada es buena y útil para todos. Los más pobres, esos que dicen que nada poseen, viven, en nuestra sociedad, incomparablemente mejor que bajo ninguna otra; cualquier diferente sistema, de los muchos pensables, no puede llegar a producir ni mínima fracción de los bienes que el occidental genera[12].

5. La desigualdad de rentas y patrimonios

La desigual distribución de la riqueza y la disparidad de los ingresos individuales son los dos hechos más controvertidos y que mayor repulsa engendran. Hay ricos y pobres y ello molesta; lo que conviene, pues, es redistribuir rentas y patrimonios sobre una base igualitaria para todos.

Tan simple solución, sin embargo, ha de ser rechazada de plano por evidentes consideraciones sociales. Resulta, en primer lugar, ineficaz. Son tantos los que, con respecto a los denominados ricos, tienen ingresos relativamente escasos, que apenas percibirían nada los «pobres» en ese tan deseado reparto. Debe, por otra parte, tenerse siempre presente que el producto anual bruto jamás es cantidad dada y ajena al correspondiente sistema aplicado para conseguirlo. La suma a distribuir es, desde luego, hoy en día, mucho mayor que otrora lo fuera. Pero esa supletoria riqueza no surgió por generación espontánea, ni al amparo de un supuesto automático progreso tecnológico. Esas técnicas nuevas tan admiradas sólo en el entorno económico en que nacieron podían aparecer. La espléndida realidad que actualmente contemplamos es fruto del mecanismo productivo que, a lo largo de las dos últimas centurias, hemos aplicado en Occidente. Y tales logros son precisamente consecuencia de la desigualdad de rentas y patrimonios, pues esa disimilitud es el motor que a todos, ricos y pobres, induce a producir lo máximo que en su mano esté y al costo más bajo posible, lo cual permite atender, cada vez mejor, las necesidades de las masas consumidoras. Suprimidos los aludidos estímulos, reduciríase inevitablemente la riqueza total, de modo que, efectuada la tan ansiada redistribución igualitaria, serían aún más míseras esas personas a las que, en la actualidad, denominamos pobres.

La desigualdad, aunque parezca mentira, desempeña otra función de no menor importancia: la de posibilitar el lujo.

Acerca del lujo se han dicho y escrito las mayores sandeces. Una y otra vez hemos visto afirmar que no era justo que unos nadaran en la abundancia mientras otros carecían de lo indispensable. El argumento, a primera vista, parece contener algo de verdad; pero es sólo en apariencia. Porque si demostramos que el consumo suntuario desempeña una función útil en el sistema, desde el punto de vista social, forzosamente habremos de convenir en la invalidez de tales críticas. Y a eso vamos.

No defendemos el lujo, por supuesto, como a veces se hace, sobre la base de que los correspondientes gastos dan de comer a mucha gente. Si no se entregase el rico a sus dispendios —dícese— habría cantidad de pobres que carecerían de ingresos. Eso es puro dislate. Si los poderosos no indujeran al mercado a invertir capital y trabajo en los correspondientes bienes, tales factores de producción dedicaríanse a la obtención de mercancías distintas a esas que algunos tildan de «superfluas».

Parece que lo primero a advertir, al abordar el tema de lo suntuario, es que el lujo constituye concepto puramente relativo. Se dice que vive con lujo y ostentación quien lleva un tren de vida que contrasta con el de la mayoría de sus contemporáneos. Estamos, pues, fundamentalmente ante un concepto histórico. ¡Cuántas cosas, hoy necesidades, antaño reputáronse suntuarias!

Bizantina aristócrata, como es bien sabido, desposó con cierto Dux veneciano decidiendo, en pleno Medioevo, llevar los alimentos a la boca, no con sus propios dedos, como era lo habitual, sino mediante cierto instrumento de oro antecesor de nuestros actuales tenedores. La conducta fue tachada, en Venecia, de impío lujo, proclamándose por doquier, cuando la interesada cayó gravemente enferma, que la dolencia constituía divinal castigo a su extravagancia. Hace sólo un par de generaciones, en la propia Inglaterra, considerábanse suntuarias las viviendas dotadas de baño; hoy, en cambio, todos los trabajadores gozan de tal comodidad. Los automóviles no ha mucho eran desconocidos y hasta hace poco disponer de uno de ellos implicaba manifiesta ostentación; actualmente, en los EE. UU., no hay quien no tenga su Ford. Así va, actualmente, de manera cómoda y fácil, evolucionando la historia económica. Lo que hoy es lujo mañana será pura necesidad. El progreso nace del boato de unos pocos, para después difundirse entre todos. La demanda de bienes lujosos provoca descubrimientos industriales y estimula la aparición en el mercado de bienes que pronto el común de las gentes disfrutará; es un factor dinámico dentro de la economía. A «suntuarios» gastos debemos las más gratas innovaciones, que tanto han contribuido a elevar el nivel de vida de la población en general.

Desagrádanos, desde luego, la contemplación del rico ocioso que pasa los días divirtiéndose sin ocuparse de nada. Pero lo que pasa es que tan opulento sujeto, sin él proponérselo, desempeña específica función social. Con su ostentoso proceder abre los ojos a los demás, incitando a los medios industriales a ofrecer a las gentes objetos cada vez mejores. Hubo un tiempo, por ejemplo, en que sólo los ricos podían viajar. Schiller, por citar un caso, jamás llegó a contemplar aquellas montañas suizas que evocara en Guillermo Tell, aunque colindaban con su tierra natal. Un Goethe no pudo conocer ni París ni Viena ni Londres. Se cuentan por miles, en cambio, los turistas que actualmente entrecruzan todas las fronteras y, dentro de poco, serán millones quienes hagan lo mismo[13].

6. La ética y la propiedad privada

Advertido que, desde un punto de vista social, conviene sean de propiedad privada los medios de producción y, además, que la desigualdad de rentas y patrimonios resulta consecuente con lo anterior, patentizada queda la justificación moral del derecho dominical y del sistema capitalista que en él se basa.

La moral consiste en acatar aquellas normas que la convivencia social exige respetar; cuantos integran la colectividad pueden y deben apoyar y acatar los correspondientes preceptos. No hay principio ético alguno que afecte al individuo aislado. Hará, en cada caso, lo que crea más le conviene sin escrúpulo, pues el actuar a nadie daña. Pero en cuanto el hombre se incorpora a una sociedad, obligado resáltale sopesar las ventajas inmediatas que su actuación pudiera reportarle frente a la conveniencia de mantener y ampliar los lazos sociales. Sólo la mutua cooperación permite la existencia de un orden humano asociativo, saliendo perjudicados todos sus componentes si el mismo se deteriora o destruye. De ahí resulta que, cuando a un miembro de la sociedad se le recomienda no realice actos que inmediatamente parece le benefician, pero que van en contra de la supervivencia del ente colectivo, sacrificio alguno, de verdad, se le está pidiendo. Renuncia el interesado, ahora, a una ventaja menor a cambio de obtener, después, beneficios notablemente superiores. Todos y cada uno de los componentes de la comunidad hállanse personalmente interesados en la supervivencia de la misma. Por eso quien desecha momentánea ventaja, que evítese ponga en peligro la existencia de la entidad que le sirve de amparo, no sacrifica nada; al revés, por un beneficio menor, va a conseguir otro mucho mayor.

El aseverar que el interés social debe prevalecer sobre el individual, pues, por tal vía, la mayoría sale beneficiada, ha dado origen a graves malentendidos. Hay quienes piensan que, por el simple hecho del sacrificio, por la mera renuncia a la inmediata gratificación, lo conseguido tiene valor ético en sí. Pero no es eso; el atemperar la conducta humana a las normas que la convivencia social exige no debe alabarse en razón al renunciamiento que supone, sino por el resultado así conseguido. El sacrificio es éticamente plausible y merece ser ensalzado tan sólo si sirve a un objetivo moral. Hay, por ejemplo, diferencia abismal entre quien arriesga vida y patrimonio por una buena causa y quien se inmola sin beneficio para nadie.

Cuanto ampara y vigoriza la cooperación social es de condición moral; mientras que cuanto en detrimento de ella va, debe estimarse inmoral. Por eso, comprobada la utilidad social de específicas instituciones, resulta absurdo decir que las mismas contradicen los principios éticos. Es posible que, con respecto a alguna de dichas instituciones, haya opiniones contradictorias en cuanto a su utilidad social. Pero, una vez analizada, discutida y dilucidada la cuestión, carece de sentido seguir diciendo, por esotéricas razones, que aquélla debe ser condenada desde un punto de vista moral[14].

7. Estado y gobierno

Lo fundamental es advertir que conviene a las gentes, de toda condición, respetar las normas éticas que permiten mantener la cooperación social. El acatamiento de tales leyes morales, como tantas veces se ha dicho, supone renunciar a determinadas ventajas inmediatas, que son ampliamente compensadas por otras ganancias posteriores. Pero, para llegar a comprender lo anterior, preciso es percatarse de la mecánica de los correspondientes procesos sociales, lo cual requiere cierto esfuerzo intelectivo. Hay, desde luego, quienes son incapaces de discernir el planteamiento; otros lo entienden, pero carecen de la fuerza de voluntad necesaria para ordenar convenientemente su conducta. Estamos ante un caso similar al de quienes no consiguen ajustarse a las reglas médicas o higiénicas que su propia supervivencia exígeles aceptar. Puede uno, desde luego, convertirse en drogadicto o entregarse a otras malsanas disipaciones, pero esto sucede porque el interesado, o bien desconoce las consecuencias que su viciosa conducta comporta, o reputa éstas menos desagradables que la renuncia al correspondiente placer, o carece, en otro caso, de la necesaria energía psíquica para ajustarse a lo que la razón le indica. Hay, a no dudar, quienes opinan que el gobierno debe recurrir a la fuerza y la coacción al objeto de impedir que las gentes se autodestruyan, imponiéndoles las oportunas sanciones con miras a que no pongan en peligro la propia salud y vida. Los drogadictos, por ejemplo, deben ser obligados —dícese— a abandonar sus depravadas prácticas, en bien de ellos mismos.

Pero no es éste el tema que ahora nos ocupa; más delante examinaremos si las coercitivas medidas propuestas pueden o no alcanzar la finalidad perseguida. Lo que deseamos aquí indagar es si conviene coactivamente obligar a aquéllos cuyo proceder pone en peligro la supervivencia del vínculo social a rectificar la correspondiente conducta. El alcohólico o el drogadicto sólo a sí mismo daña. Quienes vulneran las normas éticas que condicionan la vida social, en cambio, además de autoperjudicarse, hacen grave mal al resto de sus semejantes. Si quienes sólo aspiran a que prevalezca vida apacible y fecunda para todos y consecuentemente acomodan su conducta al logro de tal finalidad, renunciaran al empleo de la fuerza frente a quienes no quieren sino destruir la cooperación social, la vida en común devendría imposible. Lo malo es que un número reducido de seres antisociales, esos que son incapaces de practicar los circunstanciales sacrificios exigidos por la coexistencia humana, pueden destruir la sociedad. Si tales gentes no son severamente sancionadas, la vida social, por desgracia, resulta impensable.

Lo que denominamos Estado no es, a fin de cuentas, más que el aparato de coerción que obliga a las gentes a atenerse a las reglas de la vida comunitaria; Derecho, el cuerpo de normas sociales que estructuran el estado; y Gobierno el conjunto de personas y entidades encargadas de manejar el correspondiente organismo de coacción.

Hay, desde luego, quienes creen posible prescindir de la fuerza en la vida comunitaria, postulando regímenes amparados en la meramente voluntaria observancia de la ley. Los anarquistas reputan el estado, el derecho y el gobierno instituciones que serán innecesarias tan pronto como se consiga montar un sistema social que esté —dicen— al servicio de la comunidad y no sólo al de unos pocos privilegiados. Si es preciso, hoy, recurrir a la fuerza y la coacción, ello se debe exclusivamente a que la organización social está basada en la propiedad privada de los medios de producción. Las gentes, en cuanto los derechos dominicales sean abolidos, observarán espontáneamente las reglas de la cooperación social.

El error básico de tal planteamiento parece quedó evidenciado anteriormente al aludir a la conveniencia social de la propiedad privada de los medios de producción. Pero, aun prescindiendo de lo dicho, el pensamiento anarquista carece de sustentación, como vamos a ver. No niega el anarquista, desde luego, que la cooperación humana, en una sociedad basada en la división del trabajo, implica la observancia de ciertas normas de conducta, a veces ingratas, puesto que imponen sacrificios, circunstanciales, desde luego. Se equivoca, en cambio, al suponer que todas las gentes, sin excepción, se mostrarán propicias a observar voluntariamente las correspondientes reglas. Hay, a no dudar, enfermos del aparato digestivo que, en modo alguno, ignoran las graves y dolorosas consecuencias que la ingestión de ciertos alimentos fatalmente han de ocasionarles y que, no obstante, niéganse a prescindir del delicioso ágape. ¿Cómo, ante la anterior realidad —pregúntase uno—, siendo mucho más difíciles de percibir las consecuencias de las actuaciones sociales, podrá el individuo malicioso acomodarse a las imprescindibles normas de actuación que el mantenimiento de la comunidad exige? ¿Cabe pensar, acaso, que las gentes, en la sociedad anarquista, van a tener mayor capacidad de previsión y de autocontrol que aquel supuesto glotón? ¿Puede excluirse la posibilidad de que, por desidia, alguien arroje una cerilla y provoque un incendio, o que por ira, celos o sentimientos de venganza, dañe al prójimo? Lo que pasa es que el anarquismo prefiere desconocer la auténtica naturaleza humana. Su mito tan sólo sería practicable entre ángeles y santos.

El liberalismo en nada se parece al anarquismo, ni, desde luego, comulga con sus principios. Sin un aparato de compulsión, evidentemente, peligraría la convivencia social; la amenaza de la fuerza, por desgracia, ha de gravitar constantemente sobre quienes pretenden alterar la cooperación pacífica de los seres humanos. El edificio social, en otro caso, queda a merced de cualquiera. Tiene que haber una institución investida de poder suficiente para controlar a los que no se muestran dispuestos a respetar la vida, la salud, la libertad y la propiedad de los demás, pugnando contra la propia existencia de la convivencia social.

Tal es la precisa misión que el liberalismo asigna al estado: salvaguardar la propiedad, la libertad y la convivencia pacífica.

Femando Lassalle, el célebre socialista germano, pretendió ridiculizar al estado liberal, calificándolo de mero «vigilante nocturno». Lo que no comprendemos es por qué tal administración «vigilante nocturna» deba estimarse más grotesca o de peor presentación que el estado dirigista que fabrica salchichas y botones y edita periódicos. Lassalle, con su ironía, quería burlarse del liberalismo, buscando amparo en la filosofía hegeliana, a la sazón imperante en Alemania, que había convertido a la monarquía prusiana y a todos sus funcionarios en entes cuasidivinos. Donde, a pies juntillas, se admitía, con Hegel, que el estado era «sustancia moral y autoconsciente», «universal en sí mismo», «voluntad racionalizada», no cabía peor acusación contra el liberalismo que el decir pretendía reducir la excelsa administración pública a mera «vigilante nocturna».

De ahí surgió el asegurar que los liberales eran hostiles al estado. Pero no es uno enemigo del gobierno simplemente por demostrar que, desde un punto de vista social, parece inconveniente que controle los ferrocarriles, los hoteles o las minas, por lo mismo que no es uno hostil para con el ácido sulfúrico al asegurar que ni conviene beberlo ni lavarse las manos con él.

Inexacto, desde luego, resulta decir que el liberalismo, por principio, es contrario a la actividad del estado, oponiéndose a toda decisión económica que éste pueda adoptar. La posición liberal no puede ser más clara. Reclama la propiedad privada de los medios de producción; jamás, desde luego, recomienda la colectivización de los mismos. He ahí el límite, la frontera, que el liberal traza a la actuación estatal: el respeto al derecho dominical privado.

Dicen los socialistas que la postura de los liberales es inconsciente, pues, si permiten la intervención estatal, ¿por qué la limitan a la custodia de la propiedad? En cambio, si lo que desean es un estado enteramente neutral, ¿por qué reclaman su presencia cuando se trata de proteger al propietario individual? El reproche pudiera admitirse si fuera cierto que el liberalismo, una vez asegurado el respeto al derecho de propiedad, siguiera prohibiendo al estado actuar. Nada de eso. El liberal a lo que se opone es a toda intervención que vaya contra el derecho de propiedad, pidiendo que nadie lo perturbe, simplemente por considerarlo el más fecundo instrumento, hasta ahora conocido, para estructurar mejor la sociedad humana[15].

8. La democracia

El liberalismo, según hemos visto, jamás pone en duda la necesaria existencia de un cierto y preciso aparato estatal, legal y administrativo. No cabe asimilarlo al anarquismo. El estado es necesario y conviene asuma importantes tareas: no sólo debe preocuparse por la propiedad, sino también por la paz interna y externa, sin la que los beneficios del mercado libre jamás podrían llegar a aflorar.

Lo consignado resume bien las funciones que al estado el liberal atribuye. Debe, desde luego, ser firme baluarte de la propiedad privada, habiendo, por tal motivo, de hallarse siempre convenientemente armado para así poder evitar que la vida ciudadana se vea perturbada por guerras, revoluciones y subversiones que impidan a las gentes colaborar armónicamente.

Hay todavía quienes, hechizados por mitos preliberales, nimban de extravagante nobleza y dignidad a aquéllos que manejan la pública administración. Hasta hace poco y, en verdad, incluso ahora, en Alemania, por ejemplo, el funcionario público que iba paulatinamente ascendiendo en su escalafón, era de las personas más respetables. Un jefe de negociado o un teniente de infantería, sin ir más lejos, gozaban de mayor prestigio que el hombre de negocios o el abogado, pongamos por caso, encanecidos por una vida entera de trabajo honesto y eficaz. Escritores, profesores y artistas cuya fama y gloria rebasaran las fronteras germanas, sólo gozaron, en su propia tierra, de la consideración derivada del rango, muchas veces bastante modesto, que ocupaban en la correspondiente jerarquía administrativa.

No hay razón alguna que justifique esa germánica sobrevaloración de quienes ejercen públicas funciones. Se trata, más bien, de ancestrales atavismos, vestigios de aquel terror que otrora embargaba al pobre burgués ante la aparición del rey rodeado de sus bizarros caballeros, gentes que, en un santiamén, podían expoliarle de todo lo suyo. No es ni más honorable ni más distinguida la actividad de quien se pasa la vida en un organismo burocrático, hojeando expedientes, que la de quien, por ejemplo, en otra oficina, diseña proyectos industriales. No tenemos nada personal contra el honrado inspector de tributos; pero la verdad es que su función en modo alguno es más valiosa que la de los empresarios que, a diario, se esfuerzan en producir los bienes y servicios reclamados por las masas, parte de cuyas rentas, además, a través de impuestos y gabelas, será destinada precisamente al pago de la nómina de los funcionarios.

La oposición a ese ideario que concede particular dignidad y categoría a quien ejerce funciones estatales constituye la base de otra pseudodemocrática teoría del estado. Envilece al hombre —dice tal modo de pensar— el ser gobernado por otro semejante. La democracia ideal exige que el pueblo entero directamente intervenga y resuelva. Tal sistema nunca ha podido ser puesto en práctica, ni seguramente lo será, aun tratándose de mínimas sociedades políticas. Hay, desde luego, quienes afirman que el pensamiento fue efectivamente plasmado en las ciudades-estado de la antigua Grecia, así como en algunos cantones suizos. Pero esto no es cierto. En Grecia, sólo una parte de la población, los ciudadanos libres, intervenían en la cosa pública; a los metecos y a los esclavos nadie les consultaba nada. En los cantones suizos, por democracia directa sólo escasos temas, de carácter estrictamente local, se resuelven; todos los demás asuntos, los importantes, los decide el gobierno de Berna, lo que, en modo alguno, puede calificarse de democracia directa.

A nadie debe humillarle ser gobernado, en materia política, por otros. La pública administración, el correcto cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, también exige la especialización, es decir, la labor del funcionario debidamente preparado. Ni siquiera en el ámbito administrativo deja de regir el principio de la división del trabajo. No se puede ser, a la vez, ingeniero y policía. El que yo no pertenezca, por haberlo así decidido, a los cuerpos de seguridad pública, en modo alguno menoscaba mi dignidad, mi bienestar, ni mi libertad. No es antidemocrático el que unos proporcionen protección al conjunto, mientras otros fabrican calzado para la sociedad. Contando con un régimen democrático, el liberalismo no se opone a la actuación de políticos y funcionarios profesionales. La democracia liberal es cosa distinta de eso que visionarios románticos, con indudablemente excesiva verbosidad, quieren, a título de democracia directa, presentarnos.

Los gobernantes, que siempre son muchos menos que los gobernados —lo mismo que los usuarios de calzado superan ampliamente en número a los fabricantes de zapatos— continúan en el poder sólo mientras las masas les acaten y no quieran cambiar el régimen político imperante. Esa mayoría puede ser que piense que el existente gobierno es un mal menor o, incluso, un mal inevitable; pero, en cualquier caso, si tal administración se mantiene, es porque las gentes entienden que peor aún sería el derribarla. Por el contrario, hállanse contados los días de todo sistema político tan pronto como la mayoría llega al convencimiento de que conviene cambiar el régimen imperante. La fuerza mayoritaria prevalece siempre sobre la minoría que forman los simpatizantes de la situación existente. Gobierno alguno puede perdurar, a la larga, si no se halla respaldado por la opinión pública, si las gentes dejan de pensar, por las razones que sean, que el régimen, de momento al menos, es el que más conviene. La fuerza gubernamental consigue sujetar y dominar a los disidentes sólo mientras éstas constituyen minoría; en cuanto las gentes en masa se soliviantan, el régimen sucumbe.

La subversión, la revolución, la guerra civil fueron los medios desde siempre empleados por los grupos mayoritarios para amoldar los regímenes no democráticos a sus deseos. El liberalismo, apelando a la democracia, procura evitar haya de recurrirse, para efectuar los correspondientes cambios, a esas soluciones que tan costosas resultan desde un punto de vista social. No puede haber progreso económico si, una y otra vez, la violenta contienda interrumpe el pacífico desarrollo de la actividad ciudadana. La moderna Gran Bretaña, por ejemplo, de reproducirse la guerra de las Dos Rosas, quedaría pronto sumida en la más profunda miseria. Nunca hubiérase conseguido el alto nivel de vida actual de no haberse hallado forma de evitar el permanente conflicto interno. Esa guerra fratricida que fue la Revolución francesa ocasionó la muerte de incontables seres humanos y provocó pérdidas patrimoniales de enorme importancia. Nuestra actual vida económica no puede soportar tales convulsiones. No llegan las gentes a representarse las penalidades que, en el caso de revolucionaria subversión, las modernas metrópolis experimentarían no sólo por la falta de víveres, carbón, energía, agua y gas, sino por el justificado temor que todo potencial fabricante sentiría de que nuevas perturbaciones volvieran a paralizar la vida social.

Es aquí, en esta situación límite, donde nos percatamos de la razón que justifica el gobierno democrático. La democracia es el único mecanismo político que, sin recurrir a la violencia, permite acomodar el régimen existente a lo que la mayoría desea. Quienes, en un estado democrático, ocupan el poder, en cuanto van en contra de las pretensiones de la mayoría, no tienen más remedio que abandonar el gobierno, dando paso a otros más conocedores de la voluntad del pueblo. Prodúcese tal cambio, mediante consultas electorales y decisiones consultas de modo suave, sin fricciones, sin violencias y, sobre todo, sin efusión de sangre[16].

9. La critica de la doctrina de la fuerza

Aseguraban, en el siglo XVIII, los partidarios de la democracia que depravados, necios y deshonestos eran los monarcas reinantes y los ministros por ellos designados. El pueblo, todo lo contrario: bondadoso, puro y noble, adornado siempre de inteligencia suficiente como para saber, no sólo lo que a la mayoría convenía, sino como para, además, discernir cuáles disposiciones en tal sentido procedía adoptar. Tal ideario resulta no menos disparatado que aquel que inspiraba a nobles y cortesanos cuando, aduladores, atribuían a sus príncipes y reyes las más altas y mejores virtudes. El pueblo es, en definitiva, la suma de los ciudadanos; si muchos de éstos ni son magnánimos ni, incluso, inteligentes, el conjunto tampoco puede serlo.

Habíanse lanzado los occidentales con tanta ilusión en brazos de la democracia, que el natural desencanto no tardó en manifestarse. Los nuevos gobernantes democráticos, pronto se comprobó, incidían en faltas no menores que las que los monarcas y aristócratas ya periclitados cometían. Al comparar los políticos por público sufragio designados con aquéllos que reyes y emperadores nombraban, las gentes pronto comenzaron a pensar que no eran sino los mismos perros con distintos collares. Hablan, los franceses de la posibilidad de «tuer par le ridicule» y eso es lo que los demócratas hicieron con la democracia. Los gerentes del ancien régime, al menos formalmente, tenían cierta dignidad, cierta elegancia. Los que les sustituyeron ni siquiera eso poseían. En Alemania y Austria, concretamente, nada ha hecho tanto daño a la democracia como la ridícula arrogancia y vanidad de los líderes socialdemócratas que, tras el colapso imperial, apoderáronse de todos los cargos importantes.

La democracia tropezó, doquier se impuso, desde muy pronto, con una corriente antidemocrática, que tenazmente la combatía. Permitir el gobierno de la mayoría —decíase— carece de sentido. Los mejores son quienes deben gobernar, aunque constituyan minoría. Tal idea ha venido engrosando continuamente las filas antidemocráticas. Cuanto más despreciables resultaban los políticos democráticamente elegidos, mayor era el número de los enemigos del sistema.

Las tesis antidemocráticas adolecen, sin embargo, de graves fallos. ¿Quiénes son esos supuestos hombres mejores? La república polaca, por ejemplo, designó presidente a un pianista, por considerarle el polaco más notable. Pero ¿acaso las eximias virtudes musicales pueden servirle de algo al estadista? Los antidemócratas, desde luego, cuando hablan del «mejor» se refieren a quien con mayor acierto sepa gobernar, independientemente de que sepa o no sepa de música. Sin embargo, el problema crucial —quién sea el «mejor»— queda siempre sin resolver. ¿Era mejor Disraeli o Gladstone? Para los tories aquél, para los Whigs éste. Y ¿cómo solventar la duda, cómo zanjar la cuestión, más que apelando a la opinión mayoritaria?, pregúntase el demócrata.

Hay muchos, desde los viejos aristócratas y monárquicos hasta los más actuales sindicalistas, socialistas y bolcheviques, que salvan ese gordiano nudo recurriendo a la fuerza. Todos estos antidemócratas proclaman que la minoría «buena» debe conquistar el poder por la violencia, imponiendo a la mayoría su criterio. La valía moral de la minoría correspondiente, entienden, queda patentizada por el simple hecho de haber demostrado mayor coraje e ímpetu que sus oponentes en la conquista del estado. Porque son más arrojados y valientes, porque saben imponer su voluntad, deben ser tenidos por mejores, correspondiéndoles justificadamente los puestos de mando. Tal es la filosofía de la Action Française y del sindicalismo, de Ludendorff y Hitler, de Lenin y Trotsky.

Muchos argumentos, en favor y en contra de cada una de las anteriores ideologías, son, desde luego, esgrimidos por sus respectivos partidarios y oponentes. Pero el hecho es que nunca llegan a un acuerdo. No vamos aquí a entrar en la discusión, pues no terminaríamos nunca. Limitémonos a ponderar el único razonamiento en favor de la democracia que parece válido y definitivo.

Un porvenir de permanente conflicto nos espera si admitimos que le es lícito a cualquier minoría pretender coaccionar al resto de la población y gobernarla. Un planteamiento de este tipo resulta incompatible con el grado de división del trabajo que hemos alcanzado. La moderna sociedad, basada en dicha institución, no puede subsistir si no hay paz entre los nombres. Habríamos, en otro caso, de retroceder hacia épocas ancestrales, cuando había guerras y convulsiones interminables, y cada comarca o, incluso, cada aldea, tenía que estructurarse en núcleo autosuficiente. Ello significaría una minoración tan enorme de la producción que sólo una mínima parte de la actual población terráquea podría sobrevivir. Los idearios antidemocráticos forzosamente tienen que abocar en sistemas productivos del tipo que conocieron la Antigüedad y el Medioevo. Hallábanse fortificadas, a la sazón, no sólo las ciudades, sino también las míseras aldehuelas y hasta las casas particulares, ante la posibilidad de un ataque, procurando siempre abastecerse por sus propios medios, sin depender para nada del exterior.

El demócrata, como su contraopinante, cree que son los mejores, desde luego, quienes deben gobernar. Piensa, sin embargo, que, para la sociedad, más vale que quienes pretendan empuñar las riendas del poder convenzan, con argumentos, a sus conciudadanos, en vez de recurrir a la acción violenta. A nadie le es lícito quejarse de no haber conseguido persuadir a los votantes de la bondad de lo que él predica, pues la culpa es exclusivamente suya.

En ocasiones parece, desde luego, que hay razones poderosas para insurgir contra las fórmulas democráticas que la filosofía liberal recomienda. Cuando la gente más sensata, por ejemplo, advierte que el país o el mundo entero está abocado al desastre, sin que los más se percaten del peligro, ¿no sería, acaso, mejor olvidarse de lo que opina la masa y, tirando por derecho, salvar a todos del cataclismo inminente, sin preocuparse de los medios? Implantar, en otras palabras, una dictadura de élite, que coactivamente defienda el bienestar común. Pero, ni aun en estos casos, la fuerza, por sí sola, basta. La dictadura en ningún caso puede sobrevivir si no logra convencer a la mayoría de que el sistema social que preconiza es el mejor o, siquiera, el menos malo. Ahora bien, de tal caso darse, innecesario es apelar a las fórmulas coactivas.

La historia ofrece numerosos y aleccionadores ejemplos demostrativos de que, a la larga, ni la más inhumana política represiva basta para mantener al gobernante en el poder. Veamos un caso reciente: los bolcheviques, al llegar al poder, no eran más que reducida minoría; el programa marxista no atraía a las masas; el campesinado, que constituye más de la mitad de la población rusa, miraba con gran recelo el programa de colectivizar las tierras; lo que los trabajadores del campo de verdad querían era el reparto de las antiguas grandes fincas señoriales entre los «hacendados míseros» como los comunistas denominaban a estas gentes. Y al final eso es lo que se hizo. Lenin y Trotsky, para mantenerse en el poder, aceptaron la idea de la distribución agraria, la incorporaron a su programa y la impusieron a fondo, pensando acertadamente que por tal vía se atraían al campesinado, con el que habían de contar para poder resistir los ataques internos y externos que por doquier les cercaban. La gran masa del pueblo, desde ese momento, aceptó a los bolcheviques. Los gobernantes soviéticos estaban ante un verdadero dilema: o abandonar el gobierno o variar su originario programa teórico; optaron por esto último y permanecieron en el poder; en cuanto repartieron la tierra dejaron de contrariar la voluntad mayoritaria. Los bolcheviques, minoría indudablemente, pero disciplinada y bien dirigida, conquistó el estado por la fuerza; poco, sin embargo, hubiera durado su gobierno, como sucede a toda minoría, de ampararse exclusivamente en la violencia. Los blancos fracasaron en la guerra civil porque la masa del pueblo ruso ya les era hostil. Pero, aun de haber triunfado, hubieran tenido que respetar el reparto agrario, sin la menor posibilidad de devolver las tierras a sus antiguos dueños.

Un régimen estable sólo puede asentarse en el consenso de los gobernados. Quienquiera pretenda gobernar con arreglo a ciertos principios propios, invariablemente ha de trasmitir a los más tales criterios y convencerles de la bondad de los mismos. Imposible resulta, definitivamente, imponer a las gentes, por la fuerza, un régimen que detesten. Cuantos consiguieron triunfar apelando a la violencia, al final lo pasaron mal. Las luchas y tribulaciones que después se producen resultan más dañosas para el bienestar general que cuantos disparates puede cometer cualquier gobierno respaldado por la opinión pública. No cabe hacer felices a los hombres contra su voluntad[17].

10. En torno al fascismo

El liberalismo, como decíamos, no fue nunca íntegramente aplicado en parte alguna del globo. Las bases fundamentales del ideario, sin embargo, sí fueron conocidas y parcialmente seguidas en amplias zonas geográficas, a lo largo del pasado siglo. Una buena porción de los asertos liberales, hasta 1914, era aceptada tácitamente incluso por sus más tenaces oponentes. El despotismo zarista, en la misma Rusia, país siempre esencialmente antiliberal, cuando perseguía y encarcelaba a disidentes y oponentes, procuraba disimular las cosas, por respeto a la reacción internacional. Los propios partidos belicistas de Occidente, aun ya declarada la guerra mundial, «guardaban las formas» en su gran pugna con la oposición interior.

Esas últimas concesiones al liberalismo desaparecieron cuando, concluido ya el gran conflicto, accedieron al poder los socialdemócratas marxistas, convencidos como estaban de que la era liberal-capitalista había concluido para siempre. La tercera internacional justifica cualesquiera medios que puedan, en su opinión, contribuir a la consecución de los fines perseguidos. Quien no comulgue íntegramente con la línea del partido, merece la muerte; amenaza que, desde luego, no deja de hacerse efectiva, sin respetar ni edad ni sexo, en aquellas zonas donde los marxistas pueden libremente operar.

Esa mentalidad de aniquilar al disidente, recurriendo incluso al asesinato, ha dado lugar al nacimiento de amplios movimientos de oposición. Se les han abierto, de pronto, los ojos a los detractores antimarxistas del liberalismo. Porque éstos, hasta hace poco, admitían que, incluso en la pugna política, por agria que ésta fuera y por odioso que el contrario resultara, existían ciertas reglas que no debían ser transgredidas; nadie, por ejemplo, podía nunca recurrir al homicidio para imponer sus propias ideas. Por eso, mal que bien, respetaban los medios de expresión, escritos y orales, de la oposición.

Pero, de pronto, advirtieron, sobresaltados, que habían surgido unas gentes que hacían mofa de todo lo anterior, hallándose dispuestas a emplear cualesquiera artes para triunfar. Los militaristas y nacionalistas enemigos de la tercera internacional volvieron, entonces, a culpar de todo a los liberales, quienes, por lo visto, habíanles limado, pues, cuando todavía era tiempo, cuando ellos fácilmente podían haber aniquilado a los revolucionarios, el prevalente ambiente liberal detuvo su acción. En otro caso, poco les hubiera costado, con tan sólo unas escasas muertes, destruir la revolución, casi antes de nacer. Las ideas revolucionarias florecieron a causa de la tolerancia de sus oponentes, cuya voluntad fue debilitada por el liberalismo; se ha tenido consideraciones excesivas, como la posterior historia bien ha demostrado. Ninguna de las múltiples victorias conseguidas por el marxismo desde 1917 habría fructificado si, en su momento, hubieran las personas de orden aplastado sin piedad a los agentes comunistas. Militaristas y nacionalistas hállanse, desde luego, convencidos de que, cuando se trata de luchar y de pegar tiros, ellos son los mejores combatientes y los tiradores más certeros.

La idea fundamental de los aludidos movimientos, que cabe designar en términos generales como fascistas, de acuerdo con el nombre del correspondiente partido italiano, el mayor y más disciplinado, supone recurrir, en la lucha contra el socialismo, a los métodos despiadados y sin escrúpulos que el mismo emplea. Procura éste, desde luego, eliminar a los disidentes y sus ideologías, cualesquiera que sean, con la frialdad y dedicación del biólogo cuando hace lo posible por destruir microbios y bacilos letales. Los pactos pueden ser incumplidos; la mentira y la calumnia, el crimen, todo es bueno y aceptable si contribuye al triunfo. Los fascistas, en principio al menos, profesan idéntico ideario. Si no han llegado todavía a los extremos de los bolcheviques; si, de momento, aún respetan ciertas ideas y principios liberales es porque viven en naciones con dos mil años de civilización occidental, herencia ésta que, de golpe, difícil resulta echarla por la ventana; en cambio, los rusos, esas hordas bárbaras que pululan a uno y otro lado de los Urales, tomaban contacto con los pueblos civilizados sólo cuando, como merodeantes pobladores de bosques y estepas, atacaban a sus vecinos en busca de botín. Los fascistas, por eso, jamás conseguirán labrarse, en el mismo grado que los bolcheviques, de las ideas liberales. Los recientes desmanes y asesinatos de los soviets han hecho que alemanes e italianos olvidaran los tradicionales frenos de la justicia y la moralidad, lanzándose por el camino del sangriento contraataque. Los actos de los fascistas son reacciones reflejas, provocadas por la indignación que lo efectuado por los marxistas en todas partes desatara. Pasado el inicial momento de iracundia, sin embargo, el fascio ha ido moderándose, lo que seguramente se acentuará con el paso del tiempo.

Tal moderación no es sino consecuencia del hecho de que las tradicionales enseñanzas del liberalismo siguen inconscientemente influyendo incluso a los fascistas. Pero el ideario liberal, por desgracia, va eclipsándose, a una velocidad ayer impensable, como lo demuestra la tendencia fascistoide de toda la derecha europea. Hay quienes apoyan a los fascistas, pese a su programa intervencionista, por cuanto piensan que se detendrán a medio camino, sin alcanzar nunca los extremos destruccionistas, carentes de sentido, de los archienemigos de la civilización, los comunistas. Consideran al fascismo, comparado con el bolchevismo, un mal menor, no obstante percatarse del perjuicio social que la política económica fascista ha de provocar. Pero la verdad es que, en el fondo, lo que atrae a los seguidores, declarados y encubiertos, del fascio es su voluntad firme de recurrir a la violencia, espíritu del que, por lo visto, los liberales carecen.

Pensamiento incorrecto. No cabe contrarrestar el asalto más que contraatacando con no menor energía. Frente a las armas comunistas, armas todavía más poderosas debemos utilizar. Ante el asesino, indigna es la capitulación. De todo esto nunca dudó el liberal. Y, sin embargo, sí hay algo que le separa del fascista.

Los dos coinciden en la necesidad de recurrir a la fuerza en caso de agresión. Pero, a partir de ahí, disienten. El fascista atribuye valor decisivo a la fuerza. Piensa —y es su idea cardinal— que la fe inquebrantable y el no reparar en los medios, dan el triunfo. Está bien; pero ¿qué sucede si el oponente recurre a las mismas armas, hallándose no menos convencido del propio éxito final? Abocamos, entonces, en la contienda, en la guerra civil. El triunfador, dadas tales circunstancias, siempre será quien con mayor número de seguidores cuente. La minoría —aun cuando en sus filas militen los hombres de mayor capacidad y valor— no puede, a la larga, prevalecer sobre la mayoría. Y por eso se plantea siempre la misma cuestión: cómo conseguir la mayoría para el partido propio. Estamos en terreno puramente intelectual. La victoria se consigue apelando a la inteligencia, nunca por la mera fuerza. Constituye, desde luego, método poco aconsejable, para conquistar adeptos, el pretender pura y simplemente aniquilar a la oposición. El recurrir a la fuerza bruta, es decir, a aquella violencia que no se halla respaldada por argumentos con los que la opinión pública comulgue, no hace más que aumentar los adeptos del contrario, en definitiva, El pensamiento, las ideas, buenas o malas, vencen siempre al puro salvajismo material.

El fascismo atrae a gentes horrorizadas por las infamias comunistas. Lo malo es que, a medida que se vayan borrando del recuerdo los crímenes bolcheviques, el socialismo volverá a ejercer su influjo sobre las masas cada vez en mayor grado. El fascismo combate al marxismo prohibiendo la difusión del ideario y aniquilando a quienes lo propagan. Pero eso es inefectivo; si, de verdad, en tal pugna, se quiere vencer, no hay más remedio que recurrir al mundo de las ideas; y, en tal terreno —notésmoslo bien— sólo hay una filosofía que pueda eficazmente desarticular el pensamiento marxista: la teoría del liberalismo.

Se ha dicho una y otra vez que nada realza más a una doctrina que el contar con mártires entre sus filas. El aserto sólo parcialmente es exacto. Lo que refuerza la postura de las facciones perseguidas no son las víctimas, sino el que éstas sucumbieran por razones que, a la sazón, carecían de respaldo intelectual. La represión constituye patente confesión de incapacidad para apelar a armas mejores; y decimos mejores por ser las únicas que, al final, se imponen. He ahí el vicio íntimo del fascismo, lo que acabará por destruirlo. El actual triunfo fascista en ciertos países es tan sólo un episodio, un episodio más de la larga lucha en torno al derecho de propiedad. Hay una posible próxima etapa en dicho combate: la implantación del comunismo. Pero será pura pugna ideológica, nunca agrio conflicto armado, la que dará al final la victoria, en esta dramática contienda, a uno u otro bando. Forman los hombres belicosas facciones impulsados por ideas, ideas que les inducen a empuñar las armas y a emplearlas. Y es ese peso intelectual, no los mortíferos instrumentos, lo que, al final, desnivela la balanza en favor de uno de los contendientes.

Esto, por lo que atañe a la política interior fascista. En cuanto a la exterior, siendo así que hállase basada en el recurso a la fuerza, es indudable que el sistema forzosamente ha de provocar tremendos conflictos internacionales, que pudieran, incluso, acabar con nuestra civilización. Para mantener y, aún más, para elevar el nivel general de vida, la paz internacional constituye condición insoslayable. Pero lo grave es que nunca podrán los países pacíficamente convivir si se dejan dominar por el pensamiento de que sólo el combate armado garantiza su propia supervivencia.

Admitamos que los dictadores fascistas rebosan de buenas intenciones y que su acceso al poder ha salvado, de momento, la civilización europea. La historia no les regateará tales méritos. Pero el fascismo, al final, no prevalecerá. Es tan sólo una pobre solución de emergencia y gravemente se engañan quienes de otra suerte piensen[18].

11. Los límites de la actuación estatal

La acción gubernamental, en opinión del liberal, debe constreñirse a proteger la vida, la salud, la libertad y la propiedad privada individual contra todo asalto. Cuanto, además, haga el aparato estatal resulta nocivo desde un punto de vista social. Peor aún sería, desde luego, un estado que, por tanto querer abarcar, dejara de amparar la propiedad privada, la libertad, la salud y la vida de los ciudadanos.

Pero el poder, como Jacobo Burckhardt decía, es malo per se, ejérzalo quien lo ejerza. Corrompe a quien lo maneja, induciendo al abuso. Lo dicho alude no sólo a los antiguos soberanos absolutos y a sus camarillas, sino también a esas masas a las que el sistema democrático encomienda el gobierno, mayorías que igualmente incurren en manifiestos excesos.

La fabricación y la venta de bebidas espirituosas hállase prohibida en los EE. UU. Otros países no han ido tan lejos, pero prácticamente por doquier está restringida, de una u otra forma, la venta del opio, la cocaína y similares drogas. Constituye creencia harto generalizada que el gobierno y los cuerpos legisladores deben proteger al individuo del daño que él mismo voluntariamente quiera inferirse. Piensan así personas a quienes desagrada indudablemente el intervencionismo estatal, pero que, sin embargo, no dudan en proclamar que sólo un «trasnochado doctrinarismo» puede oponerse a las aludidas restricciones en la libertad individual. Los oponentes del liberalismo, aprovechando esa general aceptación, en estas materias, de la intervención del estado argumentan que, si todo el mundo admite la conveniencia de las aludidas prohibiciones administrativas, es sencillamente porque la libertad completa no es posible, debiendo el estado, guardián del bien común, intervenir, hasta cierto punto, en la vida de las gentes. Ese estado, celoso del bienestar de todos, conviene tome cartas en la vida económica. El problema, en tales términos planteado, ya no consiste más que en determinar el grado y la extensión de tal interferencia estatal.

Reconoce, desde luego, el liberal que el uso de las aludidas drogas es nocivo y renunciamos a discutir aquí el tema de si el alcohol sólo en dosis abusivas resulta dañoso. Lo que no hay duda es que el alcoholismo y la drogadicción constituyen mortales enemigos del hombre, robándole capacidad de trabajo e impidiéndole disfrutar de muchos sanos placeres que la vida brinda; por tal razón, el utilitarista considera condenables aquellas prácticas. Lo dicho, sin embargo, en modo alguno prueba ni que, para la desaparición de tales vicios, convenga la intervención de las autoridades en el funcionamiento del mercado, ni que el poder del estado sea bastante para reformar al pervertido y curarle de sus lacras. Y aún hay otra cuestión a considerar: la de si la coactiva supresión de tales hábitos no pudiera tal vez abrir nueva caja de Pandora repleta de peligros no menos graves que los que el alcoholismo y la drogadicción suponen.

Quien entienda que el beber o el drogarse resulta dañoso, libre es de proceder en consecuencia. La cuestión, por otro lado, no afecta tan sólo al alcohol y a las drogas. Si se admite el principio de que la mayoría puede imponer su sistema de vida a la minoría, no hay por qué detenerse. ¿Qué debemos hacer con el tabaco, el café, etcétera? ¿Y si el estado impusiera a todos los ciudadanos una dieta alimenticia correcta? Con los deportes, lo mismo; hay quienes se destrozaron con esfuerzos excesivos. Pocas gentes tienen continencia en los placeres sexuales; resulta difícil a muchos viejos comprender que les conviene la abstención o, al menos, una gran morigeración en ese terreno. ¿Hay que llamar también aquí al estado? La literatura mendaz y maliciosa encierra, para muchos, mayor peligro aún que todos los anteriores males. ¿Se puede permitir la existencia de una prensa que no hace sino halagar los más bajos instintos del hombre? ¿No habría acaso que prohibir las películas pornográficas, el teatro obsceno y cuantos medios propagan la inmoralidad? La difusión de falsas teorías sociales resulta no menos dañosa para los hombres y los pueblos. ¿Debería permitirse la propaganda bélica, ya sea civil o internacional? ¿Y qué decir de los impíos libelos y blasfemas diatribas contra el respeto a Dios y su iglesia?

Vemos, por lo dicho, que, en cuanto se abandona el principio de que el estado no debe intervenir en la vida privada de los ciudadanos, acabamos regulándosela a éstos hasta en los más mínimos detalles. Desaparece la libertad individual. El ser humano deviene esclavo de la comunidad, constreñido a obedecer los mandatos de la mayoría. No es difícil imaginar las cosas que un malvado político, investido de tanto poder, pudiera llegar a ordenar. Pero, aun en el caso del benévolo gobernante, lleno de sanas intenciones, bajo tal planteamiento, el mundo se transformaría en tumba del espíritu. Porque la humanidad ha progresado siempre arrastrada por pequeñas minorías que se apartaban de lo que la mayoría pensaba y hacía; al poco tiempo, todo el mundo aceptaba la ayer minoritaria novedad. El investir a la mayoría con facultades para ordenar a la minoría qué debe pensar, leer y hacer equivale a anular el progreso de golpe y para siempre.

No se argumente diciendo que el suprimir las drogas no es lo mismo que el prohibir la «mala» literatura. La única diferencia estriba en que una parte de quienes se pronuncien a favor de lo primero estarán abiertamente en contra de lo segundo. Las sectas metodistas y fundamentalistas americanas, en cuanto se promulgó la ley seca, alzáronse contra las teorías evolucionistas, consiguiendo desahuciar al darwinismo de los centros de estudio en varios estados. La libre expresión hállase proscrita en la Unión Soviética; unos cuantos fanáticos, sin educación ni cultura, celosos guardianes de las armas que el gobierno en sus manos pone, deciden lo que puede allí publicarse.

Esa propensión de nuestros contemporáneos a acudir al estado en cuanto tropiezan con algo que les desagrada, así como su humilde sometimiento a las prohibiciones administrativas, aunque éstas les priven de cosas que les agradan, demuestra cuán enraizado tenemos aún en nosotros el espíritu servil. Muchos años de autoeducación serán precisos antes de que el homo sapiens se transforme en consciente ciudadano. El hombre libre tiene que ser capaz de soportar el que sus semejantes actúen y vivan de modo distinto a como él lo haría. Es preciso que desterremos esa nuestra actual manía de llamar a los guardias en cuanto contemplamos algo que personalmente nos disgusta[19].

12. La tolerancia religiosa

El liberalismo se ocupa entera, pero exclusivamente, del bienestar del hombre en este valle de lágrimas. El reino de Dios no es de este mundo. Liberalismo y religión, por tanto, en teoría, podrían perfectamente coexistir sin que sus respectivas esferas entrechocasen. Y, sin embargo, colisionaron; pero nunca por culpa de los liberales, quienes jamás pretendieron invadir el área de la religión y de las doctrinas metafísicas. El liberalismo, en efecto, tropezó con una iglesia politizada, que quería regular, con arreglo a sus criterios, no sólo la vida que debía llevar el hombre en orden, a su salvación eterna, sino además controlar la terrena actividad social toda. Y aquí es donde no hubo más remedio que entrar en liza, trazando los respectivos frentes.

La victoria del liberalismo, en esta contienda, resultó concluyente. La iglesia paulatinamente fue abandonando pretensiones y derechos tenidos por incontestables durante miles de años. Los autos de fe, los procesos inquisitoriales, las guerras de religión, ya no son más que tristes recuerdos del pasado. Hoy nadie comprende cómo personas pacíficas, que practicaban las devociones que creían acertadas, entre las cuatro paredes de su casa, podían antiguamente ser arrastradas ante los tribunales, verse privadas de libertad, ser sometidas a tormento y, finalmente, quemadas en la plaza pública. No arden ya, desde luego, ad majorem Dei gloriam, las piras inquisitoriales, pero, sin embargo, todavía queda mucha intolerancia.

El liberal que se precie tiene que ser absolutamente intolerante frente a la intolerancia. No puede consentir que clérigos y fanáticos, con sus prédicas, perturben la convivencia, siendo así que, para él, la libre y pacífica cooperación constituye el mayor bien social y la única vía que permite alcanzar esos objetivos que las gentes, con tanta ansia, desean conseguir. El liberalismo reclama tolerancia para toda fe religiosa, para toda creencia metafísica; no porque le sean indiferentes estos «altos» temas, sino por hallarse convencido de que así, sin concesiones a nadie, es como mejor se asegura la paz. Porque postula tolerancia para toda iglesia o confesión, es por lo que no duda en llamarlas al orden en cuanto alguna, intransigente, pretende traspasar sus fronteras propias. Ninguna religión puede, en un orden social basado en la cooperación pacífica, pretender monopolizar nada; ni siquiera la enseñanza, por poner un ejemplo. En lo crematístico, impedimento de ningún género debe oponerse a las voluntarias contribuciones de los respectivos fieles; ahora bien, en este terreno, ninguna coacción puede admitirse para sacarles dinero a los que rechazan la correspondiente feligresía.

La verdad es que no se entiende cómo pudieron los anteriores principios liberales ofender a tantos creyentes. El liberalismo veda a la iglesia a hacer conversos a la fuerza, sea ésta propia o proviniente del estado; ahora bien, por tal vía, la está protegiendo, pues también prohíbe a todos los demás credos hacerlos coactivamente a costa de aquélla. Cuanto el liberal, con una mano, quita a la religión, con la otra, se lo devuelve. Nadie se atreverá a decir que el liberalismo pretende inmiscuirse en nada que afecte a los dogmas espirituales.

Es, desde luego, hecho bien experimentado que aquellas mismas iglesias que, cuando prevalecen y gozan de poder, no cesan en su persecución del disidente, al hallarse en la posición contraria, claman por la tolerancia y la libertad religiosa, al menos, por lo que a ellas respecta. Esta tolerancia en tales casos reclamada nada tiene, evidentemente, que ver con la que el liberalismo postula. El liberal la pide por razón de principio, no por oportunismo. La solicita lo mismo para prédicas evidentemente absurdas, que para las heterodoxias más disparatadas o las supersticiones del cariz infantil más indudable. La reclama para ideas y doctrinas que considera nocivas y funestas desde un punto de vista social e incluso para aquellos partidos a los que denodadamente combate. Porque lo que impele al liberalismo a solicitar y, a la vez, conceder tolerancia no guarda ninguna relación con el contenido específico del pensamiento de que se trate; brota la demanda de la convicción de que sólo por tal vía tolerante cabe perviva la paz social, sin la cual la humanidad retornaría a la barbarie y penuria de épocas lejanas.

Contra la estupidez, la absurdidad, el error y la maldad el liberal lucha con las armas de la inteligencia, sin recurrir jamás ni a la fuerza, ni a la represión[20].

13. El estado y la conducta antisocial

El estado es un aparato de compulsión y coerción. Esto no sólo se refiere al estado «vigilante nocturno», sino igualmente a cualquier otra pública administración y, particularmente, a la república socialista. Cuanto el estado hace es siempre a base de fuerza y coacción. La genuina función estatal consiste en evitar toda perturbación del orden público; a tal cometido se agrega, bajo un sistema socialista, el control de los medios de producción.

Los romanos, con su sobria lógica, representaban el estado mediante el célebre emblema del hacha y el haz de varas. Frente a tan clara y realista visión quiritaria, mucha confusión, modernamente, en torno al concepto de qué sea el estado, ha creado un abstruso misticismo que quiere hacerse pasar por filosofía. Para Schelling, por ejemplo, el estado es visible y directa imagen de la vida absoluta; una primera visión del Alma mundial, de lo Absoluto; goza de personal razón de existencia y, por encima de todo, debe cuidar de su propia pervivencia. Hegel, por su parte, asegura que la Razón Absoluta revélase en él, viniendo a ser como plasmación del Espíritu Objetivo; es ética idea transformada en orgánica realidad; revelación de la voluntad sustancial, que, sólo ella misma comprende. Los discípulos, después, superaron a sus propios maestros en esa deificación del estado. Nietzsche, de otro lado, asegura que es el más frío de los monstruos fríos. Y eso, ¿qué quiere decir? El estado no es ni frío ni caliente. Es un concepto abstracto, en cuyo nombre actúan específicas personas que constituyen los órganos de gobierno, lo que llamamos la administración, y se justifica por su objeto: la defensa de la sociedad. Pero sus servidores, los funcionarios, no son más que hombres; cuando infligen daño, la víctima padece y no sufre menos por el hecho de que el castigo provenga del estado.

El daño que uno causa a otro, a ambos perjudica; al que lo soporta e igualmente al actor. Nada corrompe más al hombre que el ser instrumento de la ley, haciendo, por tal motivo, padecer a los demás. Embarga al inferior un sentimiento de ansiedad, se hace servil y adulador; no menos despreciable, sin embargo, es la farisaica virtud, presunción y arrogancia del superior.

El liberal quisiera quitar acritud a la relación entre funcionario y ciudadano. No comulga, desde luego, con las ideas de esos románticos que defienden la conducta anticívica del delincuente, que propugnan la supresión de jueces y guardias y aun la desaparición del estado. Admite el liberalismo que el aparato estatal es necesario, que hay que sancionar al criminal; pero entiende que tal penalidad no tiene más justificación que la evitación, en el grado posible, de conductas perniciosas para la supervivencia de la sociedad. El castigo no ha de ser ni vindicativo ni rencoroso. Que el delincuente sienta el peso de la ley, pero que nunca sea víctima del odio de sus legales juzgadores, ni del de las masas, dispuestas siempre al linchamiento.

Lo más pernicioso de ese poder coercitivo que el estado encarna es que tiende siempre a coartar la innovación y el progreso, precisamente por apoyarse en la mayoría. El estado, ya lo hemos dicho, es necesario, pero no menos cierto es que todos los adelantos que tanto han mejorado la suerte de la humanidad fueron fruto de mentes minoritarias que hubieron invariablemente de luchar sin descanso contra el inmovilismo oficial. El inventor, el descubridor de cosas maravillosas, a lo largo de la historia, siempre tropezó con el estado y sus funcionarios. Eso es precisamente lo que el incorregible estatista echa en cara a los díscolos innovadores. El liberal, en cambio, los comprende y compadece, si bien ha de condenar los métodos contestatarios e ilegales a que muchas veces recurren para abrirse paso. El liberal no puede, por principio, admitir el derecho de rebelión contra el estado y reconoce la necesidad de que haya prisiones y carceleros. El alzamiento armado es el último recurso a que la minoría sojuzgada recurre para librarse de la opresión de la mayoría. Pero conviene más que la minoría procure, por la vía intelectual, devenir mayoría y entonces efectuar las oportunas reformas. La legislación, además, debe reconocer a todos un cierto ámbito de libertad. No se puede acorralar a quienes piensan distinto que el gobernante, dejándoles sin salida, de suerte que no tengan más alternativa que o servilmente someterse o lanzarse al desmantelamiento del aparato estatal por la violencia[21].

II

La política económica liberal

1. La organización económica

Cabe imaginar cinco diferentes sistemas para ordenar una sociedad humana basada en la división del trabajo: primero, el de la propiedad privada de los medios de producción, denominado capitalismo en su forma desarrollada; después, aquel que, si bien transitoriamente mantiene la propiedad privada de los medios de producción, procede, de modo periódico, a la confiscación de los mismos para su subsiguiente redistribución; en tercer lugar, el orden sindicalista; seguidamente, el basado en la propiedad pública de los factores de producción, es decir el socialismo o comunismo; y, por último, el intervencionismo o dirigismo.

La historia de la humanidad es la historia de la propiedad privada, plasmada a lo largo de dilatada evolución, que permitió al hombre, partiendo de bases infrahumanas, alcanzar los altos niveles de vida propios de la civilización moderna. Los enemigos de la propiedad privada han predicado incansablemente que la sociedad, en sus albores, sólo parcialmente admitía la institución dominical, destacando el hecho de que parte de las tierras cultivables solía someterse a periódica redistribución. La propiedad privada —dicen— no sería, pues, más que mera «categoría histórica», de suerte que su actual supresión ningún grave daño supondría. Es tan evidente el error lógico del aserto, que tal vez ociosa fuera mayor discusión del tema; pues el que remotamente existiera cooperación social sin propiedad privada plena no arguye que ello resultara válido en el presente entorno de alto nivel de civilización. La experiencia histórica, si es que a ella en este terreno cupiera recurrir, pregona que raza ni nación alguna consiguió librarse de la opresiva pobreza y el brutal salvajismo típicos de los seres irracionales más que apelando a la institución dominical privada.

Los primitivos oponentes de la propiedad individual centraban sus ataques, no en la institución misma, sino en la desigualdad de rentas que originaba, recomendando paliar ésta mediante periódicas redistribuciones de la riqueza en general y, sobre todo, de la tierra, único factor de producción que sustancialmente a la sazón interesaba.

Esta aspiración a igualitaria distribución de la propiedad tiene, aún hoy, adeptos en muchos países atrasados, donde sólo primitivos métodos agrícolas se conocen. Hay quienes denominan socialismo agrario a tal sistema, aunque nada tiene, en verdad, que ver con el auténtico socialismo. La revolución bolchevique, que comenzó intentando socializar la agricultura, es decir, establecer la propiedad pública de la tierra, varió después y prefirió aceptar ese denominado socialismo agrario. El reparto de los grandes latifundios entre modestos agricultores constituye, aún hoy en día, pretensión básica de importantes partidos políticos en los países del oriente europeo.

Pero no parece valga la pena insistir. El sistema preconizado reduce la fecundidad del esfuerzo humano. La baja producción que la división y la redistribución agraria provocan, sólo en zonas donde únicamente se conozcan los más primitivos métodos agrícolas, puede dejar de apreciarse. Nadie, desde luego, supone quepa físicamente dividir un moderno establecimiento ganadero o de producción lechera, equipado con sofisticados elementos tecnológicos, siendo más impensable, aún, la divisoria redistribución de empresas comerciales o industriales.

¿Cómo repartir un ferrocarril, una instalación sidelúrgica o una fábrica moderna? Aquel periódico reparto exigiría el desmantelamiento de la división del trabajo y la supresión del mercado, habiendo de retornarse a sociedades formadas por pequeños y autosuficientes agricultores sustancialmente ajenos al intercambio.

El sindicalismo, por su parte, quisiera aplicar la vieja idea igualitaria a la actual sociedad industrial. Postula, efectivamente, en tal sentido, dar la propiedad de los medios de producción, no al estado ni a los particulares, sino a los trabajadores que en cada industria o rama productiva laboran[22].

Imposible, desde luego, resulta llegar a la igualitaria distribución de la propiedad por la vía sindicalista, ya que es distinta, en cada industria, la proporción de factores materiales y factores humanos invertidos. Unos obreros, consecuentemente, recibirían más y otros menos, en el correspondiente reparto. Plantéase, además, el problema de la transferencia de capital y de mano de obra de unos sectores productivos a otros, lo que constituye exigencia común a todo sistema económico. ¿Cabrá, bajo el sindicalismo, detraer capital de un sitio para incrementar la proporción del mismo en otro distinto? ¿Admitirá el obrero su propio traslado de una industria más capitalizada a otra de menor capitalización proporcional? La república sindicalista, al no poder, per se, efectuar tales transferencias de medios de producción, deviene impensable como forma permanente de organización social. Porque, si suponemos la existencia de un poder supremo que imponga dichos traslados, entonces ya no estamos en un sistema sindicalista, sino bajo un orden socialista. La idea, ciertamente, constituye tal absurdo que sólo se atreven a defenderla ignaros incapaces de percibir los problemas más elementales.

El socialismo y el comunismo, por su parte, pretenden montar una organización bajo la cual la propiedad, es decir, la capacidad de disposición de los factores productivos, corresponda a la sociedad, o sea, al estado, al aparato social de fuerza y coacción. No deja de ser socialista una organización por el hecho de que la renta global se reparta igualitariamente o de acuerdo con cualquier otro principio distributivo. Tampoco afecta al fondo de la cuestión el que la propiedad de los medios de producción sea, formalmente, transferida al estado o que, por el contrario, se permita a los particulares, de modo aparente, retener la propiedad de aquéllos, obligándoles, sin embargo, a emplearlos de acuerdo con lo que la administración disponga. Si es el gobierno quien, en definitiva, decide qué y cómo debe producirse y a quién y a cuál «precio» deba venderse, el derecho privado de propiedad ha dejado de existir, subsistiendo tan sólo en apariencia. La propiedad, tanto en uno como en otro caso, ha sido efectivamente socializada; los sujetos económicos dejan de operar en busca de beneficio, de ese norte que invariablemente orienta la libre actuación, limitándose a seguir ineludibles instrucciones administrativas.

Examinemos, por último, el intervencionismo económico. Porque son muchos, en efecto, quienes creen posible la existencia de un sistema intermedio entre socialismo y capitalismo, una tercera vía, un orden bajo el cual habría propiedad privada, si bien hallaríase ésta regulada, controlada y dirigida, cuando preciso fuera, por autoritarias decisiones del poder público (actos de intervención).

No vamos a analizar, en las páginas que subsiguen, ni el sistema sindicalista, ni el que predica la periódica redistribución de la propiedad. Son ideas que no constituyen ya temas de debate. Nadie, que merezca ser tomado en serio, las defiende. Los problemas que seguidamente vamos a abordar son los atinentes al socialismo, al intervencionismo y al capitalismo[23].

2. La propiedad privada y sus críticos

La vida humana no supone felicidad perfecta. No vivimos, desde luego, en terrenal paraíso. Es erróneo, sin embargo, responsabilizar a las instituciones sociales de tan indudable realidad. Gustan las gentes, no obstante en tal sentido lucubrar. Todas las civilizaciones, incluida la nuestra propia, basáronse en la propiedad privada de los medios de producción. Por eso mismo, quien desea arremeter contra el orden social, comienza siempre atacando la propiedad privada, atribuyendo a la institución dominical cuantos fenómenos sociales le desagradan, incluso aquéllos precisamente provocados por haber sido intervenida y restringida la propiedad, que queda parcialmente esterilizada, no pudiendo, consecuentemente, brindar sus frutos plenos.

Deléitase el crítico imaginando cuán maravilloso sería todo si pudiera él desarrollar su personal plan. En tales ensoñaciones, elimina al disidente, erigiéndose él, o persona que como él piense, en rector supremo del mundo. Ahora bien; sólo defiende la ley del más fuerte quien de mayor fuerza cree disponer; sólo aboga por la esclavitud quien jamás en el estado servil espera caer; sólo apoya la intolerancia religiosa quien piensa será su propia creencia la prevalente; sólo patrocina el gobierno oligárquico quien supone formará parte de la correspondiente oligarquía; y sólo admira la dictadura y el despotismo quien es lo suficientemente inmodesto como para abrigar la esperanza de que él podrá llegar a ser el déspota o dictador ilustrado de turno o, al menos, el déspota o el dictador del correspondiente dictador. Nadie, desde luego, desea ser el débil, el esclavizado, el sometido, el subprivilegiado o el ciudadano sin derechos. Por eso, el socialista, en su imaginaria construcción, invariablemente aparece como el supremo rector o, en todo caso, como el mentor de tal rector. No hay, consecuentemente, vida más digna de ser vivida, piensa siempre el partidario del socialismo en sus fantásticas lucubraciones.

En aquella tan manida distinción entre la rentabilidad crematística y la productividad económica básase por entero la literatura anticapitalista. Contrástase, invariablemente, en ella, lo que acontece en el sistema capitalista con lo que, de prevalecer los deseos del autor, sucedería en la ideal sociedad socialista de que se trate. Califícase de improductivo cuanto en esta última imagen no aparezca. Considérase como la gran falla del sistema capitalista el que lo rentable para el individuo no tiene por qué ser rentable también para la sociedad. Se va, sin embargo, últimamente, reconociendo, cada vez con mayor amplitud, que, en la mayoría de tales supuestos, el orden socialista procedería muy similarmente a como el capitalismo lo hace, y, aun en aquellos casos en que efectivamente pudiera darse esa imaginada oposición de intereses, no hay razón alguna para suponer que la sociedad socialista hallaría invariablemente la solución correcta, debiendo ser condenado el capitalismo cuando de otra suerte procede. Porque la productividad es siempre un concepto de condición subjetiva, en el que crítica alguna de tipo objetivo pueda jamás apoyarse.

No vale la pena, por tanto, que nos ocupemos de los ensueños de nuestro quimérico dictador. Si bien onírica visión dícele que todos, bajo su mandato, serán obedientes y voluntariosos, actuando con absoluto conocimiento y precisión, muy distintas resultarán las cosas en una no imaginaria, sino efectiva, sociedad socialista. Es falso suponer, como las más simples estadísticas demuestran, que la igualitaria distribución del total producto capitalista bastaría para asegurar los necesarios medios de vida a la sociedad entera. Sólo imperceptible aumento del nivel general de vida podría una sociedad socialista, por tal vía, conseguir. Si lo que el socialista, en verdad, pretende es aumentar el bienestar y la riqueza de todos, lo primero que debe preocuparle es probar la superior productividad de su sistema y asegurarse de si en verdad cabrá, bajo el mismo, prescindir de esa serie de gastos que él considera superfinos, o sea, improductivos.

Alúdese a los gastos que origina la publicidad, la competencia y el marketing de los productos en el sistema capitalista. Tales dispendios no serían necesarios en un régimen socialista. Pero el aparato distributivo socialista llevará aparejados otros costos nada desdeñables, posiblemente superiores a los antes aludidos. No es éste, sin embargo, el aspecto más importante de la cuestión. El socialista, sin pensarlo dos veces, como la cosa más natural del mundo, supone que, bajo sus órdenes, la productividad del trabajo será, desde luego, no menor a la capitalista y, seguramente, mucho mayor. Pero ni siquiera el primer aserto resulta tan evidente como sus patrocinadores suponen. Porque la producción capitalista no constituye suma dada, ajena a la propia mecánica del sistema. En cada estadio de cada rama productiva, bajo el capitalismo, el interés personal de quienes en ella operan hállase íntimamente ligado a la propia productividad. El obrero, desde luego, se esfuerza porque sabe que su salario depende de lo que efectivamente engendre; el empresario, por su parte, ha de producir más barato que sus competidores, lo que supone invertir en el proceso correspondiente la menor cantidad posible de capital y trabajo.

La economía capitalista, gracias a tales circunstancias, ha podido alumbrar ese cúmulo de riquezas que hoy el mundo disfruta. Miope, en verdad, es la visión de quien califica de excesivos los costos comerciales del capitalismo. Quienes, cuando contemplan diversas camiserías o múltiples expendedurías de tabaco en las aglomeradas vías comerciales, acusan al capitalismo de dilapidar los recursos productivos, incapaces son de advertir que tal sistema de ventas no es sino el producto final de un mecanismo de producción que garantiza que el trabajo humano sea empleado del modo más productivo posible para la sociedad. Todos los progresos en materia de producción han sido conseguidos gracias a que el mercado apunta inexorablemente en ese sentido de economizar por doquier. Los métodos de producción mejoran, renovándose constantemente, porque los empresarios hállanse en perpetuo estado de competencia, viéndose apartados sin piedad de la función empresarial en cuanto dejan de producir del modo más económico posible. La producción, en ausencia de tales incentivos, no sólo dejaría de progresar, sino que el afán economizador desaparecería aun tratándose de los más simples procesos fabriles. Absurdo, por tanto, en este entorno, resulta el cavilar acerca del ahorro que la supresión de la publicidad supondría. Más importante es el preocuparse por el costo que la desaparición de la competencia llevaría aparejado. Y la opción no es dudosa.

Si el hombre no trabaja, no puede, desde luego, consumir y el consumo nunca cabe exceda de lo efectivamente producido por la labor humana. El sistema capitalista induce a trabajar con la mayor diligencia, consiguiendo así la máxima producción posible en cada momento. Esa relación directa entre el trabajo, de un lado, y la cuantía de bienes y servicios a disfrutar de otro, bajo un orden socialista desaparecería. El impulso laboral no brotaría ya del deseo de disfrutar del fruto del propio trabajo; el hombre laboraría exclusivamente por un sentido de obediencia y sumisión a autoritarios mandatos. Ofreceremos, en capítulo subsiguiente, cumplida demostración de la ineficacia de tal organización laboral.

El que los poseedores ocupen una posición preferencial bajo el capitalismo constituye generalizada crítica al sistema. Los propietarios, dícese, viven sin trabajar. Ello es intolerable si se contemplan las cosas desde un punto de vista personalista. ¿Por qué tienen que vivir unos mejor que otros? Examinando, no obstante, el asunto desde el ángulo de la sociedad, dejando aparte el caso individualizado, resulta evidente que los propietarios conservan su envidiable posición sólo en tanto en cuanto contribuyan, mediante trascendentes servicios, al bienestar social. El capitalista mantiene su puesto sólo mientras consiga destinar los factores de producción de que dispone a aquellos cometidos que, en cada momento, tengan mayor utilidad social. Si de otro modo procede, si equivocadamente invierte su fortuna, sufrirá pérdidas patrimoniales, viéndose, sin miramiento alguno, desplazado de su brillante posición, a poco que reincida en tan desatentado proceder. Dejará de ser empresario y otros, más calificados para tal función, ocuparán su puesto. En una sociedad capitalista el control de los bienes de producción hállase siempre en manos de los que en cada momento mejor están empleándolos, debiendo el poseedor preocuparse constantemente de dar a aquéllos el destino de mayor productividad posible[24].

3. La propiedad privada y el gobierno

Todos los políticos, todos los gobiernos, los reyes lo mismo que las repúblicas, recelaron siempre de la propiedad privada. Las autoridades inherentemente tienden a no admitir restricción alguna en su actividad, procurando ampliar todo lo posible la esfera pública. Intervenir por doquier, no dejar parcela alguna incontrolada, que nada se produzca espontáneamente, sin licencia del jefe, he aquí la íntima aspiración del gobernante. ¡Ojalá hallara yo una fórmula —suspira el jerarca— que impidiera a la propiedad privada interferir mi camino! El derecho dominical, en efecto, brinda al individuo un refugio que le ampara ante la acción estatal; limita y traba la voluntad autoritaria. Cabe, en tal esfera, la aparición de fuerzas paralelas y aun contrarias al deseo del gobernante. La propiedad privada constituye, pues, la base de toda actividad individual independiente; es el terreno fecundo donde germinan las semillas de la libertad, donde echa raíces la autonomía personal y donde todo progreso, tanto espiritual como material, se genera. Hay quienes aseguran que la institución constituye ineludible presupuesto para el desarrollo del individuo. Esto último, sin embargo, debe matizarse, pues no constituye sino vacua peroración todo eso que se dice sobre la supuesta existencia de permanente oposición entre el individuo y la colectividad, entre los deseos y aspiraciones de aquél y los de ésta, habiéndose llegado a contraponer ciencia individualista a ciencia universalista.

No hubo nunca poder político alguno que voluntariamente desistiera de interferir la libre operación y desarrollo de la propiedad privada de los medios de producción. Los gobiernos toleran, en efecto, el derecho dominical de los particulares sólo cuando no tienen otro remedio; jamás admiten voluntariamente su conveniencia social. Hasta los políticos liberales, reconozcámoslo, cuando llegan al poder, relegan a un cierto limbo las ideas que les amamantaron. La tendencia a coartar la propiedad, a abusar del poder y a desconocer la existencia de un sector no sujeto al imperio estatal hállase tan implantada en la mentalidad de quienes controlan el aparato gubernamental de fuerza y coacción que no pueden resistir la tentación de actuar en consecuencia. Hablar de un gobierno liberal, realmente, constituye una contradictio in adjecto. Sólo la presión de unánime opinión pública obliga al gobernante a liberalizar; él jamás, motu proprio, lo haría.

Fácil es comprender lo difícil que para el gobierno sería, en una sociedad formada por simples agricultores de similar riqueza, atropellar los derechos dominicales de sus súbditos. Cualquier asalto contra la propiedad tropezaría con la unánime resistencia de todos, lo que obligaría al gobernante a desistir. La situación, en cambio, es enteramente distinta bajo un régimen que, además tipo agrícola, sea industrial, es decir, allí donde existan grandes empresas con importantes inversiones dedicadas a la minería, al comercio o a la actividad fabril en general. Sencillo resúltale a la autoridad pública, en tal entorno, arremeter contra la propiedad privada. No hay, por otra parte, entonces, nada políticamente más rentable para el gobierno que el avasallar los derechos dominicales, pues poco cuesta, en verdad, incitar a las masas contra los poseedores de tierra o capital. Por eso, desde tiempo inmemorial, monarcas, déspotas y tiranos procuraron aliarse con «el pueblo» para atacar a los ricos. En tal cesarismo apoyóse el segundo imperio de Luis Napoleón. El autoritarismo de la dinastía Hohenzollern adoptó idéntica filosofía y fue precisamente Lassalle quien, con motivo de la discusión sobre la constitución prusiana, brindó al estado la idea de ganarse a las masas trabajadoras infligiendo daño a la burguesía mediante una política intervencionista y estatificadora. Tal fue el fundamento de aquella «monarquía social» aplaudida por Schmoller y su escuela.

Pervive, sin embargo, no obstante tanta persecución, la institución dominical. Ni la animosidad de los gobernantes, ni la hostilidad de escritores y moralistas, ni la oposición de iglesias y escuelas éticas, ni el resentimiento de las masas, fomentado por instintiva y profunda envidia, pudieron acabar con ella. Todos los sucedáneos, todos los nuevos sistemas de producción y distribución fracasaron, poniendo de manifiesto su absurda condición. Las gentes acaban siempre reconociendo que la propiedad privada es indispensable y velis nolis a ella retornan.

Resistense, sin embargo, a reconocer que vuelven a ella, pura y simplemente, porque no cabe de otro modo estructurar orden alguno que atienda a las auténticas necesidades y a los verdaderos objetivos que el hombre en sociedad persigue. Continúan creyendo que el derecho dominical es per se nocivo; consuélanse, no obstante, pensando que sólo transitoriamente habrán de aceptarlo, pues será posible suprimirlo tan pronto como la humanidad mejore lo suficiente en el aspecto moral. Los gobernantes contrariando, desde luego, su innata tendencia, reconcílianse aparentemente con la institución; pero no por ello dejan de apoyar toda ideología hostil a la misma, estimando que tal oposición, en el fondo, es conveniente y acertada. De momento, sin embargo, hay que disimular —rumian— las verdaderas intenciones, dada la presente debilidad de la administración pública y el poderío de los grupos de presión privados[25].

4. La inviabilidad del socialismo

Piensan, en efecto, las gentes que, si el socialismo actualmente no funciona, ello se debe a que las necesarias virtudes cívicas todavía no adornan a nuestros contemporáneos. Los hombres —proclámase— tal como hoy son, evidentemente, no han de poner en el desempeño de las tareas que el estado socialista les asigne aquel mismo celo con que su diario trabajo realizan bajo el signo de la propiedad privada de los medios de producción, pues, en régimen capitalista, saben que suyo es el fruto de su personal labor y que sus ingresos aumentan cuanto uno más produce, reduciéndose en caso contrario. Todo el mundo ha de advertir, por el contrario, en un sistema socialista, que no depende ya casi de la excelencia del propio trabajo el que personalmente se gane más o menos; cada miembro de la sociedad, en efecto, teóricamente tiene asignada determinada cuota de la renta nacional, variando esta última imperceptiblemente por el simple hecho de que específico individuo holgazanee o, por el contrario, enérgicamente labore. La productividad socialista —piensa la gente— por fuerza ha de ser inferior a la de la comunidad capitalista.

Cierto es, en verdad, lo anterior. Pero no se llega, por tal vía, al fondo de la cuestión. Si fuera posible en la sociedad socialista cifrar la productividad de la labor de cada camarada con la misma precisión con que cabe conocer, mediante el cálculo económico, la del trabajador en el mercado, podría hacerse funcionar el socialismo sin que la buena o mala fe del individuo, en su actividad productiva, tuviera a nadie que preocupar. Cabríale, entonces, a la comunidad socialista determinar cuál cuota de la producción total correspondía a cada laborador, y, consecuentemente, cifrar la cuantía en que había a ella cada uno contribuido. El que no quepa, en una sociedad colectivista, efectuar tal calculación es lo único que, al final, hace inviable al socialismo.

La cuenta de pérdidas y ganancias, instrumento típico del régimen capitalista, constituye indicativo claro de si, dadas las circunstancias del momento, deben o no ser proseguidas todas y cada una de las operaciones a la sazón practicadas; en otras palabras, si se está administrando, empresa por empresa, del modo más económico posible, es decir, si se está consumiendo la menor cantidad dable de factores de producción. Un negocio que arroje pérdidas dice que las materias primas, los productos semielaborados y los distintos tipos de trabajo empleados son precisados en otros cometidos, cometidos en los que serán producidas o bien mercancías distintas, que los consumidores valoran en más y estiman más urgentes, o bien idénticos productos, pero con arreglo a un método económico, o sea, con menor inversión de capital y trabajo. Cuando, por ejemplo, el tejer manualmente devino irrentable, ello no indicaba sino que el capital y el trabajo invertido en las instalaciones de tejido mecánico eran más productivos, por lo que era antieconómico mantener instalaciones en las que una misma inversión de capital y trabajo producía menos.

En el mismo sentido, bajo el régimen capitalista, si se trata de montar una nueva empresa, cabe fácilmente, de antemano, calcular la rentabilidad de la correspondiente operación. Supongamos que se proyecta un nuevo ferrocarril; cifrado el tráfico previsto y las tarifas que aquél puede soportar, no es difícil averiguar si resultará o no beneficiosa la necesaria inversión de capital y trabajo. Cuando ese cálculo nos dice que el proyectado ferrocarril no va a producir lucro, hay que concluir que existen otras actividades sociales que, con mayor urgencia, reclaman para sí el capital y el trabajo del caso; en otras palabras, que todavía no somos lo suficientemente ricos como para efectuar tal inversión ferroviaria. El cálculo de valor y rentabilidad no sólo sirve para averiguar si contemplada operación futura será o no conveniente; ilustra además acerca de cómo funcionan, en cada instante, todas y cada una de las divisiones de las entidades operantes.

El cálculo económico capitalista, sin el cual resulta imposible ordenar racionalmente la producción, se basa en cifras monetarias. El que los precios de los bienes y servicios sean expresados en términos dinerarios permite que, pese a la heterogeneidad de aquéllos, puedan todos, al amparo del mercado, ser manejados como unidades homogéneas. En una sociedad socialista, donde los medios de producción son propiedad de la colectividad y donde, consecuentemente, no existe el mercado ni hay intercambio alguno de bienes y servicios productivos, resulta imposible que aparezcan precios para los aludidos factores denominados de orden superior. El sistema no puede, por tanto, planificar racionalmente, al serle imposible recurrir a un cálculo que sólo cabe practicar recurriendo a un cierto común denominador al que quepa reducir inaprehensible heterogeneidad de los innumerables bienes y servicios productivos disponibles.

Contemplemos un sencillo supuesto. Para construir un ferrocarril que una el punto A con el punto B, cabe seguir diversas rutas, pues existe una montaña que separa A de B. La línea ferroviaria pudiera ascender por encima del accidente orográfico, contornear el mismo o atravesarlo mediante un túnel. Fácil es decidir, en una sociedad capitalista, cuál de las tres soluciones sea la procedente.

Se cifra el costo de las diferentes líneas y el importe del tráfico previsible. Conocidas tales sumas, no es difícil deducir cuál proyecto debiera ser el de mayor rentabilidad. Una sociedad socialista, en cambio, no puede efectuar cálculo tan sencillo, pues es incapaz de reducir a uniforme unidad de medida las heterogéneas cantidades de bienes y servicios que es preciso tomar en consideración para resolver el problema. La sociedad socialista está desarmada ante esos problemas corrientes, de todos los días, que cualquier administración económica suscita. No podría, en efecto, al final, ni llevar sus propias cuentas.

El capitalismo ha aumentado la producción de forma tan impresionante que ha conseguido dotar de medios de vida a una población como nunca habíase conocido; pero, nótese bien, ello se consiguió a base de implantar sistemas productivos de cada vez mayor dilación temporal, lo cual sólo es posible al amparo del cálculo económico. Y el cálculo económico es, precisamente, lo que no puede practicar el orden socialista. Los teóricos del socialismo han querido, infructuosamente, hallar fórmulas para regular económicamente su sistema, prescindiendo del cálculo monetario y de los precios. Pero, en tal intento, han fracasado lamentablemente.

La jefatura de la ideal sociedad socialista veríase confrontada con un problema imposible de resolver, pues no podría decidir, entre los innumerables procedimientos admisibles, cuál fuera el más racional. El subsiguiente caos económico culminaría, de modo rápido e inevitable, en universal empobrecimiento, volviéndose a aquellas primitivas situaciones que nuestros antepasados, por desgracia, conocieran.

El ideal socialista, llevado a su conclusión lógica, desemboca en un orden social bajo el cual el pueblo, en su conjunto, sería propietario de la totalidad de los existentes factores productivos. La producción hallaríase, pues, por entero, en manos del gobierno, el centro único de poder social. La administración, por sí y ante sí, habría de determinar qué y cómo debía producirse y de cuál modo convenía distribuir los correspondientes artículos de consumo. Poco importa el que este imaginario estado socialista del futuro nos lo representemos bajo forma política democrática o cualquier otra. Porque aun una imaginaria democracia socialista tendría forzosamente que ser un estado burocrático centralizado en el que todos (aparte de los máximos cargos políticos) habrían de aceptar dócilmente los mandatos de la autoridad suprema, independientemente de que, como votantes, hubieran, en cierto modo, designado al gobernante.

Las empresas estatales, por grandes que éstas sean, es decir, las que, a lo largo de las últimas décadas, hemos visto aparecer en Europa, particularmente en Alemania y Rusia, no tropiezan con el problema socialista al que aludimos, pues todavía operan en un entorno de propiedad privada. Comercian, en efecto, con sociedades creadas y administradas por capitalistas, recibiendo de éstas indicaciones y estímulos que su propia actuación ordenan. Los ferrocarriles públicos, por ejemplo, tienen suministradores que les procuran locomotoras, coches, instalaciones de señalización y equipos, mecanismos todos ellos que han demostrado su utilidad en empresas de propiedad privada. Los ferrocarriles públicos, por tanto, procuran estar siempre al día tanto en la tecnología como en los métodos de administración.

Bien sabido es que las empresas nacionalizadas y municipalizadas, generalmente, fracasan; son caras e ineficientes y es preciso financiarlas, mediante subsidios que paga el contribuyente, so pena de que quiebren.

Desde luego, cuando una empresa pública ocupa una posición monopolista —como normalmente es el caso de los transportes urbanos y las plantas de energía eléctrica— su pobre eficiencia puede enmascararse, resultando entonces menos visible el fallo financiero que suponen. Cabe, en tales casos, que dichas entidades, haciendo uso de la posibilidad monopolista, amparada por la administración, de elevar precios, resulten aparentemente rentables, no obstante su desafortunada creencia. Manifiéstase, en estos supuestos, de modo distinto, la baja productividad del socialismo, por lo que resulta un poco más difícil advertirla. Pero, en el fondo, todo es lo mismo.

Ninguna de las aludidas experiencias socializantes, sin embargo, sirve para advertir cuáles serían las consecuencias de la real plasmación del ideal socialista, o sea, la efectiva propiedad colectiva de todos los medios de producción. En la futura sociedad socialista omnicomprensiva, donde no habrá entidades privadas operando libremente al lado de las estatales, el correspondiente consejo planificador hallaráse huérfano de esa guía que, para la economía entera, procuran el mercado y los precios mercantiles. En el mercado, donde todos los bienes y servicios son objeto de transacción, cabe establecer, en términos monetarios, razones de intercambio para cuanto es objeto de compraventa. Resulta así posible, bajo un orden social basado en la propiedad privada, recurrir al cálculo económico para averiguar el resultado positivo o negativo de la actividad económica de que se trate. Cabe, bajo tales supuestos, enjuiciar la utilidad social de cualquier transacción a través del correspondiente sistema contable y de imputación de costos. Más adelante veremos por qué las empresas públicas no pueden servirse de la contabilizaclón en sí mismo grado que las empresas privadas la aprovechan. El cálculo monetario, no obstante, mientras subsista, ilustra incluso a las empresas estatales y municipales, permitiéndoles conocer el éxito o el fracaso de su gestión. Esto, en cambio, sería impensable en una economía enteramente socialista, pues sin la propiedad privada de los medios de producción, no puede haber mercado alguno donde se intercambien los bienes de capital, lo que supone la imposibilidad de la aparición de precios y, consecuentemente, del cálculo monetario. Los directivos de una sociedad enteramente socialista no podrían jamás reducir a común denominador alguno los costos de produción de la heterogénea multitud de mercancías cuya fabricación programaran.

No cabe, desde luego, resolver tal dificultad a base de contabilizar ingresos en especie contra gastos en especie, pues no es posible calcular más que reduciendo a común denominador horas de trabajo de diversas clases, hierro, carbón, materiales de construcción de todo tipo, máquinas y restantes bienes empleados en la producción. Sólo es posible el cálculo cuando cabe expresar en términos monetarios los múltiples factores productivos empleados. El cálculo monetario, desde luego, tiene sus fallos y deficiencias; lo que acontece es que no sabemos con qué sustituirlo. En la práctica, el sistema funciona siempre y cuando el gobierno no manipule el valor del signo monetario; y, sin cálculo, no es posible la computación económica.

He aquí por qué el orden socialista resulta inviable; tiene, en efecto, que renunciar a esa intelectual división del trabajo que mediante la cooperación de empresarios, capitalistas y trabajadores, tanto en su calidad de productores como de consumidores, permite la aparición de precios para cuantos bienes son objeto de contratación. Sin tal mecanismo, es decir, sin cálculo, la racionalidad económica se evapora y desaparece[26].

5. El intervencionismo

El ideal socialista puro va paulatinamente perdiendo partidarios. A ello han contribuido, de un lado, los importantes estudios de tipo económico y sociológico últimamente aparecidos demostrativos de la inviabilidad del sistema y, de otro, los inocultables fracasos de todos los ensayos socialistas practicados; tales hechos están desanimando hasta a los más fervientes marxistas. Parece como si la gente comenzara a advertir que la sociedad humana no puede montarse de espaldas a la institución dominical privada. Pero ha sido tan feroz la crítica, tantos los dicterios, durante décadas, proferidos contra la propiedad particular de los medios de producción, que el propio ambiente creado impide a los pueblos, pese a que advierten la insuficiencia e impracticabilidad del socialismo, romper con el colectivismo y retornar abiertamente al liberalismo. Reconocen mayoritariamente, en efecto, que el socialismo, o sea, la propiedad pública de los medios de producción, es inviable (al menos —dicen— por el momento). Pero, a renglón seguido, suponen que una propiedad privada de los medios de producción totalmente libre resultaría también dañosa para el bienestar de las masas. Buscan, por eso, con ansia enorme, una tercera vía, un sistema social entreverado de propiedad privada y propiedad pública de los medios de producción. No se puede —argumentan— eliminar por entero la propiedad privada; pero, ello no obstante, conviene que la autoridad controle el uso que los capitalistas, los empresarios y los poseedores del factor tierra hagan de los instrumentos por ellos manejados. He ahí la esencia del intervencionismo; admitir el capitalismo, pero sólo un capitalismo controlado y dirigido por los mandatos y prohibiciones de las autoridades públicas; un sistema de propiedad privada que, gracias a la aludida vigilancia estatal, no habrá de tener para la sociedad dañosos efectos secundarios.

Para percatarnos mejor de lo que este sistema económico implica contemplemos el efecto de la actividad intervencionista en un caso concreto. Advirtamos que el intervencionismo lo que, en definitiva, pretende es imponer a bienes y servicios precios distintos de aquéllos que el mercado, de modo autónomo, fijaría.

Cuando hay precios libres, los ingresos por la operación mercantil de que se trate cubren los gastos de la misma. Ahora bien, cuando el gobierno coactivamente impone un precio de venta inferior al del mercado, las sumas percibidas resultan insuficientes para atender los costos. Comerciantes e industriales, consecuentemente, salvo que se trate de una mercancía inmediatamente perecedera, dejan de ofrecerla al mercado, esperando cambien las circunstancias o que vuelva la administración sobre su acuerdo. La autoridad pública, pues, para evitar la desaparición del producto en cuestión, paralelamente a la tasación del precio, ha de decretar la venta obligatoria de las disponibles existencias, al precio rebajado.

Pero esto no basta. Oferta y demanda, al precio de mercado, siempre coinciden. El reducido precio coactivamente impuesto incrementa la demanda, quedando, en cambio, invariada la oferta. Las existencias resultan insuficientes para atender a cuantos están dispuestos a pagar los nuevos precios. Parte de la demanda queda, forzosamente, desatendida. Se ha perturbado la operación de aquel mecanismo que, en el mercado, iguala oferta y demanda mediante la oportuna fluctuación de los precios. Habrá gentes que, pese a hallarse dispuestas a pagar el precio oficial, quedarán desatendidas, pues la totalidad de las existencias las absorbieron o quienes antes llegaron o quienes gozaron de algún privilegio; para los demás peticionarios nada queda. El gobernante tiene entonces que apelar al racionamiento, fijando la cantidad que, al precio oficial, cada uno puede adquirir.

Pero, una vez agotadas las primitivas existencias, surgen nuevos problemas de mayor trascendencia aún. La producción, en efecto, al no resultar rentable a los precios oficialmente tasados, va reduciéndose, llegando a veces incluso a desaparecer. Para mantener la actividad productiva, la administración tiene, entonces, que proceder a la tasación de las primeras materias, de los productos semimanufacturados y de los salarios intervinientes. Tales nuevos precios máximos no pueden, sin embargo, quedar restringidos a aquel o aquellos pocos sectores que la autoridad, por estimarlos de excepcional interés social, desea controlar. Hay que intervenir el precio de toda mercancía, de todo salario. El control ha de abarcar a cuantos empresarios, capitalistas, poseedores de tierra y laboradores haya. Porque, de permitirse la existencia de ramas productivas libres de tal férula estatal, volcaríanse en ellas el capital y el trabajo, contrariando así el originario deseo de la administración. Las autoridades, en efecto, lo que pretendían era que las gentes halláranse ampliamente abastecidas de aquellos productos cuyos precios intervinieron. La intervención económica contradice, evidentemente, los deseos y aspiraciones de todos, al dar lugar a que las producciones que más se quisiera ver incrementadas resultan, al final, las más postergadas.

Queda, pues, claro que la intervención falla el blanco que sus patrocinadores pretendían, precisamente a través de la actuación interventora, alcanzar. Ha de estimarse, aun desde el propio punto de vista del intervencionista, contraproducente, pues no hace sino aumentar el «mal» que se quería combatir. La tan deseada mercancía, antes de la tasación, se cotizaba, en opinión del gobernante, demasiado cara; pero, ahora, lo que pasa es que desaparece del mercado. No era esto, evidentemente, lo deseado; la administración aspiraba, por el contrario, a ampliar el número de posibles adquirentes del producto. La desaparición del mismo, el que nadie pueda ya disfrutarlo, constituye, a no dudar, desastre mayor que aquel que se pretendía remediar. La intervención, pues, concluyamos, resulta vana y contradictoria con respecto a los fines perseguidos; el sistema es impracticable, inordenable, opuesto a la lógica más elemental.

El gobierno, hemos visto, si no retorna pronto al buen camino, si no cesa en su interferencia, tiene que ir adoptando sucesivamente medidas cada vez más graves. A la originaria prohibición de cobrar por encima de la tasa oficial, ha de agregar la venta obligatoria de las existencias disponibles, el racionamiento, la fijación de precios máximos para los factores productivos y los salarios y, finalmente, imposición de trabajo coactivo a empresarios y laboradores. Y tales regulaciones, también hemos comprobado, no pueden limitarse a determinadas ramas productivas, sino que han de acabar abarcando la economía toda. La verdad es que no hay alternativa: o se destierra la intervención en el libre juego del mercado o se encomienda al gobierno la regulación completa de la producción y la distribución. Hay que optar, lisa y llanamente, entre capitalismo o socialismo; no existe la tan añorada tercera vía.

Quienes han vivido épocas de guerra o de inflación bien saben en qué pararon siempre los innúmeros intentos gubernamentales de fijación de precios. Nadie ignora, hoy en día, que tales medidas no sirvieron sino para provocar la desaparición del mercado de los correspondientes productos. Siempre la misma consecuencia, en cuanto coactivamente se implantan precios máximos. Las viviendas, por ejemplo, comienzan a escasear tan pronto como las autoridades tasan los alquileres. El partido socialdemócrata austríaco ha suprimido prácticamente las rentas arrendaticias. Con ello sólo ha conseguido que en Viena, pese a que la población es notablemente inferior a la de antes de la guerra y a que la municipalidad ha construido miles de nuevas casas, se cuenten por millares las personas que no encuentran alojamiento urbano.

Veamos otro caso: el de la fijación de salarios mínimos.

El salario que el patrono paga, cualquiera que sea el tipo de trabajo empleado, equivale, en ausencia de regulaciones administrativas y de coacciones sindicales, al incremento de valor que la correspondiente contribución laboral agrega a los factores materiales empleados ni la producción de que se trate. Los salarios no pueden ser superiores, por cuanto si lo fueran el empresario dejaría de ganar y habría de cerrar su irrentable línea productiva. Pero tampoco pueden ser inferiores, ya que, en tal caso, los laboradores acudirían a otras actividades donde se les pagará mejor, saliendo entonces perjudicado el empleador recalcitrante al no poder, por falta de mano de obra, proseguir su actividad.

Existen, pues, siempre, niveles salariales a los cuales todos cuantos desean trabajo lo encuentran, pudiendo igualmente cualquier potencial empleador que proyecte montar una explotación aún rentable a la aludida tasa salarial, hacerse con los correspondientes trabajadores.

Los economistas denominan «natural» o «estático» dicho nivel salarial. Aumenta, ceteris paribus, si el número de obreros se reduce; y disminuye, también ceteris paribus, cuando minórase el capital disponible. Nótese, sin embargo, que no cabe hablar, generalizando, de «salarios» y de «trabajo». Los servicios laborales varían enormemente en calidad y en cantidad (por unidad de tiempo), lo que hace que sean dispares las correspondientes retribuciones.

Si la economía se mantuviera siempre en estado estacionario, no habría nunca desempleo en un mercado laboral libre de interferencia gubernamental o de coacción sindical. La economía estacionaria, sin embargo, no es más que imaginaria construcción teórica; ineludible instrumento, desde luego, para comprender correctamente, a contrario sensu, el proceso económico. Pero la vida —y eso es lo bueno, nos apresuramos a agregar— nunca está en reposo. La economía jamás se detiene; es permanente el cambio, el movimiento, la innovación y la aparición de imprevistas situaciones. Vemos, por eso, continuamente, producciones abandonadas o reducidas al desvanecerse en mayor o menor grado la correspondiente demanda, mientras otras ramas productivas son ampliadas o instaladas ex novo. ¡Cuántas nuevas industrias, en unas pocas décadas, han surgido! Citemos tan sólo el automóvil, la aviación, la cinematografía, las fibras sintéticas, la conserva alimenticia y la radio. Los correspondientes centros fabriles dan actualmente ocupación a millones de personas, de las cuales sólo una parte procede de las nuevas generaciones de trabajadores. Gran número de dichos trabajadores surgieron al abandonar sectores industriales que cerraron y muchos otros de centros fabriles que, gracias a los avances tecnológicos, operaban con menor número de empleados.

En determinadas épocas, las mutaciones que las distintas ramas productivas registran son tan lentas que ninguno de los trabajadores ya colocados tiene que variar de puesto de trabajo; son los jóvenes, los nuevos operarios, quienes ocupan los puestos que les brindan las industrias en expansión. Pero, bajo el sistema capitalista, por lo general, debido al rápido progreso del nivel de vida que el mismo provoca, el desarrollo es tan rápido que es preciso que las gentes sepan acomodarse a las correspondientes mutaciones. Cuando, hace doscientos años, un muchacho había aprendido un oficio, podía confiar en que toda la vida lo ejercería, tal como se lo enseñaron, sin temor a que su inmovilismo le resultara perjudicial. Pero, hoy en día, ya no es lo mismo. El obrero, como el resto de la población activa, ha de tener presente la mudabilidad de las circunstancias, ampliando frecuentemente sus originarias habilidades o incluso adquiriendo nuevos conocimientos. Ha de estar dispuesto a abandonar ocupaciones que precisan menor volumen de mano de obra poniéndose a trabajar en otros cometidos; aun en el caso de mantener su puesto de origen, lo normal es que, durante su vida activa, tenga que adiestrarse en técnicas nuevas que ayer desconocía, pues así lo exige la realidad diaria.

Tales circunstancias inciden, desde luego, en las rentas laborales. Cuando, por ejemplo, resulta que determinada empresa tiene excesivo personal y, consecuentemente, licencia a algunos de sus operarios, difícilmente hallarán éstos empleo en una industria del mismo ramo. La presión ejercida en el mercado laboral por tales trabajadores provoca una tendencia bajista en los correspondientes salarios, lo que induce a los interesados a buscar trabajo en nuevas líneas productivas que necesitan mano de obra y que consecuentemente pueden soportar salarios más elevados.

Nos hace lo anterior ver cuál sea la vía que permite alcanzar aquel objetivo comúnmente ambicionado de conseguir trabajo para todos, con salarios permanentemente crecientes. Hay que partir de la base de que mediante interferencias gubernamentales u otras presiones de carácter institucional, no es posible elevar, con carácter generalizado, los salarios por encima del nivel que el correspondiente mercado libre determinaría, provocando aquellas actuaciones efectos que la propia clase laboral ha de estimar indeseables. Cabe, desde luego, incrementar las rentas laborales en específica industria o determinado país, a base de prohibir el acceso a los correspondientes puestos de trabajo a otros laboradores, bien sean nacionales o extranjeros. Tales alzas salariales se carguen reduciendo el nivel de vida de quienes no pudieron aportar su esfuerzo a la industria o al país de que se trate. Los salarios de éstos serán inferiores a aquéllos que hubieran disfrutado si su libertad de movimiento no hubiera sido interferida. Hay unos que, a costa de otros, ganan. Pero, además, tal política obstructiva tan sólo puede beneficiar a quienes trabajan en industrias o países donde exista una relativa escasez de mano de obra. Fuera de este caso particular, una sola circunstancia puede elevar los salarios, a saber, el alza de la productividad laboral, posible únicamente merced a que el capital disponible aumente o a un avance tecnológico.

Porque, como decíamos, si el gobierno fija salarios mínimos por encima del denominado nivel natural o estático, habrá empresarios imposibilitados para proseguir actividades que todavía resultaban rentables antes de la coactiva alza salarial. Reducirán, consecuentemente, la producción y licenciarán trabajadores. El efecto de toda artificiosa subida de salarios, o sea, de toda aquella impuesta al mercado por fuerzas ajenas al mismo, no puede ser otro que el de provocar desempleo.

Los gobernantes presentes no están, desde luego, imponiendo salarios mínimos en forma importante. Pero lo están haciendo las organizaciones sindicales, amparadas en la fuerza que han conseguido. Ahora bien, el que los trabajadores se asocien para discutir condiciones laborales con sus patronos, no constituye circunstancia que, per se, hubiera de provocar perturbaciones en la mecánica del mercado. Tampoco daría lugar a excesiva distorsión el ejercicio de ese supuesto derecho que los obreros se atribuyen de poder rescindir, por sí y ante sí, convenios válidamente celebrados, por plazo establecido, pudiendo, a exclusiva voluntad propia, abandonar, en cualquier momento, su puesto de trabajo. Lo que sí plantea nueva situación es el elemento coactivo que entra en juego al amparo de las huelgas y de la sindicación obligatoria que hoy prevalece en la mayoría de los países industrializados de Europa. Dado que los obreros sindicados prohíben el acceso al trabajo a los trabajadores no miembros de la respectiva unión laboral, recurriendo, además, en caso de huelga, a la acción violenta para impedir que nadie ocupe el puesto abandonado por el huelguista, resulta que sus demandas tienen la misma fuerza efectiva que si de decretos gubernamentales se tratara. El patrono no tiene más remedio, salvo si cierra para siempre su empresa, que atender las exigencias laborales y, al pagar mayores salarios, ha de procurar reducir la producción, pues lo que cuesta más de fabricar no puede ser vendido con la misma amplitud que lo que cuesta menos. Las mayores retribuciones salariales conseguidas coactivamente por los obreros sindicados provocan desempleo, como una vez más vemos.

Este tipo de desempleo es distinto, sin embargo, tanto por su extensión como por su permanencia, a aquel que pueden originar en el mercado las mutaciones de la demanda. Ese posible desempleo debido al desarrollo industrial nunca sería ni tan amplio ni tan indominable. El trabajador que tiene que abandonar determinada producción puede hallar acomodo en las otras ramas industriales que están ampliándose o apareciendo en el mercado. Consiguen los operarios acomodarse, sin mayores problemas y con bastante rapidez, a cualquier nueva situación, cuando gozan de movilidad y el pase de un sector a otro no resulta dificultado o impedido por obstáculos legales o similares. La implantación de auténticas Bolsas de Trabajo contribuiría, por otra parte, grandemente a reducir aún más este tipo de desempleo.

El paro provocado por la acción de entes coercitivos no constituye, en cambio, mero fenómeno transitorio, resulta, por el contrario, mal incurable, mientras la causa del mismo siga actuando, o sea, mientras la norma legal o la violencia sindical impidan la aparición de la baja salarial que los sin empleo buscando trabajo desatan, la cual permite alcanzar aquel nivel de rentas laborales que un mercado libre de injerencias administrativas y sindicales hubiera registrado, es decir, la tasa a la cual quien quiera hallar trabajo lo encuentra.

Las compensaciones de paro, páguelas el gobierno o los sindicatos, sólo sirven para prolongar el mal. Si se trata de desempleo provocado por cambios de base económica, la compensación no hace sino dificultar la acomodación del factor trabajo a la nueva situación. Quien la recibe por haber dejado de laborar en su primitivo puesto de trabajo no ve necesidad alguna de buscar ulterior ocupación; dejará, en todo caso, pasar el tiempo antes de decidirse a requerir distinto trabajo, a trasladarse de localidad o a reducir su demanda salarial. El paro perdurará mientras tales auxilios subsistan, salvo que su importe sea tan bajo que resulten despreciables.

Si el paro, en cambio, es consecuencia de artificiosa subida de salarios provocada por directa intervención gubernamental o por la tolerancia estatal con respecto a coactivas actuaciones sindicales, entonces el problema de las indemnizaciones por paro presenta nuevo aspecto, a saber, quién va a tener que soportar los correspondientes desembolsos monetarios, si van a ser los patronos o los obreros. Porque ni el estado, ni el gobierno, ni la comunidad se preocupan del tema; trasfiérese la carga o bien al empresario o bien al trabajador, o distribuyese, a veces, la misma entre ambas partes. Cuando la soportan los laboradores vense privados, entera o parcialmente, de los beneficios que la artificial alza salarial debía haberles procurado e incluso puede suceder que salgan, en definitiva, perdiendo. Pero el patrono también puede verse obligado a contribuir a tales dispendios, como por ejemplo, cuando se le imponen gravámenes tributarios proporcionales a la nómina laboral. Esas indemnizaciones por desempleo, al incrementar los costos del factor trabajo, suponen, en definitiva, supletoria alza salarial que aparta aún más las rentas de aquel aludido nivel estático; redúcese consecuentemente la rentabilidad del empleo de trabajadores, lo que supone congrua reducción del número de obreros que cabe provechosamente contratar. El paro crece, consecuentemente, en interminable espiral. Para eludir tal indeseada consecuencia, cabe se grave a los patronos, independientemente del número de trabajadores empleados, de modo proporcional a sus beneficios o capital. Pero es lo mismo; con este arbitrio no se consigue sino ampliar también el paro, pues cuando hay consumo de capital o cuando el crecimiento del mismo se dificulta, la posibilidad de erradicación de puestos de trabajo, ceteris paribus, se reduce.

Vano no menos es el pretender combatir el desempleo mediante unas obras públicas que, en otro caso, no hubieran sido emprendidas. Los necesarios recursos habrán de ser detraídos, mediante impuestos o empréstitos, de diferentes aplicaciones. Cabe, por tal vía, desde luego, reducir el paro en determinado sector, pero sólo a base de incrementarlo en distinto lugar.

Resulta, pues, evidente, mírese el intervencionismo como se quiera, que la actuación estatal o sindical provoca resultados que hasta a los mismos abogados y patrocinadores del sistema forzosamente han de repugnar. Tal política, incluso a sus más decididos partidarios, debe, al final, en efecto, parecer absurda, contradictoria y carente de sentido[27].

6. El capitalismo, único sistema viable

El estudio de las diversas organizaciones sociales imaginables bajo un régimen de división del trabajo termina siempre con la misma conclusión: hay que optar entre la propiedad colectiva o la propiedad privada de los medios de producción. Los idearios intervencionistas, como decíamos, son ineficaces, resultando íntimamente contradictorios. Pero si agregamos que el socialismo es impracticable, forzoso resulta concluir que el capitalismo constituye la única organización posible para una sociedad estructurada bajo el signo de la división del trabajo. Ni al historiador ni al estudioso de la filosofía de la historia pueden sorprender los anteriores asertos. El que el capitalismo haya conseguido sobrevivir pese a la enemistad de las masas y los gobernantes; el que no haya podido ser sustituido por ninguno de los múltiples sistemas elaborados tanto por ideólogos como por los considerados hombres «prácticos», sólo puede ser atribuido a que ningún otro orden social es viable.

No vale la pena insistir en las razones por las cuales resulta imposible retornar a la organización social y económica del Medioevo. Baste recordar que Occidente, al amparo de un sistema económico de tipo medieval, no podría alimentar más que a una mínima fracción de su actual población y aun tan reducido número de supervivientes disfrutaría de un nivel de vida muy inferior al que la producción capitalista proporciona a nuestros contemporáneos. La vuelta a la Edad Media es, desde luego, impensable, salvo que estuviéramos dispuestos a reducir la población a una décima o vigésima parte de la actual y, lo que es más, a obligar a nuestros semejantes a contentarse con un nivel de consumo tan bajo que nadie hoy toleraría.

Cuantos nos presentan el retorno al Medioevo, a una «nueva» Edad Media, según suelen decir, como el único sistema social por el que merece la pena esforzarse, invariablemente echan en cara al capitalismo su materialismo. No advierten, sin embargo, hasta qué punto son también materialistas los idearios que ellos defienden. Pues puro materialismo es el suponer, como muchos de tales escritores creen, que el restablecimiento de la organización política y económica medieval permitiría a las gentes seguir disfrutando de todos los adelantos creados por el capitalismo, manteniéndose aquella alta productividad del esfuerzo humano conseguida al amparo del mismo. La gran productividad del capitalismo es fruto de específica mentalidad y de la consecuente actuación de los empresarios enfrentados con la realidad del hombre y sus necesidades. Disfrutemos de la moderna tecnología; pero, entendámoslo bien, es la mentalidad capitalista el origen y la causa de tal progreso tecnológico. Pocos asertos son más absurdos que aquel principio básico de la interpretación histórica materialista de Marx, según el cual «el molino a brazo hizo el feudalismo; el molino a vapor, la sociedad capitalista». Porque sólo una sociedad capitalista podía crear los condicionamientos precisos para que el molino a vapor fuera desarrollado y construido. El capitalismo es el padre de la tecnología; jamás a la inversa. Resulta, de ahí, absurdo suponer que el sistema subsistiría si se destruyera la clase intelectual en que se fundamenta. No es posible desarrollar racionalmente la actividad económica si la mentalidad prevalente revierte a lo tradicional, a la fe en la sapiencia del jefe. El empresario, el agente catalizador, como si dijéramos, de la economía capitalista y, consecuentemente, de la moderna tecnología no casa, desde luego, con filosofía alguna que propugne una vida meramente contemplativa.

Comprobado que sólo el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción resulta viable, por fuerza habremos de concluir que es ineludible defender la institución dominical, combatiendo vigorosamente todo intento de menoscabarla. Por eso el liberalismo patrocina siempre la propiedad, amparándola contra cualquier ataque, venga de donde viniere. Tienen, por tanto, razón quienes tildan a los liberales de apologistas de la propiedad, siendo destacable que el citado vocablo en griego significa «defensor». No necesitaban recurrir tales críticos a tanto circunloquio para llegar a tan evidente conclusión; el vocablo vernáculo, en ese sentido, basta; pero el hablar de «apología» y «apologista» tiene para ellos utilidad, pues dichos términos connótanlos las gentes con la idea de que lo defendido tiene algo de injusto.

No perdamos el tiempo lucubrando en torno a la impertinencia de apelar en la discusión al sentido peyorativo de los anteriores vocablos. La propiedad privada no precisa de defensa, justificación, apoyo o explicación. La propiedad es consustancial a la pervivencia de la sociedad; siendo así que el hombre necesita la sociedad, no tienen más remedio los humanos que agarrarse firmemente a la institución en evitación de perjudicarse a si mismos y dañar a todos los demás. Sólo sobre la base de la propiedad privada podrá la sociedad sobrevivir. Quienes la defienden, consecuentemente, están abogando por los lazos sociales, la cultura y la civilización, constituyéndose en apologistas de tales instituciones. Quienquiera las ame, por considerarlas fines apetecibles, no tiene más remedio que interesarse y defender el único medio que hace posible la consecución de tales objetivos, a saber, la propiedad privada.

El abogar por la propiedad privada de los medios de producción en modo alguno supone mantener que el sistema social capitalista sea perfecto. No existe, por desgracia, la perfección en este nuestro mundo. Cabe que esto o aquello del sistema capitalista nos desagrade. Pero lo malo es que ningún otro orden social es viable. Cabe toquetear algún detalle, pero sin perturbar en ningún momento la esencia y fundamento del sistema, a saber, la propiedad privada. No tenemos, al final, más remedio los humanos que congraciarnos con el mercado, simplemente porque no hay otro mecanismo conocido que funcione.

Otras muchas cosas igualmente existen en la naturaleza que nos desagradan. El hombre, sin embargo, pronto advierte que, en el terreno de los fenómenos naturales, poco puede él hacer. La forma en que el humano engulle alimentos, los digiere y asimila es una porquería, dicen algunos. No vamos a disentir; pero el hecho es que o aceptamos la conocida vía alimentaria o nos morimos de inanición. Tampoco aquí hay tercera solución. Eso precisamente acontece con el derecho dominical; o lo uno o lo otro; o propiedad privada de los medios de producción o hambre y miseria para todo el mundo.

Pasemos a otro tema. Los enemigos del liberalismo suelen calificar de «optimistas» a los partidarios de la doctrina. Tal epíteto encubre o intención vituperativa o deseo de caricaturizar peyorativamente el ideario liberal.

Si, al calificar de «optimista» la doctrina, lo que queremos insinuar es que el liberal considera beatífico el mundo capitalista, la cosa no pasa de ser pura necedad. Carece de interés para un ideario como el liberal, basado en fundamentos estrictamente científicos, el inquirir ni el capitalismo es bueno o es malo, si no cabría estructurar algún otro sistema mejor desde un punto de vista moral, filosófico o metafísico. Porque el liberalismo se ampara en las ciencias puras de la economía y la sociología, que ni pueden practicar juicios de valor, ni menos aún proclamar dogmáticamente qué debiera ser y qué no debiera ser, qué sea el bien y qué sea el mal. Nuestra indisciplina limítase a mostrar qué es lo que efectivamente acontece y por cuáles razones sucede. Cuando la más rigurosa investigación patentiza que, entre todas las imaginables organizaciones sociales, sólo una, la basada en la propiedad privada de los medios de producción, es practicable, resultando todas las demás inviables, es ridículo el limitarse a replicar que tales conclusiones no son más que fruto de mero «optimismo». Nada tiene que ver ni con el optimismo ni con el pesimismo el hecho de que el sistema capitalista sea el único eficaz y viable.

Cosa malísima, desde luego, es para los enemigos del liberalismo la sociedad que en los anteriores principios se basa. Tal apreciación, mientras sólo sea mero juicio de valor, no cabe discutirla más que en terrenos puramente subjetivos y acientíficos. Pero si, por el contrario, la aludida conclusión deriva de incorrecta compresión de la mecánica capitalista, entonces sí cabe apelar a la ciencia económica y a la sociología para aclarar conceptos. De optimismo, sin embargo, ni aun en este segundo supuesto cabe hablar. Pues, aun suponiendo se advirtieran enormes fallos en la operación del capitalismo, no cabría dejar de aceptarlo como política social, mientras no se descubriera un orden mejor que pudiera, en la práctica, funcionar. Y nada, en tal sentido, conocemos. Antes al contrario, la investigación científica ha patentizado que cuantos sistemas, en sustitución del capitalismo, han sido proyectados resultan íntimamente contradictorios, inviables e incapaces de provocar aquellos efectos deseados por sus propios proponentes.

¿Cómo cabe, en este terreno, hablar seriamente de «optimismo» ni de «pesimismo»? ¡Cuán bien resalta que, al calificar al liberalismo de «optimista», lo que, en verdad, se pretende es sofocar la doctrina bajo palabrería extracientífica y emocional! Lo mismo cabría acusar de «optimistas» a cuantos creen en el socialismo o en el intervencionismo.

No se cansa, desde luego, la inmensa mayoría de los escritores que se ocupan de temas sociales de vilipendiar al capitalismo, encomiando, por el contrario, en los términos más laudatorios, el socialismo, el intervencionismo, el sindicalismo o el agrarismo. Hubo también, evidentemente, algunos autores que, más suavemente, a no dudar, cantaron las alabanzas del régimen capitalista. Si de éstos dijéramos que eran «optimistas», con más razón aún habíamos de calificar de «hiperoptimistas» a los defensores de aquéllos antes aludidos idearios. Pero eso no acontece. Sólo de un Bastiat, por ejemplo, se dice que era «optimista», lo cual proclama bien a las claras que no es la verdad científica lo que está buscándose, sino, antes al contrario, el esbozar partidista caricatura del liberalismo.

El liberalismo no dice —repitámoslo— que el capitalismo, desde cualquier punto de vista, sea bueno. Asegura simplemente que, para alcanzar aquellos objetivos que las gentes desean conseguir, sólo el sistema capitalista vale y que, por el contrario, en tal sentido, el socialismo, el intervencionismo, el agrarismo o el sindicalismo no pueden sino fracasar. Hubo mentes neuróticas que, incapaces de soportar la fuerza de la verdad, calificaron a la economía de «ciencia funesta». Pero ni la economía ni la sociología son disciplinas más tristes o dramáticas que otras disciplinas como, por ejemplo, la mecánica, cuando advierte que es imposible el movimiento continuo o la biología al predicar la inevitable mortalidad de los seres vivos[28].

7. Cartels, Monopolios y Liberalismo

Asegura el antiliberalismo que no se dan ya en el mundo actual los presupuestos que el programa liberal exige para su implantación. Resultaba practicable la teoría —dicen— cuando, en cada rama industrial, había múltiples empresas compitiendo enérgicamente entre sí. Pero hoy, cuando trusts, cartels y otras entidades monopolísticas dominan el mercado, el liberalismo no es ya practicable. No fueron los políticos quienes destruyeran el capitalismo; sucumbió a causa de una inherente tendencia del propio sistema de libre empresa.

La división del trabajo otorga especializada función a cada unidad productiva en una economía de mercado. El proceso jamás puede detenerse mientras el desarrollo económico prosiga. Hace ya tiempo que Occidente, por ejemplo, superó aquella etapa en que una factoría producía maquinaria de todo tipo. Hoy en día, la instalación fabril que no sepa especializarse sucumbe ante la competencia. Tal proceso da lugar a que cada firma amplíe continuamente su mercado dentro de la respectiva rama productiva. Una empresa que sólo produzca específico tejido, forzosamente, en dicho sector, ha de tener una clientela mayor que la entidad que fabrica toda clase de telas. Esa creciente especialización desata una tendencia hacia la aparición, en todas las ramas productivas, de empresas cuyo mercado es el mundo entero. Si este proceso no resultara interferido por medidas proteccionistas u otras actividades anticapitalistas, se llegaría a que cada rama productiva fuera atendida por un corto número de empresas y, posiblemente, por una sola entidad que suministraría al mundo entero con un alto grado de especialización.

Muy lejos, sin embargo, de tal panorama nos hallamos. Todo país y todo gobierno procuran sustraer del unitario mercado mundial pequeñas áreas geográficas en las cuales consiguen subsistan empresas que no podrían resistir la competencia de un global mercado libre, siempre a base de tarifas proteccionistas y otras medidas. Tales arbitrismos, que perturban la conveniente concentración empresarial, pretenden justificarse —dejando aparte intereses propios— diciendo que, por tal vía, se defiende al consumidor, evitándole ser explotado por monopolísticas combinaciones.

Vamos a examinar de cerca el aserto; supongamos que la división del trabajo en la esfera internacional hubiera progresado hasta el punto de que cada mercancía la produjera una única y exclusiva empresa, de forma que el consumidor, en cuanto comprador, se enfrentara invariablemente con un sólo vendedor. Tales fabricantes, según pregona errada teoría económica, podrían vender al precio que les pareciera, obteniendo desorbitados lucros que reducirían el nivel de vida de los consumidores. No es difícil advertir el equívoco de la tesis. Los precios de monopolio, salvo que se hallen amparados por la intervención gubernamental, no pueden subsistir más que en muy estrechos sectores económicos, cual son determinados metales y algún factor tierra. Un monopolio industrial que consiguiera beneficios superiores a los obtenibles en otros sectores productivos provocaría la aparición de firmas rivales cuya competencia rompería la situación monopolística reconduciendo precios y beneficios al nivel general. No pueden los monopolios prosperar en la industria simplemente porque, cualquiera que sea el nivel de riqueza de la economía de que se trate, el capital existente y la fuerza laboral disponible constituyen sumas dadas. Cabría reducir, en una o en varias ramas productivas, la cantidad de capital y de trabajo invertido, con miras a aumentar los precios unitarios del correspondiente producto y, en definitiva, los ingresos totales del monopolista, a base de restringir la producción. Pero el capital y el trabajo, de tal suerte superado, acudiría a otros sectores fabriles. Podría pensarse que la industria entera procurara restringir la producción con miras a elevar los precios; habría entonces una tal cantidad de capital y trabajo desocupado que, por su bajo precio, alentaría la creación de nuevas entidades, las cuales desarticularían de nuevo los supuestos monopolios. Resulta, pues, inadmisible la idea de un cártel industrial.

Genuinos monopolios pueden formarse sólo sobre la base de controlar cierta tierra. No merece la pena considerar siquiera la posible integración de todos los campos cultivables en único monopolio. Vamos, sin embargo, a fijarnos en la posibilidad monopolista amparada en la posesión de específicos minerales. Existen actualmente, desde luego, monopolios sobre la base de algún mineral raro y, en tal esfera, es concebible, incluso, la aparición de otros en el futuro. Ello, en todo caso, supondría que los propietarios de tales minas y pozos obtendrían incrementada renta inmobiliaria, induciendo a los consumidores a restringir la utilización del bien en cuestión, alentándoles a buscar sustitutivos cuyo precio se incrementaría. Un monopolio mundial del petróleo provocaría incrementada demanda de energía hidroeléctrica, carbón, etc. Contemplada la situación desde el punto de vista de la economía mundial y sub specie aeternitalis, equivaldría a economizar unas materias que sólo podemos consumir pero nunca reponer, dejando a futuras generaciones mayor margen de utilización.

No debemos, en verdad, preocuparnos excesivamente de ese espantajo monopolístico que siempre sale a colación cuando se habla de economía libre. Los tan temidos monopolios mundiales, a fin de cuentas, afectarían, en todo caso, a unas cuantas materias primas. Que el resultado final fuera favorable o desfavorable es difícil de saber. Tales monopolios, sin embargo, por el hecho de incrementar los ingresos de los correspondientes propietarios, resultan condenables para quienes abordan los asuntos económicos sin liberarse del pecado de la envidia. Si abordamos el tema evitando ideas preconcebidas es fácil advertir que tales monopolios imponen economización de minerales que el hombre, en cuantía relativamente limitada, tiene a su disposición. Si lo que, de verdad, a las gentes molesta es ese incrementado beneficio del monopolista, cabria pensar en aumentar las cargas tributarias de las rentas mineras, lo que no provocaría efectos económicos excesivamente nocivos.

Cosa bien distinta de estos imaginables monopolios globales son los monopolios nacionales o limitadamente internacionales que hoy cobran importancia, en modo alguno por ser consecuencia de una supuesta natural evolución de la economía libre, sino como fruto de la imperante política económica antiliberal. Tales monopolios, en prácticamente todos los casos, se consiguen gracias a aquellas tarifas proteccionistas que han subdividido la economía mundial en múltiples pequeños y cerrados mercados nacionales. Los únicos otros cartels existentes son aquéllos que los propietarios, de determinados recursos naturales consiguen formar amparándose en el precio del transporte, costo éste que, en el estrecho mercado local, protégeles contra ajena competencia.

Constituye grave error, al hablar de trusts, cartels y de empresas únicas fabricantes de determinado producto, suponer un «control» del mercado o una «fijación de precios» por parte del monopolista. Porque el monopolista no ejerce control alguno, no pudiendo nunca dictar precios. Sólo si el artículo vendido fuera un bien imprescindible para la supervivencia humana, irremplazable por sustitutivo alguno, en el sentido más literal y absoluto, cabría predicar lo anterior. Pero, en la vida real, tal situación no se da con respecto a mercancía alguna, al no existir ningún bien económico cuyo disfrute sea absolutamente imprescindible.

El precio de monopolio se distingue del precio competitivo en que, bajo especiales supuestos, puede el monopolista ganar más vendiendo una cantidad menor o superior precio (es lo que denominamos precio de monopolio) que vendiendo al precio menor que el mercado determinaría de haber otros competidores (precio competitivo). Ahora bien, para que el precio de monopolio pueda aparecer, precisa es particular disposición de los consumidores, pues si éstos, ante el alza, reaccionan disminuyendo su demanda, se hace prohibitivo para el monopolista el obtener ese aludido mayor beneficio a base de una menor venta. Pero si, efectivamente, cierta persona consigue una posición monopolística en determinado mercado y, amparada en ella, logra imponer precios monopolísticos, es posible obtenga precios superiores a la media.

Pero también cabe suceda que, a pesar del mayor beneficio monopolístico, no aparezcan nuevas empresas en competencia por el temor a que, tras hacer bajar los precios, los mismos dejen de resultar rentables. No debe olvidarse, sin embargo, que otras entidades, relacionadas con la industria de que se trate y que, a bajo costo, conseguirían, sin dificultad, iniciar la producción del artículo cartelizado, pueden igualmente presentarse en el mercado. Las industrias productoras de artículos sustitutivos, en todo caso, atentas están siempre a cualquier oportunidad para ampliar sus fabricaciones, aprovechando la propia facilidad que el monopolista les brinda. Todos estos factores hacen extraordinariamente difícil la aparición de un monopolio en la industria manufacturera, mientras no se ampare en el control de específicas materias primas. Cuando tales monopolios aparecen, vienen apadrinados, invariablemente, por la legislación vigente, por patentes o privilegios similares, regulaciones tarifarias, disposiciones fiscales o concesiones administrativas. Hablaban las gentes, hace algunas décadas, del monopolio ferroviario. Todavía no está clara la influencia que en esta materia tuvo el sistema de concesiones. Pero la verdad es que ya a nadie, hoy en día, preocúpale el tema.

El automóvil y el avión constituyen seria competencia para el ferrocarril. Pero aun antes de la aparición de estos modernos sistemas de transporte, las líneas férreas se quejaban, por ejemplo, de la navegación fluvial que imponía severa tasa a las tarifas que las compañías, en ciertos recorridos, podían cobrar.

El afirmar, como hoy comúnmente se mantiene, que los monopolios han destruido el esencial presupuesto para la posible plasmación de una sociedad capitalista constituye no sólo inadmisible exageración, sino evidente desconocimiento de la realidad circundante. Por más vueltas que se le dé al problema del monopolio, al final se llega siempre a la misma conclusión: que la aparición del precio de monopolio sólo es posible o cuando se controlan ciertos específicos recursos naturales o cuando se disfruta de protección legal y administrativa. No hay, en el desarrollo del mercado libre, salvo en el terreno de específica minería e industrias conexas, tendencia inherente alguna hacia la supresión de la competencia. Carece de toda justificación la objeción más frecuentemente opuesta al capitalismo de que no se dan ya las condiciones de competencia que prevalecían cuando se estructuraron las ideas liberales y la economía clásica. Para restablecer aquellos presupuestos, en todo caso, de ser el aserto cierto, bastaría con conseguir la genera aceptación de la más simple petición liberal: comercio libre dentro y entre las naciones[29].

8. La burocratización

Suele igualmente afirmarse, pero en otro terreno ahora, que no prevalecen ya en nuestro mundo los presupuestos exigidos por la realización del ideal liberal. La gran empresa moderna, engendrada por la división del trabajo, exige que cada entidad emplee cada vez mayor número de personal. Tales compañías, consecuentemente, van rápidamente asemejándose a la burocrática administración pública que los liberales tanto critican. Devienen, día a día, menos abiertas a la evolución. Los correspondientes empleados y funcionarios superiores ya no se eligen con arreglo a su personal valía, sino de acuerdo con meros criterios formales, tales como la antigüedad o la formación puramente académica, cuando no por puro favoritismo del jefe. Aquella otrora clara diferencia, en cuanto a su modo de actuar, entre la empresa de condición privada con respecto a la pública va rápidamente desapareciendo. Cabía, todavía, en la época del liberalismo clásico, oponerse a la propiedad pública sobre la base de que paralizaba la iniciativa y acababa con la alegría del trabajo. Tal postura hoy no es ya admisible siendo así que la administración en la empresa privada es no menos burocrática, pedantesca y formalista que en la pública.

Para ponderar debidamente la validez de las anteriores objeciones, conviene, en primer lugar, dejar claro qué significan burocracia y gestión burocrática de una entidad y en qué se diferencian de la actividad empresarial y la gestión lucrativa privada de la empresa. La oposición entre mentalidad comercial y mentalidad burocrática es, en el plano intelectual, copia de la que existe entre capitalismo, o propiedad privada de los medios de producción, y socialismo, es decir, propiedad pública de dichos factores. El sujeto que tiene elementos productivos a su disposición, bien sean propios, bien prestados por sus propietarios a cambio de determinada compensación, tiene que poner siempre especial cuidado en emplearlos del modo que satisfagan, en cada momento, las necesidades de la sociedad más urgentemente sentidas. De no proceder así, incurrirá en pérdidas; tendría, como propietario o empresario, que reducir sus actividades, viéndose finalmente desahuciado de tales posiciones. Retorna entonces el sujeto a las filas de quienes se limitan a vender su capacidad laboral, cerrándosele la posibilidad de orientar la producción por aquellas vías que los consumidores estiman ser las más correctas. Empresarios y capitalistas, a través del cálculo de pérdidas y ganancias, suma y esencia de esa contabilización que el hombre de negocios precisa, pueden seguir, con la máxima exactitud posible, cada paso que dan en el proceso productivo percatándose, hasta donde cabe, de las consecuencias que cada individual operación tiene en el resultado final del conjunto de la empresa. El cálculo monetario y la contabilización de costos constituyen las decisivas armas intelectuales del empresario capitalista. Nada menos que un Goethe definió la contabilidad por partida doble como «uno de los más admirables descubrimientos de la mente humana»; podía así pronunciarse el poeta alemán precisamente porque no comparten ese típico resentimiento que el mezquino escritorzuelo siente contra el hombre de empresa. Forma éste, con gentes semejantes, ese sempiterno coro que denuncia, como el más vergonzoso de los pecados, al cálculo económico y la preocupación por las pérdidas y las ganancias.

El cálculo monetario, la contabilización, la estadística de ventas y operaciones permiten a las empresas capitalistas, incluso a las mayores y más complejas, conocer los resultados conseguidos por cada uno de sus múltiples departamentos y apreciar la medida en que cada uno de los correspondientes gerentes ha contribuido al resultado final de la compañía. Goza el empresario, pues, de orientación precisa cuando se trata de premiar a los aludidos ejecutivos. Sabe la valía de cada uno y cuánto, consecuentemente, conviene pagarle. Los ascensos en puestos de mayor responsabilidad se otorgan previa prueba inconcusa de haber triunfado en otras más modestas funciones. La contabilidad de costos, por otra parte, no sólo permite valorar la actuación de cada jefe o ejecutivo, sino que además ilustra a todos acerca del resultado respectivo de las diversas actividades abordadas por la empresa, señala las consecuencias de cualquier reorganización dentro de la misma y de los efectos de similares medidas.

El sistema tiene, desde luego, como todo, sus límites. No cabe, por ejemplo, llegar a conocer precisamente la valía de cada empleado subalterno tal como permite saber la del ejecutivo. Hay, por otra parte, departamentos de la empresa cuya contribución al resultado total no puede ser evaluada a través del cálculo económico: la trascendencia mercantil de una sección de investigación, de una asesoría jurídica, de una secretaría, de un servicio estadístico, etcétera, no puede ser dilucidada con la facilidad con que se conoce la contribución de una división de ventas o de un taller fabril. Pero, en la práctica, el enjuiciamiento y valoración del empleado puede tranquilamente dejarse en manos de sus correspondientes jefes inmediatos, cuyos servicios son bien evaluados por el director de la empresa. Estamos ante supuestos que no ofrecen dificultad a las indicadas personas, las cuales tienen extraordinario interés personal en acertar, ya que sus propios ingresos dependen del éxito de las operaciones a ellas encomendadas.

La contrafigura de la empresa libre, en la cual todas y cada una de sus actuaciones hállanse controladas por el cálculo de pérdidas y ganancias, la constituye el aparato administrativo público. No hay cómputo alguno que pueda decirnos si un juez, pongamos por caso —el supuesto es el mismo para cualquier otro funcionario de esa categoría— ha desempeñado mejor o peor su función. No es posible determinar, con criterios objetivos, si un distrito o un sector están siendo administrados bien o mal, de modo económico o dispendioso. El enjuiciar la actuación del empleado público es siempre labor puramente subjetiva y, por tanto, siempre arbitraria. Hay invariablemente un elemento subjetivo en la determinación, por ejemplo, de si cierta oficina resulta necesaria o no; si hay en la misma pocos o demasiados empleados; si su organización, en definitiva, es congruente con los fines perseguidos. Un solo campo de actuación pública hay en el que cabe aplicar rigurosamente el criterio del éxito o del fracaso: el de la acción bélica. Pero, aun en tal terreno, lo único que sabemos es si la batalla se perdió o se ganó. Resulta, en cambio, más difícil de aclarar si, por ejemplo, la lucha hallábase de antemano decidida en razón a los dispares efectivos respectivamente manejados o cuál fue el influjo que en el resultado final ejerciera la competencia o incompetencia de los correspondientes jefes dando unas u otras órdenes. Ha habido generales, ciertamente, que obtuvieron grandes victorias, pero que, sin querer, con su estulticia, facilitaron, en grado sumo, la labor del enemigo, triunfando, al final, sólo gracias a una enorme superioridad que compensaba todos sus errores. Se ha criticado, en cambio, a comandantes que, si bien derrotados, hicieron hasta lo imposible por soslayar el inevitable desastre.

El gerente de la empresa privada una sola directiva tiene que dar a aquellos subordinados autorizados para actuar con independencia funcional: que consigan el máximo beneficio posible. Nada más necesita decirles; el examen de las correspondientes cuentas evidenciará si la instrucción ha sido o no cumplida. En cambio, el jefe de un departamento burocrático hállase en posición totalmente distinta. Puede, desde luego, decir a sus empleados lo que quiere que hagan; resúltale, por el contrario, muy difícil precisar si el deseado objetivo se consiguió del modo más económico. Tendría que hallarse omnipresente en todas las oficinas de él dependientes para asegurarse de que el fin apetecido había sido alcanzado con el menor gasto posible de medios y trabajo. No vamos ahora a entrar en el tema de que la propia meta administrativa ambicionada no puede, sino sólo de modo aproximado, ser objeto de valoración numérica. Nuestras consideraciones limítanse a la mecánica interna del aparato burocrático, en modo alguno a sus efectos externos. Hablamos exclusivamente de los medios empleados en la consecución del efecto deseado.

Comoquiera que, a diferencia de lo que sucede en la empresa privada, no cabe en una organización burocrática contrastar costos y resultados, el superior en ésta ha de dirigir invariablemente a sus subordinados mediante instrucciones conminatorias. Pero tales obligatorias instrucciones sólo pueden prever los casos normales que regularmente se presentan. En los demás supuestos —sobre todo si se trata de desembolsar dinero— nada se puede hacer sin recurrir al jefe, procedimiento siempre tedioso y bastante ineficaz, en cuyo favor no cabe decir sino que resulta inevitable. Porque los costos de la administración pública se dispararían, en efecto, si cada departamento central, cada oficina subalterna y cada despacho local pudiera libremente gastar lo que estimara oportuno. El mecanismo a que, consecuentemente, hay que recurrir resulta, a no dudar, insatisfactorio y deficiente, dando lugar a gastos innecesarios, mientras otros perentorios dejan de efectuarse, ya que, por su propia naturaleza, el sistema carece de la agilidad típica de la empresa privada para acomodarse a circunstancias continuamente mudables.

Donde más claramente se manifiestan los caracteres del régimen burocrático es, precisamente, en los representantes del mismo, en los burócratas. La contratación de trabajo en la empresa privada no supone conceder ni favores ni mercedes a nadie; es una pura transacción mercantil, en la que ambas partes, patrono y obrero, ganan. El empleador ha de procurar pagar salarios que correspondan al valor de mercado de la labor practicada por el trabajador. De no proceder así, pierde al productor, quien va a buscar otro empresario que pague mejor. Ahora bien, el obrero, por su parte, para no ser despedido, tiene que cumplir con diligencia la tarea a él asignada justificando el jornal cobrado. Dado que el contrato de trabajo no encierra ni piedad ni gracia alguna del patrono con respecto al laborador, tratándose, por el contrario, como decíamos, de mera operación mercantil, no debe preocupar a éste la posibilidad de que aquél, por pura ojeriza, digamos, le eche a la calle. El empresario que caprichosamente despide a un buen trabajador que se gana su paga, sufre en su propia carne las consecuencias, mientras el dependiente no tarda en hallar colocación similar. El empresario puede, por eso, sin peligro, facultar a sus directores para contratar y despedir obreros, ya que aquéllos, sometidos siempre al apremio de la cuenta de pérdidas y ganancias, tienen que cuidarse de que su respectivo sector produzca el mayor beneficio posible y, consecuentemente, su propio interés indúceles a procurar no les abandonen los buenos empleados. Si por pura malevolencia despiden a quien debían haber retenido; si actúan, no por consideraciones objetivas, sino caprichosamente, ellos mismos se perjudican. El jefe cuya sección, por tales motivos, baja de rendimiento está hipotecando su propio futuro. Cabe, así, sin problemas ni fricciones, incorporar el factor humano de producción al proceso fabril.

Pero de modo muy distinto pintan las cosas bajo el sistema burocrático. Aquí el favoritismo y las personales inclinaciones libremente cabe florezcan, pues no es posible cifrar la productividad de los diversos departamentos, ni la del personal, aunque sea superior, que en los mismos labora. El que la recomendación influya tanto en la provisión de cargos oficiales no se debe a improbidad de quienes tales designaciones efectúan, sino simplemente a que no cabe, en dichos nombramientos, recurrir a norma objetiva alguna que asegure la idoneidad del sujeto para el cargo. Hay que designar siempre al más competente; en eso todos coincidimos; pero ¿cómo discernir la correspondiente competencia si no se puede cifrar el valor de la obra realizada? Esa es la cuestión; que, por cierto, no se plantea en el mercado, el cual, sin dificultad, numera lo mismo la retribución de un obrero siderúrgico que la de un director de orquesta. Comoquiera que, en el terreno de la administración pública, ello no es posible, siempre ha de haber un cierto grado de arbitrariedad en la provisión de los cargos oficiales.

Existen, desde luego, por doquier, reglamentaciones formales que procuran reducir tal arbitrariedad en la medida de lo posible. Para alcanzar determinados cargos se exige una cierta preparación intelectual, la superación de específicos exámenes y pruebas o el haber previamente ocupado otros puestos; la antigüedad, en la burocracia, es muy importante en cuanto a ascensos se refiere. Tales provisiones, sin embargo, por desgracia, jamás pueden parangonarse con la ilustración que al empresario procura la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se trata de colocar al hombre más idóneo en el puesto que mejor le conviene. Como todo el mundo sabe, ni la hoja de estudios, ni la oposición o el concurso, ni la antigüedad en el servicio constituyen bases fiables para la selección de personal. Por tales vías, es muy difícil que el hombre enérgico y competente llegue a ocupar el puesto que corresponde a su capacidad y pujanza. Persona alguna de verdadera valía jamás, por esos caminos, llegó a la cúspide. Significativo resulta que, incluso en Alemania, donde, como es sabido, existe reverencial respeto por el funcionario público, cuando un individuo es calificado de ser «un perfecto funcionario» lo que se quiere implicar es que se trata de persona de buenas intenciones, pero de poca eficacia y pocos bríos.

La administración burocrática, en conclusión, al no poder recurrir al concepto de pérdidas y ganancias al valorar la correspondiente inversión, no tiene más remedio, para compensar tal deficiencia, que apelar a pobres medidas formales cuando se trata de contratar personal y de ordenar la gestión pública en general. Todos esos defectos tantas veces denunciados en la burocracia —sin falta de flexibilidad y de imaginación, su impotencia ante el problema insólito, que fácilmente, en cambio, resuelve la empresa de ánimo lucrativo— por entero derivan de aquella apuntada deficiencia, del no poder examinar la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias. Los inconvenientes de la burocracia, sin embargo, en tanto la actividad estatal quede circunscrita a los estrechos límites que la doctrina liberal le marca, no resultan socialmente demasiado gravosos. Tales deficiencias burocráticas, sin embargo, ejercen un influjo muy dañoso para el sistema económico en cuanto el estado, la provincia o el municipio consiguen socializar los factores productivos, actuando efectivamente en el mundo de la producción y los servicios.

La empresa pública, desde luego, mientras la propiedad privada subsista, mientras haya un mercado y unos precios libres, puede recurrir al cálculo económico y comprobar si su actuación está produciendo beneficio o pérdida social. Pero, aun entonces, tropieza con el problema de que sus gerentes, funcionarios al cabo, no sientan aquella dramática preocupación que a los ejecutivos de la empresa privada embarga ante el éxito o el fracaso del propio cometido. He aquí la razón por la que es imposible permitirles que por sí y ante sí adopten decisiones muchas veces cruciales. Porque al funcionario, normalmente, no le afecta el daño económico que su decisión puede provocar; consecuentemente, hállanse en libertad de asumir riesgos que el director capitalista rehuiría, por percatarse éste de que la torpeza en la propia gestión iba a perjudicar su personal peculio. Es forzoso, por tanto, regular y limitar la actuación del empleado público. La actividad burocrática, en fin, ya sea controlada por normas legales, por comisiones interventoras o por superior autoridad individual, peca siempre de pesadez, de incapacidad para adoptar rápidas decisiones ante siempre cambiantes situaciones, lo que invariablemente ha conducido a toda empresa pública de fracaso en fracaso.

Con independencia de lo anterior, la verdad es que la empresa pública nunca persigue el beneficio exclusivamente como lo hace la privada. Casi por norma constitucional impónese a aquéllas que en su actuar tengan presentes el «interés nacional» y otras consideraciones similares. Tienen, por ejemplo, que proteger y arropar, con sus compras y en sus ventas, la producción patria frente a la foránea. Los ferrocarriles nacionalizados han de reducir tarifas en determinados casos, han de construir y mantener líneas irrentables, para promover el desarrollo de ciertas regiones, por razones estimadas estratégicas, etc. Cuando tales consideraciones entran en juego, resulta imposible controlar las correspondientes operaciones por la vía de la contabilidad de costos y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Puede, desde luego, en tales casos, el director de la nacionalizada red ferroviaria decir que «los ferrocarriles del estado han operado, desde luego, en pérdida si las cosas se miran desde el punto de vista estrictamente comercial típico de la empresa privada, que no busca sino el beneficio pecuniario; en cambio, si se consideran otros aspectos, tales como los de la política económica y militar, no se puede dudar que el ferrocarril ha hecho cosas importantes que la contabilidad, sin embargo, no consigue reflejar». La cuenta de pérdidas y ganancias, en tales circunstancias, no sirve para juzgar la bondad de la empresa, que, evidentemente, a partir de tal momento, habrá de ser burocráticamente administrada, igual que se hace con un penal o una delegación de hacienda.

Empresa privada alguna, cualquiera que sea su dimensión, puede burocratizarse mientras siga operando única y exclusivamente en busca del beneficio económico. Por grande que sea una entidad, en tanto se aferre al principio empresarial de conseguir la mayor ganancia posible, siempre sabrá la medida en que cada una de sus operaciones y cada uno de sus departamentos contribuyeron al resultado final conseguido. Bien aseguradas hállanse contra los males del burocratismo cuantas compañías se rigen por el estricto deseo de lucro. La burocratización que indudablemente va apoderándose de la empresa privada es consecuencia del intervencionismo reinante, que obliga al empresario a tomar en consideración hechos que le traerían sin cuidado si pudiera administrar libremente su negocio. La entidad que, al actuar, precisa respetar prejuicios políticos y sensibilidades sociales para evitar continua hostigaciones por parte de los órganos públicos, pronto advierte que está siendo desraizada de aquella sólida base que supone la cuenta de pérdidas y ganancias. Sucede así, por ejemplo, que, en América, hay empresas las cuales, para evitar enfrentamientos con la opinión pública y con las instituciones legislativas, judiciales y administrativas, influidas por aquélla, prefieren no contratar a judíos, católicos, ateos, darwinistas, negros, irlandeses, alemanes, italianos o inmigrantes recién llegados. El empresario, en todo estado intervencionista, para evitar onerosas penalidades, no tiene más remedio que acomodarse a los caprichos de las autoridades. De todo ello resulta que tales y otras consideraciones, ajenas al principio de maximización del beneficio propio, van jugando un papel cada vez mayor en la vida mercantil, reduciéndose concomitantemente la valoración de la pérdida y la ganancia, lo que supone, en efecto, que el sector privado va siendo paulatinamente invadido por la filosofía de la empresa pública, asimilando, en grado cada vez mayor, su pesado esquema de formales reglamentos y regulaciones, lo que, en verdad, la va burocratizando.

Tal burocratización, sin embargo, en modo alguno se debe a supuesta inexorable tendencia ínsita en el propio desarrollo de la economía capitalista. Es, antes al contrario, obligada consecuencia de la prevalente política intervencionista. La mayor empresa imaginable, si el gobierno en su actuación no interfiriera, podría ser administrada con la misma precisión económica que la más mínima instalación[30].

III

La política exterior liberal

1. Las fronteras nacionales

No existe diferencia alguna, para el liberal, entre política interior y política exterior; considera, por tanto, ociosa esa cuestión tantas veces suscitada y tan ampliamente debatida acerca de si la política exterior debe prevalecer sobre la interior o viceversa. No podía ser de otra manera, ya que el liberalismo tiene ámbito mundial; los mismos principios que la doctrina recomienda para una cierta zona, de idéntica aplicación entiende gozan para todo el resto del globo. Es sólo, en aras a la conveniencia expositiva, por subdividir en sectores más asequibles la vasta materia de la ciencia política, que el liberal distingue lo nacional de lo extranjero, bien entendido, como decíamos, que los teoremas manejados estímanse igualmente aplicables en el interior del país que en el exterior del mismo.

La paz es, invariablemente, el objetivo que el liberalismo persigue, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Propugna la cooperación pacífica en el interior y luego aspira a la colaboración internacional de todos los países entre sí. El pensamiento liberal parte de la idea de que tal cooperación humana tiene enorme trascendencia y extraordinario valor social; de allí que la política y el programa del liberalismo oriéntese siempre en el sentido de mantener la existente cooperación humana, procurando ampliarla todo lo posible. Lo ideal, desde luego, sería llegar a que la humanidad entera participase, de modo pacífico y sin fricciones, en dicho esfuerzo colaborativo. La doctrina liberal, invariablemente ecuménica, lo contempla todo bajo el prisma universal; rehuye el fraccionalismo; no se interesa por este o aquel grupo, provincia, nación o continente. Es intemacionalista; su campo de acción abarca la humanidad toda y la tierra entera. Por eso, el liberalismo es humanista; y el liberal, cosmopolita ciudadano del mundo.

Las gentes, sin embargo, en este nuestro mundo, dominado por ideas antiliberales, recelan del internacionalismo. Hallamos hoy, en Alemania, «superpatriotas» que, por ejemplo, no perdonan a sus grandes poetas, a Goethe sobre todo, el que no respetaran límites ni fronteras nacionales y tuvieran una visión universal de las cosas. Porque existe un extraño consenso en torno a la idea de que el interés patrio hállase en irreconciliable conflicto con el resto de la humanidad, de suerte que quien procura laborar en favor del mundo entero es un antipatriota que descuida el bien de su propia nación. Pocos supuestos podrían, sin embargo, ser más erróneos. Pues el alemán, digamos, que se preocupa por el bienestar del género humano, en nada perjudica a sus compatriotas, es decir, a esas personas que comparten con él un mismo territorio y un mismo lenguaje y con las que forma frecuentemente específica entidad étnica y cultural; por lo mismo que quien procura el bien de la nación alemana, no por eso descuida la felicidad de la vieja aldea natal. Va todo junto, el bienestar mundial y el de la pequeña comunidad local.

Esos chauvinísticos nacionalistas que predican la existencia de irreconciliables conflictos de intereses entre las naciones y que recomiendan medidas tendentes a asegurar la supremacía del propio país, recurriendo a la fuerza, insisten, sin embargo, del modo más enfático, en la necesidad de mantener la máxima unidad interna de la nación. Cuanto con mayor ardor pregonan la guerra exterior, más paz y concordia piden entre los nacionales. El liberal, desde luego, en modo alguno es contrario a tal doméstica tranquilidad. Antes al contrario, esa tan deseada paz interior fue lográndose a medida que las ideas liberales del siglo XVIII iban siendo paulatinamente aceptadas. Porque, mientras la ideología liberal, que por doquier propugnaba la paz, no cobró ascendencia entre las gentes, la guerra en modo alguno se limitaba a conflictos internacionales. Los disturbios civiles y los conflictos intestinos estaban a la orden del día. Los británicos, todavía en el siglo XVIII, en Culloden, luchaban los unos con los otros; mientras Prusia, no hace cien años, combatía a Austria, otros estados germánicos se unían al conflicto asociándose a uno u otro bando. Prusia, en la misma época, no tenía inconveniente en aliarse con Italia para atacar a la germánica Austria y, en 1870, si no hubiera sido por la rápida evolución de los acontecimientos, hubiérase ésta unido a los franceses en la guerra contra aquélla y sus asociados alemanes. Muchas de esas victorias que tanto enorgullecen a los prusianos fueron obtenidas en pugna con otros estados no menos germánicos. Fue el liberalismo quien enseñó a las gentes las ventajas de la paz interna, esa paz que la doctrina quisiera lograr imponer en el ámbito internacional.

Ampárase el liberalismo en la internacional división del trabajo para montar su decisivo e irrefutable argumento antibelicista. La división del trabajo, desde hace ya tiempo, desbordó las fronteras nacionales. No hay país civilizado que autárquicamente provea a las necesidades de sus habitantes. Todas estas naciones compran del extranjero productos que pagan con sus propias exportaciones. Si se restringiera y, más aún, si se suprimiera este mundial intercambio de mercancías, irrogaríase daño enorme al bienestar de millones de personas, poniendo en entredicho la propia supervivencia de las mismas. Cuando las naciones todas dependen las unas de las otras, no cabe ya apelar al recurso bélico. Quien proyecte aventuras guerreras tiene que pensar ante todo en la autosuficiencia, pues, en caso de conflicto armado, el país se verá privado de la mayor parte de sus importaciones; en otras palabras, desde ya, en tiempos de paz, hay que separar a la comunidad de la internacional división del trabajo. Lo que pasa es que si una nación como Alemania, pongamos por caso, decidiera excluirse del concierto económico mundial y atender sus necesidades exclusivamente a través del mercado nacional, la productividad del trabajo alemán descendería y concomitantemente reduciríase el bienestar, el nivel vital y cultural de toda la nación de modo impresionante[31].

2. El derecho a la autodeterminación

Ya antes veíamos cómo los pueblos, sólo al amparo de constituciones democráticas que permitan la acomodación, sin traumas, del gobierno a la voluntad mayoritaria, pueden gozar de paz interna. Este principio, trasladado a la esfera internacional, asegura igualmente la paz entre las naciones.

Hallábanse convencidos los primitivos liberales de que las gentes eran pacíficas por naturaleza, siendo exclusivamente los monarcas absolutos quienes deseaban la guerra con miras a ampliar su esfera de poder y su personal riqueza. Creían, consecuentemente, que, para garantizar la paz, bastaba con desplazar a las tradicionales dinastías, sustituyéndolas por gobiernos representativos del pueblo. Las fronteras nacionales, trazadas, por razones históricas, antes del advenimiento del liberalismo, instaurada la república democrática, podrían ser pacíficamente variadas en cuanto los habitantes del caso, en referéndum libre, expresaran claramente sus deseos. Dificultad alguna podía haber en transferir específica zona geográfica al vecino país, si sus ciudadanos así lo preferían. A lo largo de los siglos XVII y XVIII los zares rusos incorporaron a su imperio vastas zonas cuyos naturales jamás habían mostrado interés alguno por integrarse en Rusia. Ni siquiera la instauración de un pleno sistema democrático en el imperio ruso hubiera dado satisfacción a tales gentes, pues lo que ellas en verdad deseaban era no depender, en ningún sentido, de los rusos. Lo que democráticamente hubieran pedido seria el librarse de Rusia; pretendían la independencia, pura y simple, los polacos, los finlandeses, los letones, los lituanos, etc. El que tales pretensiones y otras similares de diferentes pueblos europeos —ciertos italianos, los alemanes del Schleswig-Holstein, los eslavos del imperio austríaco— no pudieran ser atendidas más que recurriendo a las armas, fue la causa de todas las guerras que Europa padeciera desde el Congreso de Viena.

El derecho de autodeterminación, con respecto al problema de pertenencia a determinado estado, para el liberal supone que todo territorio, sea simple aldea, provincia o conjunto de provincias cuyos habitantes libremente, en honesto plebiscito, se pronuncien por separarse de aquel estado del que, a la sazón, forman parte, bien sea para crear una entidad independiente o para unirse a otra nación, pueda libremente hacerlo. He aquí la única vía que efectivamente evita revoluciones, pugnas intestinas y guerras.

Induce, desde luego, a error denominar a esta liberal capacidad «derecho de autodeterminación de las naciones». Porque no se trata de que cierta región, como tal entidad colectiva, se pronuncie, sino que son sus habitantes individualmente quienes han de decidir si, de verdad, desean o no inscribirse en este o aquel otro estado. El error adquiere proporciones todavía más graves cuando la «autodeterminación nacional» se interpreta en el sentido de que un país tiene derecho a anexionarse, contra la voluntad de los propios interesados, parten de otra nación por la simple razón de que racialmente se trate de gente pareja. En estos términos, por ejemplo, los fascistas italianos pretenden justificar la absorción del suizo cantón de Tesino y zonas limítrofes, pese a que los habitantes de tales regiones desean todo lo contrario. Postura similar adoptan algunos pangermanistas con respecto a la Suiza alemana y los Países Bajos.

Como es evidente, el derecho de autodeterminación al que el liberal alude nada tiene que ver con ese supuesto «derecho de autodeterminación de las naciones», porque el liberalismo lo que defiende es la autodeterminación de los individuales habitantes de toda zona geográfica suficientemente amplia para formar su propia entidad administrativa. Y esto hasta el punto de que, si fuera posible conceder el derecho de autodeterminación a cada individuo, el liberal entiende también habría de serle otorgado. No es posible, desde luego, en la práctica, estructurar tal planteamiento, por razones puramente técnicas, en razón a que la zona de que se trate por fuerza ha de tener bastante entidad como para ser posible administrativamente gobernarla. La autodeterminación, por eso, no puede ir más allá de los habitantes de aquellas unidades territoriales que tengan cierto peso demográfico.

El derecho de autodeterminación, plasmado de acuerdo con los deseos individuales de las gentes afectadas, a lo largo de los siglos XIX y XX dio lugar, en la medida aplicada, a la aparición de naciones uniparlantes —y podían haber sido muchas más— desapareciendo, en lo posible, los estados multinacionales. El nacimiento de estados comprensivos exclusivamente de un mismo grupo nacional fue consecuencia del ejercicio del derecho de autodeterminación, en modo alguno el origen de éste. Pero cuando ciertos miembros de determinada nación (en el sentido de hablar el mismo idioma) se sienten más felices siendo independientes antes que partes del correspondiente grupo lingüístico, lo único que cabe hacer es procurar convencerles de que tal vez más les convendría unirse a quienes hablan el mismo idioma, formando entonces único y singular estado independiente. Cuando esto, sin embargo, no resulta posible, pues a los interesados no les gusta, por la razón que sea, entonces, imponerles la anexión, apelando a un supuesto derecho superior de la nación, supone desconocer el derecho de autodeterminación, no menos que en cualquier caso de intervención coactiva. Un reparto de Suiza, por ejemplo, entre Alemania, Francia e Italia, aunque fuera efectuado respetando las fronteras lingüísticas, supondría violación del derecho de autodeterminación no menos grave que, en su día, fueron las particiones de Polonia.

3. Los fundamentos políticos de la paz

Es lógico que, tras la sangrienta experiencia de la gran guerra, las gentes comúnmente aprecien la necesidad de establecer un régimen de paz permanente entre todos los pueblos. Lo malo es que los hombres todavía no advierten que la paz duradera sólo es posible al amparo de un programa liberal, que debe ser implantado primero, y respetado después, constantemente, por lo mismo que no se percatan tampoco de que la guerra fue el amargo fruto engendrado por la política antiliberal seguida en las décadas precedentes.

Un slogan, carente de base y de sentido, pero harto extendido, quisiera hacer al capitalismo responsable de la pasada contienda. La evidente relación de causalidad entre el proteccionismo y el conflicto armado es generalmente reconocida; lo que pasa es que las gentes asocian el proteccionismo con el capitalismo. Olvídase que no hace mucho todas las publicaciones de tipo nacionalista estaban cuajadas de diatribas contra el capital internacional, las empresas multinacionales, el «trust mundial del oro», entes a los que se acusaba de ser apátridas, de procurar el «desarme tarifario», de pacifistas y antibelicistas. Carece de sentido acusar a la industria del armamento de haber provocado la guerra. Si esta industria se ha desarrollado es porque los gobernantes y los votantes, proclives al conflicto, pedían armas y máquinas de destrucción. Ridículo sería pensar que el imperialismo lo que deseaba era complacer a los fabricantes de cañones. La industria de armamento surgió, como cualquiera otra, para satisfacer específica demanda. Si las naciones, en vez de proyectiles y explosivos, hubieran preferido otras cosas, los empresarios no hubieran tenido más remedio que producir esto y no aquello.

Admitamos que hoy, después de las experiencias pasadas, el ansia de paz es universal. Pero lo que las gentes ignoran es cómo conseguir esa paz tan deseada.

Para que la paz prevalezca, es preciso eliminar todo incentivo a la agresión. Hay que montar un mundo en el que las masas se hallen tan satisfechas que invariablemente rehuyan apelar al desesperado recurso belicoso. En orden a la eliminación de los conflictos armados, el liberal, desde luego, no confía en sermones y monsergas moralizadoras. Pretende, en cambio, crear una situación que excluya todo motivo de guerra.

La propiedad privada, en este sentido, constituye el requisito primero. Si la propiedad privada, aun en guerra, debe respetarse, resultándole prohibido al vencedor apropiarse de los bienes de los particulares vencidos, una de las primordiales razones que impulsan la agresión queda suprimida, sobre todo teniendo en cuenta que la propiedad pública que pudiera servir de botín sería harto exigua en una sociedad donde la propiedad privada de los medios de producción prevaleciera. Pero esto sólo, desde luego, no basta para garantizar la paz. El antes examinado derecho de autodeterminación también es un factor importante; ahora bien, para que tal derecho no quede reducido a mera farsa, es preciso que las necesarias transferencias territoriales entre naciones puedan efectuarse sin problemas ni alharacas, sin beneficio ni pérdida para nadie. En esta materia hay mucha confusión. Vamos a intentar clarificar las cosas con unos pocos casos prácticos.

Observemos, en un mapa de la Europa central y oriental, la distribución de los diversos grupos nacionales y lingüísticos y comprobemos con qué enorme frecuencia las líneas ferroviarias atraviesan las correspondientes lindes (la zona del norte y oeste de Bohemia es un ejemplo extraordinariamente gráfico). No hay manera, bajo regímenes dirigistas y estatistas, de hacer coincidir las fronteras políticas con las lingüísticas. Los ferrocarriles checos nacionalizados no pueden operar en tierras alemanas; más aún, no es posible explotar líneas cuyas administraciones son distintas cada pocas millas; no menos impensable es que a cada instante hayan de detenerse los vehículos para cumplimentar todas las formalidades aduaneras del paso de fronteras. Por eso los estatistas e intervencionistas llegan a la conclusión de que la unidad «geográfica» o «económica» de tales regiones no puede ser «fracturada», de modo que la soberanía de las mismas debe corresponder a «jefatura» única. (Las naciones interesadas, desde luego, despepítanse por demostrar cada una que a ella corresponde desempeñar tal jefatura). El liberal, en cambio, no tropieza con problema alguno en este terreno. Los ferrocarriles privados, si operan libremente, sin interferencias estatales, atraviesan las fronteras sin dificultad. En ausencia de tarifas proteccionistas y con libertad plena para el movimiento de personas, animales y cosas, ya no es problema el que una línea ferroviaria en corto espacio cruce una o mil fronteras políticas.

El mapa lingüístico también nos muestra la existencia de enclaves raciales. Se trata de gentes que, sin conexión directa con su patria originaria, se agrupan en cerradas comunidades o islas lingüísticas. No pueden integrarse en la sociedad dentro de la que viven, dadas las circunstancias hoy prevalentes. La barrera tarifaria que rodea a los países hace necesario, por razones de seguridad, el contacto territorial sin solución de continuidad. Esas pequeñas «colonias de extranjeros», aisladas por tarifas y otras medidas proteccionistas, podrían, desde luego, ser víctimas de una estrangulación económica. Pero en cuanto se establece el librecambismo y la autoridad pública limítase a proteger la propiedad privada, el problema, como por ensalmo, desaparece. Las «islas lingüísticas» dejan, entonces, de verse amenazadas simplemente por carecer de aquel territorial «cordón umbilical», habitado por sus semejantes, que les una con el resto de la propia comunidad nacional.

El célebre «problema del corredor» surge sólo bajo sistemas imperialistas, estatistas e intervencionistas. Un país sin acceso al mar precisa del conocido «corredor» para liberar su comercio exterior del yugo que las políticas antiliberales de los vecinos le imponen, aprovechando la correspondiente falta de acceso al océano. Si hubiera libre cambio, ¿de qué serviría tanta discusión en torno al tan mentado «corredor»?

El pasar de una cierta «zona económica» (hablando siempre en términos intervencionistas) a otra implica serias consecuencias. Recordemos tan sólo lo que hubieron de padecer los industriales algodoneros de Alsacia que por dos veces sufrieron la desgraciada experiencia; pensemos en el drama de las manufacturas textiles polacas de Silesia, etc. El voto deja de ser libre en cuanto la afiliación política de los habitantes de específico territorio supone cosechar ganancias o sufrir quebrantos. La genuina autodeterminación exige que cada uno se pronuncie con entera libertad, sin que le preocupe la posible pérdida o ganancia personal. Un mundo capitalista y liberal desconoce las «zonas» económicas; la tierra entera constituye su campo de actuación.

La autodeterminación opera, en principio, sólo a favor de la mayoría. Para proteger a la minoría, otras medidas deben adoptarse. Veamos, en primer lugar, las que se refieren a la educación pública.

En la mayor parte de los países, la enseñanza es, hoy en día, obligatoria. Tienen los padres que enviar a sus hijos a la escuela pública, por un determinado número de años, o, en su lugar, demostrar que los niños están obteniendo suficiente instrucción por medios privados. No vamos a suscitar de nuevo la vieja cuestión referente a si conviene obligatoria instrucción para todos; los pros y los contras han sido expuestos ad nauseam. Esos temas, además, no guardan relación alguna con el asunto tal cual hoy hállase planteado. Hay, en este terreno, un solo argumento que ahora en verdad interesa, a saber, el que asevera que la enseñanza obligatoria es incompatible con el establecimiento de un régimen de paz permanente.

Los habitantes de Londres, París o Berlín seguramente considerarán inconcebible el anterior aserto. ¿Qué tiene que ver la pública educación con la guerra o la paz? Pero la cuestión, como tantas otras, no puede ser exclusivamente contemplada bajo el prisma occidental. El tema de la instrucción pública, en Londres, París o Berlín, halla fácil solución. No surge, en tales ciudades, el problema del idioma en que las correspondientes lecciones sean impartidas. La población de tales núcleos urbanos, que envía a sus hijos a la escuela, es más bien homogénea. Pero, aun las gentes que, por ejemplo, en Londres, no hablan inglés consideran conveniente que sus hijos aprendan bien el idioma y airadas rechazarían cualquier otro lenguaje. Lo mismo sucede en París o Berlín.

El problema de la educación obligatoria, sin embargo, adquiere un aspecto enteramente distinto en aquellas extensas áreas habitadas por gentes que hablan idiomas diferentes, viviendo juntas, en políglota Babel. Cuál idioma haya de preponderar, en tales casos, adquiere dramática trascendencia. La decisión que se tome, en uno u otro sentido, puede, con el tiempo, variar la nacionalidad de la zona. Pues cábele a la escuela alienar a los hijos de los padres, erigiéndose en instrumento opresor de nacionalidades enteras. Está en la mano de la comunidad que controle la enseñanza el perjudicar a los demás en beneficio propio.

No se soluciona el problema simplemente recomendando que el niño vaya a aquella escuela en que se hable la lengua propia de los padres de la criatura. Porque la cosa no es tan sencilla. Los progenitores pueden tener idiomas dispares. Es difícil, además, a veces, saber cuál es el auténtico idioma propio de los padres. En zonas políglotas hay personas que, por su profesión, vense obligadas a utilizar todos los idiomas del país. Esto independientemente de que cabe no convenirle a uno —por hallarse en juego sus medios de vida— declarar abiertamente cuál sea el grupo nacional al que pertenece, pues tal circunstancia, bajo el intervencionismo, puede hacerle perder clientes o dejar de obtener puestos interesantes, por puras razones de tipo nacionalista. No se debe tampoco olvidar que algunos padres prefieren que sus hijos vayan a escuelas donde no se habla su propio idioma, por valorar la utilidad del bilingüismo o por creer que a su descendencia le conviene más integrarse en la otra nacionalidad con olvido de la propia. Es más, si la responsabilidad de la elección recae exclusivamente sobre los progenitores, pueden éstos verse sometidos a tremendas coacciones políticas. Donde hay mezcla de nacionalidades, la escuela es una baza de extraordinario valor político. Y tal realidad resulta inmodificable mientras la enseñanza siga siendo pública y obligatoria. Una sola solución existe: que ni el estado, ni el gobierno, ni la legislatura se ocupen para nada de los temas referentes a la instrucción pública y la educación. Los fondos del erario no deben dedicarse a tales cometidos. La preparación y la enseñanza de la juventud ha de dejarse enteramente en manos de los padres y de las asociaciones e instituciones privadas que al efecto surjan.

Es mejor que algunos se queden sin educación formal antes de que, bien instruidos, veámoslos muertos o mutilados en conflictos bélicos. Más vale analfabeto sano que ilustrado inválido.

Pero, aun eliminada la psíquica coacción que la educación obligatoria implica, todavía quedan otras fuentes de fricción y conflicto en territorios políglotas que también deben ser examinadas. La escuela es, desde luego, una de las vías de opresión de las nacionalidades y, tal vez, la más grave, pero no la única. Toda intervención económica puede utilizarse en detrimento de quienes pertenecen a un grupo racial distinto del que se halla en el poder. Por ese motivo, en aras de preservar la paz, la acción de la pública administración debe limitarse a aquella esfera donde su intervención resulta imprescindible, en el más estricto sentido de la palabra.

No cabe, desde luego, volver la espalda al aparato estatal en lo que atañe a la protección de la vida, la libertad, la propiedad y la salud de los individuos. Sin embargo, hay que estar siempre vigilantes, pues incluso la acción judicial y policial, al servicio de los anteriores fines, puede resultar nociva cuando los correspondientes funcionarios tengan la más mínima posibilidad de discriminar contra ciertos grupos en el ejercicio de sus públicos servicios. No hay razón para inquietarse allí donde no existan situaciones particulares que induzcan a la parcialidad, pues es improbable que el magistrado encargado de hacer cumplir la ley protectora de la vida, la libertad, la propiedad y la salud de las gentes, en tales circunstancias, actúe de modo injusto. El planteamiento, sin embargo, cambia totalmente cuando existen diferencias religiosas, nacionales o similares que hayan creado entre los diversos grupos abismos tan profundos que hagan prevalecer el odio, ahogando todo sentimiento de equidad y humanidad. Los jueces, en tales casos, a veces conscientemente, aunque con mayor frecuencia sin en su interior percatarse de lo que están haciendo, actúan con evidente parcialidad; piensan estar sirviendo excelsa causa al favorecer, desde su alto cargo, los intereses del grupo del que ellos forman parte.

Cabe, desde luego, si limitamos la intervención estatal a la tarea de proteger la vida, la salud, la libertad y la propiedad individual, reglamentar tan estrechamente la actuación de las autoridades administrativas y de los órganos jurisdiccionales, que no puedan éstos, dentro de su respectiva competencia, actuar de modo discrecional ni arbitrario, obligándoseles a desatender toda subjetiva consideración. Pero, en cuanto damos entrada al estado en lo económico, las cosas cambian; si la administración goza de facultades para interferir el comercio de los bienes de producción, entonces ya no hay reglamentación alguna que pueda garantizar justicia e igual trato para todos. La ley penal, por ejemplo, cuando castiga el asesinato, claramente precisa cuáles homicidios merecen aquella calificación y cuáles no, lo cual limita el arbitrio personal del juez con bastante eficacia. La mejor ley, como todo abogado sabe, puede ser, sin embargo, por desgracia, judicialmente pervertida, mediante la interpretación, aplicación o administración de la misma. Pero el caso es totalmente distinto cuando se encomienda a funcionarios públicos la gerencia de los medios de transporte, de las minas o de determinadas tierras; aquí, por más que se quiera reglamentar, la regulación de la actuación administrativa, sólo es posible en aquéllos limitados aspectos que analizábamos en el anterior capítulo. Para instruir a los correspondientes servicios en el cumplimiento del interés nacional no cabe más que darle vacías y puramente formales recomendaciones. Hay que concederles amplio campo discrecional, pues imposible resulta, de antemano, conocer las específicas circunstancias que se pueden presentar. Queda, consecuentemente, generosa puerta abierta a la arbitrariedad al prejuicio y al abuso de poder.

Aun en territorios habitados por nacionalidades diversas es ineludible una administración unificada No se puede poner en cada esquina un guardia alemán y otro checo, pongamos por caso, cada uno de los cuales se preocuparía de la protección de sus propios connacionales. Incluso de poderse hacer, todavía habría que resolver el problema atinente a quién decidiría, en caso de conflicto entre personas de nacionalidad distinta. Las dificultades que, en este terreno, suscita la necesidad de contar con una administración pública unificada son inevitables. Ahora bien, si las cosas, en estos casos, ya de por sí son complicadas cuando el estado tan sólo tiene que ocuparse de la vida, la salud, la libertad y la propiedad de los individuos, ¿a qué conduce crear innecesariamente problemas monstruosos, ampliando la actividad estatal a terrenos donde, por fuerza, hay que reconocer mayor amplitud aún a la discrecionalidad?

En grandes áreas del globo no forma la población única nacionalidad, raza o religión, sino que está integrada por un mosaico de gentes diversas. Esta realidad cobra cada día mayores proporciones y trascendencia en razón de los movimientos migratorios que el desplazamiento de los centros productivos engendra. Si no queremos agravar artificialmente las fricciones que tal variopinta convivencia ineludiblemente comporta, forzoso es restrinjamos la actividad estatal a aquellos específicos sectores en los que la intervención administrativa resulta ineludible[32].

4. El nacionalismo

No cabía, desde luego, ni siquiera pensar en ajustar las fronteras políticas a las que correspondían a las diferentes nacionalidades mientras prevaleciera el gobierno de despóticos monarcas. Cuando cualquiera de ellos decidía incorporar determinado territorio a su reino, para nada le preocupaba si los habitantes del mismo —en adelante, sus súbditos— deseaban o no cambiar de gobernante. El único factor a tener en cuenta era la potencia militar disponible, si sería bastante para conquistar y mantener la necesaria ocupación. Se justificaba el asalto mediante el, mal que bien, prefabricado argumento jurídico. La nacionalidad de los ocupantes de la zona para nada contaba.

La aparición del liberalismo, por primera vez en la historia, suscitó el problema de cómo debían las fronteras trazarse independientemente de toda consideración militar, histórica o legal. Al liberal, que fundamenta el estado en la voluntad mayoritaria de los habitantes efectivos de una cierta región, para nada le interesan los argumentos marciales que otrora servían para definir las fronteras nacionales. No se admite el derecho de conquista. El liberal no entiende de «fronteras estratégicas», ni comprende que haya que ocupar pacífico país vecino para poder contar con el correspondiente glacis, y menos aún que determinado príncipe tenga derecho a heredar específica región. El rey reina, bajo el liberalismo, sobre personas, no sobre pedazos de tierra cuyos habitantes no son más que meros apéndices de la gleba. El monarca por la gracia de Dios mandaba sobre un territorio, por ejemplo, el «rey de Francia». Los reyes liberales, en cambio, se titulaban por el nombre del pueblo que constitucionalmente regentaban. En este sentido, Luis Felipe se denominó «Rey de los franceses»; existe, por la misma razón, el «Rey de los belgas» y también hubo el «Rey de los helenos».

El liberalismo igualmente inventó el plebiscito, sistema legal para averiguar si los habitantes de cierta región deseaban pertenecer a este o a aquel estado; es necesaria la elección libre entre las gentes si se quiere pacíficamente resolver cuestiones de este porte. Ahora bien, aun cuando se cumplieran todos los prerrequisitos políticos y económicos (entre ellos, por ejemplo, el problema de la instrucción pública) necesarios para que el plebiscito no resulte mera farsa; aunque fuera posible averiguar la opinión de todos y cada uno de los miembros de las respectivas comunidades y repetir la encuesta siempre que las circunstancias cambiaran, todavía quedarían bastantes rabos que desollar hasta llegar a una situación en que ya no hubiera motivos de fricción entre las diversas nacionalidades. El ser ciudadano de un país ni que el sujeto no quiere pertenecer no es menos oneroso porque el resultado se haya producido por vía democrática, sin recurrir a los medios militares. Y la cosa se hace todavía más incómoda para quien se halla separado de sus convecinos por barrera lingüística.

Ser miembro de una minoría nacional indefectiblemente implica ser ciudadano de segunda. Los problemas políticos forzosamente han de discutirse por medios escritos u orales, en discursos, artículos periodísticos o libros. Tales cauces, sin embargo, no están nunca al alcance de la minoría en la misma medida en que de ellos disponen los componentes de la mayoría en cuya lengua —la generalmente utilizada— la discusión ha de llevarse a cabo. Las ideas políticas de las gentes son mero reflejo de lo que los correspondientes escritos contienen. Cuando tal pensamiento se transforma en ley estatuida, como fruto de previas deliberaciones, el ciudadano que habla distinto idioma toma conocimiento de los preceptos legales, pues tiene que aceptarlos, si bien un sentimiento amargo le embarga por considerar que él no ha intervenido para nada en la gestión de tales disposiciones o, al menos, no ha tenido la misma participación que quienes hablan la lengua oficial de la mayoría. Lo mismo le acontece cuando tiene que comparecer ante magistrados o funcionarios, para pedir o defenderse; se encuentra ante personas cuyo pensamiento político le resulta extraño, por no haber podido intervenir personalmente en las discusiones del caso.

Y aparte de todo lo anterior, el hecho de que los miembros de la minoría, al enfrentarse con la magistratura o la administración, hayan de utilizar la lengua oficial, les perjudica gravemente. Hay enorme diferencia, por ejemplo, cuando a uno lo están juzgando, en hablar directamente o tener que hacerlo a través de un intérprete. El componente de la minoría lingüística, por todo ello, una y otra vez, aunque la letra de la ley diga lo contrario, se siente viviendo entre extranjeros, como persona de segunda categoría.

Todas estas circunstancias harto opresivas, aun en un estado liberal que tan sólo se ocupa de proteger la vida y la propiedad de todos los ciudadanos, devienen, en cambio, intolerables bajo un sistema socialista o intervencionista. Cuando las autoridades administrativas hállanse facultadas para intervenir discrecionalmente en todo; cuando jueces y magistrados pueden sentenciar «en conciencia», el minoritario se ve sin defensa, entregado a la opresión de los funcionarios pertenecientes a la mayoría gobernante. Ya anteriormente vimos lo que sucede cuando la enseñanza y la religión, además, lejos de ser independientes, hállanse igualmente sometidas al control estatal.

He aquí las causas de ese nacionalismo agresivo que actualmente pulula por doquier. Quienes atribuyen a simples motivaciones naturales los feroces antagonismos que hoy oponen unos países a otros se equivocan lamentablemente, por no percatarse de las razones políticas que en verdad los azuzan. Estos síntomas de natural antipatía que suelen ser señalados cuando de países extraños se trata, igualmente surgen dentro de cada nación. El de Baviera odia al prusiano; y éste a aquél. Hay no menor antagonismo entre diferentes regiones de Francia y de Polonia. Alemanes, polacos y franceses consiguen, no obstante, vivir pacíficamente dentro de sus propias fronteras. Lo que concede particular virulencia política a la enemistad del polaco contra el alemán y viceversa es el hecho de que ambos pueblos desean apoderarse de las zonas limítrofes, en las que conviven miembros de las dos naciones, con el único objeto de oprimir y avasallar a los contrarios. Lo que ha encendido la hoguera del odio entre estados es que todo el mundo pretende utilizar las escuelas, las cortes judiciales y los centros administrativos, las medidas políticas y económicas e incluso la pura expoliación para hacer la vida imposible al «extranjero», es decir, a quien habla distinto lenguaje. Porque las gentes, erróneamente, hállanse dispuestas a apelar a la violencia para procurar el bienestar de la propia nación, se está recurriendo en las zonas políglotas a medidas de opresión de las minorías, con lo que corre grave peligro la paz mundial.

Mientras no se establezca un sistema auténticamente liberal en las zonas plurinacionales, el odio entre las respectivas nacionalidades haráse cada día más feroz, provocando guerras internacionales y conflictos internos a no tardar.

5. El imperialismo

Los antiguos monarcas absolutos padecían insaciable afán de conquistas territoriales, pues éstas ampliaban su esfera de poder y, al tiempo, incrementaban las propias rentas pecuniarias. Jamás considerábanse aquellos reyes suficientemente ricos ni poderosos. Necesitaban la fuerza para mantenerse en el trono, disuadiendo el ataque de sus enemigos interiores y exteriores, y precisaban de dinero para pagar a sus ejércitos y mantener el boato de la corte.

La ampliación o retracción de las fronteras tiene, en cambio, para el estado liberal, nimia trascendencia. La integración de una nueva provincia no incrementa la riqueza de nadie; sus, digamos, «rentas» han de dedicarse a la administración de la misma. Los gobiernos liberales, nunca agresivos, no ven razón alguna que abogue, en circunstancias normales, por incrementar el poderío de las fuerzas armadas. Los parlamentos de la época liberal, por eso, oponíanse siempre al reforzamiento del potencial bélico de la nación, rechazando igualmente toda aventura guerrera y toda política anexionista.

La política liberal de paz que, al menos en Europa, a lo largo de los años sesenta del siglo pasado, parecía ya haberse impuesto —es precisamente la época en que el liberalismo, de victoria en victoria, progresa de modo impresionante— basábase en el presupuesto de que todas las gentes libremente podrían decidir el estado político al que deseaban pertenecer. Preveíase, todavía, la posibilidad de algunas guerras y ciertas revoluciones antes de conseguir la autodeterminación para todos los pueblos, puesto que el absolutismo no estaba, desde luego, dispuesto a renunciar voluntariamente a sus prerrogativas. Había casos, como la expulsión de Italia de los ejércitos extranjeros, la defensa de los alemanes del Schleswig-Holstein amenazados de absorción, la liberación de los polacos, por un lado, y los eslavos del sur, por otro, que sólo apelando a la fuerza era pensable resolver; la liberal Inglaterra de aquellos años permitió la autodeterminación de las islas jónicas. La pugna por una Alemania unificada dio origen al conocido permanente conflicto germano-francés; el problema polaco no tuvo arreglo por cuanto los zares violentamente sofocaban, uno tras otro, todos los intentos liberadores; en los Balcanes, las cosas sólo a medias se compusieron; y la imposibilidad de resolver los problemas nacionalistas del imperio austro-húngaro, por la oposición de los Habsburgo, dio lugar al incidente que desencadenó la gran guerra.

El moderno imperialismo se diferencia de las tendencias expansionistas del régimen absolutista en que su impulso no brota ya de las dinastías o de las aristocracias, ni siquiera de los cuerpos administrativos o los generales, jefes y oficiales del ejército; ninguno de tales estamentos desea hoy la guerra de conquista simplemente para beneficiarse con el correspondiente botín, como ayer sucedía. Ahora, en cambio, son las masas mayoritarias las que apoyan tales aventuras, por entender constituyen la forma más apropiada para salvar la independencia nacional. Vano es, desde luego, el pensar puedan hallarse soluciones, no ya perfectas, sino ni siquiera medianamente satisfactorias, a los problemas políticos de las zonas plurinacionales, dentro de esa compleja red de medidas antiliberales, hoy prevalentes, que han ampliado de tal forma la intervención estatal en todo, que ya prácticamente no hay actividad alguna libre de injerencia administrativa. Mientras no se adopte una política liberal a ultranza en tales zonas, no cabe esperar ni mera aproximación a una igualdad de derechos entre las diversas nacionalidades. Según están planteadas las cosas, no puede haber más que unos que manden y otros que obedezcan. Se es o yunque o martillo. Por eso las gentes aspiran a estados lo más poderosos posible —que coactivamente controlen las zonas de nacionalidad mixta—, pues entienden que sólo así puede la propia nación prosperar.

Pero el problema de la multinacionalidad no afecta ya tan sólo a los viejos países. El capitalismo abre a la civilización, continuamente, tierras nuevas donde la producción es más fecunda que en los territorios de antiguo conocidos. El trabajo y el capital acuden presurosos a esas nuevas ubicaciones de mayor interés económico. Los movimientos migratorios adquieren, consecuentemente, volumen y amplitud jamás otrora pensables. Sólo unas pocas naciones pueden enviar esos emigrantes hacia orillas donde ya sus compatriotas gobiernan. En otro caso, que es lo normal, dichos movimientos vuelven a crear los problemas típicos de los territorios políglotas. Las situaciones, a veces, en los países de ultramar, por razones que sería ahora tedioso analizar, difieren de las típicas de la vieja Europa. Pero, al final, los conflictos que la insatisfacción de las minorías nacionales suscita son esencialmente los mismos. El deseo que cada país siente de evitar a sus compatriotas tales penalidades conduce, por un lado, a procurar la adquisición de colonias y, por otro, a la implantación de tarifas que protejan a la industria nacional, que opera en condiciones más favorables que la extranjera, con miras a evitar la inevitable emigración. Se procura, en este sentido, para ampliar todo lo posible el mercado protegido, lograr incluso el control de zonas donde ningún europeo piensa establecerse. El imperialismo moderno nace en los últimos años de la década de los setenta del siglo pasado, época en que las naciones industrializadas de Europa comienzan a abandonar el librecambismo, lanzándose a la carrera de «colonización de mercados» en África y Asia.

El término imperialismo surgió, con referencia particular a la Gran Bretaña, para definir la moderna política de expansión territorial. El llamado imperialismo inglés, es lo cierto, no pretendía tanto la anexión de nuevas zonas geográficas, sino más bien la creación de un área, la dependiente de la corona británica, en la que prevaleciera uniforme política comercial y económica. Tal tendencia era lógica consecuencia del hecho de que Inglaterra, casi sin quererlo, por una serie de circunstancias históricas, se encontraba controlando, a mediados del siglo pasado, el imperio más amplio que jamás había conocido el mundo. Pero, al final, los británicos actuaron en el mismo sentido que los alemanes, los italianos, los franceses y demás países europeos imperialistas, procurando, en definitiva, crear protegidos mercados de exportación.

Aquellos brillantes resultados, que la política imperialista pretendía alcanzar, jamás fueron conseguidos. La británica unión aduanera nunca tomó cuerpo. Los territorios que las potencias europeas consiguieron anexionarse, así como aquéllos en que obtuvieron concesiones, tenían tan escaso peso en el conjunto del comercio mundial, tanto por lo que se refiere a materias primas como a productos semimanufacturados, que fracasó lamentablemente, en el plano económico, el ideario imperialista. Porque, para lograr lo que tal pensamiento pretendía, no bastaba, evidentemente, con ocupar unas cuantas zonas habitadas por pobres salvajes que resistencia alguna podían oponer. La cosa tenía que ir más allá; había que comenzar a enfrentarse con gentes dispuestas y capaces de defenderse. Y aquí es donde el imperialismo embarrancó, como, cada día, haráse más evidente. En Abisinia, México, el Cáucaso, Persia o China observamos el imperialismo en franca retirada o, al menos, soportando graves dificultades[33].

6. El colonialismo

La actuación colonial europea, en general, desde la época de los grandes descubrimientos hasta nuestros días, ha sido invariablemente contradictoria con los principios liberales. La idea básica del colonialismo fue aprovechar la superioridad militar de la raza blanca. Lanzáronse los europeos, equipados con todos los medios bélicos que su civilización les proporcionaba, a subyugar pueblos más débiles, a robarles sus propiedades y a esclavizarlos. Se ha dicho que los colonizadores europeos lo único que pretendían era hacer partícipes de los beneficios de la civilización a pobres pueblos atrasados, Pero aun cuando fuera cierto que tal era el objetivo que los gobernantes europeos persiguieran al enviar conquistadores a los más remotos rincones de la tierra, ni aun así puede el liberal considerar tal tipo de colonización ni útil, ni beneficiosa. Admitamos que la civilización europea es superior a la autóctona de las tribus africanas o a la de Asia, encomiable como, desde su propio punto de vista, ésta, en algunos aspectos, es; pero debían los occidentales haber demostrado tal superioridad convenciendo a los indígenas de ultramar para que voluntariamente adoptaran el sistema europeo. Si nuestra civilización, sólo al amparo del fuego y del hierro, puede propagarse, entonces es que se trata de una civilización pobre en verdad.

No hay capítulo alguno de la historia que rezume más sangre que las guerras coloniales. Se mató sin necesidad y sin sentido. Prósperas tierras transformáronse en desiertos; pueblos enteros fueron destruidos y exterminados. Estos hechos no permiten atenuación ni excusa. El dominio europeo en África y en grandes zonas asiáticas es absoluto. Tal situación contradicen todos los principios liberales y democráticos, debiendo nosotros hacer cuanto podamos por acabar con ella. El problema que se plantea es el de averiguar cómo cabe suprimir ese estado de cosas con el menor daño social posible.

La solución simple y radical sería que los gobiernos occidentales retiraran sus tropas, policías y funcionarios de los correspondientes territorios, dejando en paz a los aborígenes. Indiferente a la cuestión es el que previamente a la retirada se celebrara o dejara de celebrarse el oportuno plebiscito, pues no hay duda de cuál sería el resultado de unas elecciones auténticamente libres. El dominio europeo en las aludidas zonas no cuenta, desde luego, con respaldo mayoritario.

La inmediata consecuencia de tan drástica solución sería o la implantación de un régimen de anarquía absoluta o, al menos, el comienzo de inacabables conflictos civiles, en las colonias independientes. Los indígenas parece que hasta ahora han aprendido sólo lo malo, nada de lo bueno, de los europeos. Pero eso es culpa nuestra, pues sólo perversidades les enseñamos. Llevamos a las colonias armas y máquinas de destrucción de todo tipo; enviamos, como funcionarios y jefes militares, a los peores y más brutales individuos; con la espada en la mano estas gentes montaron regímenes de crueldad casi similar a los de los comunistas. No debe pues, extrañar que las simientes europeas hayan producido tan amargos frutos. Debemos, pues, dejar de quejarnos de la baja moralidad de los pueblos autóctonos. Tampoco cabe argüir que, de momento, los indígenas no están todavía preparados para la libertad; que precisan unos años más de educación bajo la férula occidental antes de que puedan acceder a la independencia, ya que tal «europea educación» es, al menos en parte, responsable de las condiciones que hoy en las colonias prevalecen, situación que, por desgracia, se pondrá enteramente de manifiesto cuando las fuerzas coloniales desaparezcan.

Cabe argumentar, desde luego, que los europeos, como raza superior, tienen la obligación de mantener su dominio y así evitar, en beneficio de los propios pueblos colonizados, la anarquía que, a no dudar, se desatará tras la evacuación colonial. Cabe reforzar el argumento recordando las circunstancias que presidían la vida en el África central y muchas zonas asiáticas antes de llegar los europeos. Había, indudablemente, cacerías de esclavos negros dirigidas por los árabes y los príncipes hindúes cometían barbaridades sin cuento. Pero hay bastante de hipocresía en este modo de razonar y no olvidemos que la trata de esclavos se mantuvo por la demanda de los blancos de América. No es necesario, sin embargo, agotar el tema. Si la única razón que se aduce en favor del colonialismo es el propio bienestar de los pueblos sojuzgados, entonces la conclusión válida es que hay que descolonizar desde ya. Porque nadie tiene derecho a meterse en la vida ajena para mejorar la suerte del, contra su voluntad, intervenido, ni es lícito tampoco cuando uno está, en verdad contemplando su interés personal, alegar farisaicamente que lo que persigue es el bien ajeno.

Pero hay otro argumento en favor de la continuidad de la presencia europea en las zonas coloniales. Si los occidentales no hubieran integrado los países tropicales en su órbita; si el sistema económico actual no se basara, hasta cierto grado, en la importación de materias primas y productos agrarios de ultramar, pagados, desde luego, con productos industriales europeos, cabría tranquilamente discutir si la presencia de tales naciones colonizadas era o no necesaria en el concierto económico mundial. Ahora bien, dado el hecho de que ya se ha producido tal integración, el problema es totalmente distinto. La economía occidental se basa, hasta cierto grado, en la inclusión de África y amplias zonas asiáticas en el concierto económico mundial, como suministradoras de primeras materias. Tales mercaderías, desde luego, no es que se arrebaten a los indígenas; no constituyen tributo que tales gentes paguen a los europeos, sino que se intercambian por otros productos que en aquellos países de ultramar no se producen. En modo alguno una de las partes se beneficia a costa de la otra; tales trueques resultan, por el contrario, mutuamente beneficiosos y los pueblos coloniales derivan de los mismos tanta ventaja como los ingleses o los suizos. La interrupción de tal comercio supondría graves perjuicios económicos para Europa, pero también para los países ultramarinos y grave disminución del nivel de vida de amplias masas humanas. Dado que la paulatina ampliación de las relaciones de intercambio entre los pueblos del mundo entero y la consecuente implantación de un sistema económico universal constituyó uno de los más importantes factores que elevaron impresionantemente la riqueza de todos, a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, es evidente que una marcha atrás en tal proceso supondría para millones de seres una catástrofe social de volumen hasta ahora desconocido. Esto sería mucho más grave todavía que cuanto, a consecuencia de las pérdidas de la pasada guerra, hasta ahora hemos conocido. Ante tal posibilidad, cabe honestamente preguntarse si vale la pena perjudicar el bienestar de las masas occidentales, dañando, al tiempo, gravemente a los propios pueblos colonizados, el darles a éstos la posibilidad de expresar con libertad sus aspiraciones políticas, cuando tal resultado jamás conducirá a la liberación de los interesados, sino simplemente a caer en las garras de otros dueños.

Este argumento, desde luego, es de trascendencia al enjuiciar el problema colonial. La presencia de las fuerzas armadas europeas en los países colonizados resulta ineludible si la independencia va a excluir dichos territorios del concierto económico internacional. Tiene que haber en las colonias regímenes que aseguren la posibilidad de efectuar operaciones comerciales, industriales, agrícolas y mineras; que hagan factible el transporte de las correspondientes mercancías, por ferrocarril, por vía fluvial, como sea, desde el interior hasta la costa y de allí a Europa y América, Tal situación, evidentemente, ha de beneficiar a todos, lo mismo a europeos, americanos o australianos que a las propias poblaciones autóctonas. Mientras las potencias coloniales, en su trato con los países a ellas sometidos, limiten su actividad a lo anterior, de nada cabe acusarles, ni siquiera desde un punto de vista liberal.

Lo malo es que bien nos consta cuánto han pecado los colonialistas contra los anteriores principios. No hace falta recordar las recientes brutalidades cometidas en el Congo belga, según el testimonio de corresponsales ingleses dignos de crédito. Admitamos que tales excesos no fueron impulsados por Bruselas, sino engendrados por la malignidad personal de los funcionarios allí enviados. Pero, de todas formas, lo que no hay duda es que las potencias imperialistas, en general, han establecido en sus colonias unos regímenes proteccionistas totalmente incompatibles con el credo liberal.

La solución para coordinar los intereses económicos de blancos y gentes de color pensamos pudiera ser el conceder supremo poder administrativo a la Sociedad de las Naciones, en todos aquellos territorios donde no exista un auténtico régimen parlamentario. Habría de cuidarse la Liga de que el autogobierno lo consiguieran tales países lo más pronto posible, vigilando que, en el interin, la metrópoli correspondiente limitara su actuación a la protección de la propiedad, de los derechos civiles de los extranjeros, de las relaciones comerciales. Los indígenas, al igual que los ciudadanos de otros países, quedarían facultados para acudir directamente a la Sociedad de las Naciones si en cualquier medida la potencia colonizadora desbordara, con su actuación, lo estrictamente preciso para garantizar la seguridad de la actividad económica en general; debiendo la Liga gozar de los poderes coactivos suficientes para que sus decisiones fueran efectivas al resolver, en uno u otro sentido, las correspondientes quejas.

Lo anterior supondría que todas las actuales colonias transformaríanse en mandatos de la Sociedad de Naciones. Pero éste sería sólo transitorio progreso. El objetivo último, para el liberal, ha de ser siempre enteramente suprimir el despótico gobierno bajo el cual los pueblos colonizados actualmente viven.

Esta solución a un problema indudablemente espinoso, que se va haciendo cada vez más grave con el paso del tiempo, parece debiera satisfacer no sólo a los países que carecen de colonias, sino también a las potencian colonizadoras y a los pueblos implicados. Los colonizadores han de percatarse de que, a la larga, no podrán mantener su dominio. El capitalismo, insensiblemente, ha ido independizando a esos pueblos sometidos; ya no hay diferencia cultural entre las clases superiores indígenas y los europeos que allí habitan. La distribución de poderes, tanto militares como políticos, ha variado enteramente en una sola generación. Americanos, europeos y japoneses fracasaron en su intento de hacer de China una colonia. Los ingleses se retiraron de Egipto y en la India, hállanse a la defensiva. Holanda, como es bien sabido, no podría soportar un ataque serio en las denominadas Indias neerlandesas. Lo mismo le sucede a Francia, tanto en África como en sus colonias asiáticas. A los americanos inquiétales el problema filipino y, gustosos, desentenderíanse de las islas en cuanto hallaran ocasión propicia. La transferencia de la administración de las colonias a la cura de la Liga de las Naciones supondría para las actuales metrópolis una garantía por lo que se refiere a la seguridad de sus enormes inversiones en dichos territorios, evitándoles además los dolorosos sacrificios que los inminentes levantamientos indígenas van a costarles. A los pueblos autóctonos esta solución también les favorecería, pues conseguirían la independencia, sin daño, por vía pacífica, evitándoles, además, que ninguna belicosa tribu vecina perturbara su tranquilidad.

7. El librecambismo

La lógica probanza de las respectivas consecuencias del proteccionismo tarifario y del libre intercambio constituye la piedra maestra de la economía clásica. El teorema resulta tan claro, tan obvio y tan indiscutible que argumento alguno pudieron los enemigos del liberalismo oponerle que no fuera de inmediato demolido.

La verdad, sin embargo, es que hoy tropezamos con barreras proteccionistas —cuando no se trata de expresas prohibiciones a la importación— por doquier. Incluso en la Gran Bretaña, la patria del librecambio, el proteccionismo progresa de modo incontenible. La autarquía gana, día a día, más y más adeptos. Incluso países pequeños, como Hungría o Checoslovaquia, pretenden, al amparo de altas tarifas y de vetos a la importación, independizarse del resto del mundo. La política comercial exterior de los EE. UU. consiste en imponer los suficientes gravámenes aduaneros a toda mercancía producida barata en el extranjero hasta lograr igualar su precio con el correspondiente producto americano. Lo que resulta, en verdad, grotesco es que todos los países quieran restringir las importaciones y, al mismo tiempo, ampliar sus exportaciones. Tal política no puede sino perturbar la división del trabajo en el plano internacional y concomitantemente reducir la productividad laboral en general, y similares. El capital y el trabajo, a comienzos del siglo pasado, se movía libremente, en términos generales, dentro de cada nación, pero su desplazamiento de un estado a otro era francamente difícil. Resultaba de ahí justificable, entonces, la distinción entre comercio interior y comercio exterior, ya que, en el primer caso, era posible el movimiento del capital y del trabajo, no siéndolo en el segundo. Es por eso que los clásicos planteáranse y aspiraran a resolver la siguiente pregunta: ¿Qué efectos produce el librecambismo de bienes de consumo entre dos países, supuesta la inmovilidad de capital y trabajo entre los mismos?

Ricardo dio cumplida respuesta a la interrogante. La producción —dijo— distribúyese entre las diferentes naciones de suerte que cada país dedica sus recursos a fabricar aquello en que mayor ventaja competitiva tiene con respecto a los demás. Aterrorizaba, entonces, a los mercantilistas el pensar que un país de pobres condiciones naturales productivas, en régimen libre, importaría más que exportara, perdiendo al final, por tal proceso, todo su dinero metálico; de ahí que recomendaran decretar tarifas proteccionistas y prohibiciones importadoras antes de que tan deplorable situación se produjera. Los clásicos demostraron que tales temores carecían, por entero, de base. Evidenciaron, en efecto, que, aunque una nación fuera inferior a todas las restantes, en la totalidad de sus ramas productivas, no por eso llegaría a importar más de lo que exportaba. La escuela clásica puso de manifiesto, del modo más brillante e incontrovertible —hasta el punto de que nadie jamás se ha atrevido, abiertamente, a discutir el asunto— que incluso las naciones más favorecidas ganan importando de países peor dotados incluso aquellas mercancías que ellas podrían mejor producir, por cuanto, merced a tales. La enorme potencialidad productiva del capitalismo, cierto es, ha conseguido enmascarar, hasta ahora, el problema. Es indudable, sin embargo, que, hoy en día, todo el mundo viviría mejor en ausencia de tarifas proteccionistas que no hacen sino desplazar la producción de lugares donde la labor humana es más fecunda a otros donde lo es menos.

El capital y el trabajo emplearíanse, bajo un régimen librecambista, allí donde más produjeran. De los viejos centros productivos seguirían utilizándose sólo aquéllos que, por una u otra razón, continuaran siendo rentables. El desarrollo de los medios de transporte, la mejora tecnológica y la exploración de nuevas zonas abiertas al comercio dan lugar a que continuamente se descubran ubicaciones más productivas que las anteriormente conocidas, lo que provoca el desplazamiento geográfico de los centros de producción. Tanto el capital como el trabajo tienden a abandonar las zonas de menor productividad y acudir, en cambio, a las de mayor fecundidad.

Tales migraciones de capital y trabajo, sin embargo, presuponen no sólo un libre comercio de artículos de consumo, sino además la ausencia de obstáculos que impidan a aquellos aludidos factores de producción su desplazamiento de un país a otro. Esto, desde luego, en modo alguno acontecía cuando la primitiva teoría librecambista fuera elaborada; valladares de todo orden perturbaban la movilidad de capital y trabajo; los capitalistas, desde luego, eran reacios a invertir en el extranjero, por múltiples razones, entre las que destacaban la ignorancia de las circunstancias locales y la falta de seguridad por lo que atañe a la paz y el orden en el correspondiente país; a los trabajadores también costábales abandonar el solar patrio, no sólo por carecer de idiomas, sino además por causas de tipo legal, religioso importaciones, cábeles dedicar sus recursos a fabricaciones para las que gozan de superior capacidad aún.

La teoría librecambista clásica predica existen países que, de momento, gozan de mayores riquezas en el orden productivo que otros. Si no hay interferencia gubernamental, agrega la doctrina, cada nación hallará su lugar en el mundo y producirá lo más posible independientemente de cuáles sean sus recursos naturales en relación con los que otros territorios disfruten. Habrá, desde luego, unas regiones más ricas que otras, pero es éste un hecho que medida política alguna puede variar. La naturaleza, sin apelación, así lo ha determinado.

El liberalismo, desde un principio, se enfrentó derechamente con la anterior realidad y, para dar a la misma la mejor solución posible, estructuró la teoría del libre cambio internacional. La situación, sin embargo, cambió radicalmente, entre la época de Ricardo y ese período de sesenta años anteriores a la gran guerra, durante el cual el librecambismo hubo de estudiar nuevos supuestos, ya que, a lo largo del siglo XIX, paulatinamente, pero cada vez en mayor grado, habían ido suprimiéndose los obstáculos que anteriormente perturbaban la libre circulación de capital y trabajo. Resultábale mucho más fácil al capitalista, en la segunda mitad de la pasada centuria, invertir su dinero en el extranjero que lo había sido cuando Ricardo escribía. La ley y el orden prevalecían, sobre bases más firmes, en amplias zonas; había más conocimiento del extranjero, de hábitos y costumbres; y la difusión de la sociedad anónima por acciones permitía distribuir y, por ende, reducir los riesgos personales. Exageraríamos, desde luego, si dijéramos que, al comenzar el presente siglo, el capital gozaba de la misma movilidad entre naciones que en el territorio patrio. Había, desde luego, algunos problemas; nadie, sin embargo, admitía ya que los fondos destinados a la inversión debían, forzosamente, quedar en el país. Lo mismo sucedía con el factor trabajo. Sumas por valor de miles de millones salieron de Europa para ultramar, durante la segunda mitad del pasado siglo, dedicándose a inversiones socialmente más rentables que las que las mismas cantidades podían hallar en el viejo continente.

Las circunstancias, a la sazón, habían cambiado con respecto a las que la teoría clásica del librecambismo contemplaba, es decir, la inmovilidad de capital y fuerza laboral. Por eso la diferencia entre comercio exterior e interior vino prácticamente a desvanecerse. Si capital y trabajo gozan de libre movilidad, tanto en lo internacional como en el interior de cada país, desaparece toda razón para distinguir el comercio nacional del extranjero. Lo que de aquél predicaban los clásicos devenía igualmente aplicable a éste. El librecambismo lo único que hace es inducir a la producción a ubicarse en aquellos lugares cuyas circunstancias resultan relativamente más favorables, dejando de aprovecharse otros lugares donde producir lo mismo resulta más costoso. El capital y el trabajo tendían a desplazarse, consecuentemente, de aquellas zonas donde las condiciones de producción eran menos propicias a otras más favorables, o sea, en resumen, de la superpoblada y tremendamente explotada Europa, hacia América y Australia, que ofrecían enormes nuevas posibilidades.

Pero la cosa encerraba, forzoso es reconocerlo, también sus problemas. Aquellos países europeos que controlaban zonas coloniales podían enviar a sus connacionales a ultramar sin mayores dificultades. Los súbditos Ingleses, por ejemplo, trasladábanse, con facilidad, a Canadá, Australia o Sudáfrica. Tales emigrantes conservaban nacionalidad y ciudadanía en su nueva residencia. El planteamiento, en cambio, ya no era el mismo para un alemán, por ejemplo. Hallábase éste, en cuanto abandonaba su patria, inmerso en un país y una sociedad extranjera. Devenía súbdito de una potencia extraña, resultando indudable que, en un par de generaciones, sus descendientes dejarían de considerarse alemanes, quedando absorbidos por su nueva patria. Al Reich alemán planteósele, efectivamente, la disyuntiva de si conveníale o no esa operación de exportación de gentes y capitales.

El asunto, reconozcámoslo, presentaba dispares facetas, a mediados del siglo pasado, por lo que atañía a la Gran Bretaña y a Alemania. Para Inglaterra la cuestión se limitaba a permitir la salida de un cierto número de hijos suyos hacia las colonias británicas, lo cual no presentaba mayores dificultades. A Alemania, en cambio, planteábasele el problema, según decíamos, de dilucidar si debía pasivamente contemplar cómo sus súbditos emigraban hacia las colonias británicas, hacia Sudamérica y otras naciones, donde, evidentemente, como amplia experiencia atestiguaba, tales personas abandonarían por entero su germanismo, integrándose en aquellas nuevas sociedades a las que accedían. El imperio Hohenzollern, que, en los años sesenta y principios de los setenta, había ido evolucionando marcadamente hacia el librecambismo, dio de pronto un giro, volviendo al proteccionismo para defender a la agricultura y a la industria del país contra la competencia extranjera, por considerar peligrosa la aludida tendencia migratoria. Tal política tarifaria permitió, hasta cierto punto, al campesino alemán aguantar la concurrencia de quienes en el este europeo y en otras partes del mundo cultivaban tierras mejores; y a los industriales, el formar cartels a cuyo amparo vendían, en el mercado interior, a altos precios que les facultaban para hacer dumping en el exterior, vendiendo por debajo de sus competidores.

Los alemanes, sin embargo, no consiguieron alcanzar aquellos objetivos que, mediante el retorno al proteccionismo, pretendían conseguir. La capacidad exportadora de Alemania se hacía cada vez más difícil, a medida que los costos de la producción y de la vida en general aumentaban en el país precisamente a causa de la aludida política proteccionista. La economía germana, desde luego, progresó manifiestamente durante las tres primeras décadas de la nueva política económica. Tal avance, sin embargo, hubiérase producido de todas maneras, aun en ausencia de las barreras proteccionistas; pues su causa provenía de las nuevas tecnologías aplicadas a las industrias químicas y siderúrgicas que comenzaban así a aprovechar mejor los grandes recursos naturales que la nación a tal respecto poseía.

Lo curioso es que, debido a las medidas antiliberales imperantes que restringen gravemente la movilidad del factor trabajo en la esfera internacional y que igualmente dificultan el desplazamiento de capitales entre países, estamos volviendo a la situación típica de comienzos del siglo pasado, cuando por primera vez se formulara la teoría librecambista, mientras nos apartamos cada vez más de las condiciones propias del fin de la centuria. Vuelven a verse obstaculizados los movimientos de capitales y, aún más, las migraciones laborales. Dadas las presentes circunstancias, un comercio enteramente libre de bienes de consumo no podría ya provocar desplazamientos importantes de mano de obra; obligaría, eso sí, a cada país a dedicarse a aquellas producciones para las cuales las condiciones locales resultaran relativamente más favorables.

Pero, independientemente de los precondicionantes exigidos por un óptimo desarrollo del comercio internacional, conviene aquí advertir que las tarifas lo único que consiguen es impedir que las actuaciones económicas se practiquen allí donde las circunstancias naturales y sociales resultan más convenientes, desplazándolas a otros lugares de inferior fecundidad. Evidente reducción de la productividad del esfuerzo humano es el resultado social que el proteccionismo invariablemente provoca. No niegan los librecambistas la real y efectiva existencia de esas penas y calamidades a las que los gobernantes pretenden dar solución apelando a la protección tarifaria. Lo que dicen es que ese mecanismo al que imperialistas y proteccionistas recurren resulta inidóneo para curar aquellos males y, consecuentemente, proponen dispar técnica; eso es todo. Abogan, incidentalmente dicho sea, buscando siempre la paz, por que esos emigrantes alemanes, italianos y demás, que, en ciertas áreas, han sido tratados como ciudadanos de segunda, puedan, en cualquier parte, vivir dignamente, sin tener que abjurar de su nacionalidad, lo cual sólo a través de la aceptación de la filosofía liberal cabrá conseguir[34].

8. La libertad migratoria

Se critica, en algunos sectores, el programa del liberalismo diciendo que constituye pensamiento esencialmente negativo, lo cual —agrégase— es natural y comprensible, dado que el pedir libertad supone siempre solicitar amparo contra la acción de tercera persona. El autoritarismo, en cambio, es positivo. Lo que tal argumentación, en el fondo, pretende es atacar a los liberales, apoyándose en ese patente juicio de valor que la contraposición de los vocablos positivo y negativo, para la generalidad, encierra.

Tedioso, tal vez, resultara el volver a destacar que el ideario liberal —al postular una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción— resulta no menos positivo que cualquier otro programa político. Es negativo, desde luego, el liberalismo cuando rechaza y combate cuanto se opone a aquella su tan positiva demanda. Adopta entonces el liberal indudable posición defensiva —al igual que el patrocinador de cualquier otro ideario en caso similar haría—, actitud que será más o menos enérgica según sea la agresividad del oponente. Cuando la contestación resulta agria, el liberal contraataca con nervio; cuando es suave o trivial, unas breves y moderadas palabras le bastan. La defensa del liberalismo ha tenido que adoptar, por eso, a lo largo del tiempo, muy diferentes caras, según la que el atacante, de faz siempre mudable, en cada caso presentaba.

La discusión acerca del derecho del individuo a moverse, con toda libertad, dentro y fuera del país, prueba la certeza de lo anterior. El liberalismo reclama que todas las gentes puedan vivir donde más les plazca. Tal demanda evidentemente nada tiene de «negativa». El que uno pueda trabajar y gastarse su dinero en cualquier parte es la propia esencia de una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. Las peticiones liberales devienen, sin embargo, negativas cuando tienen que enfrentarse con fuerzas externas que pretenden sustraer a las gentes la libertad de movimiento. La defensa de tal derecho ha presentado, por eso, aspectos unas veces positivos y otras negativos. El liberalismo, al nacer, en el siglo XVIII y comienzos del XIX, hubo de luchar por el derecho a emigrar. La discusión, en cambio, contráese hoy a la facultad de inmigrar, de acceder a otros países. Los primitivos liberales hubieron de combatir contra las ordenanzas reales que prohibían al campesino establecerse en la ciudad y que severamente castigaban a quienes, sin el permiso debido, pretendían abandonar el país, con vistas a vivir mejor, lejos de la patria. La inmigración, en cambio, era, por lo general, libremente permitida.

El planteamiento, actualmente, es, según decíamos, diferente por entero. La nueva tendencia comenzó a manifestarse, hace algunas décadas, con la prohibición de admitir la entrada a los coolies chinos. Pero ahora el acceso de inmigrantes a cualquier país de los que a las gentes apetecen, hállase prohibido o severamente limitado.

Tal política tiene dos facetas: la de orden sindical y la de tipo proteccionista.

Dejando aparte la acción violenta e intimidatoria, como el asociacionismo coactivo, la huelga obligatoria y el terrorismo contra el esquirol, los sindicatos, sólo mediante la restricción de la oferta laboral, pueden efectivamente influir el mercado salarial.

Como quiera que no pueden reducir, en el mundo entero, el número de potenciales laboradores, lo que hacen, para disminuir los «brazos» disponibles, es tasar el acceso de trabajadores al país, en general, o, en todo caso, a específica rama industrial, con el consiguiente perjuicio para quienes quedan excluidos.

Por evidentes razones políticas, tropiezan las uniones sindicales con dificultades para prohibir a sus propios compatriotas el acceso a este o a aquel sector; mucho más fácil para ellas, en cambio, resúltales vetar la entrada de extranjeros al país.

Las naturales condiciones de producción son más favorables en los EE. UU. y, en su consecuencia, los salarios americanos superiores a los que en la mayor parte de Europa se pueden pagar. Los trabajadores europeos, consecuentemente, en gran número, emigrarían al otro lado del océano. La legislación estadounidense, sin embargo, dificulta tal movimiento. Las retribuciones laborales en EE. UU. mantiénense así por encima del nivel que, en otro caso, alcanzarían, mientras las europeas quedan subvaloradas. El trabajador americano gana y el europeo pierde.

Pero no son sólo los indicados efectos salariales los que las barreras migratorias provocan. Dada la relativa escasez de mano de obra en las zonas mejores y el relativo exceso de la misma en los territorios peores, se produce más en éstos y menos en aquéllos de lo que en régimen de libertad migratoria sucedería. Es el mismo efecto que las tarifas proteccionistas provocan. Dejan de aprovecharse favorables circunstancias naturales de producción, para, en cambio, explotar otros territorios de peor condición. Contemplando el caso bajo el prisma de la humanidad entera, la conclusión insoslayable es que se está perjudicando la productividad del trabajo humano, lo que ha de provocar inevitable disminución de la cuantía de bienes disponibles.

Por eso fracasaron siempre cuantos argumentos ingeniáronse para justificar las barreras migratorias. Porque nadie, en buena lógica, puede negar que tales medidas forzosamente han de disminuir la productividad del trabajo humano. Las centrales sindicales estadounidenses o australianas, al dificultar la inmigración, no sólo perjudican a los trabajadores del resto del mundo, sino que además empobrecen a la humanidad entera, mediante la concesión de auténticos privilegios personales a sus componentes. Conviene, además, advertir que posiblemente esos sindicalistas que, a través de tales medidas, tanto creen estar favoreciéndose a sí mismos, posiblemente, en verdad, nada ganen, pese al indudable daño que a los demás irrogan, pues la producción mundial, en ausencia de barreras, aumentaría en tal grado que compensaría esos perjuicios que americanos y australianos temen les irrogue la libre migración.

La fuerza suasoria de la dialéctica liberal, aún hoy en día, es tan contundente que los sindicalistas, al verse acorralados, apelan a un último argumento, invocando consideraciones de «orden superior», de «mayor enjundia» que esa simple búsqueda de la máxima productividad humana posible. Ya vimos cómo se acude también al «interés nacional» para justificar las tarifas proteccionistas. Es por vía similar que, en última instancia, se pretende defender las prohibiciones inmigratorias.

En ausencia de éstas —dícese— hordas inmensas provenientes de las superpobladas zonas europeas inundarían las tierras australianas y americanas. Serían tantos los que vendrían que su asimilación resultaría imposible. Los inmigrantes originariamente llegaban en reducidos lotes, lo que permitía que pronto aprendieran el idioma y se adaptaran al sistema de vida americano. Esos pequeños grupos extranjeros desparramábanse a lo largo y a lo ancho de un amplio territorio y rápidamente se integraban en la gran comunidad americana. Cuando después nuevos inmigrantes arribaban, los anteriores prácticamente eran ya puros americanos. El reducido número de cada conjunto permitía que, una y otra vez, se reprodujera ese rápido fenómeno integrador. Pero ahora la cosa cambiaría y lo más probable sería el fin en los EE. UU. de la preponderancia, más bien la total dominación, anglosajona. Si tal pudiera suceder con la inmigración europea, caracteres aún más graves presentaría el asunto en el caso de asiáticos mongoles.

Tales temores seguramente son exagerados por lo que a EE. UU. se refiere. Pero ya no es lo mismo con respecto a Australia. Este subcontinente tiene una población muy similar a la de Austria, con una superficie cien veces mayor y riquezas naturales incomparablemente superiores. Un régimen de libre inmigración, con la mayor probabilidad, daría lugar a que japoneses, chinos y malayos no tardarían en preponderar desde un punto de vista demográfico.

Difícil, a no dudar, sería la pacífica convivencia entre todos estos pueblos, dada la aversión, hoy generalmente sentida contra el extranjero, sobre todo si es de otra raza. Vive fuera de la realidad quien piense que los australianos iban voluntariamente a permitir a los europeos, salvo a los ingleses, entrada franca en el país y menos aún autorizar a los asiáticos a buscar trabajo y permanentemente asentarse allí. Porque tienen la idea de que habiendo sido descubierto y colonizado aquel territorio por gentes procedentes de la Gran Bretaña, las de origen inglés gozan de exclusivo derecho a ocuparlo hasta el fin de los siglos. Quienes desean ir a trabajar a Australia, sin embargo, en modo alguno pretenden quitarles a sus actuales habitantes nada de lo que están explotando; estiman, sin embargo, injusto que no se les permita a ellos usar, por su cuenta y riesgo, ricas zonas, de excepcionales condiciones productivas, hoy desaprovechadas y estériles, obligándoseles, en cambio, a seguir laborando bajo las difíciles circunstancias naturales de sus países de origen.

El problema con que nos enfrentamos es de enorme trascendencia para el futuro de la humanidad. La suerte de la civilización depende, ciertamente, de que se halle acertada solución al mismo. Tenemos, de un lado, múltiples, cientos de millones de europeos y asiáticos constreñidos a operar en condiciones más desfavorables que aquellas que podrían aprovechar en esos territorios a los que se les veda la entrada. Quieren simplemente que les sean abiertas las puertas de esos prohibidos edenes, en el deseo de incrementar la productividad de su propia labor, conquistando así un mejor nivel de vida. Por otro lado, tenemos los afortunados que hoy denominan suyas las tierras más ricas del globo. Los que, a título de asalariados, en ellas trabajan se oponen a toda reducción de las altas rentas que, gracias a los excepcionales factores de producción que manejan, actualmente disfrutan. Pero no son sólo trabajadores; los pobladores todos del país se horrorizan ante la idea de las olas de extranjeros inundando la nación, por temer la posibilidad de que un día, dentro de su propia nación, puedan quedar reducidos a exigua minoría y hayan, entonces, de sufrir las persecuciones nacionalistas que los alemanes padecen en Checoslovaquia, Italia o Polonia.

No negamos, desde luego, que tales temores tienen su justificación. Toda minoría extranjera —dados los poderes cada vez mayores de que vamos invistiendo al estado— evidentemente ha de esperar lo peor de la mayoría autóctona. Asusta a cualesquiera el supuesto de vivir en un país cuyo gobierno dominen gentes de diferente nacionalidad, pues el aparato gubernamental, con el consenso de la opinión pública, contra la minoría, puede hacer lo que le plazca; al minoritario se le persigue por cualquier motivo —siempre en nombre de la «justicia», desde luego— según el capricho de la mayoría. Es penoso, en verdad, pensar que el niño, en la escuela, sea discriminado y el adulto ante cualquier magistratura condenado simplemente por pertenecer a dispar grupo lingüístico.

Contempladas así las cosas, no se ve más salida que el recurso bélico. La nación de menor demografía, en principio, será derrotada; los cientos de millones de asiáticos, por ejemplo, pueden acabar expulsando a los blancos de Australia. Pero no vale la pena seguir por este camino de conjeturas, porque tales guerras —habrá muchas; una sola, desde luego, no bastará— lo que harán es aniquilar la civilización.

La cosa, evidentemente, no tiene remedio bajo planteamientos intervencionistas (con su afán por toquetearlo todo) o socialistas. Esos problemas que hoy parece se resisten a todo tratamiento, la verdad es que desaparecerían como por ensalmo de ser aplicada en serio la filosofía liberal. Porque en una Australia regida por los principios del liberalismo, ¿qué trascendencia podría tener el que, en determinadas zonas, los japoneses fueran mayoría, mientras en otras lo fueran los ingleses?

9. Los Estados Unidos de Europa

EE. UU. constituye el país más rico y poderoso del mundo. En ninguna otra parte pudo el capitalismo desarrollarse con mayor libertad, con menor interferencia estatal. Por eso los americanos gozan de superior bienestar material. Durante un período de más de sesenta años, el país no conoció la conflagración bélica. De haber sabido evitar la guerra de destrucción contra los indios; si no hubiera, sin necesidad, atacado a España en 1898; y de no haber tomado parte en la conflagración europea, sólo un puñado de ancianos podrían hoy personalmente afirmar haber conocido el conflicto armado. Pero ni los propios americanos se dan cuenta del cúmulo de beneficios que sobre ellos derramó la circunstancia de haber sido allí donde los principios liberales y capitalistas llegaran, en mayor grado, a ser plasmados. Los extranjeros, por su parte, tampoco comprenden cuál factor hizo grande y poderosa a la tan envidiada república. Todos, sin embargo, quisieran —independientemente de esos resentidos que aparentan despreciar el «materialismo» de la cultura americana— que sus propios países llegaran a ser tan ricos y pujantes como los EE. UU.

Son ya numerosos los sectores que, con tal objetivo in mente, preconizan la formación de los Estados Unidos de Europa. Las naciones europeas, individualmente, son demasiado pequeñas y escasa su población para poder enfrentarse, en internacional pugna, con unos EE. UU. de fuerza siempre creciente, con una Rusia, con un Imperio Británico, una China o alguna otra agrupación que, en el futuro, pudiera aparecer, en Sudamérica, por ejemplo. Deben, por eso, integrarse en política y militar unión, en alianza tanto defensiva como ofensiva, única vía que puede devolver a Europa aquella preeminencia mundial de la que, otrora, gozara. Milita enérgicamente en favor de este paneuropeísmo el que todos y cada vez con mayor claridad estén percatándose de que no hay nada más absurdo que esa red de barreras tarifarias que está ahogando a nuestro pequeño continente. Sólo el desarrollo de la división internacional del trabajo puede engendrar los bienes necesarios para elevar el nivel de vida material y, por ende, el cultural de las masas europeas. Pero la actual política económica de todos los países, y particularmente la de los más débiles, apunta precisamente en la dirección contraria, hacia la desmembración de la división internacional del trabajo. El enorme absurdo de pretender crear, en Europa pequeños territorios autárquicos se pone de manifiesto en cuanto contemplamos la economía americana operando, sin tarifas ni obstáculos similares, en un mercado de más de ciento veinte millones de ricos consumidores si la comparamos con las economías alemana, checa o húngara, trajinando por caminos erizados de espinas.

Esos graves errores económicos que los partidarios de los Estados Unidos de Europa ponen de manifiesto y combaten conviene, desde luego, sean erradicados y cuanto antes mejor. Pero la formación de unos EE. UU. europeos, sin embargo, no constituye el medio adecuado para alcanzar los anhelados objetivos.

Cualquier reforma del actual régimen de relaciones internacionales debe aspirar a la suspensión de este universal afán por ampliar las fronteras patrias a costa de los demás. El problema de las lindes nacionales, que tan dramáticos aspectos hoy presenta, hay que borrarlo de la mente de las gentes. Los pueblos deben llegar a comprender que la cuestión cardinal, en materia de política exterior, estriba en asegurar la paz permanente entre todos los estados y que esto no se podrá conseguir más que reduciendo al mínimo la intervención gubernamental, conseguido lo cual, el respectivo tamaño de los diferentes países carecerá de trascendencia por lo que al bienestar de las gentes atañe, resultando entonces incomprensible el que, como hasta ahora, ríos de sangre hayan corrido y sigan corriendo en disputas fronterizas. Una concepción universalista, cosmopolita, ha de desplazar a esa pueblerina estrechez de miras de quienes no ven más allá de los límites de su propia nación. Pero tal nuevo planteamiento sólo podrá prosperar cuando, en el concierto de las naciones, en el superestado mundial, nadie sea oprimido por razón de nacionalidad o peculiaridades de origen racial.

Las políticas de tipo nacionalista comienzan siempre contemplando exclusivamente la destrucción del propio vecino; lo malo es que tales limitados inicios, después, traen desolación al mundo entero. Para superar aquel tan peligroso provincialismo, al que aludíamos, implantando, en su lugar, un verdadero cosmopolitismo, ineludible resulta que los pueblos se percaten, ante todo, de que sus respectivos intereses no se hallan en conflicto mutuo y que cada nación prospera colaborando, en la mayor medida posible, con las demás y, desde luego, absteniéndose escrupulosamente de recurrir a la violencia. No se trata, pues, de sustituir un chauvinismo nacional por otro chauvinismo supranacional, de mayor amplitud geográfica; el chauvinismo es nocivo per se. La vieja política internacional de tipo militarista ha de dar paso a pacíficos sistemas orientados no hacia el conflicto bélico, sino hacia la cooperación humana.

Pero no es eso lo que, de verdad, buscan los partidarios del paneuropeísmo, los defensores de los Estados Unidos de Europa. Porque no pretenden, de verdad, montar un sistema distinto del que, hasta ahora, ha prevalecido en los estados militaristas e imperialistas; simplemente desean dar a aquellos idearios una base geográfica mayor. La Pan-Europa será, naturalmente, una entidad más extensa que cada uno de los estados individuales que en ella deba integrarse; su potencia militar se incrementará señaladamente; estará, pues, en condiciones de enfrentarse con el Imperio Británico, EE. UU. o Rusia. Un chauvinismo europeo sustituirá a este que Francia, Alemania o Hungría actualmente practican. Un frente común, formado por todos los países europeos, se movilizará frente a los «extranjeros»: los británicos, los americanos, los rusos, los chinos y los japoneses.

Cabe, desde luego, forjar una mentalidad política chauvinistica sobre una base nacional; pero ello ya no es posible partiendo del mero concepto geográfico. El lenguaje común liga y aúna a los componentes de una nación; la diversidad lingüística, en cambio, constituye barrera que separa y aísla a quienes de distinto modo se expresan. Sin tal realidad lingüística —aparte de las ideologías— el chauvinismo jamás hubiera podido desarrollarse. Europa, exceptuando Rusia, con el mapa a la vista, puede muy bien parecemos una unidad; pero tal imaginaria representación en modo alguno crea, entre los habitantes de la región, ni el más mínimo sentimiento de solidaridad y mutua comunidad, en qué apoyar proyectos comunitarios ingeniados por imaginario estadista. Cabe llegar a convencer a un ribereño del Rhin que está sirviendo su propia causa cuando va a la guerra en favor de los alemanes de la Prusia oriental; hasta es posible hacerle comprender que el bien de la humanidad entera también a él le beneficia. Pero lo que nunca admitirá es que deba ponerse del lado de los portugueses, simplemente por la condición europea de éstos, y considerar a Inglaterra más enemiga ni más «extranjera» que a Portugal. No se puede, desde luego, borrar (ni el liberalismo pretende hacerlo) la impronta histórica que hace, por ejemplo, que el corazón de todo alemán se emocione al invocar Alemania, el pueblo germano o nuestras ancestrales costumbres. Estos sentimientos eran ya una realidad mucho antes de que surgiera el actual estado germano, con su política y su chauvinismo. Todos esos tan bienintencionados intentos de crear federaciones, ya sean centroeuropeas, panamericanas u otras de bases igualmente artificiosas, adolecen de la misma quiebra. Porque la realidad es que los vocablos Europa, paneuropeísmo o europeo no encienden en nadie esos emocionales transportes que los pueblos germanos sienten al invocarse Alemania o lo alemán.

El asunto queda todavía más claro si nos fijamos en el problema, decisivo en esta materia, de la política económica a seguir en tal federación de estados. Un habitante de Baviera, pongamos por caso, puede llegar a admitir una tarifa proteccionista, que le haga pagar ciertos productos más caros, si se le dice que tal medida sirve de amparo a otros trabajadores alemanes, a los de Sajonia, por ejemplo. Más le valdría, desde luego, advertir que toda providencia tendente a la autarquía y, por ende, toda medida proteccionista, carece de sentido, siendo íntimamente contradictoria, por lo que convendría abolirlas todas cuanto antes. (Confiemos llegue un día en que de ello se percate). Ahora bien, lo que jamás conseguiremos es que un polaco o un húngaro admita pagar producto alguno por encima del precio mundial simplemente para que los alemanes, los franceses o los italianos puedan seguir fabricándolo en sus propios países. Conjugando la idea de que los intereses propios de los distintos países son contrapuestos, con apelaciones a la solidaridad nacional, cabe provocar un cierto consenso en favor del proteccionismo. Pero esas dos imprescindibles armas dialécticas vedadas las tiene una federación de pueblos dispares. Es, desde luego, manifiestamente absurdo fraccionar la unidad económica del mundo en pequeños reinos, cuanto más autárquicos mejor. Los inconvenientes de tal aislacionismo (de ámbito nacional) en modo alguno se desvirtúan, sin embargo, siguiendo una misma política, sólo que en área mayor, integrada por nacionalidades múltiples. Las tendencias autárquicas y proteccionistas no se combaten más que poniendo de manifiesto su perniciosa condición y evidenciando, al tiempo, la armonía de intereses existente entre los diferentes pueblos.

Una vez demostrado que el fraccionamiento de la economía mundial en múltiples compartimentos autosuficientes es perjudicial para todos, la conclusión resulta obvia: hay que ir en busca del librecambismo. Para justificar la creación de un área paneuropea protegida por severa barrera tarifaria, habría que probar: que, si bien los intereses de rumanos y portugueses entre si armonizaban, hallábanse, sin embargo, en pugna con los intereses de rusos o brasileños, pongamos por caso; y evidenciar, además, que, si bien convenía a los húngaros cerrar sus telares en favor de los textiles alemanes, franceses o belgas, grave daño, por el contrario, constituiría para ellos importar tejidos ingleses o americanos.

El movimiento en favor de una Europa unida surgió de la cognición de la vanidad del chauvinismo nacional. Pero lo que no cabe es sustituirlo por otra entelequia igualmente falsa que, además, no apela a las gentes. Aun suponiendo que la Pan-Europa llegara a plasmarse, nada con ello habríamos ganado. La pugna del continente unido contra las demás superpotencias externas no sería menos funesta que las actuales luchas intraeuropeas[35].

10. La Sociedad de las Naciones

El estado, para el liberal, ni es, desde luego, el ideal máximo ni tampoco el más depurado mecanismo de compulsión. La teoría metafísica del estado moderno, emulando la vanagloria y presunción de los monarcas absolutos, califica a aquél de soberano, con lo que quiere decir que el estado es la más alta y definitiva magistratura. Pero el liberal no admite que el mundo termine en la raya fronteriza; las lindes nacionales tienen, para él, trascendencia meramente incidental y subordinada. La teoría del liberalismo abarca la humanidad entera. Comienza por afirmar que el ámbito de la división del trabajo no es exclusivamente nacional, sino mundial, advirtiendo que no basta la paz interior; que mayor importancia todavía tiene la concordia internacional. Por eso propugna una organización política cada vez más amplia, hasta llegar a un estado universal que reúna a todos los países bajo un régimen de mutua igualdad, donde la ley nacional quede subordinada a leyes universales. Reclama tribunales y organizaciones administrativas supranacionales que aseguren la paz entre los pueblos, lo mismo que los órganos judiciales y ejecutivos de cada país guardan el orden dentro del mismo.

La creación de tales organismos, durante mucho tiempo, fue la ilusión de unos pocos filósofos, tenidos por utópicos, a los que nadie hacía caso. Cierto es que, a partir de las guerras napoleónicas, el mundo contempló a los prohombres de las principales potencias reunirse, con cierta regularidad, en conferencias y congresos para resolver mancomunadamente los problemas del día y, durante la segunda mitad del siglo pasado, unas cuantas asociaciones de carácter internacional llegaron a surgir, de las cuales las más conocidas son la Cruz Roja y la Unión Postal Internacional. Pero todo esto no eran más que balbuceos; un auténtico orden mundial, que regulará la conducta de todos los países, brillaba por su ausencia. La propia Conferencia de Paz de La Haya, en este sentido, poco progreso supuso. Fue necesario el sangriento azote de la gran guerra para que las gentes todas comenzaran seriamente a pensar en la necesidad de crear una asociación universal que pudiera yugular los conflictos antes de nacer. Las potencias victoriosas, concluidas las hostilidades, fundaron la denominada Liga de las Naciones y muchos vieron en tal organismo el núcleo de un verdadero nuevo orden supranacional.

La Sociedad de las Naciones, sin embargo, tal como hoy existe, semejanza alguna guarda con la organización mundial que al liberal interesa. Alguna de las más poderosas naciones del mundo, para comenzar, no pertenece a la Liga. Los EE. UU. y otros países menores declinaron incorporarse a la misma. Sus estatutos adolecen, por otra parte, de una grave quiebra, al admitir la existencia de socios de dos categorías; los derrotados en la pasada guerra no lo son de pleno derecho. Este dispar tratamiento encierra en sí la semilla de nuevos conflictos, como sucede, en cualquier país, donde se admitan las castas, unas privilegiadas y otras humilladas. La combinación de todas estas deficiencias ha debilitado enormemente a la organización, que se ha visto impotente para abordar válidamente cuantos asuntos serios ante la misma han sido llevados. Recordemos el conflicto entre Italia y Grecia, el caso de Mosul y los supuestos de las minorías perseguidas.

Hay quienes creen, sobre todo en Inglaterra y Alemania, que conviene, de momento, disimular tales flaquezas, al objeto de poder un día llegar a transformar esta asociación de pacotilla en un auténtico gobierno supranacional. Tal farisaico oportunismo, por desgracia, a nada bueno conduce. Todo el mundo forzosamente ha de reconocer —salvo naturalmente los funcionarios y empleados pagados por la entidad— que la Sociedad de las Naciones carece de meollo, no pareciéndose en nada a lo que una auténtica organización mundial debiera ser. Es pernicioso ocultar o disimular tan triste realidad, pues sólo hablando claro y alto existe la posibilidad de que las gentes adviertan la necesidad de introducir en la organización esos drásticos cambios que transformen la presente ficción en una auténtica asociación internacional de pueblos libres. Nada ha perjudicado tanto al concepto de un orden internacional liberal como esa confusión mental creada por la creencia de que la actual Liga es, o casi es, el modelo que los liberales sincera y honestamente desean estructurar. Sobre la base de que las presentes fronteras, determinadas por razones históricas y tradicionales, son inconmovibles, imposible resulta estructurar una Sociedad de Naciones que efectivamente garantice la paz. La Liga incide en el mismo vicio del derecho internacional de siempre: al enjuiciar las disputas entre naciones, rehuye la creación de normas nuevas, preocupándose exclusivamente de mantener el status quo y de asegurar el respeto a tratados y convenios ya desfasados. La paz, por tal vía, no puede ser garantizada, so pena de imponer congelada inmovilización mundial.

Promete la Sociedad, cauta y tímidamente, que un día abordará el problema de la modificación de las fronteras artificiales; que atenderá las justificadas demandas de ciertas naciones y territorios; e igualmente asegura, con la boca chiquita, desde luego, que habrá de preocuparse de las minorías étnicas. Sigamos confiando en que, partiendo de tan modestos principios, llegue eventualmente a surgir un auténtico superestado mundial que sea capaz de traer a las gentes esa paz que tanto anhelan. No será aquel orden nuevo, desde luego, engendrado en Ginebra, en los salones del Palacio de las Naciones; y menos aún en los diferentes parlamentos nacionales. Porque no se trata de un problema de organización o técnica administrativa internacional, sino del más dramático desafío con que la mente humana jamás haya tenido que enfrentarse. Vamos a ver si somos capaces de crear una filosofía mundial que evite que todos los acuerdos y todos los laudos de los tribunales arbitrales internacionales no pasen de ser, como hasta ahora, mero papel mojado. Tal mentalidad sólo puede surgir de una plena aceptación, sin peros ni distingos, del ideario liberal. Para plasmar los ineludibles prerrequisitos de la paz y eliminar las causas de la guerra forzoso es que las tesis del liberalismo se extiendan por doquier e informen el actuar de todas las instituciones políticas. Mientras los pueblos se aferren a tarifas proteccionistas, barreras migratorias, instrucción obligatoria, intervencionismo y estatismo, la humanidad se verá cercada por conflictos y problemas siempre renovados, cualquiera de los cuales puede prender la mecha de la deflagración bélica.

11. Rusia

El individuo cívico contribuye con su laboriosidad tanto al bienestar propio como al ajeno, integrándose así pacíficamente en el orden social. El ladrón, en cambio, rehuye el trabajo honrado; lo que quiere es apropiarse del fruto de la labor ajena. La humanidad, durante milenios, padeció bajo el yugo de expoliadores y feudales señores que consideraban suyo lo que el ingenio y la dedicación de terceros había producido. La evolución de la humanidad hacia la civilización exigía la previa supresión de aquellas castas militaristas que pretendían dominar el mundo; sustituir, en definitiva, la mentalidad del señor hereditario por la del simple burgués. La verdad es que todavía no se ha conseguido enteramente abolir el ideal belicoso, que ensalza al feroz combatiente, mientras desdeña al trabajador fecundo. Tropiézase uno, por doquier, con gentes a quienes las ideas e imágenes de tipo marcial, de épocas ya pasadas, todavía dominan. Atavísticas tendencias al saqueo y la violencia, que parecían, no ha mucho, dominadas para siempre, reaparecen, con renovado vigor, en ciertos países. La mentalidad «militarista», sin embargo, ha sido sustituida por la «industrial», según la terminología de Spencer, en los núcleos de población de raza blanca que habitan la Europa occidental y América. Una sola nación, entre las grandes potencias, Rusia, sigue aferrada a los ideales de tipo militarista.

Hay, desde luego, entre los rusos personas que no comulgan con tal filosofía. Lo malo es que no han conseguido prevalecer sobre sus compatriotas. Rusia, desde hace siglos, desde el momento mismo en que pudo hacer oír su voz en la política europea, adoptó la actitud del forajido que pacientemente aguarda el momento propicio para asaltar a la víctima de turno, despojándola de cuanto posea. Los zares jamás admitieron más límites a sus conquistas que aquéllos que las circunstancias coactivamente les imponían. Los bolcheviques, por lo que atañe a violentas ocupaciones territoriales, dócilmente han proseguido las tácticas zaristas. El actual régimen soviético entiende, al igual que el del imperio, que la política militar anexionista debe proseguir sin límite, coincidiendo ambos sistemas, además, en que la expansión, si bien inexorable, jamás debe intentarse sin contar con abrumadora superioridad militar. La civilización europea, a lo largo de la historia, se salvó gracias a que los pueblos occidentales fueron siempre más fuertes que las hordas invasoras asiáticas. La intervención napoleónica, la guerra de Crimea y la campaña contra Turquía de 1877-78 enseñó a los rusos que, pese a su inmenso potencial humano, no podían con Europa. La gran guerra volvió a confirmarlo.

Pero las armas intelectuales son mucho más letales que las bayonetas y las salvas artilleras. La gran acogida que el ideario ruso halló en Europa debióse a que nuestro continente estaba ya inundado de ese pensamiento mucho antes de que los soviets hicieran su aparición. Porque, si bien no fue ruso el origen de tales tesis, dio la casualidad de que su contenido coincidía enteramente con la idiosincrasia de aquella nación. Los rusos, desde luego, importaron de Occidente el ideario; la esterilidad intelectual eslava había dado lugar a que Rusia no llegara nunca a racionalizar ni siquiera su propia y más íntima filosofía.

El liberalismo que, como resulta sabido, tiene una base puramente científica y cuya política no es más que práctica aplicación de lo que la ciencia enseña, debe hallarse invariablemente en guardia para no caer en acientíficos juicios de valor, siempre de condición subjetiva, por lo que vedado tiene pretender clasificar las naciones en buenas o malas. No cabe, pues, decidir si los rusos son o no son una raza inferior. Nada, desde luego, en tal sentido, afirmamos; lo único que decimos es que no desean ellos tomar parte en el sistema de cooperación social internacional. Surgen las hordas, una y otra vez, en la historia, procurando despojar a los demás de lo que éstos, con su trabajo, han pacientemente acumulado. Quienes, a pies juntillas, sigan las enseñanzas de Dostoyesvsky, Tolstoi o Lenin, jamás pueden desear el montaje de permanentes lazos sociales. Continuarán, por eso, mientras no cambien, en el primigenio estado de salvajismo. La naturaleza otorgó a Rusia, tanto en tierras cultivables como en depósitos minerales, riquezas muy superiores a aquellas que los EE. UU., por ejemplo, poseen. Si los rusos hubieran adoptado los mismos métodos capitalistas que los americanos siguieron, serían hoy el pueblo más rico del mundo. Pero el despotismo y el imperialismo, primero, y el bolchevismo, después, los han hundido en indecible miseria. Para remediar su situación buscan ahora afanosamente capital y créditos financieros por doquier; todo eso que tanto aseguraron siempre despreciar.

La política que Occidente debe adoptar con respecto a Rusia, dicho lo anterior, está bien clara. Dejemos a los rusos que sigan siendo rusos; que procedan como les plazca, pero siempre intra muros. No les permitamos nunca saltarse las bardas de su corral, con miras a destruir la civilización. Occidente puede, desde luego, autorizar la difusión de los escritos y las traducciones rusas. Habrá neurópatas que con la lectura de tales papeles disfrutarán; las gentes normales, en cambio, los despreciarán. No procede tampoco prohibir la propaganda soviética ni la distribución de dinero, como los zares, por el mundo entero, hacían, para comprar gentes desaprensivas. Si nuestra civilización es tan débil que no puede resistir el pobre asalto de corrompidos sicarios, la verdad es que tenemos los días contados. No impidamos a americanos y europeos, de tal ser su deseo, visitar Rusia; que contemplen, si les agrada, pero por su cuenta y a su propio riesgo, la patria del hambre y del genocidio. En cuanto a los empresarios, que inviertan allí, de creerlo oportuno; ellos verán si algún día recuperan el capital transferido; suyo es el dinero que se juegan.

Ahora bien, lo que los gobiernos occidentales en ningún caso deben hacer es dar protección y amparo al destruccionismo ruso bonificando, por ejemplo, las exportaciones hacia la Unión Soviética, facilitando artificiosamente su posición financiera, haciendo propaganda en favor de la emigración de personas o el desplazamiento de capitales en aquella dirección.

El pueblo ruso, él sólo, decidirá si quiere o no derribar su actual sistema político; allá ellos. Los patrocinadores del knout y de los campos de concentración, hoy por hoy, no constituyen peligro serio para Occidente. Peso a sus raciales tendencias agresivas y asoladoras, no son, de momento, capaces de amenazar la paz europea. Dejémoslos tranquilos. Pero no bajemos nunca la guardia y combatamos sin desmayo toda veleidad por nuestra parte en el sentido de apoyar o de cualquier modo promocionar la política antisocial de los soviets[36].

IV

El liberalismo y los partidos políticos

1. El «doctrinarismo» de los liberales

Se ha acusado siempre al liberalismo de ser demasiado intransigente; de rechazar invariablemente toda fórmula transaccional. Esa falta de flexibilidad le ha hecho perder la partida frente a los variopintos idearios anticapitalistas que por doquier han surgido. Su influencia todavía sería apreciable si, a tiempo, hubiérase percatado de la trascendencia que la habilidad, emparejada con la prudencia, tiene para ganarse el apoyo de las masas, al hablar de los slogans en boga. Los liberales, sin embargo, no se preocuparon tan siquiera de crear una eficiente máquina partidista, como, en cambio, hicieron todas las facciones anticapitalistas de uno u otro color. Desdeñaron las tácticas políticas, lo mismo en las campañas electorales, como en las actuaciones parlamentarias; despreciaron el oportunismo y la contemporización. Tan obstinado doctrinarismo fue su quiebra; lo que, en definitiva, dio lugar a la derrota del sistema.

Todo ello, desde luego, es cierto. Suponer, sin embargo, que dichos asertos sirven para montar culposa requisitoria contra el liberalismo denota absoluta incomprensión del contenido de la doctrina. El liberal opina —y éste es su pensamiento cardinal— que la humana cooperación social ha de cimentarse en ideas; no se puede estructurar orden permanente alguno sobre bases falsas o inexactas; de nada, en este sentido, sirve la mendacidad, por más que quiera enmascararse tras ambiguos vocablos tales como «tácticas», «diplomacias» o «compromisos»; sólo una filosofía que, mediante amparar la cooperación social, aliente y estimule la vida del hombre sobre la tierra resulta, a estos efectos, válida. No hay sutiles estratagemas ni hábiles artificios que induzcan a los hombres a comportarse según exige la convivencia comunitaria, si ellos mismos no están íntimamente convencidos de la bondad social de tal cooperación. Cuando, en esta materia, los humanos yerran y se despistan, la única solución es procurar abrirles los ojos, ilustrándoles convenientemente. Pero si no se enteran, si persisten en el error, entonces ya nada puede hacerse por evitar la insoslayable catástrofe. Las argucias e infundios del político que, posiblemente de buena fe, apela a la demagogia, no sirven, al final, sino para dar amparo a quienes, en el fondo, laboran por la destrucción de la sociedad. El progreso social, el desarrollo e intensificación de los vínculos humanos no pueden ser impulsados mediante falacias ni engaños. Poderío terreno alguno, ni menos aún «estratégicas» habilidades o mañosas argucias inducirán a las gentes a aceptar un sistema cuya mecánica no comprenden y que, de momento, abiertamente rechazan.

Quien anhele el liberalismo no tiene más remedio que convencer a sus conciudadanos de la utilidad social del programa que predica. La tarea consiste en procurar iluminar a los más, haciéndoles ver los desastres hacia los que inevitablemente la humanidad camina por desoír los consejos liberales. Y, en este terreno, lamentable mente, no hay lugar para concesiones en favor de errores o medias verdades, por populares o graciosas que resulten. Cuando se trata de asuntos cuya solución va a decidir la supervivencia de la sociedad, la prosperidad o la muerte de millones de hombres, no es posible la transacción ni la componenda, aconséjelas ya sea la debilidad, ya sea el deseo de no herir ajenas opiniones.

Vivimos en un mundo totalmente desastrado, a causa de la combinada actividad de todas las facciones anticapitalistas, situación que sólo podría remediarse si las grandes potencias retornasen a los principios liberales, lo cual únicamente será posible cuando las masas vuelvan a depositar su confianza en el capitalismo. El actual caos político, por desgracia, no tiene otra salida.

Los liberales clásicos contemplaban con optimismo la evolución humana. Los prohombres del liberalismo —los sociológos y economistas del siglo XVIII y primera mitad del XIX, así como sus discípulos— estaban convencidos de que se iba a progresar sin solución de continuidad, no existiendo ya fuerza alguna que pudiera contrarrestar tal tendencia. Creían firmemente que las leyes de la cooperación social y de la interdependencia humana por ellos descubiertas pronto serían de común conocimiento, lo que reforzaría los lazos entre las gentes todas, con el consiguiente progresivo desarrollo del bienestar general, que alzaría la civilización y la cultura hasta cimas insospechables. Su fe era inconmovible, hasta el punto de que, cuando comenzaron por doquier a arreciar las críticas antiliberales, pensaron que esas agresiones no eran sino los estertores de un sistema moribundo; tales pronunciamientos no merecían para ellos perder el tiempo discutiéndolos, ni menos aún gastar energías en el contraataque, pues se trataba de temas periclitados, desacreditados, de los que nadie pronto ni se acordaría.

Atribuían los liberales al individuo medio capacidad intelectiva suficiente como para dilucidar correctamente los espinosos problemas que la cooperación social plantea; creían, consecuentemente, procedería aquél de modo razonable, en circunstancias normales. La claridad y autoevidencia de los razonamientos de los maestros liberales de tal manera habíanles deslumbrado que no concebían cómo podía haber nadie que de otro modo pensara. El error, sin embargo, en que incidían era doble; no es cierto, por un lado, que la mayoría goce de capacidad intelectual suficiente como para pensar lógicamente y, de otro, hay personas que, aun percatándose de la verdad, prefieren pequeña e inmediata ganancia personal a mayor y permanente bienestar general, aprovechando, en su dialéctica, que tal disfrute puedo hallarse brevemente desplazado en el tiempo.

Carecen, desde luego, los más de inteligencia bastante para despejar, hasta el final, los problemas —evidentemente complejos— que la cooperación social plantea, no teniendo tampoco la fuerza de voluntad necesaria para hacer esos transitorios sacrificios que la acción cooperativa exige. Los slogans intervencionistas y socialistas —en particular la expoliación de los ricos— son inmediata y entusiásticamente acogidos por las masas, que erróneamente creen van a prosperar con tales medidas de modo permanente[37].

2. Los partidos políticos

El pensar que las ideas liberales pudieran propagarse apelando a esos trucos a los que normalmente recurren los políticos supone desconocimiento grave, como decíamos, del significado y contenido del liberalismo.

No existen, desde luego, partidos, en el moderno sentido de la palabra, en las sociedades montadas sobre la base de castas y estamentos. Mientras no se discutan los particulares privilegios e inmunidades de los preponderantes, nada pasa y la paz reina. Ahora bien, en cuanto tales ventajas son puestas en tela de juicio, la rebelión y la guerra civil sólo pueden ser evitadas si una de las partes, reconociendo su inferioridad, humildemente cede, sin apelar a las armas. La filiación determina cuál sea la postura individual de cada uno de los intervinientes. Puede haber, desde luego, traidores que se pasen al enemigo en el deseo de, mañana, individualmente medrar. Pero, dejando aparte tales casos, siempre excepcionales, la persona normal no duda cuál sea el bando al que deba incorporarse. Se aúna con los suyos y corre su propia suerte. Los estamentos insatisfechos álzanse contra el orden establecido y vencen o sucumben en el correspondiente enfrentamiento. El resultado final, salvo que los contestatarios sean derrotados —caso en el que nada cambia—, es que el viejo orden queda trastocado y sustituido por uno nuevo, bajo el cual los respectivos derechos son distintos a los anteriormente disfrutados.

El liberalismo procuró acabar con todo ese particular privilegio. La sociedad clasista había de dar paso a un nuevo sistema: todos los ciudadanos debían ser iguales ante la ley. Lo que se discutía no eran los privilegios de determinados estamentos, sino la propia existencia de prerrogativas en favor de estos o aquéllos. La política liberal derribó todos los valladares de clase y condición, liberando al hombre medio, al individuo común, de cuantas restricciones el ancien régime habíale impuesto. Por primera vez en la historia, gracias al capitalismo, la persona, por el simple hecho de serlo, podía participar en la actividad política, siéndole lícito adoptar posturas individuales en cuanto a fines e ideales. Los conflictos políticos de antaño se planteaban exclusivamente entre castas o clases, que formaban asociaciones entre sí unidas, pero siempre las unas contra las otras; bien es verdad que, a veces, dentro de un determinado estamento, de los que podían influir en la cosa política, había luchas intestinas por ver cuál grupo era el más poderoso y, consecuentemente, cuál, en definitiva, iba a mandar de veras. Únicamente allí donde los ciudadanos gozan de iguales derechos —de acuerdo con las recomendaciones de la política liberal, que en parte alguna fue jamás, como decíamos, enteramente aplicada— cabe la aparición de auténticos partidos políticos, es decir, grupos de personas que desean ver implementadas sus ideas en lo legislativo o lo administrativo. El liberal, desde luego, no duda que, en orden a cómo alcanzar mejor su propio objetivo, es decir, la aseguración de la pacífica cooperación social, cabe surjan opiniones y, consecuentemente, admite y procura la pública controversia.

Por eso, en una sociedad libre, es pensable la aparición de un partido socialista, incluso de grupos que postulen tratamiento especial para ellos mismos. Sin embargo, bajo el orden liberal, al menos temporalmente, hasta que lleguen en definitiva a triunfar, tales facciones tienen que aceptar el principio esencial, según el cual, en la lucha política, únicamente las armas intelectuales están permitidas, aun cuando los socialistas y los partidarios de particulares privilegios repudien tal filosofía. Por eso, en la época dorada del liberalismo occidental, los socialistas premarxistas, luego calificados de «utópicos», pugnaban dentro del marco democrático, y hasta el clero y la nobleza procuraban alcanzar sus particulares objetivos al amparo del nuevo sistema constitucional.

Pero los partidos que hoy vemos operar son de condición distinta. Parte de su programa, desde luego, habla de amparar a la sociedad en su conjunto, y, en tal sentido, esbozan planes generales. Tales proclamas, sin embargo, no son más que concesiones que todavía hacen a la ideología liberal. Lo que de verdad persiguen refléjanlo en otros capítulos de su catecismo, en esotéricos apartados, que para nada se ocupan del bien común. Los presentes partidos políticos, o bien siguen defendiendo privilegios de otrora, que el liberalismo no pudo llegar a suprimir, por haber sido incompleta su ascendencia, o bien procuran arbitrar sistemas que instauren privilegiadas nuevas castas. El liberal, en cambio, propone un programa que a nadie puede dañar. Prerrogativa alguna ofrece a personas ni grupos, y cuando recomienda a las gentes que, de momento, renuncien a ventajas particulares, evidénciales que tales aparentes sacrificios a todos seránles compensados a través de beneficios mucho mayores. Los partidos políticos, a los que, en general, podemos calificar de «grupos de presión», buscan exclusivamente el bienestar de específicos estamentos, a quienes prometen hacer felices (a costa del resto del país) gracias a la personal entrega y dedicación de sus carismáticos jefes.

La verdad, por desgracia, es que los modernos partidos y sus respectivas ideologías surgieron como reacción contra el liberalismo, en defensa de intereses particulares. Había, desde luego, antes del auge liberal, estamentos privilegiados que luchaban por «sus derechos y prerrogativas»; cabía, sin embargo, todavía, a la sazón, defender la sociedad clasista derechamente y sin embarazo. Producíanse, desde luego, pugnas entre los defensores y oponentes de cada agrupación, pero nadie suscitaba el tema de si el correspondiente sistema era per se, esencialmente, antisocial; no había por qué demostrar la utilidad comunitaria del orden defendido. De ahí que no quepa parangonar el modo de operar del ancien régime con el de los modernos partidos políticos cuando pretenden defender especiales posturas.

Para percatarnos cabalmente de la íntima esencia de estos partidos conviene tener presente que, como decíamos, surgieron con el único objetivo de patrocinar ventajas de grupo frente a las aspiraciones liberales. Sus respectivas ideologías, a diferencia de lo que acontece con la del liberalismo, no son fruto de cuidadosamente estudiada teoría general, que luego preténdese aplicar a la vida social toda. La política liberal deriva, digámoslo una vez más, de ideológico cuerpo, desarrollado en el puro campo científico, sin intención alguna de gobernar. Los particulares derechos y privilegios que las asociaciones antiliberales defienden, en cambio, existían mucho antes, amparados por las instituciones a la sazón vigentes, de manera que sus patrocinadores lo que procuran, ahora, es justificar, desde un punto de vista dialéctico, aquellas viejas ambiciones, sin poner, la verdad sea dicha, demasiado interés en el empeño, ni gastar excesiva saliva en el discurso. Los partidos agrarios, por ejemplo, no pasan de decir que la agricultura constituye indispensable actividad; los laboralistas, por su parte, limítanse a destacar la trascendencia social del trabajo humano; las asociaciones de la clase media confórmanse con invocar el viejo adagio de «in medio veritas», proclamando la necesaria existencia de un centro. Pero poco, en verdad, parece a todos ellos preocuparles la conveniencia de demostrar la oportunidad y ventaja que, para el bienestar general, encierran las cosas que ellos mismos piden. Más bien piensan que quienes forman el correspondiente clan, en cualquier caso les apoyarán, considerando tiempo perdido el pretender conseguir adeptos provenientes de otros sectores.

De ahí que tales modernos partidos, amparadores de particulares intereses, por mucho que entre sí disientan y se acaloren, arréglanselas, frente al liberalismo, como por ensalmo, para, en definitiva, formar monolítico frente unido. Es anatema para todos ellos la fundamental tesis liberal, según la cual los rectamente entendidos intereses de las gentes, a la larga, resultan coincidentes y nunca contradictorios. Pregonan, en cambio, la existencia de irreconciliables conflictos entre los humanos, diferencias que sólo podrán solventarse mediante la victoria de una de las facciones contendientes, con ventaja para la triunfadora y daño para los vencidos. El liberalismo —dicen— es hipócrita; no proclama lo que, de verdad, pretende amparar. Es un partido más, en definitiva; protector de la burguesía, o sea, de los capitalistas y de los empresarios, que sólo el beneficio propio buscan, a base de expoliar al resto de la población.

La popularidad del marxismo, en gran medida, se debe a haber hecho suya la expuesta filosofía; incluso habríamos de calificar de marxistas a todos los partidos políticos europeos, pues, a pies juntillas, comulgan con el dogma fundamental de Marx cuando aseguraba que, bajo una sociedad que admita la propiedad privada de los medios de producción se produce irreconciliable conflicto entre los respectivos intereses de las supuestas diferentes clases sociales. Los partidos, digamos de tipo nacionalista, hállanse igualmente convencidos de la realidad de tal pugna clasista, si bien, por sus propios medios, pretenden solventarla. Piensan, desde luego, en la estructuración de una sociedad rígidamente jerarquizada, pero diferéncianse de los marxistas en querer desplazar el frente de batalla a la arena internacional, donde suponen debe producirse el auténtico choque. No discuten, desde luego, que exista la pugna clasista allí donde prevalezca la propiedad privada de los factores de producción. Tal antagonismo, dicen, puede, sin embargo, ser evitado, mediante la oportuna regulación y ordenación de los derechos dominicales, propugnando, en definitiva, sustituir el capitalismo por el intervencionismo. Coinciden, al final, con los marxistas; pues sólo gracias a la intervención estatal, piensan, llegarán a crear un orden nuevo donde no habrá clases, ni luchas ni conflictos sociales.

Esta teoría de la pugna clasista apunta, desde luego, directamente contra la doctrina liberal de la armonía de los rectamente entendidos intereses de todos los componentes de la comunidad bajo una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. Proclamaron siempre los liberales que de la eliminación de castas y estamentos, de la abolición de privilegios y del establecimiento de la igualdad ante la ley, surge ineludiblemente la pacífica cooperación social, al coincidir entre sí, pronto, los auténticos intereses de todos los intervinientes. Las objeciones que a lo anterior originariamente opusieron los partidos de tipo feudalístico, los defensores de particulares posiciones y los clasistas carecían de sostén dialéctico y pocos llegaron a creer en tales monsergas. Pero los escritos de David Ricardo dieron base para estructurar una nueva teoría justificativa de ese supuesto conflicto de intereses que toda organización capitalista provocaría. Ricardo, efectivamente, señaló tres fuentes de ingresos en el mercado: el beneficio empresarial, la renta inmobiliaria y el salario laboral; llegando a asegurar que, a lo largo del progresivo desarrollo económico, había un desplazamiento del producto correspondiente a cada una de las aludidas fuentes de ingresos en favor o en contra de los correspondientes recipendarios. Partiendo de tal idea, unos pocos autores ingleses, en la tercera y cuarta décadas del siglo pasado, comenzaron a hablar de tres clases sociales: la de los capitalistas, la de los terratenientes y la de los obreros, asegurando existía patente antagonismo entre las aludidas respectivas agrupaciones. Este es el tema que Marx iba a hacer suyo.

En el Manifiesto Comunista todavía no distingue Marx entre casta y clase. Fue más tarde, ya en Londres, al enterarse de los escritos de aquellos olvidados folletistas de los años veinte y treinta, cosa que le indujo a iniciarse en el estudio de la obra de Ricardo, cuando se le ocurrió pensar que, aun en una sociedad sin castas ni privilegios, cabía argumentar subsistían irreconciliables conflictos personales. Tal antagonismo derivábalo Marx de las tres clases ricardinas: capitalistas, terratenientes y trabajadores, aun cuando nunca acabó de ver claro tal tricotomía. Por eso, a veces afirma que sólo hay dos clases sociales: la de los poseedores y la de los desposeídos; en otras ocasiones habla no de dos o tres, sino de multitud de clases. Ahora bien, ni él ni sus seguidores llegaron nunca a definir qué fuera la clase. Es curioso que en el capítulo del tercer volumen de El Capital dedicado a Las Clases, tras unas frases introductorias, que poco dicen, el texto abruptamente se corta[38].

Transcurre más de una generación desde la aparición del Manifiesto y la muerte de Marx, período durante el cual escribe mucho, pero sin llegar jamás a aclarar qué debe entenderse por el término clase tantas veces utilizado en sus papeles. Limitábase a afirmar la existencia de las mismas, sin tan siquiera intentar probarla; era para él más bien un dogma o, mejor aún, mero slogan.

La demostración de la certeza de la teoría de la lucha de clases, dos cosas exigiría patentizar: primero, que son idénticos y coincidentes los intereses personales de todos los componentes de la clase de que se trate y, segundo, que, cuanto beneficia a específica clase, perjudica a las demás. Esto no lo ha conseguido nadie; ni siquiera hay quien lo haya intentado. Siendo así que los «camaradas clasistas» ocupan todos la misma «situación social», no puede haber identidad de intereses entre ellos, sino, muy al contrario, competencia y concurrencia mutua. El trabajador, por ejemplo, que cobra un salario superior al medio, lo que procurará siempre es evitar que otros compañeros suyos accedan a la misma labor, pues la presencia de éstos reduciría su renta, rebajándola a la tasa normal del mercado correspondiente. Los sindicalistas americanos y australianos, precisamente a lo largo de las décadas durante las que, con mayor verbosa vehemencia, en todos los congresos marxistas, se proclamaba la indisoluble unidad del proletariado mundial, montaron, a la chita callando, las más feroces barreras migratorias que jamás se conocieran, levantadas precisamente contra sus compañeros laborales del mundo entero. Las tan encomiadas trade unions inglesas, mediante todo género de farisaicas excusas, impedían el acceso de sus propios compatriotas al trabajo en aquellos sectores donde dominaban. Y bien conocidas de todos son las cosas que, en este terreno, los laboristas, últimamente, han hecho por doquier. Habrá, desde luego, quien diga que esto no se debía haber permitido; que los trabajadores procedieron incorrectamente; que no fueron justos con sus camaradas. Pero el hecho es que unos obreros, al menos transitoriamente, ganaban mientras otros seres, pertenecientes a su misma clase, perdían.

El liberalismo ha demostrado hasta la saciedad que, contrariamente a la opinión más generalizada, en una sociedad regida por el principio de la propiedad privada de los medios de producción, jamás se produce ese supuesto antagonismo entre los intereses de personas, clases o estamentos. Todo incremento de la cifra de capital disponible aumenta, en términos absolutos, los ingresos de capitalistas y terratenientes y, en forma absoluta y además relativa, los salarios. Los aumentos de renta se producen conjuntamente y afectan a todos los grupos y estratos de la población, trátese de empresarios, capitalistas, terratenientes o laboradores, moviéndose en el mismo sentido, a lo largo de las diferentes fases del correspondiente cambio; lo único que sí puede variar es el porcentaje del producto social bruto que cada uno se lleve. Sólo hay un caso en que el provecho del terrateniente —en el supuesto de la monopolización de algún mineral raro— pueda hallarse en colisión con la conveniencia del resto de la sociedad. Los intereses de los empresarios, por el contrario, nunca pueden contradecir los de los consumidores; gana más quien con mayor acierto sabe anticipar las necesidades y deseos del futuro adquirente, o sea, de la gran masa consumidora.

Los conflictos fácilmente surgen, en cambio, tan pronto como la administración o cualquier otro ente social con poder coercitivo bastante impone restricciones al propietario con respecto a la libre disponibilidad de los factores de producción. El precio de determinada mercancía puede ser elevado, por ejemplo, mediante la correspondiente tarifa proteccionista; los salarios, en determinado sector, cabe igualmente mejorarlos de modo artificioso, restringiendo el acceso a los puestos de trabajo del caso. La conocida idea librecambista, jamás refutada y además irrefutable, es de aplicación plena en estos casos. Los aludidos privilegios, disfrutados por específicas minorías, pueden, desde luego, beneficiar a éstas, pero sólo en el supuesto de que los demás grupos no hayan conseguido similares ventajas por su parte. Las gentes hállanse hoy efectivamente engañadas; sin embargo, es difícil creer que la mayoría seguirá siempre embaucada con tan infantiles artimañas; todos, un día, advertirán la trampa y, consecuentemente, reaccionarán entonces. Cuando llegue ese terrible momento de la verdad, la pugna intestina, lo peor que a una sociedad puede acontecer, habrá inevitablemente de producirse.

Cabría pensar en otra solución. Para que nadie se quejara, tales favoritismos no se reservarían a personas, grupos o estamentos determinados, sino que serían concedidos a todos; imponiendo, por ejemplo, tarifas que protegieran a la mayor parte de los artículos que en el país se produjeran e impidiendo el acceso laboral a la generalidad de los sectores productivos. Lo malo es que, entonces, lo que unos, por un lado, ganaran, por otro, lo perderían; y, al final, todo el mundo, la masa laboral, la sociedad entera, se perjudicaría por la inevitable reducción de la productividad del trabajo humano disponible.

Se puede, desde luego, rechazar las ideas liberales; cabe derramar verboso ridículo sobre la tesis de la «armonía de los intereses sociales»; pero, entendámoslo bien, quien tal procure hállase desarmado en cuanto se proponga probar que existe solidaria conveniencia mutua entre círculos más estrechos: los nacionales frente a los extranjeros o los de determinadas clases frente a las otras. Ningún antiliberal osó por tal senda, sin embargo, caminar, pues en cuanto así argüía, sin quererlo, acababa poniendo de manifiesto la solidaridad íntima que abraza a la ecuménica sociedad humana. Tan pronto, en efecto, como proclamemos que no hay conflicto entre los componentes de la nación, la clase, la raza o los demás grupos posiblemente manejados, no tenemos más remedio que llegar a la conclusión, si con lógica seguimos razonando, de que no es menor la comunidad de intereses que a la humanidad entera entrelaza, por lo que a todos conviene el común esfuerzo cooperativo.

Los partidos antiliberales nunca se preocupan de probar —contrariamente a lo que ellos mismos erróneamente creen— que haya comunidad de intereses entre los componentes de la correspondiente nación, clase, raza, etc. Limítanse a recomendar a los miembros del grupo a que apelan que se alíen entre sí, para mejor atacar a los demás. No dicen que la supuesta comunidad interna exista; proclaman simplemente un postulado carente de probanza. Porque, en el fondo, no dicen que los respectivos intereses en cuestión sean idénticos; lo único que dicen es: «convendría que vuestros intereses fueran equivalentes y homogéneos, para, entonces, a través de la oportuna asociación, actuar conjuntamente».

Los actuales partidos políticos en esta materia pronúncianse ya con toda desfachatez; proclaman, sin tapujos, su voluntad de privilegiar a específicos grupos. Los agrarios postulan tarifas proteccionistas y otras ventajas (subsidios, concretamente); los funcionarios reclaman privilegios para el cuerpo administrativo; los regionalistas quieren que sus provincias sean beneficiadas a costa de las demás. Todos ellos —y sólo citamos a unos pocos— pretenden abusar del resto de la población, pese a, en todo momento, enfáticamente asegurar que eso que a ellos beneficia contribuye al progreso de la comunidad en general, al favorecer a la agricultura, a los administrativos, etc. El cinismo aumenta de día en día; se procura privilegiar a específicos estamentos, sin tapujos, desvergonzadamente. ¡Cuán circunspectos, en cambio, habían de ser los políticos cuando el liberalismo prevalecía! Porque hubo entonces una entera generación en Occidente que cabalmente advirtió la condición antisocial de todo proteccionismo, ya fuera en favor de este o de aquel grupo o persona.

Los grandes partidos se forman actualmente a base de grupos antagónicos que sólo de momento dispónense a formar frente unido. Pero los privilegios a unos otorgados de nada valen, como antes veíamos, en cuanto el resto de las gentes otros tantos o mayores aún consigue. Los distintos sectores que integran las aludidas asociaciones políticas cada uno de por sí es siempre minoritaria, como lo era la nobleza, contra cuyas prerrogativas tanto el liberalismo, en su día, combatiera. Todos ellos, sin embargo, individualmente, desean se les trate de modo preferencial, en perjuicio de la mayoría, lo que, a no dudar, constituye vana pretensión. El problema que se les plantea a los grandes partidos, que procuran amparar deseos de grupo, es que han de intentar aglutinar a pequeños enclaves, cuyos respectivos intereses no coinciden con los de los demás. Dado lo celosos y pugnaces que esos grupúsculos son en la defensa de sus respectivos «derechos», no es posible la formación de grandes alianzas, al no poder éstas abiertamente declarar cuáles sean los fines, en definitiva, perseguidos. Sacrificio alguno puede pedírsele a quien reclama particular privilegio para su grupo o, incluso, para sí mismo; si el interesado comprendiera por qué a veces conviene hacer transitorias renuncias, habría entendido el liberalismo y lucharía en sus filas, en vez de andar a la rebatiña con toda esa turbamulta que sólo favores personales persigue. Es más, en estos casos, no se puede paladinamente proclamar que el sujeto, con su ventaja, va a ganar más de lo que ha de perder por causa de las mercedes que otros, a su vez, reclaman, pues entonces estos últimos aún incrementarían sus demandas.

Por eso tales grandes partidos son cautelosos en extremo. Recurren siempre a ambiguas expresiones que ocultan la auténtica situación, cuando aluden a las franquicias y prerrogativas que piensan conseguir para los suyos. Los partidos proteccionistas, por ejemplo, suelen recurrir a este tipo de equívocos. La tarifa que propugnan en favor de cierto minoritario sector cuídanse sutilmente de presentarla como favorecedora de grupos mucho más amplios. Al pedir protección aduanera para la industria, guárdanse bien de evocar que en modo alguno son coincidentes los intereses de las distintas agrupaciones fabriles ni aun de las propias fábricas tomadas una a una. Al fabricante de tejidos, desde luego, le perjudica la tarifa que prohíbe la adquisición de maquinaria extranjera; apoyará, sin embargo, el movimiento proteccionista si supone que la protección a las telas nacionales le compensará ampliamente del anterior perjuicio. El agricultor que produce grano, cuando pide amparo, daña al ganadero. El productor de vino procura, con la restricción tarifaria, elevar el precio de su mercancía, lo que va en detrimento de campesinos que no tienen viñas y del consumidor urbano. Los proteccionistas, ello no obstante, forman frente unido, lo cual se consigue a base de enmascarar la realidad mediante intelectual velo que impide a las gentes advertir lo que, en verdad, está pasando.

Necedad pura es pensar en la posibilidad de un partido que privilegiase a la mayoría en su conjunto. Una ventaja que favoreciese a la mayor parte de la población dejaría de ser efectiva. Supongamos un país agrario, cuyas fundamentales exportaciones son productos del campo. ¿Qué podría tal mayoría demandar? Las tarifas proteccionistas no pueden beneficiar a quien exporta; y en cuanto a subsidios, sólo a algunos de ellos podrían pagárseles, pues la minoría sería incapaz de atender a todos. Los grupos minoritarios, por su parte, cuando reclaman amparo aduanero, cuídanse de aparentar que grandes masas apoyan sus pretensiones. Los partidos agrarios, en los países industrializados, cuando piden protección, incluyen, en lo que denominan la «población campesina», trabajadores sin tierras, gentes que aun habitando zonas rurales viven de otros medios, así como cultivadores de pequeñas huertas y heredades que no necesitan de tarifa alguna para lucrativamente vender sus productos. Los partidos laboralistas, de idéntico modo, cuando solicitan algún beneficio en favor de determinados asalariados, invariablemente invocan millones de trabajadores, disimulando que no son coincidentes los intereses de los distintos productores en general, ni siquiera los de quienes laboran en un mismo sector industrial o incluso en específica explotación fabril.

Este es uno de los dos fundamentales fallos de las tesis de cuantos partidos pugnan por defender particulares apetencias. Porque el partido, de un lado, sólo puede efectivamente amparar a cierta minoría, pues las mercedes se desvanecen cuando de ellas a la mayoría se hace partícipe; por otra parte, en cambio, han de aparentar ser patrocinadores y singulares abogados de la mayoría, pues, en otro caso, en la lucha electoral, jamás podrían triunfar. Cierto es que muchos partidos, en diversos países, a veces han salvado tal escollo mediante la oportuna propaganda, logrando convencer a los diferentes grupos y estratos sociales de que el triunfo beneficiaría a todos; ello, indudablemente, patentiza la destreza diplomática y táctica de los correspondientes políticos, pero pone, al tiempo, de manifiesto la falta de juicio y la inmadurez política de las masas votantes. Lo que, en todo caso, queda sin aducir es probanza alguna de que ese bifronte problema suscitado por la expuesta realidad tenga solución. Cabe, desde luego, asegurar al habitante de la ciudad que el pan va a bajar y, al tiempo, prometer al campesino mejores precios; pero a ambos ofrecimientos no se puede, simultáneamente, hacer honor. También es posible decir a unos que el gobierno, en determinado sector, va a incrementar su inversión, sin reducirla en otros, y además que las cargas fiscales serán disminuidas; tampoco esto puede nadie hacerlo realidad. Gústales a los partidos, en este sentido, recurrir a la falacia de suponer que la sociedad se halla dividida en dos clases, la de los consumidores y la de los productores, ocultando que todos somos, al tiempo, lo uno y lo otro. No menos les agrada, elevando el estado por encima del mundo de la realidad, atribuirle la taumatúrgica capacidad de incrementar sus dispendios, sin cargo para nadie, lo que no les impide, desde luego, quejarse continuamente de los excesivos impuestos.

El segundo fallo básico de los partidos en cuestión es la ilimitada condición de sus reivindicaciones. El único límite que sus pretensiones entienden pueden tener es la propia resistencia opuesta por la otra parte. Esta actitud resulta perfectamente comprensible en quienes no persiguen sino beneficios propios. Orden político alguno, sin embargo, puede sobrevivir al embate de grupos carentes de específico programa y que sólo buscan favores para unos pocos y penalidades para todos los demás. Las gentes van abriendo los ojos y por eso hablan de la crisis del Estado moderno y del sistema parlamentario. Pero lo que de verdad está en crisis es la ideología que rige a los actuales partidos políticos, amparadores de particulares intereses.

3. La crisis del parlamentarismo y la viabilidad de asambleas legislativas formadas por representantes de particulares grupos

El parlamentarismo que, poco a poco, a partir del siglo XVII, en la Gran Bretaña y algunas de sus colonias, se desarrolló, siendo luego trasplantado a Europa, tras la caída de Napoleón y las revoluciones de julio y febrero, presupone generalizada aceptación del ideario liberal. Quienes, para gobernar el país, a tales parlamentos accedan, han de hallarse íntimamente convencidos de la coincidencia de los intereses de cuantos grupos e individuos forman la sociedad, lo que hace que los privilegios otorgados a específicas gentes o agrupaciones resulten invariablemente dañosos para el bien común, debiendo, por tanto, rechazarse.

Cabe, desde luego, que, en un auténtico parlamento moderno, disientan los partidos entre sí por lo que atañe a específicas cuestiones. Ello no obstante, para que las cosas puedan marchar, deben sentirse responsables del bienestar de la nación toda, nunca considerarse meros voceros de los intereses particulares de específicos distritos o enclaves sociales. Tienen que estar convencidos de que, por encima de sus diferencias de opinión, en definitiva, todos ellos persiguen el mismo objetivo, disintiendo tan sólo en cuanto a cuáles sean, en cada momento, los caminos más oportunos para alcanzar la deseada meta común. No separan, entonces, a los distintos partidos insalvables barreras; rehuyese el defender las respectivas posiciones con pasión y vehemencia tales que pongan en peligro la pacífica convivencia social, provocando con ello la ruina del país. Lo que en tales casos distingue y separa a los partidos son concretos medios de actuación. Por eso, generalmente, no hay más que dos partidos; el que está en el poder y el de la oposición. Pretende ésta, desde luego, gobernar, pero nunca con miras ni a promover particulares intereses ni a dar cargos públicos a sus seguidores, sino en el deseo de implantar una determinada política en la común gestión nacional.

Sólo bajo tales reglas pueden los sistemas parlamentarios funcionar. Fueron aceptadas por los países anglosajones durante un cierto período y siguen allí respetándolas, actualmente, aunque menos. El continente europeo, en cambio, ni siquiera cuando mayor fuera el esplendor del liberalismo, sólo de modo aproximado adaptóse a tales principios y hace décadas ya que los parlamentos continentales operan por vías diametralmente opuestas a las aludidas. Vemos, en tales asambleas parlamentarias, multitud de partidos, los cuales, a su vez, hállanse subdivididos en múltiples grupúsculos que, si bien ante el exterior forman frente unido, en el seno partidista atácanse mutuamente con no menor furor que aquel con que combaten a sus contrarios. Cada partido y cada sector del mismo considérase patrón exclusivo de algún determinado interés que se propone hacer triunfar cueste lo que cueste. Procuran obtener del erario público lo más posible para los suyos, favoreciéndoles mediante tarifas aduaneras, barreras inmigratorias, legislación social y todo género de privilegios, conseguidos, invariablemente, a costa del resto del país.

Como quiera que son insaciables, no hay forma de dejarlos satisfechos nunca. Agraristas o laboralistas, pongamos por caso, por más que se les dé, nunca se aquietan, acabando por pedir verdaderos imposibles. Por eso siempre están reclamando mayor grado de poder, para conseguir lo que cada uno de ellos quiere, en la máxima medida posible. Es digno, sin embargo, a este respecto, notar que, por más poderío que se les otorgue, cuídanse siempre de tener argumentos especiosos para justificar ante sus electores el porqué no pudieron plenamente alcanzar sus irrealizables objetivos. Recurren, en este sentido, a diversos trucos; afirman, a veces, que el partido —pese a que firmemente empuña las riendas del gobierno— de verdad no gobierna; en otras ocasiones inventan externa e indomable fuerza que se opone a sus planes.

El rey, si existe, suele tener la culpa de todo; de no haber monarca, denuncian la contraria actuación de extranjeras potencias o de otros entes similares. Si los rusos, bajo los bolcheviques, o los austríacos, bajo los socialistas, sufren penalidades, tales sinsabores son consecuencia de la acción del capitalismo occidental. Partidos netamente antiliberales han gobernado Alemania y Austria desde hace prácticamente cincuenta años; pues bien, pese al tiempo transcurrido, «los principios liberales» siguen siendo los responsables de todos los males, según tales políticos, incluidos los «intelectuales», no se cansan de pregonar en escritos y discursos.

Cualquier parlamento, formado por ese tipo de partidos, acaba repugnando a todos. Tales son los sentimientos de quienes, actualmente y desde hace ya años, hablan de la crisis del parlamentarismo.

La solución que algunos recomiendan es la supresión de la democracia y del representativismo, instaurando en su lugar el gobierno dictatorial. No vamos a exponer, una vez más, los inconvenientes que la dictadura lleva aparejados, pues ya anteriormente abordamos el tema con el suficiente detalle.

Una segunda sugerencia consiste en proponer la sustitución o la complementación de la cámara de diputados democráticamente elegida por un congreso al que accederían personas designadas por organismos de tipo corporativo o gremial, representativos de las diversas ramas del comercio, la industria y las profesiones. Se dice, en este sentido, que los componentes del parlamento democrático carecen de objetividad y de conocimiento bastante para actuar en el terreno económico. Lo que el país está pidiendo a gritos no es una política de orden general, sino concreta política económica. Los representantes de asociaciones industriales y profesionales fácilmente pondríanse de acuerdo en cuanto a lo que convendría, en cada momento, hacer. Se trata de temas especializados cuyo contenido escapa a diputados nombrados sobre la base de simples distritos electorales; las soluciones elaboradas por estos representantes del pueblo llegan siempre tarde, aun en el caso de que, con el paso del tiempo, tales diputados consigan percatarse de las cuestiones en liza.

El aludido planteamiento encierra, sin embargo, un problema básico consistente en cómo van a ser nombrados los delegados que hayan de sentarse en ese supuesto congreso técnico. Supongamos que cada uno de los componentes del correspondiente gremio o corporación tiene su voto individual; entonces surge otra espinosa cuestión, la referente a cuántos diputados puede cada una de dichas asociaciones enviar a la correspondiente asamblea legislativa. Son temas previos, desde luego, pero lo cierto es que, en cuanto resueltos quedan, todo lo posterior huelga; ya no hace falta reunir al congreso; de antemano sabemos cuál va a ser el resultado de cualquier votación que en su seno se produzca. Cuestión aparte es la relativa a si la originaria distribución de poder entre las diferentes asociaciones gremiales podrá mantenerse indefinidamente. Porque aquellos grupos a quienes se haya atribuido mayor representatividad han de verse —no nos hagamos ilusiones— asaltados continuamente por la restante inconforme mayoría de asociaciones. A través de una cámara democráticamente elegida fácil es conocer cuál sea la voluntad mayoritaria de la población. Pero la subdivisión de la asamblea en grupos profesionales cambia las cosas. Dependerá, entonces, de la condición de las medidas acordadas por los representantes gremiales el que las mismas provoquen, en la mayoría del pueblo, malestar suficiente como para hacerle alzarse violentamente contra el sistema. El orden corporativo, a diferencia de lo que sucede con el democrático, en modo alguno permite efectuar pacíficamente los cambios que las gentes pueden desear ver practicados. Esto último, por sí solo, bastaría para condenar el orden político en cuestión. Porque el liberal, de antemano, rechaza toda sistemática que, por su propia mecánica, no sea capaz de hacer abortar cualquier intento de violenta interrupción del pacífico desarrollo social.

Algunos partidarios de este corporativismo aseguran que las disputas entre facciones debieran solucionarse por vías transaccionales, sin obligar a unos a someterse a los otros. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, entonces, ¿qué? La avenencia entre litigantes se produce cuando los interesados ceden por temor mutuo a un resultado final todavía peor. Aparte de que nada impide a los componentes de un parlamento democrático llegar a cuantas transacciones tengan por conveniente. Nadie, en cambio, goza de autoridad, en un congreso gremial, para imponer acuerdos entre personas de dispar criterio.

Tales asambleas, bajo un régimen democrático, jamás llegarán a sustituir al parlamento, pues, a diferencia de éste, nunca pueden constituirse en centros donde las diferencias políticas queden pacíficamente solventadas. No estará en su mano evitar insurrecciones, revoluciones y aun guerras civiles con el consiguiente daño para la convivencia social. Porque la distribución del poder político, en tales casos, no se produce en el seno de la asamblea, ni tampoco en las elecciones que llevan a la misma a los representantes gremiales. El poder ha sido repartido previamente, en la constitución que determina el peso relativo de cada corporación, es decir, por vía totalmente ajena a la asamblea y lo que puedan pensar los componentes de cada sector al elegir a sus representantes mediante las correspondientes elecciones.

No puede, por eso, rectamente calificarse de parlamento a una asamblea formada por agrupaciones económicas. Los tratados de derecho político, durante los últimos doscientos años, han diferenciado con precisión ambos tipos de organización y, en aras de la claridad intelectiva, conviene no emborronar tal didáctica distinción.

Sidney y Beatriz Webb, así como cierto número de sindicalistas y socialistas gremiales, siguiendo viejas recomendaciones de quienes en la Europa continental propugnaban la reforma de los diferentes senados, propusieron la coexistencia de dos cámaras, una de ellas designada democráticamente por la nación entera, mientras la otra sería elegida por colegios de tipo ocupacional. Tal sugerencia, sin embargo, en nada remedia los defectos del sistema corporativo o gremial. El bicameralismo funciona cuando una de las dos asambleas prevalece sobre la otra o cuando, en caso de disparidad de criterio, logran ambas instituciones llegar a una avenencia; en ausencia de tales soluciones, la cuestión ya no se decide por medios parlamentarios, sino en la calle y, en la última instancia, apelando a la fuerza. Por más vueltas que se le dé al asunto, al final acabamos tropezando siempre con las mismas dificultades. Da igual que califiquemos el expuesto sistema u otros similares de corporativismo, socialismo gremial o como queramos, pues, en todo caso, los problemas que de inmediato surgen rápidamente devienen insolubles. La inviabilidad de todos esos planes se pone de manifiesto cuando las gentes, después de mucho discutir, acaban haciendo una nueva proposición tan inocua como ineficaz: la creación de un consejo económico, puramente asesor, carente de toda capacidad decisoria.

Grave es el espejismo de quienes creen que los expuestos sistemas políticos pudieran resolver los antagonismos que están rasgando en tiras a los pueblos. Tales pugnas jamás se solventarán mediante meros tecnicismos constitucionales. Sólo la ideología liberal puede superar las dificultades y poner fin a las luchas.

4. El liberalismo ante los partidos patrocinadores de particularizados intereses

Los partidos políticos a que nos estamos refiriendo, cuya actuación política carece de todo objetivo que no sea el procurar ventajas y privilegios para los suyos, no sólo hacen inviable el sistema parlamentario, sino que, además, desarticulan el estado y la propia sociedad. Provocan la crisis del parlamentarismo y, al tiempo, la del orden político y social en general. La sociedad, desde luego, a la larga, no puede sobrevivir si se hall dividida en agrios grupos antagónicos, cada uno de los cuales incesantemente reclama mercedes a costa de los demás, hallándose siempre vigilantes para que sus peticiones, a causa de las ajenas demandas, no se perjudiquen, estando además prestos, invariablemente, a sacrificar toda institución política, por importante que sea, a cambio de cualquier ridícula ganancia propia.

Los asuntos políticos contémplanlos exclusivamente bajo el prisma de lo que, en cada momento, consideran la mejor táctica. Cuáles sean sus objetivos lo saben de antemano. Aspiran simplemente a conseguir, a costa del resto de la población, las mayores ventajas posibles para los clanes que representan. Tal meta queda enmascarada en el «programa del partido», que procura dar cierta presentabilidad a este último; pero lo que de verdad se busca, eso, invariablemente, queda bien tapado. Los partidarios sí saben por lo que luchan, no es necesario aclararles nada. Cuestión de pura táctica política resulta el que a la opinión pública se le diga más o se le diga menos.

Los partidos antiliberales, como tantas veces se ha dicho, no persiguen sino el conseguir ventajas particulares para sus componentes, importándoles un bledo el que, por tal vía, se provoque la desintegración social. Irrítales, por eso, hasta el paroxismo, la crítica a la que los liberales les someten. Porque, cuando sus pretensiones se pasan por el cedazo de la lógica, patentizado queda que la actividad por ellos desarrollada invariablemente resulta de condición destructiva y antisocial, hasta el punto de que orden comunitario alguno puede, en definitiva, montarse sobre la base de feudos enzarzados en permanente lucha intestina. Lo curioso es que, pese a todo ello, esos partidos, que sólo pretenden beneficiar a estrechas minorías, no han perdido lustre a los ojos de quienes son incapaces de ver más allá del inmediato presente. Las masas se desentienden de lo que pasado mañana y después ha de suceder. Se preocupan únicamente de hoy y, si acaso, de las veinticuatro horas subsiguientes. Jamás les preocupa el pensar qué sucedería si la totalidad de los partidos actuara similarmente en la reivindicación de peculiares intereses, desentendiéndose por entero del bienestar general. Suponen, en el fondo, que acabarán aniquilando a sus oponentes e impondrán a los demás las propias exigencias. Por eso tales facciones resultan despreciables para quienes procuran acomodar la actividad política a principios más elevados, de acuerdo con el kantiano imperativo absoluto: «Procede siempre de modo tal que tu actuar pueda traducirse en ley universal, es decir, en norma que no lleve en su seno contradicción íntima alguna».

El hecho de que los partidos patrocinadores de particulares intereses adoptaran tan ilógicas posturas reforzó señaladamente la posición del socialismo. El ideario socialista ha captado a muchas personas que, si bien incapaces de comprender la grandeza del liberalismo, eran lo suficientemente despiertas como para advertir los errores en que incidían quienes sólo privilegios propios perseguían. El manto del socialismo —teoría a la que no se puede negar una cierta grandeza formal, independientemente de sus inocultables fallos que ya antes con detalle analizamos— sirvió para enmascarar e incluso vindicar las actitudes adoptadas por aquellos partidos a los que nos referimos. El socialístico aspecto que tales agrupaciones adoptaron sirvióles en el sentido de evitar la abierta discusión de sus auténticos objetivos, desviando la atención del crítico hacia el análisis de la doctrina socialista, teoría que, desde luego, con independencia del juicio que personalmente nos merezca, reclamaba concienzudo examen particular, relegándose consecuentemente al olvido el resto de las correspondientes plataformas electorales.

Innúmeras gentes, sinceras y razonables, abrazaron el socialismo, a lo largo de los últimos cien años, de una forma u otra. Hombres y mujeres, de máxima condición intelectual y moral, entusiásticamente apoyaron una filosofía que constituyó el norte de políticos eminentes y avasalló al universitario, despertando en la juventud ambiciones indudablemente nobles. Los historiadores futuros, con toda razón, tal vez califiquen a nuestra época como la edad del socialismo, dado el influjo tan enorme que el mismo ha ejercido sobre la pasada y la presente generación. Se ha procurado, por doquier, denodadamente contribuir a la implantación de la sociedad socialista mediante la nacionalización y municipalización de empresas y la adopción de medidas tendentes a la planificación económica. Los fallos del socialismo —la reducción de la productividad laboral y la imposibilidad, bajo su égida, del cálculo económico— provocaron, en todas partes, situaciones que, de seguirse por tales vías socializantes, iban a perjudicar gravemente los deseos de las masas consumidoras y dejar desatentidas sus necesidades. Hubo que hacer un alto en el camino; el ideal socialista, aun cuando en el terreno intelectual seguía prevaleciendo, a partir de entonces ya no se utilizó más que para encubrir los personales privilegios que los sectores laboralistas para sí reclamaban.

Lo dicho es aplicable a todas las facciones socialistas, incluso a aquellas que se autocalifican de cristianas. Vamos, sin embargo, en esta ocasión, a centrarnos en los partidos marxistas, que indudablemente constituyen el sector socialista de mayor importancia.

Marx y sus seguidores creían, de verdad, en el socialismo. Se oponían a esas gracias y mercedes reivindicadas por determinados grupos. Marx jamás puso en tela de juicio la certeza de la dialéctica liberal cuando pregonaba que el intervencionismo no puede sino reducir la productividad de la humana labor. Reconocía, siempre, cuando calmadamente pensaba, escribía o hablaba que toda actividad, del estado o de cualquier otra entidad dotada de similar fuerza coactiva, que perturbara el libre funcionamiento del mercado, no sólo no podía provocar los efectos deseados por sus patrocinadores, sino que, antes al contrario, engendraba general empobrecimiento. Deseaba Marx, desde luego, convenientemente movilizar a los obreros para, con su violento empuje, implantar el socialismo; ahora bien, nunca pretendió conseguir favores especiales para nadie en la sociedad todavía a la sazón basada en la propiedad privada de los medios de producción. Creía en una asociación laboralista de condición socialista, pero, como él mismo decía, no consideraba admisible un partido «pequeño-burgués», dedicado a conseguir ventajas personales, mediante graduales reformas.

Era víctima Marx del error de creer, cegado por su propia sistemática intelectual, la cual impedíale ver la realidad de las cosas tal como en verdad son, que los trabajadores, estructurados ya en partidos «socialistas», por obra de los intelectuales seguidores del maestro, tranquilamente contemplarían cómo el sistema capitalista iba, según la doctrina, poco a poco, evolucionando hacia su madurez y podredumbre, momento en el que los expropiadores serían expropiados, «transformándose» el sistema en socialismo. No se daba cuenta el padre del marxismo de que los partidos laboralistas, al igual que todos los demás que a la sazón en defensa de particulares intereses iban surgiendo, si bien, teóricamente, admitían las soluciones socialistas, lo que buscaban en verdad eran gracias especiales para sus patrocinados. La marxista teoría de la solidaridad de intereses de todos los laboradores, que nuestro autor había estructurado con otras miras políticas, sirvió, sin embargo, de modo excelente, para enmascarar el que las ventajas y victorias de ciertos trabajadores eran conseguidas a costa de otros hermanos suyos; o sea, en definitiva, para ocultar que no resultan coincidentes los mutuos intereses de los diferentes grupos proletarios, ni en lo que atañe a la legislación «prolaboral», ni por lo que se refiere a las luchas sindicalistas. Los partidos laboralistas aprovecharon el marxismo, del mismo modo que los grupos centristas y clericales alemanes apoyáronse en la religión; los nacionalistas, en las invocaciones patrias; los agrarios, en la supuesta identidad de intereses de todos los operarios del campo; mientras los proteccionistas hacían lo imposible por convencer a las gentes de que las tarifas aduaneras mejoraban la suerte de los trabajadores nacionales en su absoluto conjunto. Los grupos sindicalistas prosperaron a la sombra de los partidos social-demócratas que terminaron siendo prisioneros de aquéllos, de modo que, en adelante, hubieron de servirles dócilmente en todo cuanto se refiriera a alzas salariales y a obligatoria sindicación.

Nada, desde luego, tiene el liberalismo que ver con este tipo de asociaciones. Sitúase en el polo opuesto, pues no promete favor particular a nadie. Exige a las gentes, en cambio, determinados sacrificios con miras al mantenimiento de la convivencia social. Tales sacrificios, o sea, la renuncia a algunas inmediatas gratificaciones, son, desde luego, de carácter provisional, quedando ampliamente compensados después por mayores y más duraderas ventajas. Constituyen esas abstenciones, sin embargo, de momento, indudable reducción del propio placer. He ahí la razón por la cual el liberalismo, en su competencia con los demás partidos, padece de inicial handicap. El político antiliberal promete ventajas personales a todos sus votantes y seguidores: mejores precios a ofertantes y productores y reducción del costo de la vida, al tiempo, a los consumidores; elevación de retribuciones a los funcionarios, pero también aligeramiento de la carga fiscal. Acepta cualquier gasto supletorio que cualquiera demande, asegurando que será financiado por el «erario» o por «los ricos». A todos halaga, a nadie rechaza, prometiendo dádivas por doquier que, a no dudar, «la comunidad» gustosa pagará. El candidato liberal, por desgracia, lo único que puede decir a su auditorio es que todo personal favor o privilegio es de condición antisocial.

5. Propaganda y organización partidista

Las clases tradicionales —la monarquía absoluta, la nobleza y la iglesia—, cuando las ideas liberales, partiendo de su cuna occidental, comenzaron a penetrar la Europa central y oriental, sentíanse seguras, apoyadas en los instrumentos de represión de que disponían. Entendían que no valía la pena combatir al liberalismo y la Ilustración con armas intelectuales. Más práctico parecíales apelar a cárceles y patíbulos para silenciar a los descontentos. Presumían de la energía y disciplina de sus guardianes y soldados. Pero, de pronto, advirtieron, horrorizados, que la nueva filosofía se apoderaba de los propios elementos en que pensaban apoyarse, pues iba captando las mentes de militares y funcionarios. Fue necesaria la derrota total del ancien régime en su lucha contra el liberalismo para que los partidarios del sistema llegaran a comprender que no hay en el mundo poderío tan grande como el de las ideologías y el de los ideólogos y que no se puede combatir el pensamiento más que con otro contrario de mayor peso intelectual. Comprendieron entonces cuán vano era pretender ampararse exclusivamente en la fuerza coactiva; pues no cabe apelar a los institutos armados más que cuando sus componentes están dispuestos a acatar las correspondientes órdenes. Resulta de condición puramente ideológica, al final, la base de todo dominio y poder.

Tal verdad, precisamente, era uno de los fundamentales pilares de la filosofía liberal. Hallábanse, en efecto, convencidos los liberales de que, a la larga, la verdad y la virtud de su pensamiento acabarían por imponerse, pues constituía éste, en el terreno de la lógica, cuerpo de doctrina incontrovertible; y cuanto triunfa en el mundo de las ideas se impone, finalmente, en la práctica, pues no hay poder humano que pueda evitarlo. No había, por tanto, que inquietarse por la difusión del liberalismo. Su victoria estaba asegurada.

Para comprender a los oponentes de las ideas liberales hay que tener siempre presente que, desde un principio, su ideario constituyó el reverso del liberal y que ab initio rechazaron el liberalismo por entero. No fueron ellos, desde luego, capaces de estructurar consistente y coherente doctrina frente a las tesis liberales; simplemente por cuanto toda filosofía que la universalidad humana comprenda aboca invariablemente en la tesis liberal. Pero como quiera que un programa trazado en beneficio exclusivo de cierto o ciertos grupos minoritarios no podía contar con el respaldo de la mayoría, por lo que en la lucha política hallábanse de antemano condenados al fracaso, los antiliberales tuvieron que urdir todo género de falacias para mantener a sus auditorios convencidos y sumisos. De ahí que, desde siempre, pusieran particular cuidado en que las ideas liberales no penetrasen las filas que consideraban propias.

Crearon al efecto organizaciones partidistas que tan férreamente encadenaron a sus asociados que éstos no osaban siquiera romper con quienes les aherrojaban. El individuo, en Austria y Alemania, donde el sistema con alambicada perfección fuera estructurado, así como en los países del Este, que lo copiaron, ha dejado de ser cívico ciudadano para convertirse en mero miembro del partido. Tómale éste a su cura desde niño; los deportes y las amenidades sociales organízanse de acuerdo con las directrices políticas; idénticos principios inspiran las cooperativas, por cuyo único intermedio puede el campesino cobrar los subsidios y primas correspondientes; la actividad de las escuelas de formación profesional; las cajas e instituciones de ahorro popular; y, sobre todo, las bolsas de trabajo. El obrero no puede prosperar más que con el placet partidista. Sospecha, con frecuencia, de la rectitud de los funcionarios encargados de la correspondiente administración, pero no se atreve a separarse, pues tal rompimiento implicaría para él serios perjuicios económicos, cuando no el ostracismo y la ruina total.

Las asociaciones en cuestión reservan un tratamiento particular para las profesiones liberales. Los abogados, los médicos, los escritores y artistas, por su escaso número relativo, no podían pensar en la formación de partidos propios que les privilegiaran frente a los demás. De ahí que, en un principio, fueran los menos proclives a las añagazas de los antiliberales, permaneciendo fieles al ideario del liberalismo durante más tiempo que nadie; rechazaban invariablemente las agrias y violentas vías del laboralismo. Dicha postura mucho desagradaba a sus oponentes. Enfurecíales ver a los profesionales inconmovibles en su liberalismo, pues temían perder partidarios si conseguían aquéllos hacer retoñar la odiada filosofía, difundiéndola por doquier. Constábales, en efecto, que el liberalismo había resultado letal para la sociedad clasista del ancien régime. Lanzáronse, pues, a organizar las cosas de suerte que las llamadas «profesiones liberales» cayeran bajo su férula. Y lo consiguieron, a base de integrarlas en el esquema partidista. Los médicos, abogados, escritores y artistas pronto comenzaron a advertir que para progresar en su carrera tenían que incorporarse a las mismas filas políticas en que militaban los propios pacientes, clientes, lectores y espectadores. El oportuno boicot pronto hacía volver al redil a quienquiera de ellos se insubordinaba.

Idéntica técnica subyugatoria aplicóse en el terreno de la enseñanza y en la carrera administrativa. Tal sistemática prospera actualmente en cuantos países los repetidos partidos gozan de efectivo control; sólo quien tiene la oportuna bendición partidista accede al puesto deseado y, en caso de pluripartidismo, fácilmente los políticos llegan a los oportunos acuerdos tácitos, repartiéndose las prebendas correspondientes. Hasta la prensa independiente ha tenido que someterse al aludido chantaje.

Para coronar todo esto, los partidos han conseguido crear sus propios cuerpos armados; estructurados militarmente, utilizan las armas más modernas, trazan sus propios planes operativos y de movilización, hallándose siempre dispuestos para entrar en combate. Los vemos desfilar con banderas, estandartes, cornetas y tambores, anunciando al mundo una nueva era de inacabable conflicto y beligerancia.

Dos circunstancias, hasta ahora, sin embargo, han mellado el mordiente de dicho planteamiento. En muchos países importantes, por un lado, se ha llegado a un cierto balanceamiento de los respectivos poderes partidistas, a una especie de entente cordiale que ha mojado la pólvora de muchos. Donde esto no ha sido posible, cual en Rusia e Italia, el estado se dedica a liquidar fríamente a sus oponentes, con absoluto desprecio para con aquellos principios liberales que todavía, mal que bien, prevalecen en el resto del mundo.

La segunda circunstancia que aún impide que todo se vaya al traste estriba en que esos países tan hostiles al liberalismo y al capitalismo precisan auxilios financieros que sólo pueden provenir de aquellas tierras —los EE. UU. particularmente— donde en mayor grado florecieran los ideales liberales. Tales créditos extranjeros, sírvenles a los recipendarios para disimular fracasos económicos que, en otro caso, serían aún mayores. El anticapitalismo sobrevive a base de ordeñar la vaca capitalista. De ahí que hayan aquéllos de poner sordina a sus proclamas y actuaciones para no soliviantar a la opinión pública occidental que, todavía, aunque en forma bastante diluida, acepta los principios liberales. La denuncia y el vilipendio del «mundial imperialismo capitalista», sin embargo, no cede en razón a que, hasta ahora por lo menos, sólo aquellos prestatarios que presumiblemente vayan a cumplir sus contractuales obligaciones, reciben créditos de los capitalistas.

6. El liberalismo, «partido del capital»

Resulta, de lo expuesto, que el liberalismo, salvo que trastrocásemos sus bases ideológicas, jamás puede asemejarse a los tantas veces citados partidos de intereses particulares. Constituye movimiento dispar, en nada parecido a los demás. Los antiliberales desean la lucha y ensalzan la violencia; los liberales, en cambio, procuran siempre la paz y la preponderancia de la inteligencia. Tan diferente base de partida da lugar a que todas esas formaciones políticas a las que siempre nos referimos, por antagónicas que entre sí sean, cuando se trata de encararse con el liberalismo, intégranse todas en monolítico frente.

Los enemigos del liberalismo, para desacreditarlo, dicen que es el partido de los capitalistas, cuyos intereses tiene por objeto atender. El aserto refleja bien la idiosincrasia de tales gentes. No les cabe en la cabeza sea posible actuación política alguna que no persiga específica ventaja propia, a costa de los demás.

La propiedad privada de los medios de producción en modo alguno constituye privilegio que exclusivamente beneficiaría a los capitalistas; es, al contrario, específica institución que permite progresar a la sociedad y, por ende, beneficia a todos los componentes de la misma. En tal sentido opinan no sólo los liberales, sino también, hasta cierto punto, sus contrarios. Los marxistas, en efecto, cuando aseguran que el socialismo podrá instaurarse únicamente cuando el mundo capitalista esté ya «maduro» para el cambio, en razón a que sistema social alguno desaparece mientras «las fuerzas productivas no se hayan desarrollado hasta el máximo que la correspondiente organización les permita», reconocen que, al menos de momento, indispensable resulta la propiedad privada. Los propios bolcheviques, que, no hace mucho, con el hierro y el fuego (y el paredón) difundían su particular interpretación del marxismo, en el sentido de que la «madurez» había sido ya alcanzada, reconocen abiertamente, ahora, que todavía es pronto, que no hay que apresurar las cosas. Siendo así que, aún de adverso, se admite que, de momento al menos, el capitalismo y su «superestructura» jurídica, la propiedad privada, desde un punto de vista social, convienen ¿cómo puede nadie, al mismo tiempo, acusar a una doctrina, basada precisamente en la dominical institución, de sólo fomentar los egoístas intereses de los capitalistas, en perjuicio del resto de la población?

Los partidos antiliberales, la verdad es que, aun cuando comiencen diciendo que, transitoria o definitivamente, la propiedad privada es buena, a renglón seguido, arguyen que el derecho dominical debe ser regulado y orientado mediante autoritario mandamiento, con la correspondiente intervención del poder público en la esfera económica. Por eso nunca recomiendan la implantación del liberalismo o capitalismo; lo que, en el fondo, postulan es el intervencionismo. La ciencia económica, sin embargo, ha demostrado ya hasta la saciedad que el intervencionismo es autocontradictorio, engendrando situaciones opuestas a aquéllas que los propios patrocinadores de la intervención deseaban conseguir. Grave error, por tanto, supone el lucubrar en torno a una tercera vía, la intervencionista, que no sería ni socialismo (propiedad colectiva) ni capitalismo (propiedad privada). El intervencionismo, como decíamos, da lugar a efectos contrarios a lo que el intervencionista, de verdad, desea conseguir, de manera que el actor se encuentra enfrentado por la alternativa de o bien repudiar la injerencia estatal, libertando a la propiedad privada para que actúe como mejor crea, o bien implantar el socialismo, es decir, la propiedad pública de los factores de producción.

Esta tesis tampoco son los liberales los únicos que la mantienen. (La extendida idea popular de que son exclusivamente criterios partidistas lo que separa y distingue a los economistas entre sí es, desde luego, totalmente errónea). El propio Marx, en sus construcciones teóricas, no admitía más que dos soluciones, socialismo o capitalismo, y despreciaba e injuriaba a los reformadores que, prisioneros de su «mentalidad pequeño-burguesa», rechazaban el marxismo y, sin embargo, pretendían convenientemente reformar el capitalismo. Los economistas, en general, ni siquiera intentaron demostrar la viabilidad de un sistema basado en una propiedad privada intervenida y regulada por el estado. Los «socialistas de cátedra», en cambio, que, a toda costa, tal pretendieron probar, comenzaron por negar la posibilidad de conocimiento científico alguno en materia económica, acabando por proclamar que cuanto el estado decidiera, por fuerza, tenía que ser bueno y racional. Como no podían replicar a los argumentos económicos, lanzáronse a furibundo ataque contra la lógica y la ciencia.

Lo mismo sucede con el socialismo: no hay forma de evidenciar ni su coherencia ni su viabilidad. Los autores premarxistas desgañitáronse en vano. No consiguieron su objetivo; no pudieron invalidar los argumentos de quienes, bien anclados en la teoría científica, les evidenciaban ser irrealizable la utopía que predicaban. La doctrina socialista, a mediados de la centuria pasada, parecía estar, para siempre, liquidada. Salta, entonces, Marx a la palestra. No consigue, desde luego, demostrar la viabilidad del socialismo —pues ello es indemostrable—; limítase a proclamar —sin probarlo, claro— la inevitabilidad de su advenimiento. Partiendo de tan arbitraria base y apoyándose en el axioma, para él evidente, de que, cuanto viene después es mejor que lo anterior, Marx concluye que el socialismo tiene que ser superior al capitalismo, por lo que a nada conduce el adentrarse en el análisis de la viabilidad del sistema. Se consideraba acientifico todo intento por averiguar cómo, efectivamente, habría de estructurarse la futura sociedad socialista y más grave aún era destacar los inevitables problemas que bajo este orden pudieran suscitarse. Quienes lo intentaron viéronse condenados al ostracismo por los marxistas y por la opinión pública que aquéllos controlaban. Pese a tales obstáculos, puramente formales, desde luego, la ciencia, en cambio, concienzudamente examinó la teoría socialista, llegando a la conclusión de que el socialismo, cualquiera fuera su presentación, no podía funcionar, por cuanto el cálculo económico, bajo el mismo, resulta impracticable, A tal aserto los marxistas, prácticamente, nada osaron replicar y lo que, en tal sentido, llegaron a decir resulta, evidentemente, trivial y carente de peso dialéctico.

La realidad histórica, a través de los fracasos de cuantos experimentos socialistas e intervencionistas han sido puestos en práctica, patentizó la certeza de lo que ya la investigación teórica preveyera.

De ahí la falsedad de esa engañosa propaganda —amparada en la común ignorancia—, según la cual la defensa del capitalismo compete y conviene exclusivamente a capitalistas y empresarios, cuyos particulares intereses, que se oponen a los de los demás, son protegidos por el aludido sistema. La verdad, sin embargo, es que los «poseedores» no tienen motivación mayor que los «desposeídos» para apoyar la institución de la propiedad privada de los medios de producción. (Si se trata de defender personales posiciones, ya no estamos hablando de liberalismo). Piensan las gentes que el mantenimiento del capitalismo supondría perpetuar la propiedad en manos de sus actuales poseedores; tal supuesto implica evidente desconocimiento de la mecánica del mercado, donde la propiedad continuamente se trasvasa de los menos a los más eficientes hombres de empresa. Consérvase la riqueza, en una sociedad capitalista, sólo a base de continuamente reconquistarla, a través de las inversiones que, en cada momento, más oportunas sean, desde el punto de vista de las masas. A los ricos, que ya están situados, en modo alguno interésales un sistema de abierta competencia; especialmente cuando los interesados no ganaron, sino que heredaron su patrimonio, la competencia, normalmente, más que alegría, temor les produce. Lo que, a ellos, en verdad, les conviene es el intervencionismo, que siempre, al final, tiende a dejar la distribución de la riqueza, más o menos, como está. Del liberalismo, en cambio, ningún trato de favor pueden esperar, pues caso alguno hace tal filosofía a las pretensiones de los ricos tradicionales.

El empresario progresa tan sólo en la medida en que atiende los deseos de los consumidores. Cuando el mundo entero busca el enfrentamiento bélico, el liberal sigue exponiendo las ventajas implícitas en la pacífica convivencia. Bajo tal planteamiento, sin embargo, el empresario no duda: atiende la demanda y ofrece cañones y fusiles a quienquiera se los pague. En el mismo sentido, frente a una opinión pública que parece ser proclive a la inversión en Rusia, el liberal dará siempre un toque de atención, resaltando que el gobierno de aquel país lo que abiertamente dice es que piensa nacionalizar todo elemento productivo, por lo cual, en su opinión, las tales inversiones equivalen a arrojar dinero a la mar. Pero el empresario, por eso, no se amilana y suministra bienes a los soviets, mientras pueda desplazar el riesgo hacia otros, hacia el estado o hacia capitalistas menos perspicaces, que se dejan engañar por el clima reinante financiado por el oro de Moscú. El liberal, insistimos en el tema, lucha contra las barreras proteccionistas; pero el industrial alemán, mientras tanto, monta una empresa en algún país oriental protegido por barrera tarifaria frente a los productos germanos. Hay empresarios y capitalistas que, con toda claridad, advierten el daño social que las medidas proteccionistas forzosamente han de irrogar; ahora bien, en su propia función empresarial, no pueden oponerse a tales medidas; lo que hacen es acomodarse a la realidad de las mismas.

Clase alguna puede, si quiere defender propios intereses, contradictorios con los del resto de la población, apoyarse en el liberalismo, simplemente porque las tesis liberales provecho particular a nadie prometen. El liberalismo jamás puede engrosar sus filas con ese votante que acude a un partido para conseguir personales ventajas en detrimento del resto de la población. El liberal, en la confrontación electoral, cuando alguien le pregunta qué hará él en favor de este o de aquel grupo o individuo, no puede sino responder que su partido hállase al servicio de todos, pero de nadie en particular.

Accédese a la condición de liberal en cuanto, de un lado, se percata uno de que los favores concedidos a grupos minoritarios, con daño para la mayoría, no pueden, a la larga, subsistir más que a base del conflicto armado (guerra civil), advirtiendo, de otro, que no cabe privilegiar a todos en general, pues lo que unos, por un lado, ganan, lo pierden con los beneficios a otros otorgados. El resultado final es la reducción de la productividad de la labor humana.

V

El futuro del liberalismo

Todas las anteriores civilizaciones perecieron o, al menos, se anquilosaron mucho antes de conseguir ese grado de desarrollo que nosotros hemos alcanzado. Las respectivas naciones o eran víctimas de externos enemigos o sucumbían en guerras intestinas. La división del trabajo, entonces, resultaba gravemente perturbada por el desorden y la anarquía; las ciudades, el comercio y la industria declinaban; y tal desintegración de la base económica hacía imposible todo refinamiento intelectual y moral, dándose, por el contrario, paso a la ignorancia y la brutalidad. Los actuales europeos consiguieron, en cambio, intensificar los lazos sociales entre los individuos y las naciones hasta niveles jamás otrora conocidos. Ese fue el triunfo de la ideología liberal que, a partir de finales del siglo XVII, iba siendo cada vez mejor elaborada, con creciente claridad y precisión, aumentando el número y la calidad intelectual de quienes de esta suerte pensaban. Tal movimiento liberal y capitalista echó los cimientos de las maravillas que tipifican nuestra actual civilización.

Parece, sin embargo, como si nuestro mundo estuviera exhalando hálito postrimero. Diletantes hay que, con aire de superioridad, aseguran que todas las civilizaciones, incluida la nuestra, por ley inexorable, han de fenecer. La hora final de Europa sonó ya, tales agoreros nos dicen; y las gentes los creen. Un aura autumnal lo va invadiendo todo.

Pero nuestro mundo no sucumbirá más que por vía del hara-kiri. Adversarios externos jamás lo destruirán, como, por ejemplo, los españoles acabaron con el imperio azteca, pues nadie puede igualarse a Occidente en fuerza y capacidad. Enemigos internos, en cambio, sí pueden desmantelarnos. Morirá, desde luego, esta civilización, tan pronto como sea definitivamente desplazada la mentalidad liberal por cualquier otra ideología que, en definitiva, impida la cooperación social.

La gente va dándose cada vez más cuenta de que el progreso material no es posible sino en el entorno de una sociedad liberal y capitalista. Abiertamente, desde luego, nadie se atreve a decirlo, si bien buena prueba de tal común conciencia es ese deseo de estabilidad y reposo que tantos, hoy en día, manifiestan.

El desarrollo conseguido a lo largo de las últimas generaciones resultó, indudablemente, grato y remunerador para todos —dícese—, pero hemos llegado a un punto en que conviene hacer alto. Esa frenética agitación típica del moderno capitalismo hay que moderarla, dar paso a posturas más sosegadas. Conviene estructurar un nuevo orden social que permita la meditación, la contemplación, evitando la actual agotadora y permanente búsqueda de innovaciones y novedades. Miran, en este sentido, algunos atrás, hacia el Medioevo, con delectación, imaginándoselo, desde luego, no como efectivamente fue, sino como sus mentes gustan de representárselo, con total olvido de lo que la historia, en realidad, enseña. Otros derivan hacia el Oriente, pero no hacia el Asia auténtica, sino rumbo a un extraño mundo que su fantástica imaginación crea. ¡Cuán felices —dicen— eran los humanos cuando no había tanta tecnología ni tantos descubrimientos! ¿Cómo es posible —pregúntanse— que, «por un plato de lentejas», renunciáramos a tan maravilloso edén?

Demos por bueno todo lo anterior, pero advirtamos a quienes propugnan el retorno a las sencillas estructuras sociales de otrora que sólo el actual orden social tiene capacidad bastante para mantener el nivel de vida a que están habituadas las presentes multitudes del planeta. La reimplantación del orden medieval supondría la desaparición de cientos de millones de nuestros semejantes. Ante esta indudable realidad, los partidarios de la estabilidad y el reposo rearguyen que no hay por qué llevar las cosas tan lejos, bastando con la mera conservación de lo hasta ahora conseguido, renunciando a nuevos desarrollos.

Pero quienes, por tales vías, lucubran dejan de advertir que el hombre, en tanto ser racional, hállase dominado por indomable afán de prosperar y de mejorar sin fin su personal estado. No hay forma de acallar tal innata tendencia. Y sucede que, si la organización prevalente impide al individuo promover el bienestar general, al tiempo que procura el propio, déjasele sin otra salida que la de luchar por enriquecerse a base de hundir a los demás en creciente pobreza, apelando a la violencia y la expoliación.

Cierto es que tanto esfuerzo y tanta lucha por mejorar el propio nivel de vida no hace a la gente totalmente feliz. Pero sucede que el hombre pugna siempre por mejorar su personal situación. Y, cuando las circunstancias por entero se lo prohíben, acaba dejándose llevar por la abulia y el embrutecimiento. Las masas jamás van a admitir morales prédicas, aconsejándoles moderación y paciencia. Quienes lo contrario piensen, viven, por desgracia, en la inopia. Cuando se dice a las masas: «vuestros abuelos estaban mucho peor que vosotros», airadas de inmediato replican que por cuál razón han de conformarse y ser tan míseras como sus difuntos antepasados.

Lo que indiscutible resulta es que el ser humano procura y procurará siempre mejorar su personal condición, sea esto bueno o malo, coincida o no con la censura del moralista. He ahí nuestro destino inmodificable. Por tales cauces, movilízanse la mente, los nervios, los sentidos todos del hombre moderno. Al ser actual, no podemos retrotraerlo a la pasiva indolencia de anteriores períodos históricos, como tampoco devolverle al adulto la prístina inocencia infantil.

Pero, además, ¿qué se nos ofrece a cambio de renunciar al progreso material? Las recomendadas abstenciones no van, desde luego, a proporcionarnos felicidad personal ni íntimas satisfacciones, paz espiritual y armonía psíquica. Carece de sentido suponer que renuncias y pobrezas procuran el espiritual desarrollo, cual resentidos «intelectuales» aseguran. Dejémonos de eufemismos; al pan, pan, y al vino, vino. La enorme acumulación de capital conseguida ha permitido a las gentes cuidarse físicamente como jamás pudieran hacerlo; hay más higiene, más limpieza, más deportivo esparcimiento. De todo esto —salvo en los EE. UU.— posiblemente algunos todavía no disfruten; pero tales bienes hallaránse, en un nada distante futuro, al alcance de todos, siempre que el progreso económico siga, como hasta ahora, prosperando. ¿Hay, acaso, alguien que se atreva a afirmar que la espiritualidad ha de mejorar sobre la base de impedir al común de las gentes aficionarse a ese lúdico divertimiento que hoy los ricos disfrutan? ¿Es que hay a quien le agrade la inmundicia?

Al panegirista del Medioevo sólo podemos decirle que, tanto él como nosotros, desde luego, ignoramos si el hombre medieval era más o menos feliz que el actual. Si cabe, en cambio, inquirir del admirador del Oriente si la hedionda vida asiática le parece mejor que la que Occidente disfruta.

Ese crecimiento cero, típico de la economía estática, es el último clavo ardiente al que se agarra el antiliberalismo, por no saber ya qué replicar. Recordemos que la crítica comenzó diciendo que la organización liberal-capitalista impedía el total desarrollo de las fuerzas productivas, lo cual hundía a las masas en progresivo empobrecimiento. El sistema de Marx, concretamente, había de elevar el nivel de vida de las gentes a insospechadas cimas. Tales detractores, ahora, en cambio, acorralados por el duro contraataque económico y sociológico a que han sido sometidos, abiertamente reconocen que la máxima productividad del esfuerzo humano se consigue al amparo del liberalismo, del capitalismo, de la propiedad privada de los factores de producción y la libre actuación empresarial.

Asevérase también, con harta frecuencia, que son razones de condición filosófica las que, en definitiva, separan a los distintos partidos políticos, temas estos que por vías racionales no cabe resolver, de suerte que todo discurso vano, en tal materia, resulta. Cada una de las partes aférranse a su propia convicción que brota de universalista visión, a la cual razonamiento lógico alguno cabe oponer. Los fines que los hombres persiguen son múltiples. Tal disparidad de lo, en definitiva, deseado no permite recurrir a único programa de actuación.

No hay nada, por desgracia, más absurdo que tal modo de pensar. Dejemos aparte a ciertos ascetas auténticos que, apartándose de los terrenales halagos, consiguen alcanzar un estado de total renunciamiento y contemplación, disfrutando con su propia autodestrucción, diríamos. Los demás, en cambio, por dispares que nuestras creencias sean, coincidimos todos en que aquel sistema bajo el cual la productividad del esfuerzo humano resulte superior es el que más interesa a la comunidad. Incluso quienes proclaman que no conviene producir mayor cantidad de bienes materiales —y pocos en verdad son los que honestamente tal tesis mantienen— jamás considerarían beneficioso el que idéntico trabajo, en vez de dar lugar a más, produjera menos.

Dígase lo que se quiera, los actuales antagonismos políticos no se plantean en torno a insolubles problemas filosóficos; el tema de debate consiste siempre en cómo alcanzar, lo más rápidamente posible y con el menor costo, objetivos cuyo atractivo y bondad todos admitamos. Lo que queremos es proveer las necesidades de la humanidad del modo más cumplido posible; conseguir, en definitiva, la máxima prosperidad para todos los pobladores de este pequeño satélite solar. Las gentes, desde luego, aparte de lo material, desean otras cosas; por vía de la cooperación social, por medios externos, el bienestar, digamos, físico sí podemos alcanzarlo y, con ello, tendremos una cosa, bastante importante, resuelta; lo demás —la felicidad, la tranquilidad anímica, la exaltación espiritual— todo eso tiene cada uno, internamente, que buscárselo; nada podemos, desde fuera, en tal sentido, procurar al sujeto.

El liberalismo no es ni una religión, ni tampoco universalista filosofía, ni menos aún, partido político amparador de particulares intereses. No es una religión por cuanto jamás apela a la fe o a la mística, lo que le evita recurrir a indemostrables dogmas; tampoco es una filosofía de tipo universalista, pues nada predica del cosmos que nos envuelve ni del fin u objeto supremo del hombre en este valle de lágrimas; y, finalmente, menos aún puede considerarse partido político amparador de ciertos grupos, ya que para nadie reivindica privilegios ni tratos de favor. El liberalismo es otra cosa; constituye mero ideario, pura teoría científica sobre la mecánica de la sociedad humana, que procura ilustrar a las gentes acerca de la conducta cívica qué más a todos conviene aceptar. Promesa vana alguna se permite; ofrece a sus seguidores, exclusivamente, aquello que, merced a la convivencia social, cabe alcanzar. En definitiva, no persigue más que tranquilo y pacífico progreso del bienestar material de los humanos, tratando de escudar a todos, en la medida de lo posible, de las externas causas de dolor y sufrimiento. Minimizar el malestar, incrementar todo lo posible la felicidad del mundo entero, he ahí lo único que el liberalismo ambiciona.

Todas las sectas y agrupaciones políticas, para propagar su respectiva doctrina, invariablemente apelaron y siguen apelando a los sentidos corporales del hombre. Recurrieron siempre a la oratoria retórica, a la música y las canciones, a gallardetes y estandartes, flores y colores. El liberalismo renuncia a toda esa prosopopeya. No enarbola ni el clavel ni la rosa, no recurre ni a cantos ni a rimadas invectivas, prescinde de las banderas, de los monstruos sagrados, de los emblemas y los fáciles slogans. Lo único que sí pretende es llegar al fondo de la verdad, en el terreno que le interesa, aguzando sin descanso las correspondientes armas dialécticas, por ver si, algún día, la gente llega a entender las cosas. Y, por tal vía, la única posible, al final, indudablemente prevalecerá.

Apéndice

1. Papeles liberales

He procurado, a lo largo de lo expuesto, sintetizar al máximo, entre otras razones, por cuanto los temas abordados creo haberlos ya debidamente analizado en anteriores libros y trabajos. Las páginas precedentes constituyen más bien, pues, una especie de epítome.

Pero, para el lector curioso que desee adentrarse en la materia, reseño a continuación los estudios de mayor trascendencia liberal.

Echaron las bases del pensamiento los filósofos ingleses y escoceses del siglo XVIII y comienzos del XIX; sus obras fueron los primeros intentos serios por ordenar y sistematizar el nuevo ideario. Para cabalmente comprenderlo, la lectura de aquellos textos resulta indispensable. Cito, por eso, a los clásicos: David Hume, Essays Moral, Political, and Literary (1741 y 1742); Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776); y, sobre todo, Jeremy Bentham, cuyos numerosos escritos, iniciados con Defence of Usury (1787), terminan en Deontology, or the Science of Morality, libro que vio la luz pública después de la muerte (1834) del autor. Toda su producción científica, con excepción de Deontology, hállase recogida en las obras completas editadas por Bowring entre 1838 y 1843.

John Stuart Mill es ya un epígono. Muy influido por su mujer, fue, poco a poco, acercándose, cada vez más, al socialismo. Sus trabajos dieron pie a ese tan extendido error anglosajón de confundir liberalismo y socialismo, que, no sólo desarticuló la escuela clásica inglesa, sino que además gravemente perjudicó el nivel de vida del pueblo británico. Conviene, no obstante, familiarizarse con los escritos de Mill —precisamente en razón a tal circunstancia—, o sea, con Principies of Political Economy (1848), On Liberty (1859) y Utilitarianism (1862).

No es posible comprender las mutaciones que el pensamiento político, en las dos últimas generaciones, ha registrado, sin conocer la obra de Mill. Fue éste, aunque parezca mentira, el mejor patrocinador del socialismo. Elaboró, con dedicación y cariño, cuantos argumentos en favor del mismo cabía y cabe estructurar. Los posteriores autores socialistas —incluso un Marx, un Engels o un Lassalle— son todos, en este sentido, muy inferiores a Mill.

Ciertos conocimientos de economía resultan, desde luego, imprescindibles para aprehender la teoría liberal, pues el liberalismo no es sino la aplicación práctica de las verdades que la ciencia económica descubriera. Conviene, en este terreno, familiarizarse con la obra de un gran clásico, David Ricardo, Principies of Political Economy and Taxation (1817).

Al lector alemán que desee iniciarse en el estudio de la economía moderna, cabe recomendar Vorträge über wirtschaftliche Grundbegriffe, de H. Oswalt, y Die Grundlagen der Volkswirtschaft, de C. A. Verrijn.

Los grandes maestros germanos de la teoría económica son Carl Menger, Grundsätze der Volkswirtschaflslehre (la edición original es de 1871); hay una traducción inglesa de la primera parte de la obra. Principies of Economics (Glencoe, III, 1950). Y Eugen von Böhm-Bawerk, The Positive Theory of Capital (New York, 1923), siendo también interesante su Karl Marx and the Close of His System (New York, 1949).

Las dos más importantes contribuciones alemanas a la literatura del liberalismo padecieron infortunios similares a los que aquejaron al propio liberalismo germano. La obra de Wilhelm von Humboldt, On the Sphere and Duties of Government (Londres, 1854) estaba terminada en 1792. Schiller, ese mismo año, publicó un compendio del libro en Newen Thalia y otros resúmenes aparecieron en el Berliner Monatsschrift. Al editor de Humboldt, sin embargo, le atemorizó la responsabilidad de publicar un trabajo que pudiera resultar conflictivo; la obra, consecuentemente, no vio la luz pública hasta después del fallecimiento de su autor.

El libro de Hermann Heinrich Gossen, Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln, pudo, en cambio, publicarse (1854); pero, a la sazón, careció de lectores. Un inglés, Adamson, tiempo después, descubrió un ejemplar y consiguió difundir su desconocido texto.

La poesía clásica alemana —Goethe y Schiller, particularmente— rezuma espíritu liberal por todos sus poros.

Pero la historia del liberalismo político, en tierras germanas, breve, por desgracia, resulta. Alemania ha vuelto la espalda a cuanto liberal sea; y esto puede predicarse tanto de los partidarios como de los detractores del actual gobierno de Weimar. Los alemanes desconocen el liberalismo; tal ignorancia no les impide, sin embargo, de continuo vilipendiarlo. Común repulsa del pensamiento liberal es, hoy en día, lo único que a las diversas nacionalidades germanas aúna. El liberalismo, sin embargo, todavía tuvo en Alemania moderno expositor, en la persona de Leopold von Wiese, con sus obras Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft (1917), Staatssozialismus (1916) y Freie Wirtschaft (1918).

La Europa oriental prácticamente nada asimiló de la filosofía liberal.

Aunque el liberalismo continuamente pierde terreno, incluso en la Europa occidental y los EE. UU., cabe todavía calificar de liberales a estas zonas cuando se las compara con Alemania.

De los viejos autores, sigue resultando gratificadora la lectura de Federico Bastiat (Oewres Complétes, París, 1855). Bastiat fue un gran escritor y estilista; sus obras aún complacen e instruyen. Dados los enormes progresos modernos de la ciencia económica, es comprensible que algunas de las bases dialécticas en que se apoyara estén hoy ya superadas. Pero, de todas formas, nadie ha conseguido mejorar la crítica que hace del proteccionismo y demás medidas intervencionistas; sus oponentes acaban siempre, como medio tartamudos, diciendo tan sólo «que era demasiado superficial»; he ahí lo único que saben replicar a un gran pensador.

A pesar de que, como antes veíamos, los anglosajones generalmente por liberalismo entienden un cierto endulzado socialismo, el británico L. T. Hobhouse, en Liberalism (1911), hace pertinente y escueto estudio del ideario y otro tanto consigue el americano Jacob H. Hollander, en su Economic Liberálism (1925). También buenas vías de acceso a la auténtica mentalidad liberal inglesa bríndanoslas Hartley Withers, The Case for Capitalism (1920), así como Ernets J. P. Benn, The Confessions of a Capitalist (1925), con una interesante bibliografía (pp. 74 y sig.), y The Return to Laisser Faire (1928).

Importante crítica del proteccionismo hállase en Safeguarding and Protection (1926), de Francis W. Hirst.

Resulta también instructivo el debate mantenido en Nueva York (21-1-1931) entre E. R. A. Seligman y Scott Nearing sobre el tema de si «no ofrecía, en verdad, más al obrero americano el capitalismo que el socialismo».

Por lo que se refiere al aspecto sociológico, a título introductorio, mencionemos La cité moderne (1890), de Jean Izoulet, y Community (1924), de R. M. Maciver.

La historia de las ideas económicas la presentan Charles Gide y Charles Rist, en Histoire des doctrines économiques; Albert Schatz, L’individualisme économique et social (1907); y Paul Barth, Die Geschichte der Philosophie als Soziologie.

La función de los partidos políticos es objeto de análisis por parte de Walter Sulzbach, en Die Grundlagen der politischen Parteibildung (1921).

Oskar Klein-Hattingen, en Geschichte des deutschen Liberalismus (1911/1912, dos volúmenes), describe la historia del liberalismo alemán, y Guido de Ruggiero hace lo mismo, con respecto al europeo, en History of European Liberalism (Oxford, 1927).

Me permito, por último, citar algunas de mis propias obras: Nation, Staat und Wirtschaft: Beiträge zur Politik und Geschichte der Zeit (1919); Antimarxismus (Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. XXI, 1925); Kritik des Interventionismus (1929); Socialism (1936); Omnipotent Government (1944); Human Action (1949); The Anti-Capitalistic Mentality (1956).

2. En torno al término «liberalismo»

Cabe haya quienes rechacen el contenido y significado que al vocablo «liberalismo», en la presente obra, damos; pueden tales críticos afirmar que es distinto el sentido que la literatura moderna y el lenguaje actual al vocablo atribuyen. Tal vez tengan razón; no lo discuto. Reconozco y ya anteriormente dije que lo que hoy, en Alemania sobre todo, se denomina «liberalismo» nada tiene que ver con el ideario al que tal calificativo atribuyóse hace doscientos años. La inmensa mayoría de quienes de «liberales», hoy en día, se autocalifican no son partidarios de la propiedad privada de los medios de producción, recomendando, por el contrario, la adopción de todo género de medidas socializantes e intervencionistas. Arguyen que el liberalismo no debe seguir siempre obsesionado con el respeto del derecho dominical, pues hay otras cosas a tener en cuenta. Esas «otras cosas» aconsejan remodelar el liberalismo, que no puede morir encastillado en el viejo dogma de la propiedad privada de los medios de producción; hay que contemporizar y abrirse, por lo menos un poco, a las prevalentes ideas socializantes e intervencionistas.

Nada, sin embargo, concretamente se nos dice acerca de qué sean «esas otras cosas». Oímos, desde luego, hablar mucho de humanismo, de magnanimidad, de auténtica libertad, etc., sentimientos éstos indudablemente nobles y admirables, que suscribimos todos. No hay grupo alguno —salvo algunas escuelas cínicas— que tales principios desprecie. Estamos siempre en lo mismo; el fin último, o sea, el conseguir la máxima felicidad universal posible, nadie lo pone en tela de juicio; lo que separa y distingue a las diferentes asociaciones políticas es, pura y simplemente, determinar cuál sea la precisa vía que mejor permita alcanzar esa tan comúnmente ambicionada meta. El liberalismo, aduciendo las correspondientes justificaciones, afirma que la propiedad privada es, en tal sentido, la institución social de mayor eficiencia y fecundidad.

Pero la verdad es que los problemas terminológicos tienen sólo secundaria trascendencia. Lo de menos es el nombre; importa más saber qué se oculta tras la correspondiente etiqueta, cualquiera sea ésta. La oposición a la dominical institución siempre habrá de reconocer que algunos seguimos confiando en ella y que específica designación, una u otra, para presentarnos, habremos de utilizar. En vano preguntamos a los «modernos» liberales cuál podamos los «viejos» utilizar. Tal vez digan que nos acojamos al término «manchesterianismo». Pero lo que pasa es que el vocablo, independientemente de haber encerrado siempre peyorativa connotación (lo que carecería, al final, de excesiva trascendencia), ha sido exclusivamente empleado, hasta ahora, para presentar los aspectos económicos del ideario liberal, con olvido de las demás facetas de la acción humana que a nuestra filosofía igualmente interesan.

En fin, como decíamos, algún nombre, sea éste o aquél, habrá, en definitiva, que dar a la escuela de pensamiento que favorece la propiedad privada de los medios de producción. Parécenos más conveniente continuar con el tradicional, pues resultaría gravemente confusionario el que, por ejemplo, proteccionistas, socialistas y belicistas, cuando les conviniera, apropiáranse del vocablo.

Tema que merece consideración aparte es el referente a si no sería bueno, para facilitar la difusión del ideario liberal, el cambiar la denominación, al objeto de evitar ese general prejuicio que, sobre todo en Alemania, existe contra dicho nombre. Bienintencionada posiblemente sea la sugerencia; pero antiética resulta con la propia esencia del ideario. Por lo mismo que el liberalismo rehuye la demagogia y las inexactitudes a las que los políticos apelan, no debe aquél abandonar su nombre simplemente porque, de momento, resulte más o menos impopular. La actual germana repulsa, precisamente, debe inducir a los liberales a no abjurar de su tradicional denominación. Lo contrario, por otra parte, no ampliaría el número de los auténticos liberales, pues lo decisivo, como decíamos, no es la etiqueta, sino el pensamiento de quienes comprenden y aceptan el ideario.

Una segunda crítica pudiera hacerse a la terminología manejada, a saber, el no diferenciar entre democracia y liberalismo. En Alemania, efectivamente, se considera «liberales» a quienes apoyan la monarquía constitucional, mientras califícase de «demócratas» a quienes defienden el parlamentarismo. Tal postura resulta totalmente inadmisible, incluso desde un punto de vista histórico. El liberalismo pugnó siempre por gobiernos parlamentarios, no por los meramente constitucionales; en tal empeño fracasó tanto en Alemania como en Austria, donde cartas constitucionales consiguió instaurar, pero nunca auténticos parlamentos democráticos. El Reichstag, por la prevalencia del antiliberalismo, nunca pasó de ser mera «reunión de café»; no le faltaba, por eso, razón a cierto político conservador cuando decía que bastaba la presencia de un pelotón de soldados a las órdenes de un teniente para poner patas arriba todo aquel tinglado.

El liberalismo es doctrina más amplia; abarca la vida social en su totalidad. El democratismo, en cambio, tan sólo se ocupa de lo político. El liberal, desde luego, pide también democracia, pero no por principio, sino por aquellas razones utilitarias que, en el primer apartado del presente volumen, examinábamos. Todas las ideologías antiliberales, cabría demostrar, han de acabar siendo antidemocráticas. Este aserto, por lo que al socialismo atañe, el presente autor cree haberlo ya cumplidamente probado en la obra que aquel título lleva.

Los alemanes, cuando tratan estos temas, fácilmente se confunden, ya que siguen pensando siempre en términos de liberales-nacionales y social-demócratas. Lo que pasa es que los primeros, pese al nombre adoptado, no fueron nunca auténticos liberales. Querían ser realistas, «aceptar las cosas tal cual eran», es decir, admitir, en definitiva, la derrota que el liberalismo había sufrido, bajo el orden constitucional prusiano, a manos conjuntas de las «derechas» (Bismarck) y de las «izquierdas» (Lassalle y sus seguidores). Los social-demócratas, por su parte, defendían la democracia mientras estaban en la oposición, o sea, mientras carecían de fuerza suficiente para asaltar el poder. En cuanto consideraban gozar de respaldo bastante procuraban, como sus panegiristas siempre les aconsejaron, implantar la propia dictadura. Pero las derechas, entonces, recurrieron también a la lucha armada e infligieron a sus oponentes sangrientos castigos. Los socialistas, en tal circunstancia, volvieron a invocar las instituciones democráticas… «hasta nueva orden». Y los teóricos e historiadores antiliberales deformaron tal realidad diciendo que «en las asambleas social-demócratas el ala democrática prevaleció sobre la que preconizaba la dictadura».

Sólo puede considerarse verdaderamente democrático el partido que, en toda circunstancia, aunque esté firmemente anclado al poder, hállase siempre dispuesto a someter su ejecutoria a la libre sanción popular.

LUDWIG VON MISES, (Lemberg, 1881 - Nueva York, 1973). Nació en la ciudad de Lemberg, que entonces formaba parte del imperio Austro-Húngaro y que ahora, con el nombre de Lvov, pertenece a Ucrania.

Estudió y se doctoró en la Universidad de Viena, donde fue discípulo directo de Böhm-Bawerk y seguidor de Carl Menger, convirtiéndose en uno de los más destacados y respetados representantes de la Escuela Austriaca. De 1920 a 1934 von Mises mantiene un seminario de economía en la Cámara de Comercio de Viena al que asisten no solo alumnos de su entorno centroeuropeo, Friedrich Hayek, Fritz Machlup, Gottfried von Haberler, Paul Rosenstein-Rodan y Oskar Morgenstern, sino que también atrae discípulos procedentes de países más alejados como Ragnar Nurkse y Lionel Robbins.

En 1934 acepta un puesto como profesor del Institut Universitaire des Hautes Études Internationales en Ginebra, Suiza, donde permanece hasta 1940, que emigra a los Estados Unidos. Da clases en la New York University, Graduate School of Business Administration donde reconstruye su seminario atrayendo nuevos discípulos como Murray N. Rothbard e Israel M. Kirzner. También visita esporádicamente la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y otros países latinoamericanos.

Durante toda su vida fue un destacado publicista del liberalismo dedicando muchas páginas a demostrar la inviabilidad del socialismo.

Estas fueron sus palabras:

La teoría económica no trata sobre cosas y objetos materiales; trata sobre los hombres, sus apreciaciones y, consecuentemente, sobre las acciones humanas que de aquéllas se deriven. Los bienes, mercancías, las riquezas y todas las demás nociones de la conducta, no son elementos de la naturaleza, sino elementos de la mente y de la conducta humana. Quien desee entrar en este segundo universo debe olvidarse del mundo exterior, centrando su atención en lo que significan las acciones que persiguen los hombres.

La acción humana: Tratado de economía.

Notas

[1] No debe sin embargo, olvidarse que todavía hay distinguidas, si bien escasas, mentes inglesas conocedoras profundas del liberalismo auténtico.<<

[2] A. H.: Págs. 136-140, 238-241, 243-249, 1001-1007, liberalismo (N. del E.).<<

[3] A.H.: Págs 59-60, 279-28, ascetismo (N. del E.)<<

[4] A. H.: Págs. 45-50, 148-151, racional e irracional; 285-287, 1271-1274, medios y fines (N. del E.).<<

[5] A. H.: Págs. 1205-1212, pobreza (N. del E.).<<

[6] A. H.: Págs. 415-418, soberanía del consumidor; 800-805, revolución industrial (N. del E.).<<

[7] León Trotsky, Literature and Revolution, trad. por R. Stransky (Londres, 1925), pág. 256.<<

[8] A. H.: Págs. 120-121, ensoñaciones socialistas: 457-459, condenación moral del beneficio; 979-991, armonía de intereses (N. del E.).<<

[9] A. H.; Págs. 407-415, 473-477. 953-956, 991-993, propiedad (N. del E.).<<

[10] A. H.; Págs. 303-307, vínculos contractuales y hegemónicos; 432-440, libertad y mercado; 915-924, esclavos y bestias; 1108-1111, Roma (N. del E.)<<

[11] A. H.: Págs. 993-998, los modernos conflictos; 1185-1190, paz y guerra; 1198-1201, la inutilidad de la guerra (N. del E.)<<

[12] A. H.: Págs. 272-275, 1044-1049, 1211, derecho natural, humana igualdad; 964-965, privilegios (N. del E.).<<

[13] A. H.; Págs. 440-442, 1212-1227, desigualdad (N. del E.).<<

[14] A. H.; Págs. 157-159, 234-235, 457-459. 1049-1.05,moralidad (N. del E.).<<

[15] A. H.: Págs. 237-238, 490, 1048, orden público, anarquismo (N. del E.)<<

[16] A. H.: Págs. 129 (nota), 292-300, 438 (nota), 949 (nota), democracia (N. del E.).<<

[17] A. H.: Págs. 128-129, 238-239, 243, 293-294, 298-300, mayorías y minorías, gobierno mayoritaria, capacidad intelectual de la mayoría o la minoría (N. del E.).<<

[18] A. H.: Págs. 292-296, poderío; 1178-1180, fascismo (N. del E.).<<

[19] A. H.: Págs. 432-440, 1,043-1049, funciones estatales; 1060-1065, drogadicción, ley seca y corrupción (N. del E.).<<

[20] A. H.; Págs. 157-159, 235 (nota), 246-249, 286, 982, cuestiones religiosas (N. del E.).<<

[21] A. H.: Págs. 756, innovaciones; 1046, deificadores del estado (N. del E.).<<

[22] Conviene distinguir entre el sindicalismo como sistema específico de organización social y el sindicalismo como mera táctica o medio empleado por las organizaciones obreras para alcanzar sus objetivos (la célebre action directe de los sindicalistas franceses). Esta segunda concepción puede, desde luego, servir para la implantación de aquel primer ideal sindicalista; pero puede también utilizarse en aras de otros fines a todas luces incompatibles con aquella aspiración, como, por ejemplo —y esto es lo que algunos sindicalistas franceses propugnan—, llegar a la implantación del socialismo empleando armas sindicalistas.<<

[23] A. H.: Págs. 1159-1161, redistribución: 1171-1177, sindicalismo (N. del E.).<<

[24] A. H.: Págs. 256-258, producción para el uso o el lucro; 484-488, publicidad (N. del E.).<<

[25] A. H.: Págs. 488-493, interés individual y común, 993, diaria asignación riquezas (N. del E.).<<

[26] A. H.: Págs. 1013-1036, cálculo socialista:1224, productividad socialista (N. del E.).<<

[27] A. H.; Págs. 1039-1040, tercera vía; 1111-1108, reacción del mercado: 1111-1122, salarios (N. del E.).<<

[28] A. H.: Págs. 1233-1242, crisis del intervencionismo (N. del E.).<<

[29] A. H.; Págs. 549-553, 555-557, 661-668, 989-991, cartels y monopolios (N. del E.).<<

[30] A. H.: Págs. 462-472, antiburocratismo empresarial;1165-1166, burocratización fiscal (N. del E.).<<

[31] A. H.: Págs. 232-243, paz interior; 1185-1201, economía de guerra (N. del E.).<<

[32] A. H.: Págs. 993-998, paz duradera (N. del E.).<<

[33] A. H.: Págs. 1189, 1200, migraciones (N. del E.)<<

[34] A. H.: Págs. 136-140, 1083-1094, librecambismo (N. del E.).<<

[35] A. H.: Págs. 136, 478-484, 1083-1092, proteccionismo (N. del E.).<<

[36] A. H.; Págs. 23, 400, 987 (nota), 1041-1044, Rusia (N. del E.).<<

[37] A. H.: Págs. 1246-1247, opinión pública; 1248-1250, ilusiones liberales (N. del E.).<<

[38] Para facilitar la compulsa del lector curioso nos permitimos citar El Capital, EDAF, Madrid, 1973, tomo II, cap. LVII, pág. 1337. Tal vez valga la pena agregar, como mero dato anecdótico, que el propio editor, Federico Engels, finalizada la hoja única a que, pese a la trascendencia, desde un punto de vista marxista del tema abordado, contráese el capítulo, pone, de su puño y letra, una nota que reza: «Aquí se interrumpe el manuscrito», firmado con las iniciales F. E. (N. del T.).<<

Table of Contents

Liberalismo

Nota del Editor

Prefacio a la edición en lengua inglesa

Introduccion

1. El liberalismo

2. El bienestar material

3. El racionalismo

4. La meta del liberalismo

5. Liberalismo y capitalismo

6. Las raíces psicológicas del antiliberalismo

I. Los fundamentos de la política liberal

1. La propiedad

2. La libertad

3. La paz

4. La igualdad

5. La desigualdad de rentas y patrimonios

6. La ética y la propiedad privada

7. Estado y gobierno

8. La democracia

9. La critica de la doctrina de la fuerza

10. En torno al fascismo

11. Los límites de la actuación estatal

12. La tolerancia religiosa

13. El estado y la conducta antisocial

II. La política económica liberal

1. La organización económica

2. La propiedad privada y sus críticos

3. La propiedad privada y el gobierno

4. La inviabilidad del socialismo

5. El intervencionismo

6. El capitalismo, único sistema viable

7. Cartels, Monopolios y Liberalismo

8. La burocratización

III. La política exterior liberal

1. Las fronteras nacionales

2. El derecho a la autodeterminación

3. Los fundamentos políticos de la paz

4. El nacionalismo

5. El imperialismo

6. El colonialismo

7. El librecambismo

8. La libertad migratoria

9. Los Estados Unidos de Europa

10. La Sociedad de las Naciones

11. Rusia

IV. El liberalismo y los partidos políticos

1. El «doctrinarismo» de los liberales

2. Los partidos políticos

3. La crisis del parlamentarismo y la viabilidad de asambleas legislativas formadas por representantes de particulares grupos

4. El liberalismo ante los partidos patrocinadores de particularizados intereses

5. Propaganda y organización partidista

6. El liberalismo, «partido del capital»

V. El futuro del liberalismo

Apendice

1. Papeles liberales

2. En torno al término «liberalismo»

Autor

Notas